Apareció el ranking anual del Proyecto Censurado: La muerte de 1.200.000 civiles en 5 años de ocupación de Iraq encabeza las 25 noticias más censurada
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
El genocidio en Iraq, con 1,2 millones de civiles muertos por las tropas estadounidenses desde que comenzó la invasión hace cinco años es el tema que encabeza el ranking anual de las 25 noticias más ocultadas por la gran prensa de EEUU y del mundo en 2007/2008, según “Censored 2009”, el informe del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California que publica todos los años la editorial Seven Stories de Nueva York. Las matanzas de Iraq se comparan con los peores genocidios del siglo pasado, como Ruanda y Camboya.
Además de las 25 historias más censuradas, el libro contiene valiosos trabajos académicos sobre la situación actual del periodismo, nuevas visiones del cambiante mapa de la gran concentración de la propiedad mediática, análisis de contenido sobre lo sesgado de la información que aborda temas como el gobierno de Hamas en Gaza, la libertad de expresión en EEUU y en el mundo y la actividad de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democratización de los medios informativos, entre otros temas de interés para el ciudadano común de nuestra sociedad en cualquier país, no sólo para los especialistas.
El Proyecto Censurado, que dirige el sociólogo Peter Phillips, pesquisa desde hace 33 años las 25 noticias más relevantes que nunca fueron puestas a disposición del público por los grandes medios de comunicación corporativos que hoy ejercen el control mediático mundial. Además de las 25 historias “top”, el Proyecto Censurado ofrece este año 14 menciones honrosas a otros tantos temas que tampoco merecieron los honores de la tinta y el papel o las pantallas de televisión. Phillips informó que en el trabajo de investigación y selección de las historias 25 “top” durante el año los estudiantes, académicos e investigadores que trabajan en el proyecto analizaron varios cientos de “noticias censuradas” descubiertas en medios independientes, sitios web, emisoras del interior, periódicos sindicales, publicaciones extranjeras, etc. Por lo tanto, el total de noticias censuradas en EEUU va muchos más allá de las 25 historias “top” y las 14 menciones honrosas anuales. Algunas historias nominadas “en concurso” y sometidas a revisión pueden observarse (en inglés) en la página http://www.projectcensored.org/articles/category/stories-under-review/
América Latina está presente en varios trabajos. Por ejemplo, los periodistas Laura Carlsen, Stephen Lendman y Constance Fogal investigaron cómo el espacio económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a EEUU, México y Canadá y es más conocido por NAFTA, su sigla en inglés, se está convirtiendo en un espacio militarizado a cargo del Comando Norte estadounidense. Otro trabajo explica cómo en El Salvador resurgió la tristemente célebre Escuela de las Américas, pero bajo otro nombre, y en el mismo país se criminalizó la protesta social con una ley antiterrorista calcada del Patriot Act de EEUU que castiga hasta con 60 años a quienes participen en manifestaciones.
El Salvador también es el único país latinoamericano que tiene tropas en Iraq y como aliado fiel de EEUU está desempeñando un importante rol en el resurgimiento del viejo militarismo que otra vez amenaza a las democracias de la región con nuevos proyectos de guerra sucia. La nota “¿Resurgen las guerras sucias de EEUU en América Latina?”, escrita por Comunidad en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, Wes Enzinna y Benjamin Dangl, explica el funcionamiento de la Academia Internacional de Aplicación del Derecho (ILEA, en inglés), que posee otra sede en Perú y enseña a torturar, matar y demás asignaturas de la Escuela de las Américas. La nota recuerda que hacia 2005, la ayuda militar de EEUU a América Latina aumentó 34 veces respecto a 2000 y resalta que en 2008 fue puesta de nuevo en servicio la IV Flota de EEUU para atemorizar tanto a los países “descomprometidos” con el imperio, como Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay y otros, y a los abiertamente “disidentes” o desafiantes, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y otros.
Otra noticia absolutamente desatendida por los grandes medios continentales y estadounidenses es el posible nuevo cambio del mapa político de América Latina que puede darse en 2009 en favor de las ideas progresistas. Y el epicentro de esta noticia no divulgada también sería El Salvador. Por primera vez desde los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron término a la guerra civil de doce años, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene una opción razonable de ganar las elecciones nacionales (la elección parlamentaria y municipal ocurrirá el 18 de enero de 2009, seguida por la elección presidencial el 15 de marzo). En las últimas encuestas de 2008, el FMLN gana cómodamente la mayoría parlamentaria en enero y en marzo elegiría holgadamente a Mauricio Funes, su candidato a la presidencia. El gran perdedor será el partido derechista ARENA, que desde el poder ha perpetuado las mismas políticas dañinas que en 1980 condujeron a la guerra civil.
También atañe a América Latina la nueva legislación migratoria para el “trabajador huésped”, relación laboral migratoria que un senador de Harlem describió como “lo más parecida a la esclavitud”. Y sorprende una investigación que sitúa la esclavitud en su nivel más alta en toda la historia de la humanidad, con 27 millones de esclavos que no sólo habitan en el tercer mundo sino también en los países desarrollados.
Colombia sigue siendo el país con más sindicalistas asesinados en todo el mundo, según un informe sobre la situación de los derechos laborales en todo el mundo. Otro tema de Proyecto Censurado aborda la vacuidad de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas proclamada en septiembre de 2007 por Naciones Unidas y cómo tres meses después fue excluida en Bali una delegación aborigen que fue expresamente invitada a participar en el Convenio Base sobre el Cambio de Clima.
Éste es un resumen de cada una de las 25 historias más censuradas expuestas en el mismo orden del Proyecto Censurado:
1) La ocupación de EEUU mata a más de un millón de iraquíes (por Michael Schwartz, Joshua Holland, Luke Baker, Maki al-Nazzal y Dahr Jamail): Las tropas estadounidenses han dado muerte a 1,2 millones de civiles iraqueses desde que comenzó la invasión hace cinco años, según el grupo británico de investigación Opinion Research Business (ORB). Estas cifras hacen rivalizar la invasión y ocupación de Iraq con las grandes matanzas del siglo pasado, como el terrible balance de hasta 900.000 seres humanos que se cree mataron en el genocidio de Ruanda en 1994 y está acercándose al millón 700.000 que murió en Camboya bajo el Khmer Rouge, en los ‘70. Cada día salen a la calle hasta cinco mil patrullas que invaden 30 hogares cada una buscando presuntos "insurrectos" o "terroristas", a fin de interrogarlos, apresarlos o, simplemente, matarlos. Estas operaciones suelen dejar un balance de hasta 100 muertes por día y causaron una crisis humanitaria que ha desplazado a 5 millones de iraquíes.
2) EEUU, Canadá y México militarizan el NAFTA (por Laura Carlsen, Stephen Lendman y Constance Fogal): El espacio económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que agrupa a EEUU, Canadá y México se está convirtiendo en un espacio militarizado controlado por el Comando Norte estadounidense, “seguro para los negocios” e inmune al terrorismo, llamado Sociedad de la Seguridad y la Prosperidad (SPP, en inglés). Las corporaciones trasnacionales promotoras de esta conjunción de apariencia trinacional, pero verdaderamente “supranacional”, son viejas conocidas: la General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck, Chevron y otras mega compañías. La SPP, que apunta a integrar a las tres naciones en un solo bloque político, económico y de seguridad al mando de Washington. La SPP no es una ley, o un tratado, ni siquiera un acuerdo. Y cualquiera de éstos requeriría la discusión y participación pública del Congreso.
3) El FBI ofrece licencia para matar (por Matthew Rothschild): El gobierno estadounidense recluta negocios e individuos que se integran a InfraGard, una importante pieza en la compleja estructura de un panóptico industrial destinado a acechar a la sociedad de la vigilancia que construye Washington. Más de 23.000 pequeños y medianos empresarios del comercio y la industria estadounidense trabajan silenciosamente con el FBI y el departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) en la recolección y suministro de información sobre las amistades de los estadounidenses. En recompensa, los miembros de InfraGard, que es el nombre de este grupo de rápido crecimiento, tienen licencia para “tirar a matar” cuando usen sus armas y, además, reciben advertencias secretas sobre amenazas terroristas mucho antes que el público y, ocasionalmente, antes que ciertos funcionarios. La Unión de Libertades Civiles Americanas ve al InfraGard como los ojos y oídos del FBI observando a millones de clientes individuales.
