Opacidad en recursos para sindicato petrolero

Pemex y su sindicato se encuentran en la lista de instituciones que recurren a todas las instancias posibles para evitar cumplir con las resoluciones del Ifai, dictadas bajo el principio de máxima transparencia. Mediante instrumentos legales, la organización sindical ha impedido que la paraestatal entregue copias de los cheques que le da con cargo al erario y que no necesariamente corresponden a las cuotas sindicales; también, que informe el gasto del transporte de personal y los seguros de viajero para trabajadores, que se contratan dos veces sin justificación. Ni siquiera el reciente fallo de la Suprema Corte terminará con la opacidad, reconoce la presidenta del Ifai. Peschard indica que los particulares, como el STPRM, tienen garantizado su derecho de recurrir al juicio de amparo.

Mariela Paredes

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podrá seguir amparándose para evitar que la información del dinero que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea publicada, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello, porque se trata de un particular y no está obligado a rendir cuentas del uso que le da a los recursos económicos y en especie que le entrega la paraestatal, una vez que éstos salen de las arcas públicas.

Este razonamiento parecería contrario a lo establecido el 5 de marzo de 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala resolvió que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) son definitivas e inatacables.

No obstante, Jaqueline Peschard, comisionada presidenta del Ifai, explica a Contralínea que “los particulares sí se van a poder seguir amparando, porque es un derecho fundamental. Entonces, el Sindicato [de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana] lo podrá seguir haciendo y los particulares, aun cuando sean personas morales, van a continuar amparándose y eso sí está previsto por la ley. Pero los sujetos obligados a los que nosotros les instruimos que den la información, ésos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación está diciendo: tú no puedes litigar en contra de una resolución del Ifai, porque son resoluciones que te obligan de manera definitiva”.

Peschard considera que la resolución es muy relevante, no sólo para el Instituto, sino sobre todo para el acceso a la información. “Esta sentencia significa que se cumplan los términos de la Constitución y que el acceso a la información debe ser ágil, expedito”.

Ocultan recursos públicos al Sindicato

Información del Ifai indica que de los 17 amparos que los sujetos obligados han promovido entre 2004 y 2012, cuatro son de Pemex. Además, de 2007 a 2011 el STPRM se amparó al menos en 25 ocasiones para impedir que la paraestatal entregara información sobre asuntos que le concernían, indicó el diario Reforma el 16 de enero pasado.

Uno de esos casos es el de las solicitudes de Norma Monroy, una activista petrolera que pidió desde hace cuatro años copias certificadas de todos los documentos que amparen la entrega de recursos (económicos o en especie) que Pemex ha entregado al Sindicato en el periodo de 2000 a 2007. A pesar de que se trata de recursos públicos, la paraestatal y el STPRM se han amparado y, con ello, ha impedido que la información se conozca.

“Como ciudadana llegué al Ifai desde 2007, y ando, desde entonces, en un peregrinar. Pedí, entre otras cosas, los cheques certificados con todo el dinero que Petróleos Mexicanos le ha dado al Sindicato, y he recorrido hasta la fecha, los juzgados 16 y 14 [en materia de amparo].”

Monroy narra que durante una de las citas que tuvo con la excomisionada del Ifai, y entonces ponente de su caso, María Marván, le fueron requeridas pruebas de que los recursos que salen de Pemex con destino al Sindicato no sólo son por cuotas. “Yo tengo los convenios. Ellos justifican que los recursos son para la celebración del 1 de mayo [Día Internacional del Trabajo], pero ya tiene mucho tiempo, desde [el gobierno de Ernesto] Zedillo, que no se desfila y menos lo hace el sindicato petrolero. También el 18 de marzo [Día de la Expropiación Petrolera] se les entregan 80 millones de pesos; cuando viene la revisión contractual, se les otorgan 180 millones para gastos, y todo eso lo paga Pemex. Es mentira que se lo tiene que dar al Sindicato [para cumplir objetivos]. Todo esto está en convenios, más aparte el Pemexgate. Por eso estoy pidiendo [cuentas] del dinero que ha salido de 2000 a la fecha, y se amparan tanto el Sindicato como Pemex”.

Entre otras cosas, la paraestatal debía de haber entregado a Monroy copias de los cheques certificados que tanto el corporativo como las subsidiarias hubieran dado a los dirigentes petroleros, encabezados por el priísta Carlos Romero Deschamps. Así lo resolvió el Ifai, pero eso no se ha cumplido.

Los gastos excesivos

El hermetismo y la opacidad con que se tratan los asuntos relacionados con las erogaciones sindicales también se evidencian con el caso de Aldo José Luis Cifuentes de la Madrid, agremiado desde hace 21 años al STPRM, Sección 39, con sede en la localidad de Santa Catalina, municipio de Huauchinango, Puebla.

A través del sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), el 30 de marzo de 2011 solicitó (folio 1857200043811) a Pemex copia de los contratos y convenios administrativos sindicales de transporte de personal de las 36 secciones; los cheques emitidos por la paraestatal; los recibos de las empresas beneficiadas con dichos contratos; los documentos que avalan la constitución de las empresas que constan en Pemex; y de los contratos de las compañías que aseguran al personal durante el traslado.

“Lo hacemos porque son recursos públicos, son recursos de la nación”, señala el petrolero. La respuesta de Pemex fue solicitar una prórroga el 2 de mayo de 2011 para continuar con la búsqueda de la información. Un mes después (el 2 de junio), Pemex notificó a Cifuentes de la Madrid la disponibilidad de la información y el 27 del mismo mes, el Infomex recibió el pago por el envío de los documentos solicitados.

El 11 de julio se notificó que la información “ha sido enviada” al solicitante. Sin embargo, adjunto a la notificación se incluyó un archivo en el que se comunicaba que en sesión ordinaria, del 23 de junio de 2011, el Comité de Información de Pemex acordó la suspensión concedida al STPRM por el juicio de amparo 614/2011, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Así, la resolución concedió la “suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto a fin de que las autoridades responsables no hagan entrega al tercero perjudicado; es decir, al solicitante de la información que le fue autorizada mediante el oficio SRHRL-CGG-1334/2011, relativo a la solicitud de información 1857200043811”.

Ante la contradicción de la respuesta recibida por Pemex, Cifuentes de la Madrid apeló al recurso de revisión que el Infomex sugiere para estos casos. El 1 de agosto de 2011, interpuso dicho recurso. Veintiún días después se notificó a Petróleos Mexicanos que se admite el recurso y se le otorgan siete días hábiles para manifestarse.

En la sesión celebrada el 12 de octubre de 2011, el Ifai resolvió como sobreseído el recurso de revisión. Jaqueline Peschard explica que “si se sobreseyó quiere decir que le dieron la información, entonces se quedó sin materia o que estuvo mal planteada”.

Aclara que de ser el segundo caso, lo que aplica es que el Instituto, en un nuevo recurso, “vea si es información del patrimonio del Sindicato y eso está amparado justamente, porque es un privado. En ese caso, nosotros no podemos abrir esa información. El Sindicato no es sujeto de la ley”.

Cifuentes de la Madrid y otros trabajadores consultados indican que el interés por conocer esta información radica en que tanto la paraestatal como el STPRM efectúan un doble pago por un mismo servicio. Se paga dos veces el seguro que cubre los gastos que se pudieran generar por accidentes que ocurran durante el traslado al lugar de trabajo.

Las opciones legales

Jacqueline Peschard reconoce que entre los casos de amparo más recurrentes que involucran a Pemex están aquellos originados por solicitudes de información sobre recursos que van al Sindicato de Trabajadores Petroleros. “En esos casos, con mucha frecuencia, cuando se pide [conocer] cuántos recursos se le transfirieron de Pemex al Sindicato, nosotros hemos señalado que son recursos públicos. El artículo 12 de la Ley de Transparencia indica que todos los recursos públicos, todo lo que sea del erario, tienen que decirse a dónde va y cuánto es; el monto, y a quién se le destina”.

