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martes, octubre 11, 2011

Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K’ destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se “justifican” para “competir” contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación.

Nancy Flores/Segunda parte
El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.
Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.
Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K’, que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.
Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se “justifican”, de acuerdo con Pemex, como “ajustes de precio por competitividad”– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral
Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los “ajustes”, sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.
Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.
Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado “brazo comercial” de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.
De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.
De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado
De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K’ se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.
Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.
En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.
El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.
Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.
Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo “en contango” (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.
Cuando la “curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja”, dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.
El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la “expectativa interna”.
Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. “El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país” (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que “se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema”.
En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que “si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad”.
Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela
Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.
Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa “guerra” por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.
Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.
Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, “por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México”.
Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.
“Ajustes de precio” internos
Los llamados “ajustes de precio” no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con el informe, “la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 ‘Precio’ y Anexo 2 ‘Precios y Periodos de Valoración’, así como en los convenios celebrados entre la partes”.
La Auditoría agrega que también en “la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por ‘ajuste en precio’ no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son ‘negociables’ y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes”.
Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, “las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores”.

domingo, febrero 21, 2010

Las órdenes venían “de Los Pinos”



Acusados de montar una vasta red de espionaje cuya organización y financiamiento, de acuerdo con datos de la PGR, podría implicar al gobierno del Estado de México, exfuncionarios de los servicios de inteligencia que estuvieron en ella responsabilizaron en cambio a la Presidencia de la República de las actividades de seguimiento de decenas de personajes públicos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón.

Dos de los principales acusados, Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, aseguraron que la Oficina de la Presidencia fue el origen del espionaje que se realizaba desde domicilios del Distrito Federal y del Estado de México.

“Jamás actuamos solos. Lo que hicimos se nos ordenó desde Los Pinos y se operó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” (Cisen), manifestaron los espías que trabajaron más de una década para el Cisen y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscaba aprehenderlos junto con otros 11 coacusados, ambos exagentes se acercaron a Proceso para responder a las imputaciones que semanas antes había filtrado la dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora.

Dena Escalera y Rodríguez Rosas intentaron entonces desmontar las acusaciones de la PGR en su contra como los principales responsables del espionaje descubierto a partir de la denuncia penal que presentó, el 13 de junio de 2008, el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien fue sólo uno de las decenas de personajes públicos espiados.

Cuando se disponían a ofrecer pruebas de sus señalamientos, a finales del año pasado, los exagentes fueron capturados. Sometidos a proceso judicial, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Poco antes de ser aprehendidos, en diversas conversaciones telefónicas con este medio dieron su versión sobre las actividades que desarrollaban y la manera en que operaban. Aseguraron que el objetivo fue crear una estructura de espionaje fuera de los servicios de inteligencia para que pudiera desempeñarse con más facilidad y sin riesgo político.

Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien laboró con Dena Escalera en el Cisen y en la Coordinación de Inteligencia de la PFP, explicó: “Un grupo de personas que habíamos trabajado en servicios de inteligencia fuimos organizados para hacer estas actividades. Las órdenes las recibíamos de la Oficina de la Presidencia”.

Durante el supuesto reclutamiento, la Oficina de la Presidencia estaba a cargo de Juan Camilo Mouriño, quien en enero de 2008 fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito el Cisen, cuyo director desde el inicio del sexenio es Guillermo Valdés Castellanos.

De acuerdo con la propia PGR, en noviembre de ese año –cuando Mouriño murió en la Ciudad de México– el grupo seguía espiando, a pesar de que habían pasado cinco meses desde la denuncia de Beltrones, quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Rodríguez refirió que el grupo siguió espiando aún después de la muerte del secretario de Gobernación y puntualizó que el contacto con Mouriño era a través de Yolanda Esparza, “quien era la secretaria de todas sus confianzas”.

(Yolanda Esparza López fue la secretaria de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste, en Campeche. Después se convirtió en su secretaria particular. Cumplió esa función en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. A la muerte de Mouriño, pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el IMSS, Esparza López trabajó hasta el año pasado en la secretaría particular de la Unidad de Vinculación.)

