El homúnculo y nuestros diputados

Juan José Morales

Escrutinio

Hace poco, leí un comentario en el sentido de que la ola de reformas constitucionales —todas ellas cortadas según el mismo patrón— que están aprobando las legislaturas de los estados para prohibir totalmente el aborto so pretexto de proteger “el derecho a la vida”, es una venganza por la ley que en el DF permite la interrupción voluntaria del embarazo, y que con ello se pretende evitar que en otras entidades se adopten normas legales similares.
Por desgracia, se trata de algo más serio que un berrinche de la Iglesia Católica, y el objetivo de esta acción concertada no se limita a impedir que se siga el ejemplo del DF. Lo que se busca con estas reformas —aprobadas gracias a una confabulación del PRI, el PAN y sus satélites PVEM y Panal— va mucho más lejos: anular la ley del DF, prohibir totalmente el aborto en el país y, más adelante, prohibir también el uso de los métodos anticonceptivos más usuales y efectivos.
En efecto, la estrategia clerical y de los partidos que se han plegado a ella, consiste en establecer en la mayoría de los estados normas constitucionales que —palabras más, palabras menos— afirman que la vida humana empieza en el momento mismo de la concepción, de la unión del óvulo y el espermatozoide, y que a partir de ese preciso instante existe ya un individuo que es sujeto pleno de derecho y por tanto cae bajo la protección de las leyes y se le reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida hasta su muerte natural.
Sobra decir que esa idea de que un óvulo fecundado es ya un ser humano carece de todo sustento científico. Es el viejo concepto del homúnculo, según el cual el embrión es ya un individuo hecho y derecho, con todos sus órganos, huesos, músculos y miembros, sólo que pequeñísimos.
Pero la intención del clero y los diputados que le sirven, no es hacer el ridículo ni demostrar su total ignorancia en materia de biología y embriología, sino convertir en leyes los principios religiosos y de este modo sentar bases jurídicas para obligar a todos los ciudadanos a acatar tales principios.
Una vez que la mayoría de los estados hayan reformado sus constituciones para establecer el “derecho a la vida”, el siguiente paso será hacer lo mismo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una vez incorporada a ella la prohibición del aborto, se pedirá la anulación de la ley sobre interrupción del embarazo ahora vigente en el DF, pretextando que es anticonstitucional.
Y no se necesita ser adivino para prever que las cosas no se detendrán ahí. Después se pedirá la prohibición de ciertos métodos anticonceptivos cuyo mecanismo de acción es posterior a la fecundación. No sólo la llamada píldora del día siguiente, sino incluso los dispositivos intrauterinos. Este procedimiento anticonceptivo, que utilizan millones de mujeres por ser barato, sencillo y de probada eficacia, actúa impidiendo que el óvulo fecundado se implante en la pared del útero o matriz. Al no poder seguir desarrollándose, es eliminado. La Santa Iglesia y los diputados a su servicio podrían alegar que eso equivale a negarle a una persona —el embrión lo es según ellos— el derecho a vivir.
Desde luego, habrá quienes piensen que exagero y que las cosas no llegarán a tanto, pero no hay que olvidar que en tiempos no muy lejanos, en muchos países —incluso naciones avanzadas— era ilegal vender condones e incluso se perseguía y encarcelaba a los médicos y las feministas que preconizaban su empleo. En Estados Unidos estuvo en vigor hasta 1965 la ley o Acta Comstock de 1873, que prohibía poseer condones —porque los consideraba objetos “obscenos o lascivos”— y al amparo de esa ley fueron encarcelados varios médicos, que recibieron sentencias hasta de diez años. Así que no hay que confiarse demasiado. Mientras más absurda, estúpida e injusta es una ley, más probabilidades hay de que se aplique.
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