La comisionada presidenta del Ifai ejemplifica: “Si en el contrato colectivo se señala que se les va a dar ayuda para vacaciones o para construcción de vivienda, nosotros consideramos que son recursos públicos que van a un tercero y eso se tiene que transparentar. Entonces, el Sindicato siempre se ampara”.

En estos temas, señala Peschard, “lo más controversial ha sido cuando se pide, por ejemplo, cuáles son los recursos que se van al Sindicato por concepto de cuotas sindicales, pero esa aportación la descuenta Pemex de la nómina. Hemos señalado que se aplica el mismo criterio. Unos jueces dijeron que sí se debe dar el recurso, otros que no, porque aunque lo da Pemex al Sindicato, eso es parte del patrimonio del trabajador, porque es de su sueldo que se le descuenta”.

Añade que otros casos recurrentes de amparo “son los que tienen que ver con los contratos de Pemex con terceros, con empresas que le van a ofrecer algún tipo de servicio o para la construcción. Ahí lo que nosotros hemos encontrado es que uno de los principios y obligaciones de transparencia es que todo lo que tenga que ver con contratos, convenios, licitaciones, etcétera, al final son recursos públicos y son obligaciones de transparencia”.

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Pugna por miles de millones en sindicato petrolero

Fuente: Revista Contralínea 276 / 18 marzo de 2012

Investigan cuentas bancarias de políticos

• Investigan cuentas bancarias de políticos
• Gobernación espía a la comunidad Vasca
• Jubilan en Pemex a Bernardo de la Garza

Bernardo de la Garza Hesles

Miguel Badillo

En los tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mantenía una buena relación con la banca. No podía ser de otra forma, porque a través de fideicomisos y cuentas bancarias dentro y fuera del país, se manejaban millonarios contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaba y negociaba con la poderosa organización sindical.

Era “La Quina” un gran cliente para la banca. De hecho, algunas de esas cuentas aún se registran en paraísos fiscales y el retiro de sus fondos todavía es materia de litigio. El llamado Quinazo, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió terminar con la relación de complicidad de los gobiernos del PRI con los líderes petroleros, hizo que Hernández Galicia perdiera el control de cuentas bancarias millonarias.

En 2003, “La Quina” denunció que Carlos Romero Deschamps “robo” muchas de esas cuentas. En junio pasado, aquí en Oficio de Papel, reportamos con nombre y apellido el motivo del pleito: al menos 10 fideicomisos que fueron abiertos en la década de los 80 en Banamex y Bancomer. Allí se puso – al menos así se pensó - bajo buen resguardo aquel dinero público de gobiernos priistas vinculados con el STPRM. Son más de 5 mil millones de pesos y están allí en algún lugar de la banca, ahora de capital extranjero. Y, precisamente, por esa participación de bancos foráneos es que se ha complicado la negociación para recuperar esos recursos. Además, la institucionalización del sistema bancario – aunque con muchas observaciones – impide las negociaciones tras bambalinas para echar mano de esos fondos.

El pleito por el dinero del STPRM, una gran cantidad de él producto de la corrupción y las componendas políticas, podría ser el mismo caso al que se enfrenta el banco de Carlos Slim. Resulta que hasta sus circuitos bancarios llegó un depósito millonario por más de 800 millones de dólares. La transferencia se realizó desde Nueva York a través de una cuenta del banco estadounidense JP Morgan, a nombre de Irma Chávez, una mexicana que repentinamente se convirtió en millonaria y ya llamó la atención de las autoridades financieras y de los órganos de inteligencia. Sobre dicha transferencia mutimillonaria, sólo se conoce un documento que avalaría el movimiento bancario pero que, obviamente, no documenta el origen de los recursos, lo que hace sospechar a las autoridades que se trata de dinero sucio, producto de corrupción gubernamental, para ser más precisos.

Inbursa del magnate Carlos Slim conoce, en cambio, el nombre de la persona o empresa que envío esos recursos. Sin embargo, los directivos del área jurídica de Inbursa no pueden revelar dicha información porque estarían violando el secreto bancario y una decena de disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Lo interesante de la cuantiosa operación financiera, es que Irma Chávez no logró retirar ni un dólar de esa cuenta, a pesar de ser ella la beneficiada. Por eso preguntamos ¿dónde está el dinero y a quién pertenece?

Por lo pronto, algunos afirman que se trata de dinero que algunos políticos habrían depositado en dicha cuenta como una forma de asegurar los recursos sin aparecer como titulares. De ser cierto esta información que ya investigan las autoridades, estaríamos ante uno de los escándalos financieros relacionados con la política, como aquel ocurrido en el sexenio de Carlos Salinas, cuando su hermanito Raúl era el negociador de Los Pinos. Habrá que investigar más y, a pesar del silencio de os órganos financieros, volveremos al tema la próxima semana.

Espionaje a la comunidad Vasca

En medio de la crisis de gobernabilidad y violación a los derechos humanos vinculada con la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal a cargo de Felipe Calderón se da tiempo para espiar a ciudadanos vascos radicados en el país, algunos de los cuales ya cuentan con nacionalidad mexicana.

Yon de Luisa Plazas, presidente del Club de Futbol América, y su padre Yon de Luisa Saseta, funcionario del gobierno municipal de Celaya, están entre las decenas de vascos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sigue puntualmente y vincula –sin presentar pruebas– con organizaciones ligadas a integrantes de ETA, según revela un informe confidencial.

No sólo corporaciones policiacas mexicanas participarían en el acoso, sino efectivos de la policía española. Lo que se pretende es entorpecer el camino hacia la vía política que se ha abierto en Euskal Herria, considera analista de temas de política internacional.

Fechado el 29 de diciembre de 2010, el informe que el Cisen envió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) vincula a Juan Carlos Recarte Gutiérrez, quien fuera acusado de pertenecer a Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) con Domingo Flores Berástegui, Carmen Garmendia, Yon de Luisa Saseta, Yon de Luisa Plazas, Lázaro Galarza Larrayoz y Esteban Maiza.

Según este órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de la inteligencia civil del Estado mexicano, todas estas personas son integrantes del Colectivo Vasco en México, de acuerdo con un reportaje del periodista Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea.

Asegún la A.P PGR/SIEDO/UEITA/011/2011 remitida por el Cisen, obedece a una solicitud de información que requirió la SIEDO a dicho centro de investigación. “Se solicita información de la siguiente persona [Juan Carlos Recarte Gutiérrez], relacionada con el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEITA/077/2010, investigado por la posible comisión del ilícito de terrorismo internacional”.

Además, la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República, ordenó una investigación sobre los vínculos posibles de Recarte con ETA y organizaciones de apoyo a ésta; también, sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y grupos subversivos en México. Finalmente, solicitó datos sobre su ingreso, estancia y actividades en el país; datos personales; cuentas bancarias; propiedades e información adicional.

En el informe enviado por el Cisen a la SIEDO se señala a Recarte –sin proporcionar pruebas– como exmilitante del aparato militar de ETA; se agrega que la Audiencia Nacional de España requiere su detención desde diciembre de 1990 por asesinato y pertenencia a la banda armada, y por tenencia de explosivos y depósito de armas, desde marzo de 1991.

El Cisen señala que Recarte utilizó en México el nombre de Francisco Miranda Nandras y que trabajó como taxista a finales de la década de 1990. No se encontró algún vínculo con la delincuencia organizada en México u otro país, ni con alguna organización subversiva. Sin embargo, el Cisen lo señala como asiduo del Centro Vasco, donde, de acuerdo con el organismo de inteligencia, convergen integrantes de la comunidad vasca que se identifican con causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Nacido en 1967, originario de Pamplona, España, Juan Carlos Recarte Gutiérrez fue detenido en México el 29 de diciembre de 2010. Un día después fue entregado a las autoridades españolas al “no comprobar” su estancia legal en el país.