Rodríguez insistió: “Tan teníamos el respaldo de la Presidencia y del Cisen, que los equipos con los que operamos tenían número de inventario de la Dirección General” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mencionó los nombres de más de 50 personas a las que espiaron “por órdenes de la Presidencia”. Según su dicho, se trató de políticos oficialistas y opositores, miembros del gabinete, funcionarios de organismos autónomos, abogados, ejecutivos, periodistas…

Reveló que el escándalo desatado en febrero de 2009 contra el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Luis Téllez, fue resultado de las grabaciones hechas por ese equipo de espías gubernamentales.

De acuerdo con Rodríguez, además de Téllez y los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para ese caso también fueron espiados el abogado Juan Velásquez y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé.

Aseguró que como resultado de su espionaje, contaban con “numerosos expedientes” y copiosa documentación almacenada en cintas magnéticas, grabaciones digitales y videos. Disponían también de fotografías y números de cuentas bancarias de los espiados.

Téllez no fue el único miembro del gabinete sometido al espionaje presuntamente ordenado desde la Presidencia. Rodríguez dijo que la misma suerte corrieron el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el entonces director del IMSS y sucesor de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al igual que otro personaje que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio Robles, hoy consejero jurídico de la Presidencia.

Según el exespía, se dio asimismo seguimiento a personal de Los Pinos. Mencionó el caso del propio secretario particular de Calderón en ese momento y actual presidente del PAN, el diputado César Nava. Su antecesor en el partido, Germán Martínez, también estuvo en la lista.

Otros panistas que citó fueron los senadores Santiago Creel Miranda, Federico Döring y Fernando Elizondo –quien fue secretario de Energía con Vicente Fox–, así como el actual gobernador de Sonora, el exsenador Guillermo Padrés. Rodríguez destacó entre los espiados al entonces litigante Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación.

Las líneas telefónicas del Centro Fox, en Guanajuato, también fueron intervenidas, como las de otro personaje cercano al expresidente, Guillermo Velasco Arzac.

A decir del acusado, aliados electorales de Calderón tampoco se salvaron, en particular Elba Esther Gordillo, su hija Mónica Arriola y el diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi. Lo mismo pasó con los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

En el caso del PRI, además de Beltrones los exespías gubernamentales aseguraron haber dado seguimiento a las actividades de la presidenta del partido, Beatriz Paredes; del hoy exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

La inclusión del gobernante mexiquense contrasta con la versión de la PGR, según la cual el espionaje se originó en el Estado de México, aunque la misma dependencia ha filtrado la información de que la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, pareja sentimental de Peña Nieto, también fue espiada.

Desde luego, dijeron los exagentes, en su lista estaban el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el presidente del PRD, Jesús Ortega.

Especial atención dedicaron a los colaboradores más cercanos de López Obrador: José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero y el diputado perredista Alejandro Encinas. Los tres formaron parte del gabinete de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. Otro de los espiados fue el ahora diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.

Por lo que respecta al gobierno de Marcelo Ebrard, siguieron los pasos del procurador general de Justicia del DF, Miguel Mancera, y del secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón.

Fuera de partidos, gobierno y Congreso, aseguraron que intervinieron igualmente las comunicaciones de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, y del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, notario de los empresarios Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon.

Por lo que se refiere a los periodistas espiados, mencionaron los nombres del conductor de Televisa Joaquín López Dóriga; del director de El Universal, Jorge Zepeda Patterson; del director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza; de la editora de la sección de Estados de La Jornada, Mireya Cuéllar, y de Alfonso Millares, a la sazón directivo de la agencia Notimex.

Requeridos para dar pruebas de sus aseveraciones, los acusados proporcionaron a Proceso los números telefónicos de una veintena de las personas sometidas a espionaje. Los teléfonos, en efecto, pertenecen a los señalados.

Las acusaciones

Según Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, ellos se escondieron en diversos estados del país, y pretendían entregarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal luego de dar a conocer públicamente parte de sus investigaciones cuando, a finales de noviembre de 2009, el Segundo Tribunal Unitario de Procesos Penales Federales ordenó abrir el proceso penal en su contra.

