Por Ricardo Andrade Jardí
Y la farsa nuevamente se hace norma, cerca de 400,000 (cuatro cientos mil pesos) mensuales dejaba a los dueños el muy rentable negocio de la guardería ABC.
Y de eso se trata todo. De un negocio, tan criminal como el FOBAPROA, los hospitales privados, las estancias infantiles de SEDESOL y el resto de responsabilidades que son obligación del Estado prestar y que se han convertido en empresas privadas en nombre de la estúpida idea de la competitividad y el progreso.
Que nadie se engañe, para los dueños y para las autoridades estatales y federales, los hijos de los derechohabientes del IMSS, en la guardería ABC, sólo eran y son una estadística, una rentable cabeza de ganado que se convertía en una jugosa cifra para ensanchar los parásitos bolsillos de una pandilla de familias integrantes de las mafias que desgobiernan el país. Familiares de políticos, igualmente ambiciosos, que serán protegidos por la IMPUNIDAD y la corrupción de un sistema decadente y mediocre, que apuesta por el rápido olvido de una paciente sociedad que es sistemáticamente humillada y denigrada, sin que logre, aún, una verdadera respuesta contra la explotación que supone vivir bajo la “democracia mexicana”.
Pero los niños del ABC, son más que ganado, son más que el botín de guerra, con el que hoy se pelean los partidos políticos los votos de una sociedad que ha decidido no votar. Partidos que son igualmente responsables del terrible dolor de más de medio centenar de familias, a los que se les han abierto los terribles caminos de la ira y la venganza, ante una clase política que ha perdido hasta el más mínimo grado de vergüenza y ante un Poder Judicial que es absolutamente incapaz de generar Justicia.
En una verdadera democracia, en un verdadero Estado de Derecho donde la ética no fuera un discurso, y sí la norma fundamental de la convivencia social, nunca habría pasado lo que pasó y hoy no habría 47 familias enterrando a niños de menos de cuatro años de vida y la vida a fin de cuentas es lo único que las personas tenemos y nadie tiene el derecho de arrebatarla y menos aún por negocio. Y, si el hecho hubiera sucedido igual, el gobernador de Sonora habría pedido licencia inmediatamente, para nunca más regresar. Y el director del IMSS habría renunciado, al igual que existirían ya las averiguaciones previas, que seguro jamás se abrirán, contra cada funcionario del IMSS, del gobierno del estado y del gobierno federal y de cada uno de los dueños de la guardería, desde que se empezó el primer trámite para abrirla en ese inadecuado lugar.
Seguimos habitando nuestra propia farsa y la injusticia seguirá siendo la única norma de la IMPUNIDAD política de nuestra bananera república. Y un desfile de funcionarios menores, efectivamente responsables, serán los chivos expiatorios que pagarán por la IMPUNIDAD de los verdaderos responsables... que todos sabemos quiénes son y los niños empobrecidos del neoliberalismo mexicano seguirán siendo una estadística y un rentable negocio para los ambiciosos parásitos familiares de gobernadores y usurpadores.
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