Subrogación de la responsabilidad social del Estado

Asa Cristina Laurell

La tragedia de la guardería ABC en Hermosillo ha sacado a la luz pública el tema de la subrogación de ese tipo de centros, que no se restringe a éstos, sino que abarca todos los servicios sociales y se inscribe en un proceso general de privatización. Su lógica es abatir costos, generar ganancias e impulsar que las instituciones se deshagan de la prestación de servicios. La subrogación es compra-venta de servicios.
Este proceso ya tiene tiempo en nuestro país y se observa con especial nitidez respecto de la seguridad social y la salud cuyo objetivo es convertir este ámbito en un campo de creación de ganancias privadas con fondos públicos como lo son los de pensiones. El ejemplo más conocido es el de los fondos de jubilación y retiro en el que las Afore cobran comisiones muy altas (1.7 por ciento promedio sobre el total del fondo), al tiempo que las futuras pensiones en la mayoría de los casos no llegarán siquiera a un salario mínimo.
En el sector salud este proceso parte de la separación entre las funciones de regulación del sistema en la materia, su financiamiento y la prestación de servicios. Este modelo empezó en 1995 con la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siguió con el Seguro Popular y culminó con la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se busca dejar al Estado sólo la regulación del sistema de salud y abrir el mercado de compra-venta de la atención médica lo que supone uno o varios pagadores o administradoras de fondos, idealmente lucrativas, al igual que las Afore.
Este modelo se ha probado en Chile y Colombia, donde ha tenido malos resultados; en vez de bajar costos los ha subido y en lugar de mejorar los servicios y el acceso los ha deteriorado. Hace un año la Suprema Corte de Colombia (Sentencia T-760/08) concedió una suerte de amparo colectivo a 81 mil personas que obliga a las administradoras de fondos de salud, públicas y privadas, a garantizar la prestación de servicios médicos a sus asegurados que no habían podido acceder a ellos. Además es muy reconocido que el modelo colombiano ha acumulado una enorme deuda y trabajaba con un déficit de 2.1 por ciento del PIB en 2006 (IMF WP/09/58, 2009). Incluso, el Banco Mundial (Health financing revisited, 2006, p. 264) sostiene que la separación de funciones no ha demostrado eficiencia. En Chile no se ha podido desmontar la privatización de los años 80 y las aseguradoras privadas manejan, dentro del aseguramiento obligatorio, 34 por ciento del presupuesto de salud y atiende al 16 por ciento de la población (Fondo Nacional de Salud, 2008).
En México las autoridades de la Secteraría de Salud (Ssa), el IMSS y el ISSSTE han declarado sistemáticamente que se requiere incluir al sector privado como prestadores de servicios médicos; es decir, subrogarlos. Y no buscan disminuir las patentes carencias de infraestructura y personal del sistema público. Existe un Plan Maestro de Infraestructura Física de Salud, pero carece artificialmente de recursos financieros ya que el IMSS tiene reservas actuariales congeladas del orden de 40 mil millones de pesos y el Fideicomiso del Seguro Popular (SP) otros 14 mil millones ahorrados. Y mientras tanto los beneficiarios no pueden acceder a los servicios cuando los necesitan. Esto crea una opinión pública favorable a los servicios privados.
El problema del acceso a los servicios se refleja en los datos. Un estudio recién publicado (Lancet/8/4/09) demuestra que los beneficiarios del Seguro Popular (SP) no tienen mayor acceso a los servicios que los que no-beneficiarios, dato que se confirma en los informes anuales de la Comisión de Protección Social en Salud. La información proporcionada por el ISSSTE sobre sus listas de espera al imponer la reforma también lo revela y el rezago no ha sido resuelto.
La regulación de los prestadores privados, función reservada a la Ssa, es muy compleja y por ejemplo Estados Unidos no la han podido manejar, a pesar de su amplia experiencia. La propuesta de la Secretaría de Salud es la acreditación de los prestadores, pero no ha concluido este proceso siquiera de los establecimientos públicos en los que se atienden los beneficiarios del SP; acreditación que además debe repetirse cada tres años.
Por último, habría que recordar que la seguridad sanitaria descansa sobre los servicios públicos y la experiencia de la epidemia de influenza demostró que ha sido muy debilitado con el nuevo modelo de atención. Era previsible ya que por ejemplo en Colombia un modelo semejante significó el regreso de epidemias de tuberculosis (TB) y paludismo. La subrogación o privatización de los servicios médicos es un peligro para la salud.
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