Era señalado como uno de los responsables en la explosión del edificio de la Unión y El Fénix Español, el 17 de octubre de 1987, donde perdió la vida María Cruz Yoldi Arradres, repartidora del Diario de Navarra.

Según las autoridades españolas, Recarte habría participado en el atentado junto con Bautista Barandalla Iriarte (detenido en 1990 y excarcelado bajo vigilancia judicial en 2009 por complicaciones de salud), con el objetivo de afectar intereses franceses en suelo español. Barandalla fue condenado a 40 años de prisión. Para Recarte, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Ana Noé Sebastián, pedía 43 años de prisión. El pasado 24 de noviembre, Recarte Gutiérrez fue absuelto por la Audiencia Nacional de España al no comprobarse su autoría o participación en dicho atentado.

El seguimiento a Recarte es puntual. El Cisen reseña desde la fecha de su nacimiento, hasta su expulsión de México. El informe indica detalladamente dónde vivió en el Distrito Federal, las empresas en las que trabajó y qué cargo ocupaba en éstas. Además, señala que existen registros en los cuales Recarte tiene restricción de vuelo en el espacio aéreo de Estados Unidos.

El legado de De la Garza Hesles

Finalmente, Bernardo De la Garza Hesles dejó la Subdirección de Pemex Refinación tras un año de gestiones que marcaron uno de los años más costosos para la paraestatal. Por su papel operativo en las decisiones que se tomaron en el área que concentra el corazón de Pemex, este abogado egresado del ITAM será recordado por los accidentes en las principales refinerías de la petrolera y, paralelamente, por el incremento en las importaciones de gasolina, lo que también se tradujo en menores ingresos para la empresa petrolera mexicana.

De acuerdo con el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, en ese año el programa de ingresos del gobierno federal registró una caída de al menos 18 mil 522.8 millones de pesos entre 2010 y 2011. La razón de ésta pérdida para Pemex fue que el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor al precio productor de Pemex.

Pero De la Garza Hesles, según un comunicado de Pemex, dejó la paraestatal al solicitar su jubilación y recibir un “reconocimiento” por su trayectoria en la paraestatal. De esta manera, la empresa cerró con broche de oro la omisión que caracterizó su rendición de cuentas respecto a la gestión de Bernardo de la Garza Hesles.

En Pemex simplemente se hizo caso omiso de las quejas internas y externas respecto a la gestión de éste exfuncionario, quien logró unificar en su contra a legisladores de todos los partidos. Para empezar, con la jubilación de De la Garza Hesles queda pendiente el resultado de aquel punto de acuerdo al que se llegó en la Cámara de Diputados en marzo pasado para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado, precisamente por De la Garza Hesles a la empresa KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN.

En septiembre del año pasado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza presuntas anomalías de Pemex presentó un informe elaborado por legisladores del PRD en donde se advierte que la negligencia en las decisiones tomadas para la operación de Pemex-Refinación provocó accidentes que podrían no ser reconocidos por las aseguradoras extranjeras con las que Pemex mantiene contratos de cobertura. De confirmarse esta advertencia, el daño patrimonial para Pemex sería cuantioso.

La producción de gasolinas de Pemex se encuentra a la baja por problemas de mantenimiento y falta de inversión; sin embargo, De la Garza se jubila sin la correspondiente rendición de cuentas, un hecho inexplicable analizando las evidencias de los problemas que enfrentó durante su gestión.

El que sí tomó cartas en el asunto fue el STPRM, pues fue Carlos Romero Deschamps quien exigió al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la destitución de Bernardo De la Garza Hesles.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Pugna por miles de millones en sindicato petrolero

A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.

Nancy Flores

Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.

El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.

En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.

Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.

“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”

La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.

Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.

Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.

Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.

Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.

Los fideicomisos

Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.

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CONTRALUZ

Las cuentas de Elba Esther

Miguel Badillo

En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.

Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos. La maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar la terrible corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Esto explica por qué en unas elecciones locales como las del Estado de México, casi el 60 por ciento del padrón electoral se abstuvo de votar.

El IFE usurpa facultades legislativas

Álvaro Cepeda Neri

No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).

También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.

La guerra energética que viene, según Klare

Alfredo Jalife-Rahme

Beirut, Líbano. Que uno viaje no significa que cese de leer y explorar la literatura relevante que marca las tendencias del siglo XXI, en particular en materia energética, la cual expone la vulnerabilidad de sus dos principales consumidores globales: Estados Unidos y China –específicamente en materia de hidrocarburos–, países que resultan ser también las dos primeras superpotencias geoeconómicas del planeta. En este sentido, Michael Klare –considerado uno de los óptimos geopolitólogos de la energía– expresa su polémica tesis sobre “La nueva Guerra de los 30 Años”, en el portal Common Dreams (26 de junio de 2011), que clasifica a los “vencedores y perdedores” de “la gran batalla por venir de la energía”.

Suárez Coppel, artífice de la quiebra de Pemex

Información de la Secretaría de la Función Pública clasificada como confidencial, a la que Contralínea tuvo acceso, arroja pistas sobre el supuesto desvío de recursos a inversiones ruinosas que realizó o encubrió el ahora director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, cuando se desempeñaba como director de Finanzas de la paraestatal. Al interior de la empresa, el tema se maneja como “secreto de Estado”

Ana Lilia Pérez

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregulares manejos del Fondo Laboral de Pensiones (Folape) y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) –actualmente, Sistema de Financiamiento de Vivienda (Sifivi)–, registradas durante la gestión de Suárez Coppel como director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando manejó históricos ingresos que no se reflejaron en las finanzas de la petrolera. Tan sólo los excedentes petroleros sumaron más de 1 billón de pesos.

Al amparo del secreto fiduciario, figura con la que se administran los recursos de los dos fondos de Pemex, Juan José Suárez Coppel mantiene blindado su manejo a todo escrutinio, incluso el interno, pues el tema prácticamente es tabú de las reuniones del Consejo de Administración. Pese a que el dinero que administra es público, argumenta que dichos fideicomisos son “privados”. Sin embargo hoy, no sólo la SFP revisa los fondos de Pemex.

Hacia ambos fondos se han canalizado multimillonarios recursos para, supuestamente, dar cobertura a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero, el más caro del país, cuyo fondo de pensiones, entre el salario y prestaciones, es con mucho superior al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las pesquisas en la SFP apuntan a inversiones “ruinosas” en fondos carreteros y títulos de deuda hipotecaria y otras operaciones bursátiles de alto riesgo, a las que se habría destinado dinero de los fondos de pensión de los trabajadores de la petrolera, en un mecanismo similar al empleado por Juan Molinar Horcasitas, quien, como director del IMSS, invirtió las pensiones en deuda de la quebrada hipotecaria Metrofinanciera.

El caso de Pemex es mucho más grave, plantea el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, pues “generó uno de los grandes hoyos negros que hoy tienen las finanzas de Pemex”. La magnitud: “Es el quebranto del principal fondo de pensiones del país. Aunque Suárez Coppel lo ha mantenido oculto, en unos años ya no podrá esconderse, simplemente estallará el problema”.

Por instrucciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza también auditorías, cuyos resultados se darán a conocer en febrero próximo.

La diputada Esthela Damian Peralta, presidenta de la Comisión, adelanta a Contralínea que las auditorías evidencian que el dinero de Pemex “se está manejando cada vez con menos transparencia. Es decir, “hay más corrupción y menos rendición de cuentas”. Agrega que “los resultados que tenemos hasta ahora son muy delicados en materia de corrupción. Se están presentando graves inconsistencias”.

Al subrepticio manejo que Juan José Suárez Coppel hizo de los fondos de Pemex como director Corporativo de Finanzas –en los años de la bonanza petrolera– y actualmente como director general, se atribuye parte del colapso al que, según el senador Francisco Labastida, se enfila la petrolera.

La denuncia pública de Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, de que Pemex se enfila hacia un colapso, encendió la alerta en el Legislativo para urgir una revisión de las finanzas de la paraestatal; azuzada también por las declaraciones de Juan José Suárez Coppel de que, por primera vez en su historia, Pemex comienza a importar crudo.

Fideicomisos privados

El Ficolavi fue constituido como fideicomiso en 1989, identificado con el número F/21042 o F/21042-7, con Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados (jubilados y activos) como fideicomisarios y Santander como fiduciaria –posteriormente se cambió a BBVA Bancomer.

El Folape fue constituido como fideicomiso (F/29564) el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios, como fideicomitentes, y Bancomer, SA, como fiduciario. Éste concentra transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por la venta de activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.

Según las reglas de operación de los fideicomisos, el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza contraviene la normatividad, lo que implica responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que lo autorizaron como de quienes han dado visto bueno a este tipo de operaciones, explica el diputado Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

“Implica también la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.

El expediente de la SFP destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.

La mano de Gil Díaz

Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal, dice que al asumir la Dirección Corporativa de Pemex, Juan José Suárez Coppel encubrió el desvío del dinero de los fideicomisos a las inversiones ruinosas de los fondos carreteros, porque éstos eran manejados desde la Secretaría de Hacienda por Francisco Gil Díaz. Entre 1988 y 1994, cuando se gestó la privatización y luego el rescate carretero, Gil Díaz fungía como subsecretario de Hacienda.

Artífice de la creación de numerosos fideicomisos para manejar los recursos públicos sin rendir cuentas y escudándose en el secreto fiduciario ya como secretario de Hacienda, Gil Díaz es pieza clave del secretismo en el manejo del dinero del Ficolavi y Folape en la bonanza petrolera de Vicente Fox.

En ese periodo (2001-2006), Gil Díaz tuvo voz y voto como titular de Hacienda y a la vez integrante del Consejo de Administración de Pemex, y también a través de su excoordinador de asesores, Suárez Coppel, a quien en febrero de 2001 le encargó el manejo financiero de Pemex.

En Banobras, fiduciario y fideicomitente del fondo carretero, fungía además como presidente del Consejo Directivo.

Suárez Coppel trasladó a la paraestatal el mismo esquema de multiplicidad de fideicomisos, traducidos en multiplicidad de cuentas inauditables. Por ello, Mario Di Costanzo atribuye precisamente a Suárez Coppel la “quiebra financiera” de Pemex.

Para administrar el dinero del Ficolavi, Suárez Coopel lo hizo mediante 11 fideicomisos que operaron, según información de Pemex, entre 2001 y 2006; en algunos de ellos Pemex sólo participó como fideicomisario, y en otros, como fideicomitente. Todos con BBVA Bancomer como institución fiduciaria. Banco en el cual, recientemente, Gil Díaz se integró como miembro del Consejo de Administración.

Conocido como el “Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) carretero”, dicho rescate fue ideado por Francisco Gil Díaz (exjefe de Juan José Suárez Coppel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando los principales beneficiados con la privatización argumentaban que, derivado de la crisis de 1994, no podían sostener sus costos financieros de los créditos que contrajeron al otorgárseles las concesiones. Se declararon en suspensión de pagos para que el gobierno federal se hiciera cargo de su deuda, convirtiéndola en la segunda deuda pública más grande, después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (antes Fobaproa).

El Farac se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente, con el número F/1936. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones del rescate carretero.

Operación Autopista del Sol

Una evidencia del desvío de recursos del fondo de pensiones de Pemex (contenido en el expediente de la SFP) es el dinero trasladado al Fideicomiso 5239-3, que el 28 de julio de 1989 constituyó en Banca Serfín el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), para “la construcción, explotación, conservación y mantenimiento” de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, conocida como la Autopista del Sol.

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Pemex se dobla ante el chantaje de los Zetas

Refinería de Pemex en Tampico.

La redacción

REYNOSA, Tamps., 15 de junio (apro).- Pemex ya sabía que la situación era grave en las instalaciones de la cuenca de Burgos, en la frontera chica de Tamaulipas, pero no tomó precauciones...

El pasado 16 de mayo, ocho trabajadores de la empresa Delta, contratista de Pemex, desaparecieron en esa región. El viernes 21, cinco empleados petroleros que trabajaban en la estación de compresión Gigante 1, a unos 300 metros de La Ribereña, la carretera que comunica Nueva Ciudad Guerrero con Nuevo Laredo, fueron golpeados y amenazados. “No los queremos volver a ver por este lugar”, les dijeron supuestos zetas.

Asustados, los trabajadores, tres de los cuales están actualmente desaparecidos, levantaron un reporte del cual tuvieron conocimiento la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Pero sus jefes inmediatos, Ignacio Olea Acosta, Arturo Rodríguez y Adalberto Mancilla, los obligaron a volver. “No busquen pretextos para no trabajar, si se los vuelven a encontrar (a los sicarios) se regresan y ya”, les dijeron.

El domingo 23 de mayo, entre 9 y 10 de la mañana, en el cambio de turno, unos 40 hombres armados, con camuflaje militar y que viajaban en cuatro camionetas, irrumpieron en la estación. Sometieron a los trabajadores, los obligaron a tirarse al piso y les apuntaron con armas de alto calibre. Luego se llevaron a cinco de ellos y a un chofer de una empresa transportista en un camión que enfiló por la carretera rumbo a Nuevo Laredo.

Desde entonces, convoyes de sicarios patrullan esa zona y ni el Ejército, ni la Marina han logrado que la estación de compresión Gigante 1 vuelva a funcionar, con lo que la paraestatal deja de producir unos 120 millones de pies cúbicos de gas, según revela una fuente de la petrolera.

“No es que quieran adueñarse de la planta: no pueden usar el gas porque éste va por tuberías. Lo que quieren es el control total de la zona. Han lanzado amenazas de que secuestrarán a cualquiera que se presente a trabajar en esa planta”, asegura la fuente, quien reconoció que desde hace años estos grupos ya han robado combustible de los más de mil pozos que tiene la cuenca de Burgos, lo que les genera una ganancia calculada en más de 9 mil millones de pesos al año.

Lo que ocurre, dice, es que Los Zetas dominan todo el territorio de la frontera chica en los municipios de Mier hasta Nuevo Laredo, pasando por Ciudad Guerrero, que es donde se encuentra esta estación de compresión, parte de la cuenca de Burgos. “En la guerra que tienen ahora con el cártel del Golfo han intensificado su vigilancia; no quieren que nadie se acerque, que nadie pase por ahí sin su control, porque se están cuidando también de sus enemigos”, explica.

Incluso, apunta la fuente, estos grupos han arrebatado a sus propietarios ranchos y fincas en esa región y han sembrado el terror, al grado de que la mayoría de los habitantes de Nueva Ciudad Guerrero se han ido a Estados Unidos.

El chantaje

La versión que corre entre los empleados de la paraestatal es que Los Zetas le exigieron a la empresa 50 millones de pesos por dejarla operar en la zona, más una cuota mensual de 5 millones por protección y 10 mil dólares de rescate por cada uno de sus trabajadores secuestrados.

Éstos son Saúl García Ayala, instrumentista especializado en máquinas de compresión; Mario Zúñiga Salas, ayudante especializado instrumentista; Martín Franco Rivera, ayudante de mecánico; Christopher Cadena García, operador de primera de plantas de compresión, y Anselmo Sánchez Saldívar, mecánico especialista.

Sus familiares presentaron denuncia formal sobre su desaparición el 26 de mayo en la Agencia Cuarta del Fuero Común, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Pero, según narran, prácticamente nada se ha hecho para la localización de los secuestrados. A 19 días de la desaparición, Pemex aún no ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), advierte Luis Armando Cadena Tijerina, padre de Christopher, uno de los desaparecidos.

Cuando los familiares esperaban el respaldo de la paraestatal para localizar a sus trabajadores sindicalizados, lo que han encontrado es el interés de Pemex por mantener este caso en silencio para no reconocer que un grupo delincuencial lo ha puesto en jaque.