4) ILEA: ¿Resurgen las guerras sucias de EEUU en América Latina? (por Comunidad en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, Wes Enzinna y Benjamin Dangl): La vieja Escuela de las Américas revivió en El Salvador como Academia Internacional de Aplicación del Derecho (ILEA, en inglés), con una base satélite en el Perú y 16,5 millones de dólares del presupuesto federal 2008 de EEUU. La ILEA, con inmunidad ante probables crímenes contra la humanidad, entrena anualmente en "técnicas anti-terroristas" a 1.500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros “funcionarios de la ley” de América Latina, mientras el viejo militarismo de EEUU amenaza de nuevo la paz y la democracia en la región y aumenta la ayuda militar, que en 2005 creció 34 veces respecto a 2000, en tanto un visible cambio de estrategia militar descentralizó los entrenamientos secretos de militares y policías latinoamericanos que incluyen torturas y técnicas de ejecución, junto con la reactivación de la IV Flota.
5) Apoderándose de los bienes de los manifestantes contra la guerra (por Michel Chossudovsky y Matthew Rothschild): Bush firmó dos órdenes ejecutivas que facultan al departamento del Tesoro para apoderarse de los bienes de quien sea percibido como amenaza para las operaciones en Oriente Medio, inclusive sus niños. La primera, "Bloqueando las propiedades de personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Iraq", firmada el 17 de julio de 2007, autoriza al departamento de Hacienda, en consulta con el departamento de Estado y el Pentágono, a confiscar bienes de ciudadanos y organizaciones de EEUU que "directa o indirectamente" amenacen las operaciones en Iraq. La segunda, "Bloqueando la propiedad de personas que minan la soberanía del Líbano, sus procesos e instituciones democráticas", del 1 de agosto, es casi idéntica pero más severa. Sin el derecho al debido proceso, la secretaría de Hacienda puede apoderarse de las propiedades de cualquiera que se oponga vagamente a la agenda de EEUU o arbitrariamente se le atribuya riesgo de violencia.
6) Derrota de la ley contra el “terrorismo doméstico de cosecha propia” (por Jessica Lee, Lindsay Beyerstein y Matt Renner): Una buena noticia es que parece haber fracasado otra ley “anti-terrorismo doméstico”, esta vez contra ciudadanos de ascendencia árabe o que profesen la fe islámica, sectores opuestos a la globalización y también críticos de la versión oficial del desplome de las Torres Gemelas y del Edificio Nº 7 el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La legislación, que también es una afrenta a las libertades estadounidenses de expresión, al uso libre de Internet, a la privacidad y asociación, fue aprobada por 404-6 –casi por unanimidad– en la Casa de Representantes, pero el Senado la dejó de lado, contrariando a sus dos principales promotores bipartidarios: la congresista demócrata por California Jane Harman, jefa del Subcomité de Inteligencia, Información Compartida y Riesgo de Terrorismo, y el senador republicano por Connecticut Joseph Lieberman, presidente de los comités de Seguridad de la Patria y Asuntos Gubernamentales. Entretanto, Lieberman ha tratado de llevar la censura al popular YouTube, de Google.
7) Guest Workers Inc.: fraude y tráfico humano (por Mary Bauer, Sarah Reynolds, Felicia Mello y Chidanand Rajghatta): El sistema del “trabajador invitado” que emigra a trabajar a EEUU contratado en sus países de origen resulta lo más parecido a la esclavitud del siglo 21, según el congresista demócrata por Harlem Charles Rangel. El programa, que victimiza a los trabajadores inmigrantes pero ha sido elogiado y recomendado por Bush, es probable que sirva de plantilla para futuras reformas de la inmigración. Por ejemplo, 600 trabajadores sacados bajo engaño de la India y hacinados en trailers de una compañía naviera del Mississippi para trabajar como esclavos del siglo 21 en astilleros y embarcaciones, pagaron gastos de viaje, las prometidas “tarjeta verde” y una supuesta visa de residencia permanente vendiendo sus casas, automóviles y joyas de familia, además de pedir prestado, pero en EEUU se encontraron con una visa de trabajo por 10 meses y condiciones de vida y trabajo semejantes a la esclavitud.
8) Las órdenes presidenciales pueden cambiarse en secreto (por Sheldon Whitehouse [Senador de EEUU] y Marcy Wheeler): El senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, informó haber desclasificado tres documentos jurídicos de la Oficina de Consejos Legales (OLC, en inglés) del ministerio de Justicia que revelan que el Presidente Bush gobierna con Órdenes Ejecutivas secretas que tienen preeminencia sobre el Congreso, el Poder Judicial, el ministerio de Justicia y todo el sistema jurídico estadounidense. Marcy Wheeler, del The Guardian, de Londres, dijo que “las políticas de EEUU sobre tortura –y las opiniones dudosas en que se basan esas políticas– debieron ser expuestas cinco años antes. Pero por una cierta razón no fue así. No tenemos ninguna manera de saber a qué atenernos, en ese mundo arbitrario donde el Presidente puede ignorar sus propias Órdenes Ejecutivas”. Pareciera que Bush gobierna al estilo del emperador Calígula.
9) Testimonios de veteranos de Iraq y Afganistán (por Aaron Glantz, Aimee Allison, Esther Manilla, Chris Hedges, Laila Al-Arian y Soldado de Invierno): Los veteranos de Iraq y Afganistán describieron el impacto brutal de las ocupaciones en esos dos países en la revista The Nation, de julio de 2007, y en las jornadas del Soldado de Invierno (Winter Soldier), de Silver Springs, Maryland, en dos días de marzo de 2008, con la participación de Veteranos de Iraq Contra la Guerra y más de 300 ex militares estadounidenses. Las radios KPFA y Pacifica difundieron estas audiencias en vivo, con testimonios de los soldados sobre atrocidades horripilantes presenciadas o protagonizadas directamente por ellos mismos, revelando de paso cómo un problema estructural ha creado un ambiente de anarquía criminal en las tropas de EEUU. Expertos aseguran que las declaraciones de los veteranos permitirían investigar violaciones potenciales del derecho internacional de funcionarios de la administración Bush y del Pentágono.
10) Psicólogos cómplices de la tortura CIA (por Mark Benjamin, Katherine Eban y Democracy Now!): Cuando el periodismo denunció en 2005 que había psicólogos trabajando con militares de EEUU y la CIA para desarrollar métodos brutales de interrogatorio, los líderes de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA) montaron un grupo de trabajo para examinar la cuestión. Tras dos días de deliberaciones, concluyeron que trabajando con los militares los psicólogos desempeñaban "un papel valioso y ético". Los psicólogos James Elmer Mitchell, perteneciente de frente a la CIA, y su colega Bruce Jessen, diseñaron el programa de entrenamiento militar secreto “Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE)”, que prepara a los soldados para soportar el posible cautiverio enemigo. De manera “cuasi-científica”, según psicólogos y otros conocedores directos de sus actividades, Mitchell y Jessen diseñaron la reingeniería de las tácticas aplicadas a los aprendices del SERE para usarlas contra detenidos en la guerra global al terrorismo.
11) El Salvador: Privatización del agua y Guerra Global al Terrorismo (Jason Wallach, Wes Enzinna, Chris Damon y Jacob Wheeler): En El Salvador se criminaliza la protesta social desde que la policía arrestó a 14 líderes y residentes de una comunidad que en julio de 2007 reclamó contra la privatización del abastecimiento y distribución del agua, el aumento del precio y la disminución del acceso y calidad del recurso. Desde octubre 2006 opera una ley anti-terrorista que criminaliza protestas como la del agua, susceptibles de largas condenas de presidio, aunque los salvadoreños continúan luchando porque el agua sea un derecho y no un crimen, mientras su presidente Elías Saca hizo del país un aliado fiel de EEUU en la militarización de su agenda neoliberal para América Latina. El Salvador sigue siendo la única nación latinoamericana con tropas en Iraq, fue el primero en firmar el CAFTA, en copiar la Ley Patriótica y alberga la controvertida Academia Internacional de la Aplicación de la Ley (ILEA).
