Acusados de montar una vasta red de espionaje cuya organización y financiamiento, de acuerdo con datos de la PGR, podría implicar al gobierno del Estado de México, exfuncionarios de los servicios de inteligencia que estuvieron en ella responsabilizaron en cambio a la Presidencia de la República de las actividades de seguimiento de decenas de personajes públicos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón.
Dos de los principales acusados, Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, aseguraron que la Oficina de la Presidencia fue el origen del espionaje que se realizaba desde domicilios del Distrito Federal y del Estado de México.
“Jamás actuamos solos. Lo que hicimos se nos ordenó desde Los Pinos y se operó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” (Cisen), manifestaron los espías que trabajaron más de una década para el Cisen y la Policía Federal Preventiva (PFP).
En agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscaba aprehenderlos junto con otros 11 coacusados, ambos exagentes se acercaron a Proceso para responder a las imputaciones que semanas antes había filtrado la dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora.
Dena Escalera y Rodríguez Rosas intentaron entonces desmontar las acusaciones de la PGR en su contra como los principales responsables del espionaje descubierto a partir de la denuncia penal que presentó, el 13 de junio de 2008, el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien fue sólo uno de las decenas de personajes públicos espiados.
Cuando se disponían a ofrecer pruebas de sus señalamientos, a finales del año pasado, los exagentes fueron capturados. Sometidos a proceso judicial, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Poco antes de ser aprehendidos, en diversas conversaciones telefónicas con este medio dieron su versión sobre las actividades que desarrollaban y la manera en que operaban. Aseguraron que el objetivo fue crear una estructura de espionaje fuera de los servicios de inteligencia para que pudiera desempeñarse con más facilidad y sin riesgo político.
Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien laboró con Dena Escalera en el Cisen y en la Coordinación de Inteligencia de la PFP, explicó: “Un grupo de personas que habíamos trabajado en servicios de inteligencia fuimos organizados para hacer estas actividades. Las órdenes las recibíamos de la Oficina de la Presidencia”.
Durante el supuesto reclutamiento, la Oficina de la Presidencia estaba a cargo de Juan Camilo Mouriño, quien en enero de 2008 fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito el Cisen, cuyo director desde el inicio del sexenio es Guillermo Valdés Castellanos.
De acuerdo con la propia PGR, en noviembre de ese año –cuando Mouriño murió en la Ciudad de México– el grupo seguía espiando, a pesar de que habían pasado cinco meses desde la denuncia de Beltrones, quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Rodríguez refirió que el grupo siguió espiando aún después de la muerte del secretario de Gobernación y puntualizó que el contacto con Mouriño era a través de Yolanda Esparza, “quien era la secretaria de todas sus confianzas”.
(Yolanda Esparza López fue la secretaria de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste, en Campeche. Después se convirtió en su secretaria particular. Cumplió esa función en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. A la muerte de Mouriño, pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el IMSS, Esparza López trabajó hasta el año pasado en la secretaría particular de la Unidad de Vinculación.)
Rodríguez insistió: “Tan teníamos el respaldo de la Presidencia y del Cisen, que los equipos con los que operamos tenían número de inventario de la Dirección General” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Mencionó los nombres de más de 50 personas a las que espiaron “por órdenes de la Presidencia”. Según su dicho, se trató de políticos oficialistas y opositores, miembros del gabinete, funcionarios de organismos autónomos, abogados, ejecutivos, periodistas…
Reveló que el escándalo desatado en febrero de 2009 contra el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Luis Téllez, fue resultado de las grabaciones hechas por ese equipo de espías gubernamentales.
De acuerdo con Rodríguez, además de Téllez y los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para ese caso también fueron espiados el abogado Juan Velásquez y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé.
Aseguró que como resultado de su espionaje, contaban con “numerosos expedientes” y copiosa documentación almacenada en cintas magnéticas, grabaciones digitales y videos. Disponían también de fotografías y números de cuentas bancarias de los espiados.
Téllez no fue el único miembro del gabinete sometido al espionaje presuntamente ordenado desde la Presidencia. Rodríguez dijo que la misma suerte corrieron el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el entonces director del IMSS y sucesor de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al igual que otro personaje que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio Robles, hoy consejero jurídico de la Presidencia.
Según el exespía, se dio asimismo seguimiento a personal de Los Pinos. Mencionó el caso del propio secretario particular de Calderón en ese momento y actual presidente del PAN, el diputado César Nava. Su antecesor en el partido, Germán Martínez, también estuvo en la lista.
Otros panistas que citó fueron los senadores Santiago Creel Miranda, Federico Döring y Fernando Elizondo –quien fue secretario de Energía con Vicente Fox–, así como el actual gobernador de Sonora, el exsenador Guillermo Padrés. Rodríguez destacó entre los espiados al entonces litigante Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación.
Las líneas telefónicas del Centro Fox, en Guanajuato, también fueron intervenidas, como las de otro personaje cercano al expresidente, Guillermo Velasco Arzac.