En entrevista, Cadena Tijerina dice que Guillermo González Marrufo, encargado jurídico de Pemex, les notificó a los familiares que la denuncia no podía presentarse aún porque estaban esperando la declaración de Eduardo Zavala, el único trabajador que escapó del secuestro masivo.

Sin embargo, denuncia, fue la propia paraestatal la que le dio vacaciones a Zavala apenas ocurrieron los hechos, para que se fuera sin presentar su testimonio ante ninguna autoridad.

“Están tratando de evitar un escándalo y un reclamo o las demandas que podrían presentarse por los propios trabajadores desaparecidos o por sus familias”, señala Cadena.

“Las personas que están ahora secuestradas se presentaron a trabajar por responsabilidad, por cumplir con su trabajo y Pemex no hizo nada por atender las denuncias de lo que estaba pasando, por respaldarlos con vigilancia del ejército; no es justo que la paraestatal ni siquiera haya puesto una denuncia”, reclama.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, y Miguel Ángel Maciel Torres, administrador del Activo Integral Burgos-Pemex, participaron el 26 de mayo en la sesión plenaria de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, que preside el diputado tamaulipeco Edgar Melhem, sin que se mencionara la toma de las instalaciones ni el secuestro de los trabajadores.

Ni el sindicato

El pasado domingo 6 los familiares de los secuestrados fueron a un acto político en esta ciudad, donde el líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps, daba el respaldo de su gremio al candidato priista al gobierno, Rodolfo Torre Cantú.

“¡Compañeros petroleros, apóyennos, estamos solos!”, decía una de las cartulinas que portaban. “Ahorita nos ponemos de acuerdo; ustedes saben que nosotros no le sacamos a los problemas”, les dijo Romero Deschamps por el micrófono. Sin embargo, una vez que terminó el acto político dio la orden de que cerraran la puerta del local para que los familiares no pudieran alcanzarlo.

Cadena Tijerina relata que también han acudido a la octava Zona Militar para pedir que busquen a los levantados. “Nos recibió un soldado raso que lo único que hizo fue darnos un número de teléfono para que estuviéramos comunicados, pero es una línea que nunca contestan, nunca hay gente en ese número”, reclama.

“Como están las cosas en esa zona, mientras no tengan una denuncia de la PGR sabemos que el Ejército no está haciendo nada”, expone el padre de uno de los petroleros.

Apunta que tanto el sindicato como la empresa les mandan a “puros peleles” que sólo les dan largas, pero que no les especifican qué están haciendo para localizar a los trabajadores.

“Para Pemex esto no ha ocurrido, no hay nadie secuestrado, quieren tenerlo en secreto pese a la gravedad de los hechos”, agrega. “Para ellos son sólo un número, para nosotros son personas queridas, que las queremos de regreso.

“¿Qué están haciendo nuestras autoridades, qué está haciendo nuestro presidente? En lugar de irse a Johannesburgo, al Mundial, debería atender las situaciones graves que estamos viviendo aquí en México”.

En el silencio, los familiares subieron a internet un correo con las fotos y las especificaciones de cada uno de los 5 petroleros plagiados.

En cuanto a los ocho trabajadores de Delta, se trató de consultar a la empresa pero los ejecutivos se negaron a da una entrevista. Sólo una empleada reconoció que había personal desaparecido, pero no quiso especificar nombres.

Algunos familiares de estos trabajadores han denunciado su secuestro por internet y han reclamado a la empresa que haga algo para su búsqueda, ya que ningún medio de comunicación ha publicado nada al respecto.

El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo, reconoce que el secuestro de ambos grupos de trabajadores ha sido expuesto por Pemex en las reuniones del Consejo Interinstitucional de Seguridad.

Dice que entre los acuerdos que se han tomado está el de formar una comisión que establezca una estrategia de vigilancia de acuerdo con las condiciones especiales de la zona de la cuenca de Burgos, que abarca partes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y cuyo acceso se complica por las múltiples brechas, caminos vecinales y terrenos despoblados donde están los más de mil pozos en explotación.

“Esto se venía dando (los levantones de trabajadores de Pemex) y de alguna manera pasaban unos días de que se reportaba y los ponían en libertad; pero ahora no ha ocurrido”, reconoce el secretario.

Documentan violaciones del sindicato petrolero

La STPS debería anular elecciones: COI
Documentan violaciones del sindicato petrolero
Víctor Ballinas

El Comité de Observadores Independientes (COI) –constituido por diversas organizaciones sociales y personajes– documentó una serie de irregularidades, amenazas y agresiones en el proceso de renovación sindical de la sección 29 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por lo que consideró que con base en esas anomalías, la Secretaría del Trabajo debe declarar nulos los procesos de elección en las secciones 29 y 50.
Manuel Padrón, representante del COI, precisó que aunque en la sección 50 no tuvieron observación directa, registraron un cúmulo de irregularidades en la renovación del comité gremial. Así como el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, anuló las elecciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, también debe declarar nulos estos procesos, señaló.
En el informe de elecciones en la sección 29, de Comalcalco, Tabasco, y de la 50, con sede en Paraíso, de la misma entidad, Padrón destacó que esta es la quinta experiencia ciudadana de observación (la primera fue en 1997), y las violaciones persisten: fraude, violencia y compra del voto, pero en esta ocasión también agredieron a una periodista del estado.
Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destacó que este reporte señala de manera contundente que la asignatura pendiente es la democracia sindical. En un documental presentado por el COI se apreció que hubo coacción del voto, faltó verificación del quórum, no existieron padrones de votantes y no hubo una votación libre y secreta.
El académico Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de la Ciudad de México, dijo que en el sindicalismo oficial “persisten viejas prácticas del pasado, como charrismo y caciquismo”.

Fuente: La jornada

Romero Deschamps en la Corte... como invitado de honor

QUE ASCO!!!!!

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 7 de diciembre (apro).- El dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, se paró finalmente en un tribunal: Lo hizo este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero como invitado de honor del nuevo ministro, Luis María Aguilar Morales.

Involucrado en el millonario fraude conocido como Pemexgate, del que fue exonerado judicialmente, Romero Deschamps llegó junto con Daniel Cabeza de Vaca, consejero jurídico de la Presidencia en el sexenio de Vicente Fox.
Ahora representante de la Presidencia de Felipe Calderón en el Consejo de la Judicatura Federal, Cabeza de Vaca pasó a ocupar su silla reservada en el salón del pleno a los integrantes del Poder Judicial Federal, mientras que el líder de los petroleros se sentó en los lugares reservados para los invitados especiales.
La llegada de ambos no pasó desapercibida, pues habían transcurrido 20 minutos del comienzo de la ceremonia de investidura de Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, designados la semana pasada por el Senado como ministros de la Corte para los próximos 15 años, por una propuesta de Calderón.
Al término de la ceremonia, los asistentes se acercaron a los flamantes ministros; menos el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Durante varios minutos se quedó sólo, entre los asientos vacíos. Nadie se acercaba a saludarlo, hasta que alguien que iba de salida lo topó de frente. No le quedó más que extenderle la mano. El saludo fue breve, sólo un apretón de manos y unas cuantas palabras.
Romero Deschamps, quiso salir de la Corte sin hacer declaraciones, con el pretexto de una llamada por su teléfono celular, pero fue seguido por la prensa hasta la salida del máximo tribunal.
Ahí, dijo que había sido invitado por el ministro Aguilar Morales y que el STPRM no teme que le ocurra lo mismo que al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada por Calderón.
Junto con Ricardo Aldana Prieto, tesorero del STPRM, Romero Deschamps fue parte de las investigaciones del gobierno de Fox sobre las transferencias millonarias al sindicato para financiar la campaña presidencial del ahora senador Francisco Labastida.
Pero al final de su sexenio, en marzo de 2006, Fox participó en las celebraciones del sindicato por el 68 aniversario de la expropiación petrolera.
Fuente: Proceso

Felipe Calderón Hinojosa, dice que combate la delincuencia, la corrupción y la impunidad y entrega Tomas de Nota a Carlos Antonio Romero Deschamps.

Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
Sobre las reelecciones de Carlos Antonio Romero Deschamps:

Antecedentes:
El asenso a la Secretaría General del STPRM de Carlos Antonio Romero Deschamps, tiene que ver con la caída de Joaquín Hernández Galicia (la Quina). Romero desde que llego al STPRM fue protegido de la Quina, tan solo por ser su paisano “Tamaulipeco”. En pocas palabras Carlos Romero es obra de la Quina, su maestro. En este caso se aplica el dicho popular que dice, “el alumno supero al maestro”.
El día de la tragedia de la Quina, 10 de enero de 1989, quien fue sometido por medio de la utilización del ejército, mediante un basukazo que derribo la puerta principal de su casa cuando se encontraba durmiendo, “el estruendo me despertó y Salí en calzoncillos a ver que pasaba, en la puerta de mi recamara me encontré con dos soldados que me sujetaron de los brazos y me llevaron en vilo”, su destino la cárcel.
Joaquín señala que el día del basukazo, recibió una llamada telefónica en la madrugada, el que contesto fue él “pollino” quien llamaba era Carlos Romero, el pollino accedió a interrumpir el sueño de su “patrón”, ya que Romero era uno de los consentidos de Joaquín. La platica fue irrelevante, la Quina se molesto y le dijo “para eso me despiertas y colgó”.
Posteriormente Joaquín señala que la intención de Romero con esa llamada era la de asegurarse que se encontraba en ese domicilio. Para que le cayera el ejército. Desde entonces la Quina acusa a Romero de ser quien lo traiciono y vendió a las huestes de Carlos Salinas de Gortari (CSG) ya que fue quien ordeno el operativo para controlar y destruir el reinado de la Quina.
CSG impone como nuevo Secretario General del STPRM a Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero es premiado con la Secretaría del Interior. En 1993 Guzmán renuncia a su cargo por cuestiones de salud y Romero nuevamente es premiado ahora con la Secretaría General. De entonces a la fecha este personaje lleva 16 años en el poder.
Se a electo en cuatro ocasiones 1993, 1994-1999, 2000-2006 y 2007-2012. Este hecho es violatorio a nuestros estatutos ya que tan solo se permite una reelección es decir que solo se pueden mantener al frente del STPRM por dos periodos y en este caso Romero ya lleva Cuatro.
La política gubernamental y Romero Deschamps:
Es preciso señalar que durante la mayor parte de su reinado, Romero al igual que todos los charros del sistema sindical mexicano no ha tenido problemas. Con los gobiernos en turno. Durante su reinado han transitado 4 Presidentes. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, aún en funciones.
De todos estos gobernantes con el único que ha tenido problemas Romero fue con Fox, ya que en su mandato salió a relucir el escándalo denominado pemexgate. Escándalo que las mismas autoridades hicieron y finalmente en eso termino un escándalo. Si bien es cierto que salieron a relucir muchos documentos, cheques, cifras, convenios, etc., también es cierto que las autoridades de este País se vieron incapaces para actuar en contra de Romero.
La PGR termino haciendo una investigación por un desvió de Mil 150 millones de pesos, las declaraciones de Macedo de la Concha procurador de la PGR de aquel entonces eran espectaculares, hablaba de delitos como robo a la nación, lavado de dinero, peculado, etc., al final no pudieron comprobar ningún delito. Romero fue exonerado. Pero volvió a las andadas, como debe de ser, es un gangster tiene impunidad, cual es el problema.
Se dice que las cúpulas del PRI y del PAN se reunieron, pusieron de acuerdo y pactaron para que ninguno saliera raspado y se hiciera daño en los escándalos del “pemexgate y Los amigos de Fox”. De esa forma terminaron los escándalos más sonados del sexenio de Fox y de la historia reciente de este País.
El Instituto Federal Electoral (IFE), fue la única Institución que sanciono parte del “pemexgate” imponiéndole al PRI una multa por mil millones de pesos, por peculado electoral. El asunto del desvió de los Mil 150 millones de pesos o pemexgate quedo en el olvido.
En el 2004 las Autoridades Federales desencadenan otro escándalo. El denominado “desvió de los 7 mil 800 millones de pesos”. El 26 de julio de 2004 se firma el convenio número 10275/04 de carácter confidencial el cual consta de 14 cuartillas y varios anexos. Quienes lo firman es el entonces director general de PEMEX Raúl Muños Leos y Carlos Antonio Romero Deschamps.
Estos personajes se aseguraron que su atraco fuera legal y utilizaron a la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, para solicitar que dicho convenio se elevara a la categoría de laudo ejecutorio y determinarlo como cosa juzgada. Es decir que Muñoz y Romero se pusieron de acuerdo y recurrieron a la “legalidad” para formalizar y asegurar su atraco.
En el inciso 7 de dicho convenio se especifica que 4 mil 200 millones de pesos, serian entregados para el “fondo sindical de vivienda”, el cual es manejado por Carlos Romero y se destinarían para la compra de terrenos y la construcción de 10 mil viviendas para los trabajadores petroleros. En el documento se indica que los plazos de los créditos hipotecarios que se den a los trabajadores sindicalizados se ampliaran de 15 a 25 años
En dicho convenio se señala que pemex le otorgara al STPRM, 2 mil 826 millones de pesos para modernizar y equipar las áreas de servicios médicos.
También se señala que se destinarán 32 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 34 escuelas, se le darán 200 millones de pesos al sindicato para el mantenimiento de instalaciones deportivas y 49 millones de pesos para la construcción del Centro Deportivo de Ciudad del Carmen, Campeche.
Como se podrá apreciar todos estos recursos que les fueron entregados a los seudo líderes del STPRM, en ningún momento los utilizaron para lo que señala el convenio. La pregunta obligada es, ¿en donde quedaron todos estos recursos? Hay claros indicios que señalan que Muños Leos y Carlos Romero se confabularon para atracar estos recursos públicos, que son propiedad de la nación.
El contubernio entre Carlos Romero y Muños Leos:
Hay que precisar que la dirigencia del STPRM ya había aceptado la entrega de 4 mil 300 millones de pesos, como parte del convenio salarial que se firmo el 26 de julio de 2004, si bien es cierto que dicha suma es elevada, no se puede explicar por que Muñoz Leos decide otorgarles otros 3 mil 500 millones a la dirigencia sindical.
Esto no se ve nada bien y hace pensar que por la firma de dicho convenio Muñoz Leos se llevó millonarias comisiones. Pero esto no lo sabremos a ciencia cierta ya que Vicente Fox avalo todos estos hechos, nunca dijo nada al respecto.
Algunas autoridades dijeron que este desvió habría provocado un quebranto a pemex. Pero ahí se quedaron las cosas. La SFP turno el expediente a la PGR y el 12 de octubre de 2005 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la denuncia penal, la cual ratificó el mismo día, por el presunto quebranto al erario. Pero hasta el momento no se sabe nada de la presunta entrega de recursos al sindicato petrolero. Este hecho fue violando la normatividad y sin autorización del Consejo de Administración de PEMEX.
Lo cierto es que como ya señalamos, quien sabe donde quedaron todos estos recursos ya que no fueron empleados para lo que los pidieron y que señala el convenio 10275/04.
En el Gobierno de Vicente Fox:
Después de las elecciones presidenciales del 2,000 se efectuaron elecciones en el sindicato petrolero, había una especie de confianza de que se podría hacer un cambio en el Sindicato Petrolero. Sin embargo el proceso electoral estuvo viciado, la coacción del voto, la compra del mismo y toda una serie de actos delictivos y corruptivos que llevan acabo los charros para no perder las elecciones dieron pauta para la impugnación de las mismas.
En ese momento también se tenían que realizar elecciones para el comité ejecutivo nacional. No se hicieron elecciones Romero convoco una convención y se reeligió, este acto también fue impugnado. Sin embargo las autoridades de aquel momento le dieron todas las garantías a los charros. Las demandas de impugnación de la tercera elección de Romero no prosperaron.
Finalmente en el 2005 se elige por cuarta ocasión Carlos Romero con 15 meses de anticipación y es acompañado por las autoridades de la STPS, de Gobernación y de pemex. Como muestra de apoyo por parte de Fox.
Lo que queremos resaltar es que, Carlos Romero al principio del sexenio de Fox tiene muchos problemas con el denominado pemexgate, se hablo de detención e incluso su libertad estuvo condicionada bajo fianza, durante un tiempo firmo todos los lunes en el reclusorio sur.
Finalmente fue exonerado, quedando como un héroe y vaciladas de ese tipo. Las Autoridades Federales quedaron muy reducidas, sobretodo la PGR, el pueblo de México se dio cuenta del grado de corrupción que existe en este País.
Al momento de que se impugnaron las elecciones seccionales y la tercera elección de Romero, las Autoridades de la STPS apoyaron y solaparon a los charros.
Para la cuarta elección de Romero, fueron a la convención de petroleros autoridades de primer nivel con la finalidad de avalar al charro. En primer lugar hay que decir que estas autoridades no tenían nada que hacer en una reunión de trabajadores y mucho menos tenían que actuar como lo hicieron, el finado Abascal levantándole la mano a Romero en señal de triunfo.
En verdad que la política a la mexicana da asco. Pero en fin ese es el nivel.
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa:
Felipe hereda el conflicto intersindical y lejos de darle solución lo a profundizando. Es bajo su régimen que la STPS le ha entregado dos Tomas de Nota a Romero en el periodo que va del 2007 al 2012. Estas últimas Tomas de Nota que le han otorgado las Autoridades del Trabajo a Carlos Romero han sido en completa violación al Estado de Derecho.
No entendemos como es que Felipe Calderón anda diciendo que su gobierno está combatiendo la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Cuando lo único que vemos es que está protegiendo a Carlos Antonio Romero Deschamps.
Este y cualquier gobierno está comprometido a cumplir y hacer cumplir las leyes de este País, en su toma de posesión lo “juro”, sin embargo al parecer no les importa la legalidad y la justicia. Con esta actitud dejan en estado de indefensión a centenares de miles de personas. El gobierno debe de gobernar e impartir justicia para todos los mexicanos, no solo para sus amigos.
Si esta conducta prevalece, habría que preguntarle ¿cual es la opción que le están dejando a la mayoría del pueblo de México?
Los charros manejan un control férreo hacia los trabajadores y tienen sometidos a los disidentes. La lucha política interna está anulada, las elecciones pasadas son muestra de ello. El único recurso que tenemos es la legalidad.
Pero hasta el momento las autoridades de la STPS se han puesto del lado de Carlos Romero a quien favorecen, protegen y solapan.
En estos momentos eso es lo que está pasando. El gobierno de Calderón al proteger y solapar a Carlos Antonio Romero Deschamps y darle tomas de nota en completa violación al Estado de Derecho, esta demostrando que su gobierno está actuando de manera injusta. Ya que esta favoreciendo a una persona, que a todas luces se ha comprobado que violo los estatutos del STPRM en su cuarta elección.
Reclamo:
Sr. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México:
Los trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM. Hemos estado librando una batalla en los tribunales en contra de la cuarta elección de Carlos Antonio Romero Deschamps y hemos logrado que dos amparos que se han interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación salgan en contra de la ilegal e ilegitima cuarta elección de Romero Deschamps.
Sin embargo la STPS no está cumpliendo con su encomienda, la cual es muy simple. Cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho y hasta el momento se ha dedicado a favorecer a Carlos Romero. En el periodo 2007-20012 le ha otorgado tres Tomas de Nota, cuando menos las dos últimas en completa violación a nuestro Estado de Derecho.
Con este tipo de hechos como se atreven a pedirnos que confiemos en las Instituciones. Si los que las encabezan son los que las corrompen y tuercen las leyes para favorecer a sus preferidos.
Hasta cuando van respetar legalidad y nuestro Estado de Derecho.
¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!
Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.
Unidos venceremos.
Nombre del blog: petroleros (stprm)
Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com

El paso corrupto de César Nava por Pemex

Desde Pemex y la Sener, millonarios contratos para amigos panistas

JESUSA CERVANTES

El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista a fin de que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba.

Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del que fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.Para ello Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, "De las excepciones de la licitación pública", artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando "existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados".En siete de esos casos Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas. Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector. La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran "con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones", como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.El hecho de que en ambos cargos Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.
De los 26 casos entregados a la iniciativa privada, 11 correspondieron a juicios por incumplimiento de contrato correspondientes a la subsidiaria Pemex-Refinación, ya que a partir de 2002 los organismos subsidiarios trasladaron sus unidades jurídicas a las del abogado general de Pemex.El 12 de diciembre de 2002, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, destacó la labor de César Nava como abogado general y dijo que al concentrarse todos los asuntos en su oficina Pemex estaría “en la vanguardia en materia jurídica al contar con herramientas para el funcionamiento de un área jurídica institucional que garantice la prestación de un servicio jurídico de excelencia”.Los contratos entregados a despachos de abogados particulares muestran que no ocurrió así. Por ejemplo, para resolver el pleito que la empresa Conproca entabló contra Pemex-Refinación por incumplimiento de contrato en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en 2003, el panista autorizó un pago de 75 millones 520 mil 19 pesos a un despacho particular, que además perdió el litigio, por lo que Pemex quedó obligado a pagar 700 millones de dólares a la demandante.Esta práctica de trasladar las obligaciones del área jurídica de una dependencia a despachos privados fue cuestionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 9 de agosto de 2005, cuando exhortó a Pemex-Refinación a evitar la contratación de abogados para su defensa, toda vez “que se incurre en duplicidad de funciones y genera (con ello) un alto costo económico”.

Amigos de Fox y de Calderón
Nava asumió la dirección jurídica de Pemex en octubre de 2001. Para marzo de 2002, el poderoso dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ya enfrentaba acusaciones del gobierno federal por haber desviado mil 500 millones de pesos de la paraestatal hacia la campaña presidencial del PRI en 2000. Y en lugar de que Pemex, que entregó el dinero a Romero Deschamps, colaborara con el Ministerio Público federal en la investigación del llamado Pemexgate, César Nava asignó de manera directa un contrato de 31 millones 500 mil pesos al despacho MYT Penalistas, S.C., para que hiciera el trabajo que le correspondía a su área.En ese entonces el propio César Nava, en sus oficinas, no quiso dar una entrevista pero aceptó ante esta reportera que no entraría a ese asunto (la denuncia por el desvío de recursos) “por temor a Romero Deschamps”.El 15 de marzo de 2002, el abogado general firmó el contrato SC-20-140/2002 a favor de MYT Penalistas, S.C., que en nueve meses cobró los 31.5 millones de pesos por “coadyuvar al Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y apoyo en la defensa de asuntos litigiosos en materia penal”, según consta en la relación de los trabajos delegados por Nava.Como relató el reportero Álvaro Delgado en Proceso 1560, Nava dictaminó que las tareas de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República “no se pueden realizar con el personal y recursos técnicos disponibles” y por eso Pemex contrató al mencionado despacho, cuyo “socio administrador” es Marco Antonio del Toro Carazo, un abogado costarricense radicado en México, que fue asesor de Vicente Fox en su campaña presidencial de 2000 y después formó parte de su equipo de transición.En entrevista con Delgado, Nava pretendió negar su responsabilidad en esa contratación: “No es un contrato adjudicado por mí ni firmado por mí”. Cuando el reportero insistió, tuvo que admitir: “Lo conocí, por supuesto, habida cuenta de que la coadyuvancia era necesaria”. El documento lleva la firma de dos colaboradores de Nava.Del Toro Carazo se ha mantenido cerca del PAN y del actual presidente de la República: el 1 de agosto de 2006 apareció como responsable de la publicación de un desplegado en el que “la comunidad jurídica” demandaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validara el triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial.Aunque Nava no quiso colaborar directamente con la PGR para investigar el desvío de fondos hacia el PRI, sí contrató por un mes al despacho estadunidense Wine & Maney para que supervisara el juicio entre el sindicato y la empresa Arriba Limited, creada por el exlíder sindical Joaquín Hernández Galicia y que demandaba al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por incumplimiento en la entrega de cientos de barriles de petróleo. El costo de este servicio fue de 1 millón 9 mil 400 pesos.Otro despacho beneficiado por Nava con una adjudicación directa fue González Calvillo, S.C. Su titular, Enrique González Calvillo, fungió como “secretario” de la agrupación Amigos de Fox, a través de la cual Lino Korrodi recaudó fondos para la campaña foxista del año 2000. En entrevista con esta reportera (Proceso 1335, del 2 junio de 2002), Enrique González comentó sobre su papel en Amigos de Fox: “Nunca hice acciones propias de un secretario, sólo le ayudé a Lino a constituir la agrupación porque necesitaban un abogado y yo soy su amigo. Acudí a petición de él, y a Vicente Fox lo conocí el día en que informamos de la constitución (del grupo)”. Tres años después de que Fox llegó a la Presidencia, al despacho González Calvillo, S.C. se le asignó el contrato SC-50-715/2003, por 5 millones de pesos, por invitación restringida, y con duración del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2003, para suministrar “asesoría en la revisión, análisis y estudios del estado actual que guardan los derechos de propiedad intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en México y España, y en su caso la realización de todos los actos necesarios para la defensa de los mismos derechos”.Al año siguiente, 2004, el mismo despacho recibió su segundo contrato –esta vez por adjudicación directa– con vigencia del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2004 y por 10 millones de pesos, es decir por la mitad de tiempo de trabajo y el doble de honorarios. El concepto fue el mismo, como consta en el contrato SC-95-901/2004: “Servicios profesionales para la asesoría y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.

Despachos consentidos
Entre 2003 y 2005, Pemex asignó de manera directa tres contratos al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C., por un total de 75 millones 520 mil 19 pesos (aunque extraoficialmente se informó que la firma recibió uno más, con lo que el monto total sería de 85.5 millones).Estos contratos tuvieron como objeto la defensa de la paraestatal durante 15 meses en el juicio que interpuso en su contra el consorcio Conproca, S.A. de C.V., encargado de reconfigurar la refinería de Cadereyta.En los contratos SC-85-371/2003, por 28 millones 750 mil pesos; SC-95-576/2004 por 29 millones 770 mil 019.93, y el SC-95-356/2005 por 27 millones de pesos, se establece que se adquieren “servicios para continuar con la defensa de Pemex-Refinación en el juicio 11760/KGA seguido por Conproca, S.A de C.V., en contra de Pemex-Refinación ante la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional”.A pesar de las altas sumas pagadas al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C. por un trabajo que debió realizar el abogado general de Pemex, se perdió el litigio por cerca de 700 millones de dólares.Así mismo, en enero de 2002 Pemex-Refinación decidió revisar un contrato que tenía con Mexicana de Lubricantes (Mexlub) e Impulsora Jalisciense para ver la posibilidad de darlo por terminado. Para ello, César Nava adjudicó de manera directa a Alfonso López Melih un contrato por 450 mil pesos. Cuando las empresas afectadas entablaron un juicio, López Melih contó con la ayuda del despacho Quijano, Cortina, López y De la Torre, en el que trabajó anteriormente y al que Pemex le pagó 15 millones de pesos por tres meses de trabajo.Finalmente, en 2003 la paraestatal le entregó 17 millones de pesos a Alfonso López Melih y a Javier Quijano Baz a cambio de un mes de trabajo. Así, Nava les adjudicó de manera directa contratos por un total de 32 millones 450 mil pesos.Otro despacho beneficiado de esta forma fue el de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C., del que era socio Santiago Creel Miranda, que obtuvo un contrato por 1 millón 100 mil pesos por una “consultoría para el desarrollo del proyecto denominado Estudio jurídico sobre la implementación de una flota petrolera para el servicio a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, según consta en el contrato SC-10-070/2003.Otro caso de “duplicidad de funciones” y “alto costo económico” –consecuencias de esta práctica, según la SFP– fue el de los contratos SC-10-421/2004, SC-10-422/2004, SC-10-423/2004 y SC-10-424/2004, que juntos suman 18 millones de pesos y se asignaron a cuatro firmas distintas: Lic. Miguel Ángel Pino Sánchez, Marcos Chávez y Abogados S.C., Lic. Ricardo Manuel Terán González, y Lic. Rodrigo Roel Olvera. Estos despachos prestaron en 2004 servicios de “abatimiento de juicios laborales en contra de Pemex”, que son atribución directa del abogado general de la paraestatal. No obstante, César Nava –que en ese entonces era titular de Asuntos Jurídicos de la Sener y tuvo que conocer estos contratos– prefirió delegar las responsabilidades en la iniciativa privada, beneficiando a esas firmas con la adjudicación directa.En ese mismo año, el director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, decidió cancelar el convenio que la subsidiaria tenía desde 1993 con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Sustitutas, A.C. Su intención era integrar en el padrón de proveedores a nuevos empresarios del ramo, como Autotransportes Flensa, de la que es socio Javier Fox, hermano de Vicente Fox Quesada. La anulación de este contrato le costó a Pemex 9 millones 439 mil 500 pesos, que fue el pago al abogado Abelardo Antonio Ayala García para que hiciera frente a los exproveedores inconformes.A Ayala García se le entregaron los contratos SC-85-765/2004, vigente del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2004, y el SC-95-670/2005, de octubre a diciembre de 2005, cada uno por 4 millones 719 mil 750 pesos, con el objeto de brindar asesoría “en los procesos instrumentados y, en sus caso, aquellos que pudieran instrumentarse por transportistas en contra de Pemex-Refinación por virtud de la terminación del convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque”.El paso de César Nava Vázquez por el sector energético no sólo benefició a la iniciativa privada con cerca de 250 millones de pesos, sino que además –según publicó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea de la segunda quincena de febrero de 2008– este panista cercano a Felipe Calderón dio por terminado un litigio donde presuntamente se incurrió en prevaricato, y en 2003 ordenó a sus abogados que negociaran el adeudo con el municipio de Coatzacoalcos. Pemex pagó 241 millones de pesos.Cuando todavía estaba vigente el litigio, Marcelo Montiel, en ese entonces presidente del municipio veracruzano, comentó a la prensa local que destinaría el dinero a la construcción de un túnel subterráneo, obra promovida por Emilio Baños Urquijo, entonces suegro de César Nava y actual esposo de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, la también panista Cecilia Romero.A Nava también le tocó autorizar, como abogado general de Pemex, la adjudicación directa de dos contratos a la empresa de Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño, que siempre formó parte del grupo compacto de Felipe Calderón. El primer contrato (GTT-0142-01/2002), por 7 millones 859 mil 627 pesos, se le asignó a Ivancar el 20 de diciembre de 2001 para transportar hidrocarburos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002. Antes de que concluyera ese período, el 20 de diciembre, se le entregó a dicha empresa otro contrato por 16 millones 600 mil pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Posteriormente se le autorizó un pago de 8 millones 300 mil pesos para que cubriera nuevas rutas de distribución.Una vez fuera de Pemex, Nava pasó a ser el director de la Unidad del Área Jurídica de la Sener, de octubre de 2003 a mayo de 2005. Durante ese lapso, Ivancar recibió otros dos contratos (GTT-00142-01/204 y GTT-00142-01/2005) por 18 millones de pesos, de los cuales tuvo que estar enterado el exsecretario particular de Felipe Calderón.