12) Allegados de Bush profitan de la educación (por Mandevilla, de Diatribune y Daily Kos): Hasta Neil Bush, hermano menor del presidente de EEUU, ordeña la vaca de los fondos públicos estadales destinados al sistema escolar estadounidense que dice convertir a los niños en ciudadanos honestos, laboriosos y competitivos. El secreto es convertirse en proveedor SES, Servicio de Educación Suplementaria, y venderle tales “servicios suplementarios” al sistema escolar del estado, distrito por distrito. El sistema creó una parafernalia de controles que “ayudan” diagnosticando las fallas del sistema escolar y –¡obvio!– los estados deben pagar ese diagnostico. Un negocio redondo, aunque el remedio sea peor que la enfermedad y llene ciertos bolsillos. Esta obra maestra de la estafa escolar es posible porque “el asesor en educación del presidente” y amigo entrañable de la familia Bush, un tal Sandy Kress, profitador sin profesión conocida, inventó una institución llamada No Dejemos a los Niños Atrás (No Child Left Behind, NCLB), que sirve precisamente para hacer lo contrario.
13) Pesquisando miles de millones de dólares perdidos en Iraq (por Donald Barlett, James Steele y Matt Taibbi): Es increíble que además de crímenes y matanzas de civiles, los militares, los contratistas de Blackwater, de Halliburton y quienquiera que llegara a Iraq desde EEUU se dedicara también a robar. Desde abril de 2003, un mes después de la invasión, y durante más de un año, la Reserva Federal de EEUU envió 12 mil millones de dólares para “la reconstrucción” de Iraq a la Autoridad Provisional de la Coalición (léase gobernador Paul Bremer III), pero unos 9 mil millones desaparecieron por completo debido a un inexplicable descuido. El periodista Matt Taibbi, de la revista Rolling Stone, escribió: "Lo que la administración Bush ha creado en Iraq es una suerte de paraíso del capitalismo pervertido, en donde los réditos son extraídos forzadamente del cliente por el Estado y los obscenos beneficios no son repartidos por el mercado sino por una burocracia gubernamental no controlable".
14) EEUU es un gran basurero nuclear (por Diane D’Arrigo y Sunny Lewis): La energía atómica y las fábricas de armas nucleares hacen de EEUU un gran basurero nuclear, sin control ambiental ni del ministerio de Energía (DOE, en inglés). El material radiactivo se guarda en terraplenes, se recicla y revende para usarlo en concreto de edificios, equipos, asfalto, productos químicos, suelos, etc., también en recipientes inadecuados y sin preparación, negocios comerciales y áreas de recreación. Bajo el actual sistema, el DOE suministra directamente los materiales, los vende en subastas o los entrega en intercambios, o envía los materiales a procesadores que pueden utilizarlos sin atender a controles radiactivos. Cada vez es más frecuente el reciclaje de éstos materiales para su reutilización en la producción de artículos hogareños de uso diario y efectos personales, tales como cremalleras, juguetes, muebles, automóviles, construcción de caminos, escuelas y rellenos de patios.
15) Esclavitud mundial (por David Batstone y E. Benjamin Skinner): Aunque los grandes medios sólo le prestan atención a ciertas formas de esclavitud del comercio sexual, lo cierto es que hoy en el mundo existen 27 millones de esclavos; más que en cualquier otro momento de la historia humana. La globalización, la pobreza, la violencia y la avaricia facilitan el crecimiento de la esclavitud, no sólo en el tercer mundo, sino también en los países desarrollados. Tras la fachada de cualquier gran urbe o ciudad importante del planeta, hoy es probable encontrar un comercio próspero en seres humanos. 800.000 personas anuales se trafican a través de las fronteras y hasta 17.500 nuevas víctimas atraviesan cada año EEUU, según el ministerio de Justicia (DOJ). Más de 30.000 esclavos adicionales pasan por EEUU mientras son transportados a otros destinos internacionales. Los abogados del DOJ han procesado 91 casos de comercio de esclavos en ciudades de casi todos los 50 estados de EEUU.
16) Informe anual sobre derechos sindicales (por la Confederación Sindical Internacional): Colombia sigue siendo el país con más sindicalistas asesinados en el mundo, según el Informe Anual de Violaciones de Derechos Sindicales publicado por la Confederación Sindical Internacional (ITUC, en inglés). La edición 2007 del informe que cubre 138 países en 2006, demuestra un aumento alarmante de las personas asesinadas a consecuencia de sus actividades sindicales, de 115 reportadas en 2005 a 144 en 2006. Secuestraron o “desaparecieron” a muchos más sindicalistas alrededor del mundo, en tanto miles fueron arrestados durante el año por su participación en acciones de huelga y protestas, mientras otros millares fueron despedidos en venganza por organizarse. También creció la cantidad de activistas sindicales de África, las Américas, Europa, Asia y el Pacífico, víctimas de la brutalidad de las policías y asesinados por ser vistos como opositores de los gobiernos favorables a las corporaciones.
17) ONU: Vacuidad de la Declaración de Derechos Indígenas (por Haider Rizvi, Brenda Norrell y Tom Griffiths): Tres meses después que la ONU aprobara en septiembre de 2007 la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, los aborígenes alrededor del mundo protestaron por su exclusión en Bali del Convenio Base ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC, en inglés), pese a que fueron invitados a participar. La Declaración Universal de la ONU llamó a reconocer los derechos a la autodeterminación y al control sobre las tierras y recursos de 370 millones de indígenas, después de 22 años de negociaciones que involucraron a Estados miembros, grupos internacionales de la sociedad civil y a representantes de las comunidades aborígenes del mundo. Solamente EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelandia votaron en contra, aduciendo que la autodeterminación y el control indígena sobre tierras y recursos naturales obstaculizarían el desarrollo económico y minaría el "establecimiento de normas democráticas".
18) Crueldad y muerte en las prisiones juveniles de EEUU (por Holbrook Mohr): Una horrorosa realidad viven los jóvenes de los centros correccionales de EEUU, donde padecen abusos sexuales y físicos e incluso la muerte. El departamento de Justicia (DOJ), que carece de poder para cerrar instalaciones, entabló pleitos contra centros para jóvenes delincuentes de once estados por supervisión abusiva o negligencia dañina, entendiendo que un juicio puede conducir a los estados a mejorar sus centros de detención, a menudos operados por contratistas privados, y proteger así los derechos civiles de la juventud encarcelada. La carencia de supervisión y los estándares aceptados sobre abusos hacen difícil saber cuántos jóvenes han sido asaltados o víctimas de negligencia. Associated Press estableció que hubo 13.000 demandas por abusos en centros juveniles a través del país entre el 2004 y 2007, casi un tercio del total de detenidos, que eran cerca de 46.000 en 2007, cuando se hizo la indagación.
19) Criadores indígenas y pequeños granjeros luchan contra la extinción del ganado (por Centro Internacional para el Desarrollo e Intercambio Sustentable y Representantes de pastores, pueblos indigenas y pequeños campesinos): El modelo industrial de producción ganadera causa la destrucción mundial de la diversidad animal. Por lo menos una cría de ganado indígena muere cada mes como resultado del exceso de confianza en las castas selectas importadas de Estados Unidos y Europa, según el estudio "El estado de los recursos genéticos del mundo animal" de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desde que en 1999 comenzó la investigación para el informe, se identificaron dos mil castas locales en riesgo. Organizaciones y ONGs de 26 países estiman que este sistema industrial de crianza y de producción de ganado amenaza al desarrollo sostenible y a la seguridad alimentaria global. Sin embargo, el Plan de Acción Global de la misma FAO eludió esta realidad.
20) Nuevo record en arrestos por marihuana (por Bruce Mirken y Paul Armentano): Cada año aumentan en EEUU los arrestos por posesión de marihuana. Por cuarto año consecutivo, las detenciones marcaron un récord, según el Informe del Crimen Uniforme del FBI para 2006. Las aprehensiones sumaron 829.627, con un aumento de 43.000 personas respecto a los 786.545 detenidos de 2005. La tasa actual de aprehensiones significa que cada 38 segundos resulta detenido un fumador de marihuana que se incorpora a una población cautiva que corresponde a casi el 44 por ciento de todas las detenciones por droga en Estados Unidos. En la última década, más de 8 millones de estadounidenses han sido arrestados con cargos relacionados con marihuana, mientras declinan las detenciones por cocaína y heroína, según Allen St. Pierre, director ejecutivo de la Organización Nacional por la Reforma de las Leyes de Marihuana (NORML, en inglés). El número de arrestados aumentó más de 5,4 por ciento en 2006 respecto a 2005.
21) La OTAN planea “el primer golpe nuclear” (por Ian Traynor, The Guardian): La Organización Tratado del Atlántico Norte (OTAN) considera viable un primer golpe nuclear a ser utilizado dondequiera en el mundo en que pueda surgir una amenaza. Los detalles de implementación de la idea aparecen en una suerte de manual para un golpe de estado planetario de 150 páginas, concebido por las mentes de ex jefes de las fuerzas armadas de EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia y los Países Bajos.
Los ex jefes militares advierten sobre las siguientes amenazas dominantes:
- Fanatismo político y fundamentalismo religioso
- El "lado oscuro" de la globalización significa terrorismo internacional, crimen organizado y diseminación de armas de destrucción total
- Cambio climático e inseguridad energética exigen una competencia por los recursos y una potencial migración "ambiental" a escala total
- El debilitamiento del estado nación, así como de organizaciones tales como la ONU, OTAN y la UE.
22) CARE rechaza ayuda alimentaria de EEUU (por Ellen Massey y Revolution Cooperative): Como en el refrán “Mejor ¡no me ayude compadre!”, CARE, la organización de caridad más grandes y más conocida de EEUU, concluyó que la forma en que el país del norte encara la ayuda alimentaria en vez de combatir estructuralmente al hambre en el mundo, la solidifica y eterniza, porque el principal interés de su “ayuda” es convertir en dinero efectivo los excedentes agrícolas estadounidenses que fueron producidos por una agricultura ya subsidiada por los contribuyentes y que, de paso, distorsiona el mercado alimentario mundial. CARE anunció en agosto de 2007 que rehusaba recibir 45 millones de dólares al año en ayuda alimentaria del gobierno de Estados Unidos por estimar que las condiciones impuestas para su distribución no alivian el hambre. EEUU destina 2 mil millones dólares anuales a asistencia alimentaria para alimentar poblaciones que sufren hambre crónica, pero exige que las cosechas se compren en EEUU.
23) El público consume medicinas que no necesita (por Shreema Mehta): La publicidad engañosa de las compañías farmacéuticas fabrica necesidades, ocultando a menudo al público los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Las compañías de EEUU deben someter su publicidad a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, su sigla en inglés), pero la agencia no la revisa antes de que se haga pública. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, en inglés) de noviembre de 2006 encontró que sólo se revisa una pequeña porción de avisos y no siempre con los mismos criterios. Alegando falta de fondos para un control eficaz, la FDA pidió que una reforma de la Ley de Honorarios en la Prescripción de Drogas al Usuario (PDUFA, en inglés) endose a la industria farmacéutica el pago de los gastos de revisión que debería efectuar la agencia antes que los anuncios se hagan públicos. Aunque equivale a poner a los ratones a vigilar el queso, ya es una realidad desde que Bush renovó la PDUFA.
24) Japón duda de la versión oficial del 11/9 y no quiere más guerra (por Benjamín Fulford): El parlamentario Yukihisa Fujita desafió la validez de la guerra al terrorismo de EEUU y pidió que Japón abandone Afganistán durante una sesión de la Cámara Alta que en enero de 2008 debatió la renovación de la ley antiterrorista que faculta el apoyo logístico japonés a las tropas de la coalición. La transmisión del debate permitió que los japoneses conocieran por primera vez un cuestionamiento frontal de la versión oficial de la tragedia de Nueva York de 2001. El periodista Benjamin Fulford dijo que el parlamentario de Japón, que es un país aliado de EEUU, mostró a través de la TV nacional evidencia de gran alcance de que el gobierno de EEUU asesinó a 3.000 de sus propios ciudadanos, así como a 24 personas de Japón y a gente de muchas otras naciones. Pero Fulford no pudo llevar a Fujita a una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón porque no se lo permitieron sus propios colegas estadounidenses.
25) ¿Por qué destruyeron al gobernador de NY Eliot Spitzer? (por Por F. William Engdahl): Cuando una prominente figura pública resulta destruida de una manera tan espectacular como la exposición al escarnio público del ex gobernador demócrata del estado de Nueva York, el periodista F. Guillermo Engdall recomienda preguntarse quién se beneficia y por qué querría eliminar a esa persona, sobre todo porque un vulgar encuentro con una prostituta de lujo poco tiene que ver con los estándares morales de la administración Bush respecto a los altos servidores públicos. Eliot Spitzer fue el blanco probable de una operación de la Casa Blanca y de Wall Street para silenciar a un crítico peligroso y locuaz de la conducción de la llamada “crisis sub-prime” del mercado financiero. Spitzer culpó de frente a la administración Bush de favorecer a los prestamistas rapaces ante el Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en entrevistas por CNBC TV y en un editorial del Washington Post que apareció el día anterior al escándalo.
jueves, octubre 02, 2008
Un informe del Fiscal de Ecuador denuncia que el ordenador del comandante de las FARC, Raúl Reyes, fue manipulado por la policía colombiana
Ecuador asegura además que lo que entregó Colombia a INTERPOL fue una copia de lo ya manipulado
Cadena Ser
Un informe pericial del Fiscal de Ecuador denuncia que el ordenador del comandante de las FARC Raúl Reyes fue manipulado por el Ejército colombiano antes de que su contenido fuese puesto a disposición de Ecuador y de Interpol.
Según ese informe del mes de julio el ejército colombiano manipuló los archivos entre los días 1 y 3 de marzo, inmediatamente después del bombardeo del ejército colombiano que acabó con la vida de Raúl Reyes el pasado 1 de marzo.
El análisis efectuado por Ecuador recoge que de los 45 archivos entregados por Colombia, 40 tienen la misma fecha de creación, última modificación y acceso, y sobre todo, marcas de tiempo, huellas, anteriores al 1 de marzo.
Colombia asegura que durante dos días, del 1 al 3 de marzo, examinó los archivos duros que contenía el disco duro del ordenador de Reyes para recopilar pruebas y decidir acciones. Por eso, este informe pericial al que ha tenido acceso la SER, subraya que resulta imposible acceder directamente a estos documentos, como reconoce Colombia, sin dejar un rastro, una fecha posterior al 1 de marzo porque una simple lectura deja rastro.
Ecuador asegura además que lo que entregó Colombia a INTERPOL fue una copia de lo ya manipulado. La policía europea negó indicios de manipulación aunque reconoce que trabajó siempre con copias digitales y nunca sobre los discos duros originales.
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/informe-fiscal-ecuador-denuncia-ordenador/csrcsrpor/20081002csrcsrint_1/Tes
Cadena Ser
Un informe pericial del Fiscal de Ecuador denuncia que el ordenador del comandante de las FARC Raúl Reyes fue manipulado por el Ejército colombiano antes de que su contenido fuese puesto a disposición de Ecuador y de Interpol.
Según ese informe del mes de julio el ejército colombiano manipuló los archivos entre los días 1 y 3 de marzo, inmediatamente después del bombardeo del ejército colombiano que acabó con la vida de Raúl Reyes el pasado 1 de marzo.
El análisis efectuado por Ecuador recoge que de los 45 archivos entregados por Colombia, 40 tienen la misma fecha de creación, última modificación y acceso, y sobre todo, marcas de tiempo, huellas, anteriores al 1 de marzo.
Colombia asegura que durante dos días, del 1 al 3 de marzo, examinó los archivos duros que contenía el disco duro del ordenador de Reyes para recopilar pruebas y decidir acciones. Por eso, este informe pericial al que ha tenido acceso la SER, subraya que resulta imposible acceder directamente a estos documentos, como reconoce Colombia, sin dejar un rastro, una fecha posterior al 1 de marzo porque una simple lectura deja rastro.
Ecuador asegura además que lo que entregó Colombia a INTERPOL fue una copia de lo ya manipulado. La policía europea negó indicios de manipulación aunque reconoce que trabajó siempre con copias digitales y nunca sobre los discos duros originales.
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/informe-fiscal-ecuador-denuncia-ordenador/csrcsrpor/20081002csrcsrint_1/Tes
México puede resistir
Gerardo Fernández Casanova
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
En el Zócalo de la Ciudad de México, colmado de gente y de sol, Andrés Manuel López Obrador lanzó una cuerda salvavidas al naufragante sistema político y económico. El que fue atacado como un peligro para México es, en los actuales momentos de crisis mundial, el que le ofrece seguridad. Ante la Patria y sus defensores, reunidos por enésima ocasión en el corazón de la República, el discurso coherente y congruente convoca a la procuración del acuerdo nacional para rescatar al país Justo cuando en el mundo entero hace agua el modelo económico neoliberal, sumido en la peor debacle financiera de todos los tiempos; justo cuando, quienes fueron los adalides del libre mercado y que lo impusieron al mundo entero, se retractan para reconocer la imperiosa necesidad de la intervención del estado en la regulación y operación de la actividad económica, es justo cuando la propuesta del Proyecto Alternativo de Nación ya no sólo se presenta viable sino de urgente aplicación.
Finalmente tuvo que ser Washington quien se comiera al propio Consenso de Washington. Al muy disminuido Bush no le ha quedado más alternativa que reconocer la inoperancia del decálogo de la libre competencia y, de alguna manera, tragar el sapo de sus palabras de alabanza y rezo al dios del mercado, con las que trató de adornar la infausta imposición de sus intereses en todo el mundo. Fueron sus propios diáconos, desde sus lujosos templos de Wall Street, quienes colocaron la dinamita en el centro mundial del comercio para hacerlo estallar y derrumbarse. Herejes que hoy reclaman la intervención del estado y de los recursos del contribuyente (no sólo gringo, sino mundial) para preservar sus privilegios.
Con mucho tino, la mayoría de los presidentes de Nuestra América están señalando la paradoja: el gobierno de los Estados Unidos y sus políticos están viviendo las consecuencias de lo que han sembrado en nuestros países. Nadie mejor que el presidente Chávez para girar por el mundo exhibiendo su condición de dirigente de un país emancipado; concretando alianzas comerciales y militares con China y Rusia, incluso con la Unión Europea, sin pedir permiso a nadie que no sea su propio pueblo; corroborando la razón de ser de la Revolución Bolivariana y apuntalando su capacidad de ser soberana.
¿Es que alguien con cinco centímetros de frente puede mantenerse atado a Washington? Pues sí. Pareciera increíble, pero sí. El tal Calderón, ciego a la contundencia de los hechos, insiste en su actitud sumisa y en su ortodoxia neoliberal. Clama por la unidad de los mexicanos en el vacío; como un Santa Anna redivivo, hace alarde de falso patriotismo para entregar los recursos de la nación al extranjero, casualmente a ese que hoy hace agua. Endilga el mote de traidores a la patria a quienes atentan contra la seguridad ciudadana, con destinatario aparente en el crimen organizado, pero ampliándolo a quienes se movilizan para oponerse a sus designios entreguistas. En plena tormenta, el sedicente presidente insiste en presionar a la aprobación de su reforma petrolera privatizadora; se regodea recibiendo al heredero del (también espurio) trono español, que viene a recordarle los compromisos para con los grandes consorcios de la reconquista. Es el que, a punto de ahogarse, desprecia la cuerda salvavidas que le lanza un adversario honesto que, con modestia, le invita a alcanzar verdaderos acuerdos de rescate del país. Es nuevamente el tozudo que se opuso al recuento de los votos de la elección presidencial, sin detenerse a considerar el conflicto que se generaba en el país, el que ahora guarda silencio ante una nueva oportunidad de enderezar el barco, en este caso el de la economía. Ya soltó a su jauría de comentaristas a sueldo para hacer mofa de la oferta salvadora ¡Nada más eso faltaba! No hay por ciego que el que no quiere ver. No obstante, la oferta está en el aire: México podría resistir la crisis m,ediante el fortalecimiento de la producción y el consumo domésticos. Así de simple.
Entre tanto, la cuenta de los agravios a la población continúa creciendo. El magisterio nacional, principalmente el del estado de Morelos, manifiesta su rechazo al llamado Acuerdo para la Calidad de la Educación, pomposa envoltura para el ariete del Banco Mundial para acabar con la educación pública y gratuita. Ya van cinco semanas de paro educativo y de toma de la plaza de armas de Cuernavaca por los maestros, quienes por toda respuesta reciben la rotunda negativa a construir un nuevo acuerdo con la participación efectiva del magisterio, liberado de la tutela de su autonombrada líder vitalicia, Elba Ester Gordillo. Para el régimen yunquista, enemigo histórico de la educación pública y laica, el conflicto le viene muy al pelo; así provocan a la sociedad para achacar todos los males al magisterio movilizado. No les interesa resolverlo. Las molestias las paga la ciudadanía, el gobierno sólo le pasa la factura y los incita a enfrentarse con los maestros. Lo bueno es que los panistas presumen de una ética política impoluta ¿Qué tal si no la tuvieran?
Correo electrónico: gerdez999@yahoo.com.mx
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
En el Zócalo de la Ciudad de México, colmado de gente y de sol, Andrés Manuel López Obrador lanzó una cuerda salvavidas al naufragante sistema político y económico. El que fue atacado como un peligro para México es, en los actuales momentos de crisis mundial, el que le ofrece seguridad. Ante la Patria y sus defensores, reunidos por enésima ocasión en el corazón de la República, el discurso coherente y congruente convoca a la procuración del acuerdo nacional para rescatar al país Justo cuando en el mundo entero hace agua el modelo económico neoliberal, sumido en la peor debacle financiera de todos los tiempos; justo cuando, quienes fueron los adalides del libre mercado y que lo impusieron al mundo entero, se retractan para reconocer la imperiosa necesidad de la intervención del estado en la regulación y operación de la actividad económica, es justo cuando la propuesta del Proyecto Alternativo de Nación ya no sólo se presenta viable sino de urgente aplicación.
Finalmente tuvo que ser Washington quien se comiera al propio Consenso de Washington. Al muy disminuido Bush no le ha quedado más alternativa que reconocer la inoperancia del decálogo de la libre competencia y, de alguna manera, tragar el sapo de sus palabras de alabanza y rezo al dios del mercado, con las que trató de adornar la infausta imposición de sus intereses en todo el mundo. Fueron sus propios diáconos, desde sus lujosos templos de Wall Street, quienes colocaron la dinamita en el centro mundial del comercio para hacerlo estallar y derrumbarse. Herejes que hoy reclaman la intervención del estado y de los recursos del contribuyente (no sólo gringo, sino mundial) para preservar sus privilegios.
Con mucho tino, la mayoría de los presidentes de Nuestra América están señalando la paradoja: el gobierno de los Estados Unidos y sus políticos están viviendo las consecuencias de lo que han sembrado en nuestros países. Nadie mejor que el presidente Chávez para girar por el mundo exhibiendo su condición de dirigente de un país emancipado; concretando alianzas comerciales y militares con China y Rusia, incluso con la Unión Europea, sin pedir permiso a nadie que no sea su propio pueblo; corroborando la razón de ser de la Revolución Bolivariana y apuntalando su capacidad de ser soberana.
¿Es que alguien con cinco centímetros de frente puede mantenerse atado a Washington? Pues sí. Pareciera increíble, pero sí. El tal Calderón, ciego a la contundencia de los hechos, insiste en su actitud sumisa y en su ortodoxia neoliberal. Clama por la unidad de los mexicanos en el vacío; como un Santa Anna redivivo, hace alarde de falso patriotismo para entregar los recursos de la nación al extranjero, casualmente a ese que hoy hace agua. Endilga el mote de traidores a la patria a quienes atentan contra la seguridad ciudadana, con destinatario aparente en el crimen organizado, pero ampliándolo a quienes se movilizan para oponerse a sus designios entreguistas. En plena tormenta, el sedicente presidente insiste en presionar a la aprobación de su reforma petrolera privatizadora; se regodea recibiendo al heredero del (también espurio) trono español, que viene a recordarle los compromisos para con los grandes consorcios de la reconquista. Es el que, a punto de ahogarse, desprecia la cuerda salvavidas que le lanza un adversario honesto que, con modestia, le invita a alcanzar verdaderos acuerdos de rescate del país. Es nuevamente el tozudo que se opuso al recuento de los votos de la elección presidencial, sin detenerse a considerar el conflicto que se generaba en el país, el que ahora guarda silencio ante una nueva oportunidad de enderezar el barco, en este caso el de la economía. Ya soltó a su jauría de comentaristas a sueldo para hacer mofa de la oferta salvadora ¡Nada más eso faltaba! No hay por ciego que el que no quiere ver. No obstante, la oferta está en el aire: México podría resistir la crisis m,ediante el fortalecimiento de la producción y el consumo domésticos. Así de simple.
Entre tanto, la cuenta de los agravios a la población continúa creciendo. El magisterio nacional, principalmente el del estado de Morelos, manifiesta su rechazo al llamado Acuerdo para la Calidad de la Educación, pomposa envoltura para el ariete del Banco Mundial para acabar con la educación pública y gratuita. Ya van cinco semanas de paro educativo y de toma de la plaza de armas de Cuernavaca por los maestros, quienes por toda respuesta reciben la rotunda negativa a construir un nuevo acuerdo con la participación efectiva del magisterio, liberado de la tutela de su autonombrada líder vitalicia, Elba Ester Gordillo. Para el régimen yunquista, enemigo histórico de la educación pública y laica, el conflicto le viene muy al pelo; así provocan a la sociedad para achacar todos los males al magisterio movilizado. No les interesa resolverlo. Las molestias las paga la ciudadanía, el gobierno sólo le pasa la factura y los incita a enfrentarse con los maestros. Lo bueno es que los panistas presumen de una ética política impoluta ¿Qué tal si no la tuvieran?
Correo electrónico: gerdez999@yahoo.com.mx
Prepara cúpula elbista reunión urgente para “buscar salidas” al conflicto magisterial
La indicación es estar preparados y llevar ropa para tres días, afirman líderes del SNTE
La molestia entre gordillistas es evidente porque el rechazo a la alianza educativa viene de sus filas
Laura Poy Solano
Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confirmaron que hay indicaciones desde la cúpula elbista para “tener todo listo”, a fin de convocar a un consejo nacional extraordinario del gremio magisterial, donde uno de los temas centrales sea la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación y la “búsqueda de rutas de salida ante la creciente inconformidad del magisterio”.
Reconocieron que en una vieja práctica del SNTE, “no se ha confirmado si la convocatoria podría ser para esta semana o la próxima, aunque el llamado a los secretarios seccionales y a los integrantes del consejo es que se reporten desde las primeras horas de este jueves para estar listos en cualquier momento, así que no podemos descartar una convocatoria urgente”.
Hasta ahora –indicaron– “sólo trascendió que deben estar atentos, aunque no se ha dado a conocer el lugar de destino ni los temas que se podrían abordar, pues la única indicación fue que necesitarán ropa para tres días, aunque prevalece el hermetismo”.
Sin embargo, aseguraron que ante los crecientes movimientos de rechazo a la aplicación del pacto educativo, la dirigencia del SNTE, que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, convoca a un consejo nacional, el cual “deberá tener como punto central qué pasa con la alianza y cómo se va a operar en los conflictos que se han desatado”.
Es evidente –insistieron– que en la cúpula gordillista “hay mucha molestia porque el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación viene de sus propias filas, donde algunos secretarios seccionales han intentado poner resistencia a las acciones acordadas con el gobierno federal, y que para algunos sectores son prácticamente inaplicables”.
Afirmaron que uno de los motivos que ha generado mayor malestar e inconformidad en las filas elbistas es que el pacto “prácticamente desconoce los acuerdos para descentralizar la enseñanza, violenta la Ley General de Educación e incluso los estatutos del SNTE, al dejar a municipios y estados como meras correas de transmisión de una política federal, lo que propició el rechazo”.
La convocatoria a un consejo general –reconocieron– “podría ser un parteaguas, siempre y cuando se reconozca que debe haber respeto a todas las fuerzas al interior del SNTE, pues muchos sectores se sienten molestos por las declaraciones sobre la venta de plazas y la desaparición de las normales, ya que ahora resulta que la venta de plazas es negocio de los profesores a punto de jubilarse, lo que no es así, cuando todos reconocemos que es un mal en el que han participado el sindicato y las mismas autoridades educativas”.
Insistieron en que para muchos sectores del SNTE “se están generando condiciones de creciente malestar, aunque no se exprese abiertamente, porque manda al secretario general del gremio magisterial, Rafael Ochoa Guzmán, a decirnos que se equivocaron en Morelos y en Quintana Roo, pero el problema es que se han estado equivocando de manera reiterada, y es ahora cuando vienen a reconocerlo”.
La molestia entre gordillistas es evidente porque el rechazo a la alianza educativa viene de sus filas
Laura Poy Solano
Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confirmaron que hay indicaciones desde la cúpula elbista para “tener todo listo”, a fin de convocar a un consejo nacional extraordinario del gremio magisterial, donde uno de los temas centrales sea la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación y la “búsqueda de rutas de salida ante la creciente inconformidad del magisterio”.
Reconocieron que en una vieja práctica del SNTE, “no se ha confirmado si la convocatoria podría ser para esta semana o la próxima, aunque el llamado a los secretarios seccionales y a los integrantes del consejo es que se reporten desde las primeras horas de este jueves para estar listos en cualquier momento, así que no podemos descartar una convocatoria urgente”.
Hasta ahora –indicaron– “sólo trascendió que deben estar atentos, aunque no se ha dado a conocer el lugar de destino ni los temas que se podrían abordar, pues la única indicación fue que necesitarán ropa para tres días, aunque prevalece el hermetismo”.
Sin embargo, aseguraron que ante los crecientes movimientos de rechazo a la aplicación del pacto educativo, la dirigencia del SNTE, que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, convoca a un consejo nacional, el cual “deberá tener como punto central qué pasa con la alianza y cómo se va a operar en los conflictos que se han desatado”.
Es evidente –insistieron– que en la cúpula gordillista “hay mucha molestia porque el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación viene de sus propias filas, donde algunos secretarios seccionales han intentado poner resistencia a las acciones acordadas con el gobierno federal, y que para algunos sectores son prácticamente inaplicables”.
Afirmaron que uno de los motivos que ha generado mayor malestar e inconformidad en las filas elbistas es que el pacto “prácticamente desconoce los acuerdos para descentralizar la enseñanza, violenta la Ley General de Educación e incluso los estatutos del SNTE, al dejar a municipios y estados como meras correas de transmisión de una política federal, lo que propició el rechazo”.
La convocatoria a un consejo general –reconocieron– “podría ser un parteaguas, siempre y cuando se reconozca que debe haber respeto a todas las fuerzas al interior del SNTE, pues muchos sectores se sienten molestos por las declaraciones sobre la venta de plazas y la desaparición de las normales, ya que ahora resulta que la venta de plazas es negocio de los profesores a punto de jubilarse, lo que no es así, cuando todos reconocemos que es un mal en el que han participado el sindicato y las mismas autoridades educativas”.
Insistieron en que para muchos sectores del SNTE “se están generando condiciones de creciente malestar, aunque no se exprese abiertamente, porque manda al secretario general del gremio magisterial, Rafael Ochoa Guzmán, a decirnos que se equivocaron en Morelos y en Quintana Roo, pero el problema es que se han estado equivocando de manera reiterada, y es ahora cuando vienen a reconocerlo”.
Humor
Vecinos de Las Lomas durante una de las protestas en contra del proyecto de la delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, de construir pasos a desnivel en la zona. La Jornada.Sin ánimo de faltar al respeto al derecho a protestar de estas mujeres y sin descalificar sus argumentos, la verdad es que dan risa ellas y sus carteles.
Nos asaltan varias ideas:
¿Serán que andan deprimidas?,
Las amenazas a "no votar por su partido (PAN)" deben de tener a Gabrielita muy preocupada perderá cerca de 100 votos ¡Uuuy!,
Les faltó el "Chócalas, chócalas para siempre, ya no vuelvo a ser tu amiga"
¿Con areas verdes se estarán refiriendo a sus jardines?,
Que se note, no se olvidaron de ir al "salón" para ir a su marcha, bien arregladitas que se fueron,
¿Sabrán sus hijos y sus maridos que andan de "revoltosas"?, casi casi como los "jodidos" que van al zócalo... a ver si no las regañan...