A decir del acusado, aliados electorales de Calderón tampoco se salvaron, en particular Elba Esther Gordillo, su hija Mónica Arriola y el diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi. Lo mismo pasó con los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
En el caso del PRI, además de Beltrones los exespías gubernamentales aseguraron haber dado seguimiento a las actividades de la presidenta del partido, Beatriz Paredes; del hoy exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
La inclusión del gobernante mexiquense contrasta con la versión de la PGR, según la cual el espionaje se originó en el Estado de México, aunque la misma dependencia ha filtrado la información de que la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, pareja sentimental de Peña Nieto, también fue espiada.
Desde luego, dijeron los exagentes, en su lista estaban el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el presidente del PRD, Jesús Ortega.
Especial atención dedicaron a los colaboradores más cercanos de López Obrador: José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero y el diputado perredista Alejandro Encinas. Los tres formaron parte del gabinete de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. Otro de los espiados fue el ahora diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.
Por lo que respecta al gobierno de Marcelo Ebrard, siguieron los pasos del procurador general de Justicia del DF, Miguel Mancera, y del secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón.
Fuera de partidos, gobierno y Congreso, aseguraron que intervinieron igualmente las comunicaciones de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, y del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, notario de los empresarios Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon.
Por lo que se refiere a los periodistas espiados, mencionaron los nombres del conductor de Televisa Joaquín López Dóriga; del director de El Universal, Jorge Zepeda Patterson; del director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza; de la editora de la sección de Estados de La Jornada, Mireya Cuéllar, y de Alfonso Millares, a la sazón directivo de la agencia Notimex.
Requeridos para dar pruebas de sus aseveraciones, los acusados proporcionaron a Proceso los números telefónicos de una veintena de las personas sometidas a espionaje. Los teléfonos, en efecto, pertenecen a los señalados.
Las acusaciones
Según Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, ellos se escondieron en diversos estados del país, y pretendían entregarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal luego de dar a conocer públicamente parte de sus investigaciones cuando, a finales de noviembre de 2009, el Segundo Tribunal Unitario de Procesos Penales Federales ordenó abrir el proceso penal en su contra.
Junto con Dena Escalera y Rodríguez Rosas, el magistrado Ricardo Paredes Calderón dictó auto de formal prisión contra Teresita Flores Dena –sobrina del exfuncionario del Cisen–, Guillermo Lago Montes y José Tagle Balderas, ambos exempleados del centro de investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tagle Balderas trabajó además en la PFP con Dena Escalera.
Todos están acusados de asociación delictuosa, y a cuatro de ellos –con excepción de Rodríguez– se les fincó además el cargo de intervención de comunicaciones privadas. Dena y Lago son procesados asimismo por cohecho, y Rodríguez, por copiado de información propiedad del Estado, en particular del Cisen.
En total, de acuerdo con la PGR, en esa red participaban por lo menos 13 personas, varios de ellos exfuncionarios del Cisen, de la PFP y de la Secretaría de Hacienda. Entre los acusados se halla igualmente el comercializador israelí de armas y equipo de espionaje Yosef Shevah Porat, Sharon.
La versión que ha sugerido la PGR desde que, el 2 de julio del año pasado –en vísperas de las elecciones federales intermedias–, el periódico Reforma publicó parte del expediente, es que Dena Escalera y Rodríguez Rosas integraron una red de espionaje que podría implicar al gobierno del Estado de México y que estaba dirigida contra políticos priistas, particularmente “contra aquellos que son antagonistas del gobernador Enrique Peña”.
El diario informó que el 6 de noviembre de 2008 –dos días después de la muerte de Mouriño– la PGR cateó dos domicilios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se procesaba la información obtenida mediante espionaje, al igual que un domicilio en la colonia Popo, en el Distrito Federal.
La PGR indicó que los acusados usaban como fachada la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, que obtuvo su permiso de operación en 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.
Manifestó que también se valían de la empresa Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, y dijo que en una de las instalaciones encontró equipos de lanzagranadas, al parecer vendidos por Sharon, quien escapó del país con un pasaporte falso, según la propia dependencia.
En julio de 2009, Medina Mora declaró que la PGR había incautado en dos “casas de seguridad” de Naucalpan computadoras que tenían más de 200 mil páginas de información sobre las personas espiadas.
En posteriores filtraciones, la PGR ha señalado que, además de los priistas, fueron espiados miembros del gobierno de Felipe Calderón; entre ellos, el propio Mouriño y quien fungía como secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.
Refirió que en la misma situación estuvieron el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ahora director de Pemex Gas y Petroquímica, y el expresidente del PAN Manuel Espino.
En el caso del PRI, aparte de Beltrones, la PGR enlistó al senador Francisco Labastida y a los gobernadores Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz, y Humberto Moreira, de Coahuila.
La PGR sostiene que antes de la denuncia de Beltrones ya había integrado una averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con el número 83/UEIDCSPCAJ/2008.
A esa averiguación sumó la 97/UEIDCSPCAJ/2008, abierta por la acción judicial del senador priista, quien interpuso la demanda “contra quien resulte responsable”.
Según la PGR, ambas averiguaciones apuntan al Estado de México.
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