Junto con Dena Escalera y Rodríguez Rosas, el magistrado Ricardo Paredes Calderón dictó auto de formal prisión contra Teresita Flores Dena –sobrina del exfuncionario del Cisen–, Guillermo Lago Montes y José Tagle Balderas, ambos exempleados del centro de investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tagle Balderas trabajó además en la PFP con Dena Escalera.

Todos están acusados de asociación delictuosa, y a cuatro de ellos –con excepción de Rodríguez– se les fincó además el cargo de intervención de comunicaciones privadas. Dena y Lago son procesados asimismo por cohecho, y Rodríguez, por copiado de información propiedad del Estado, en particular del Cisen.

En total, de acuerdo con la PGR, en esa red participaban por lo menos 13 personas, varios de ellos exfuncionarios del Cisen, de la PFP y de la Secretaría de Hacienda. Entre los acusados se halla igualmente el comercializador israelí de armas y equipo de espionaje Yosef Shevah Porat, Sharon.

La versión que ha sugerido la PGR desde que, el 2 de julio del año pasado –en vísperas de las elecciones federales intermedias–, el periódico Reforma publicó parte del expediente, es que Dena Escalera y Rodríguez Rosas integraron una red de espionaje que podría implicar al gobierno del Estado de México y que estaba dirigida contra políticos priistas, particularmente “contra aquellos que son antagonistas del gobernador Enrique Peña”.

El diario informó que el 6 de noviembre de 2008 –dos días después de la muerte de Mouriño– la PGR cateó dos domicilios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se procesaba la información obtenida mediante espionaje, al igual que un domicilio en la colonia Popo, en el Distrito Federal.

La PGR indicó que los acusados usaban como fachada la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, que obtuvo su permiso de operación en 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.

Manifestó que también se valían de la empresa Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, y dijo que en una de las instalaciones encontró equipos de lanzagranadas, al parecer vendidos por Sharon, quien escapó del país con un pasaporte falso, según la propia dependencia.

En julio de 2009, Medina Mora declaró que la PGR había incautado en dos “casas de seguridad” de Naucalpan computadoras que tenían más de 200 mil páginas de información sobre las personas espiadas.

En posteriores filtraciones, la PGR ha señalado que, además de los priistas, fueron espiados miembros del gobierno de Felipe Calderón; entre ellos, el propio Mouriño y quien fungía como secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.

Refirió que en la misma situación estuvieron el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ahora director de Pemex Gas y Petroquímica, y el expresidente del PAN Manuel Espino.

En el caso del PRI, aparte de Beltrones, la PGR enlistó al senador Francisco Labastida y a los gobernadores Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz, y Humberto Moreira, de Coahuila.

La PGR sostiene que antes de la denuncia de Beltrones ya había integrado una averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con el número 83/UEIDCSPCAJ/2008.

A esa averiguación sumó la 97/UEIDCSPCAJ/2008, abierta por la acción judicial del senador priista, quien interpuso la demanda “contra quien resulte responsable”.

Según la PGR, ambas averiguaciones apuntan al Estado de México.

jueves, enero 07, 2010

Y para seguir saqueando a la nación...otro de sus cuates!

Nombran a Jordy Herrera director de Gas y Petroquímica de Pemex

MÉXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Jordy Herrera Flores, cercano colaborador de Felipe Calderón, fue nombrado nuevo director General de Gas y Petroquímica Básica, subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Herrera, quien desde diciembre de 2006 se desempeñaba como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener), fue antes director general de la Unidad de Promoción.
Además, el nuevo director general de una de las subsidiarias de Pemex, quien sustituyó a Roberto Ramírez Soberón, también fungió como director general de Enlace con el Congreso en la Secretaría de Desarrollo Social, en la época en que Josefina Vázquez Mota ocupó la titularidad de Sedesol y Felipe Calderón se desempeñaba como diputado federal, en el año 2000.
En este último cargo duró poco, pues cuando Felipe Calderón fue nombrado director de Banobras, en 2003, pasó a ser su secretario particular, aunque poco tiempo después el ahora Ejecutivo tuvo que abandonar el cargo, luego del escándalo que provocó cuando se autoasignó un préstamo para adquirir una casa.
Ese mismo año, en octubre, Calderón fue nombrado secretario de Energía y Jordy Herrera asumió nuevamente el cargo de su secretario particular.
Desde su último cargo como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener, en el que permaneció tres años, Herrera se encargó de diseñar las licitaciones para la adquisición de biocombustibles, que precisamente este mes serán dadas a conocer.
Se trata de licitaciones para que Pemex sustituya el MTB de las gasolinas y en su lugar se utilicen generadores de energía más limpios.
Esta nueva licitación, promovida desde la oficina que hoy deja Jordy Herrera, fue cuestionada por los participantes, al grado que tuvo que suspenderse el nombramiento del ganador, debido a supuestas preferencias hacia uno de los concursantes.
Sin embargo, se tiene programado que el ganador sea dado a conocer este mismo mes. Y aunque Jordy Herrera ya abandonó el cargo, sí alcanzó a diseñar las bases de la licitación que fueron motivo del retraso del nombramiento del ganador.

2010: Indignación, no desesperanza


MEXICO, DF, 4 de enero (apro).- Frente al capitalismo de amigos que ha concentrado la riqueza en una minoría insaciable que ha enviado al infierno de la miseria a más de la mitad de los mexicanos, cuyo más reciente peón es Felipe Calderón, México afronta este 2010 una encrucijada: La fatalidad o el cambio.
La disyuntiva va más allá de los procesos electorales que se desahogarán este año en la mitad de los estados de la República, no sólo porque ningún partido político --menos los de la derecha-- enarbola un programa de auténtica transformación, sino porque a la nación le urge una radical regeneración de su vida pública.
El riesgo de no reencauzar para bien el país no es sólo el “estallido social” del que todo el mundo habla como una posibilidad, pero nadie hace lo suficiente para evitarlo, sino una guerra civil que --como está demostrado en la historia-- es la peor de las confrontaciones por ser entre compatriotas.
Detrás del poder económico y político --el entramado de intereses que impuso y sostiene a Calderón-- está también el poderío militar, policiaco y mediático para la represión contra quienes tienen la convicción de que en México no sólo es necesario sino urgente un cambio auténtico que arranque de raíz tanta simulación.
Está más que claro: De Calderón y de la coalición de intereses que con él cumple medio siglo en el poder sólo pueden esperarse desgracias, como lo acredita la escalada de precios vigente por su vileza de aumentar el precio de los energéticos y sobre lo que ni siquiera tiene gallardía de asumir.
Frente a tal inquina, que tiene polarizada a la sociedad por la profunda desigualdad auspiciada por el capitalismo de amigos que instauró Carlos Salinas desde el sexenio de Miguel de la Madrid --una simbiosis de políticos-empresarios traficantes de influencias--, los mexicanos pueden optar por la desesperanza que adormece o las acciones que nacen de la indignación.
Es falso que los mexicanos estén predestinados a la mediocridad y a la miseria que han impuesto las minorías a través de la historia, prueba de lo cual es que se generaron justamente los movimientos de Independencia y Revolución que este año cumplen dos y un siglo respectivamente.
La prueba de que la transformación es posible lo representa, también, el triunfo de la inteligencia liberal con la Reforma sobre el fanatismo clerical, cuyos herederos son la derecha panista y priista y a menudo también perredista que creen que los mexicanos pueden ser engañados todo el tiempo.
Dicen los viejos que cada cien años el pueblo se enoja. Y sí: Es preferible la ira que la indolencia, la irritación que la mansedumbre, la inteligencia a la estupidez…
Apuntes
Luis Héctor Álvarez, el artífice junto con Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos del pacto con Carlos Salinas para legitimar el fraude de 1988 que profundizó el capitalismo de amigos vigente, ha sido degradado otra vez en la alta burocracia. Dejó la dirección de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora encabeza la Oficina para la Atención a Grupos Vulnerables. En lo que ha terminado el único prócer vivo de la derecha… Su sustituto en esa entelequia es Xavier Abreu, a quien Calderón sacrificó haciéndolo perder para entregar el gobierno de Yucatán al PRI como premio a su toma de posesión… Asciende en el gabinete, a la dirección general de gas natural de Pemex, otro amigote de Calderón, Jordy Herrera, quien fue su secretario particular. Es una posición clave para los grandes negocios. El saqueo, pues…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx