Felipe Calderón perpetró un golpe de Estado al decretar la desaparición de Luz y Fuerza, la liquidación de 44 mil trabajadores y de su sindicato (SME). No puede, legalmente, alegando procedimientos administrativos, desaparecer una empresa pública estratégica, anular relaciones de trabajo ni disolver un sindicato. Viola la Constitución, leyes administrativas, laborales y el Convenio 86 sobre libertad sindical, suscrito por México con la OIT. Bobbio define el golpe de Estado como una acción del “soberano” para reforzar su poder, sorpresiva para impedir toda defensa, usando los instrumentos del Estado, burocráticos y policiacos. Acciones recurrentes —nos dice— para eliminar adversarios. Larousse lo llama violación deliberada, por un gobierno, de formas constitucionales. The Economist escribe: la ocupación de LyFC parece un “golpe” del señor Calderón, temiendo sea un acto aislado porque otros sindicatos merecedores son sus aliados.
Calderón aplicó el manual. Sorpresivamente, en la noche, aprovechando el futbol, con todo el apartado del Estado: las secretarías del Trabajo, Hacienda, Gobernación y la policía que ocupó las instalaciones. Aplicó su experiencia manipuladora, las televisoras y otros medios soltaron a sus agentes linchadores. Repiten consignas: orientándose más que a la empresa a los trabajadores “abusivos”, “privilegiados”, a su “infame sindicato”.
Como medida de salud pública, lo políticamente correcto es asentir, de preferencia justificar. Opera en contubernio con los partidos, Beltrones y Labastida, patéticos; Beatriz Paredes, ni pío, luchadora social distraída. La izquierda colaboracionista recomienda negociar aunque sea para efectos mediáticos favorables al golpe. El secretario Lozano afina el golpe, detiene la “toma de nota” que sólo le faculta a enterarse, no a calificar la elección, y dejó, en su afán democrático, inconstitucionalmente al sindicato sin cabeza ni recursos. El secretario Gómez Mont amenaza, engola la voz, todo el peso de la ley a los radicales, golpista aprendiz.
Un decreto de cuatro hojas contradictorio y mendaz es la sentencia. Fundada en un estudio oculto de una comisión de Hacienda, que resuelve: LyFC no cumple su objetivo; soporta un déficit de 40 mmdp por pérdidas, o sea, robo de energía de empresas detectables por 11 mmdp; pérdidas económicas por 18 mmdp; no genera, sólo compra la energía a CFE y la revende a precios más bajos por tarifas fijadas por Hacienda. Calderón acusa que se perdieron 100 mil empleos por culpa de LyFC que, de ser cierto, sería por falta de inversión. La argumentación lleva directamente a exigir responsabilidades a la administración que no aparece por ningún lado, a la Secretaría de Energía y al propio Calderón.
Desde luego existen graves situaciones de improductividad, de inflexibilidades contractuales, mas no están en el decreto, pero sí, en la retahíla de comentarios descalificadores.
Es inocultable, se actuó contra el sindicato y sus trabajadores, para eliminar un obstáculo a la privatización que Calderón impone inconstitucionalmente, clásico golpe de Estado. En el afán entreguista, eliminar al SME es clave.
El objetivo usual del golpe de Estado —según Bobbio, fortalecer el poder del golpista— está claro en la decisión de Calderón. El coro adulador lo destaca: Calderón es valiente, nadie se había atrevido, se fortaleció ante el mundo, recuperó estatura. La verdad es contraria, es un golpe desesperado más que valentía, de inseguridad ante una Presidencia en el desastre político y económico. Es y será pérdida de legitimidad inobjetable. Entra el Presidente al grupo selecto de “valientes”, como Salinas que descabezó al sindicato petrolero, amparado en el Ejército, encarcelando dirigentes para convertirlo en instrumento dócil para la desnacionalización.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario