La “Ley Simi”

Alejandro Encinas Rodríguez

Nadie puede negar el serio problema de abasto de medicamentos en el IMSS ni la profunda inconformidad de los derechohabientes por no gozar del abasto oportuno de las medicinas que requiere su tratamiento médico. Esta es una realidad urgente que hay que atender pues ningún trabajador que cotice a ese Instituto ni sus familias, deben quedar sin la adecuada atención médica y medicamentos de calidad.

Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.

La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.

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