¡Qué lindas ellas protestando en una marcha, nos dan una ternura! ¡Pobrecitas ricas, las ricas tambien lloran! ¡Hasta ellas han aprendido algo de AMLO! ¡Ya se están movilizando!
La mafia de los prefectos de la Media Luna debía estar en la cárcel
Evo Morales ya ha sido extremadamente tolerante y excesivamente demócrata. Con la mafia de los prefectos de la Media Luna ya no se debiera dialogar sin investigarlos por sus crímenes, enjuiciarlos, meterlos tras las rejas y llamar a elecciones. Esos tipos no tienen remedio, todo lo que hagan va a ser inmoral porque son unos salvajes sin principios, caciques de mierda.
Prefectos de la Media Luna suspenden diálogo con el presidente Evo Morales
El líder derechista admitió que participó en un atentado contra un gasoducto: gobierno de Bolivia
La Confederación Sindical Única de Trabajadores anuncia protestas masivas contra gobernadores
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 1º de octubre. La detención por la justicia del dirigente cívico José Vaca Ortiz, del departamento de Tarija, acusado de un atentado “terrorista” contra un gasoducto, llevó a los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando a suspender de “manera temporal” el diálogo nacional de pacificación del país hasta en tanto el gobierno del presidente Evo Morales “restituya las garantías constitucionales y se respeten los derechos de los ciudadanos bolivianos”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa desde el Palacio Quemado, sede de gobierno, manifestó la “extrañeza” del gobierno por la decisión de los prefectos de la llamada Media Luna de suspender el diálogo por esa razón y los exhortó a retornarlo porque éste “no tiene ninguna vinculación” con esa detención, que, aseveró, se realizó con una orden de aprehensión de la Fiscalía General acorde con un delito del que se le acusa.
Deploró que los prefectos quieran suspender el diálogo porque, dijo, no es posible que quieran hacerlo “con la intención de proteger, encubrir un delito común”, a menos, agregó, “que los prefectos o alguno de ellos “tenga algún grado de vinculación con la explosión de la válvula de gas” que le costó al país 8 millones de dólares, en referencia a un atentado en Chaco contra un gasoducto de bombeo de gas natural de Bolivia a Brasil.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, fijó la posición de los prefectos opositores sobre la detención que calificó de “secuestro” y que, apuntó, está provocando tensiones innecesariamente en el proceso de diálogo nacional.
Además, afirmó que en los 19 días de este proceso de diálogo los prefectos han soportado “malos tratos, continuas agresiones y amenazas gubernamentales” de las que, dijo, han sido testigos los representantes de la comunidad internacional que participan en la mesa de diálogo.
Se refirió al activista Vaca Ortiz como “un ciudadano común”, obrero de una empresa generadora de energía en Tarija, que fue detenido en el centro de la ciudad de Villamontes en “condiciones inadmisibles”, donde “prácticamente fue secuestrado” junto con otras cuatro personas por policías encapuchados, y que se le detuvo por haber participado en la movilización opositora de esa localidad y por tanto eso viola el acuerdo inicial con el presidente Morales, de “no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política”.
El prefecto opositor aseveró que esa acción demuestra que en el entorno del presidente Morales “existen sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase” y que “buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional”.
Añadió que “los líderes regionales necesitan saber si continuarán en el diálogo o si tendrán que preocuparse de su propia seguridad personal e incluso ingresar a la clandestinidad. Ésta es la necesidad actual del diálogo: necesitamos la palabra oficial por parte del presidente”, afirmó Cossío.
Concluyó que el diálogo no se rompe, se suspende temporalmente hasta que el gobierno nacional dé una respuesta a este hecho, y que ellos seguirán en Cochabamba esperando una respuesta del presidente de la república.
La respuesta llegó en voz del ministro Quintana, quien aseveró reiteradamente que la detención de Vaca no tiene vinculación con el diálogo. “Si los prefectos se asumen que son democráticos no sólo debieran censurar, condenar, los actos de terrorismo que se han cometido en Tarija sino también ponerse del lado de la ley; no hay argumento razonable para que quieran suspender el dialogo”.
Subrayó que desde el principio tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera señalaron que el diálogo nacional “está exento de todo condicionamiento y que son innegociables los procesos penales que se deben llevar adelante contra todos aquellos que atentaron contra los bienes públicos, que asaltaron las oficinas del Estado, que destruyeron la propiedad privada y que en otros casos mataron o asesinaron a campesinos indefensos”.
Mencionó que los ministros, los viceministros, los equipos de trabajo van a permanecer en Cochabamba como se acordó para reiniciar las mesas en que se estaba trabajando el tema de las autonomías y del impuesto directo a los hidrocarburos. “Ésta es la posición del gobierno y ojalá que los prefectos puedan dar un paso al costado y retornar a la mesa de negociación”.
Aseveró que no hay amenaza contra los prefectos, y “otra cosa es que algún prefecto esté temeroso, sienta temor, por algún acto que los bolivianos no conocemos”.
Insistió en que “quienes han destruido bienes públicos tienen que ser procesados como corresponde en los estrado judiciales”. Dijo desconocer si hay alguna orden de detención contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, pero en todo caso habría que preguntarle al fiscal general de la república.
Funcionarios del gobierno también dijeron que Vaca Ortiz admitió formalmente haber participado en el atentado, ocurrido el mes pasado en el contexto de las protestas de violentas de la oposición de derecha en las cuatro regiones autonomistas, y que el fiscal del caso previamente había ordenado la detención del acusado después de que éste ignoró dos citaciones a prestar declaraciones.
El fiscal que lleva el asunto, Luis Mamani, confirmó ante medios de prensa que acusará formalmente a Vaca Ortiz por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que puede implicar una condena de hasta 30 años de cárcel, y explicó: “El admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá sobre su situación”.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo por su parte que “no se trató de un acto de secuestro como sostiene el prefecto de Tarija, sino de un acto de detención con orden fiscal”.
El dirigente de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Issac Ávalos, calificó de “burla” el anuncio de la oposición política de suspender el diálogo, y anunció el comienzo de protestas masivas contra los prefectos rebeldes.
Añadió que fue una “burla” porque habían pedido que se levantara el cerco campesino a la ciudad de Santa Cruz como una de las condiciones al diálogo en Cochabamba, que ahora suspenden.
Prefectos de la Media Luna suspenden diálogo con el presidente Evo Morales
El líder derechista admitió que participó en un atentado contra un gasoducto: gobierno de Bolivia
La Confederación Sindical Única de Trabajadores anuncia protestas masivas contra gobernadores
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 1º de octubre. La detención por la justicia del dirigente cívico José Vaca Ortiz, del departamento de Tarija, acusado de un atentado “terrorista” contra un gasoducto, llevó a los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando a suspender de “manera temporal” el diálogo nacional de pacificación del país hasta en tanto el gobierno del presidente Evo Morales “restituya las garantías constitucionales y se respeten los derechos de los ciudadanos bolivianos”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa desde el Palacio Quemado, sede de gobierno, manifestó la “extrañeza” del gobierno por la decisión de los prefectos de la llamada Media Luna de suspender el diálogo por esa razón y los exhortó a retornarlo porque éste “no tiene ninguna vinculación” con esa detención, que, aseveró, se realizó con una orden de aprehensión de la Fiscalía General acorde con un delito del que se le acusa.
Deploró que los prefectos quieran suspender el diálogo porque, dijo, no es posible que quieran hacerlo “con la intención de proteger, encubrir un delito común”, a menos, agregó, “que los prefectos o alguno de ellos “tenga algún grado de vinculación con la explosión de la válvula de gas” que le costó al país 8 millones de dólares, en referencia a un atentado en Chaco contra un gasoducto de bombeo de gas natural de Bolivia a Brasil.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, fijó la posición de los prefectos opositores sobre la detención que calificó de “secuestro” y que, apuntó, está provocando tensiones innecesariamente en el proceso de diálogo nacional.
Además, afirmó que en los 19 días de este proceso de diálogo los prefectos han soportado “malos tratos, continuas agresiones y amenazas gubernamentales” de las que, dijo, han sido testigos los representantes de la comunidad internacional que participan en la mesa de diálogo.
Se refirió al activista Vaca Ortiz como “un ciudadano común”, obrero de una empresa generadora de energía en Tarija, que fue detenido en el centro de la ciudad de Villamontes en “condiciones inadmisibles”, donde “prácticamente fue secuestrado” junto con otras cuatro personas por policías encapuchados, y que se le detuvo por haber participado en la movilización opositora de esa localidad y por tanto eso viola el acuerdo inicial con el presidente Morales, de “no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política”.
El prefecto opositor aseveró que esa acción demuestra que en el entorno del presidente Morales “existen sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase” y que “buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional”.
Añadió que “los líderes regionales necesitan saber si continuarán en el diálogo o si tendrán que preocuparse de su propia seguridad personal e incluso ingresar a la clandestinidad. Ésta es la necesidad actual del diálogo: necesitamos la palabra oficial por parte del presidente”, afirmó Cossío.
Concluyó que el diálogo no se rompe, se suspende temporalmente hasta que el gobierno nacional dé una respuesta a este hecho, y que ellos seguirán en Cochabamba esperando una respuesta del presidente de la república.
La respuesta llegó en voz del ministro Quintana, quien aseveró reiteradamente que la detención de Vaca no tiene vinculación con el diálogo. “Si los prefectos se asumen que son democráticos no sólo debieran censurar, condenar, los actos de terrorismo que se han cometido en Tarija sino también ponerse del lado de la ley; no hay argumento razonable para que quieran suspender el dialogo”.
Subrayó que desde el principio tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera señalaron que el diálogo nacional “está exento de todo condicionamiento y que son innegociables los procesos penales que se deben llevar adelante contra todos aquellos que atentaron contra los bienes públicos, que asaltaron las oficinas del Estado, que destruyeron la propiedad privada y que en otros casos mataron o asesinaron a campesinos indefensos”.
Mencionó que los ministros, los viceministros, los equipos de trabajo van a permanecer en Cochabamba como se acordó para reiniciar las mesas en que se estaba trabajando el tema de las autonomías y del impuesto directo a los hidrocarburos. “Ésta es la posición del gobierno y ojalá que los prefectos puedan dar un paso al costado y retornar a la mesa de negociación”.
Aseveró que no hay amenaza contra los prefectos, y “otra cosa es que algún prefecto esté temeroso, sienta temor, por algún acto que los bolivianos no conocemos”.
Insistió en que “quienes han destruido bienes públicos tienen que ser procesados como corresponde en los estrado judiciales”. Dijo desconocer si hay alguna orden de detención contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, pero en todo caso habría que preguntarle al fiscal general de la república.
Funcionarios del gobierno también dijeron que Vaca Ortiz admitió formalmente haber participado en el atentado, ocurrido el mes pasado en el contexto de las protestas de violentas de la oposición de derecha en las cuatro regiones autonomistas, y que el fiscal del caso previamente había ordenado la detención del acusado después de que éste ignoró dos citaciones a prestar declaraciones.
El fiscal que lleva el asunto, Luis Mamani, confirmó ante medios de prensa que acusará formalmente a Vaca Ortiz por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que puede implicar una condena de hasta 30 años de cárcel, y explicó: “El admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá sobre su situación”.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo por su parte que “no se trató de un acto de secuestro como sostiene el prefecto de Tarija, sino de un acto de detención con orden fiscal”.
El dirigente de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Issac Ávalos, calificó de “burla” el anuncio de la oposición política de suspender el diálogo, y anunció el comienzo de protestas masivas contra los prefectos rebeldes.
Añadió que fue una “burla” porque habían pedido que se levantara el cerco campesino a la ciudad de Santa Cruz como una de las condiciones al diálogo en Cochabamba, que ahora suspenden.
El imperio se atasca y Bush se “desgañita” en “disparatados discursos”, dice Castro
La crisis económica en Estados Unidos “no tiene igual en su decadente historia”, afirma
Afp
La Habana, 1º de octubre. El ex presidente cubano Fidel Castro afirmó que Estados Unidos está atascado en una crisis económica sin precedentes, mientras el presidente George W. Bush “se desgañita” con discursos “disparatados”.
Según un artículo publicado en medios cubanos, el líder político aseguró que “el imperio se atasca en una crisis económica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que más se habla en estos días”, manifestó Castro, quien en un texto anterior se burló del presidente estadunidense por su discurso de la semana pasada sobre la situación financiera.
Su comentario de este miércoles, difundido por los medios locales, está dedicado a la película Kangamba, que recrea un episodio de la guerra que libraron 300 mil cubanos en Angola (1975-1991). El film se estrenará este jueves en Cuba.
Kangamba, del realizador Rogelio París, “es uno de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca”, subrayó Castro, quien dijo haberla visto “a través de la reproducción de un disco en la pequeña pantalla de su televisor”.
“Desde el punto de vista humano se observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca las costumbres y la cultura africanas”, opinó el histórico líder comunista, quien renunció a la presidencia de Cuba en febrero pasado y es sustituido por su hermano Raúl Castro.
En la película, realizada junto con las fuerzas armadas (FAR) de la isla, el cineasta recreó la batalla que soldados cubanos y angoleños libraron durante una semana en Kangamba (Angola, sur) en 1983, una de las más cruentas ocurridas durante la guerra de Angola.
Fidel Castro, de 82 años de edad, calificó de “estrategia equivocada” la empleada por la desaparecida Unión Soviética en Angola, y dijo que su país actuó “por su cuenta” en esa guerra para evitar el “inútil sacrificio” de soldados angolanos.
Afp
La Habana, 1º de octubre. El ex presidente cubano Fidel Castro afirmó que Estados Unidos está atascado en una crisis económica sin precedentes, mientras el presidente George W. Bush “se desgañita” con discursos “disparatados”.
Según un artículo publicado en medios cubanos, el líder político aseguró que “el imperio se atasca en una crisis económica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que más se habla en estos días”, manifestó Castro, quien en un texto anterior se burló del presidente estadunidense por su discurso de la semana pasada sobre la situación financiera.
Su comentario de este miércoles, difundido por los medios locales, está dedicado a la película Kangamba, que recrea un episodio de la guerra que libraron 300 mil cubanos en Angola (1975-1991). El film se estrenará este jueves en Cuba.
Kangamba, del realizador Rogelio París, “es uno de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca”, subrayó Castro, quien dijo haberla visto “a través de la reproducción de un disco en la pequeña pantalla de su televisor”.
“Desde el punto de vista humano se observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca las costumbres y la cultura africanas”, opinó el histórico líder comunista, quien renunció a la presidencia de Cuba en febrero pasado y es sustituido por su hermano Raúl Castro.
En la película, realizada junto con las fuerzas armadas (FAR) de la isla, el cineasta recreó la batalla que soldados cubanos y angoleños libraron durante una semana en Kangamba (Angola, sur) en 1983, una de las más cruentas ocurridas durante la guerra de Angola.
Fidel Castro, de 82 años de edad, calificó de “estrategia equivocada” la empleada por la desaparecida Unión Soviética en Angola, y dijo que su país actuó “por su cuenta” en esa guerra para evitar el “inútil sacrificio” de soldados angolanos.
Exigen aclarar muerte de mexicanos en Ecuador
A siete meses de la masacre, Limeddh realiza manifestación ante Relaciones Exteriores
Patricia Muñoz Ríos
Integrantes de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) realizaron ayer una concentración frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que denunciaron que a siete meses del asesinato de estudiantes mexicanos en Ecuador, por parte del Ejército de Colombia, no se ha hecho justicia; demandaron que la cancillería tenga un papel más “proactivo” en defensa de los connacionales, y que garantice la seguridad física y jurídica de los familiares de los masacrados.
Entregaron una carta en la dependencia, en la que señalan que en la masacre en la que fueron asesinados Verónica Natalia Velásquez, Juan Gonzáles del Castillo, Fernando Franco y Soren Ulises, y en la que resultó herida Lucía Morett, el Estado colombiano cometió graves violaciones al derecho internacional.
Según informaron, la embajada de Colombia en México les respondió a una misiva enviada que la información oficial del operativo denominado “Fénix 2008” ya fue entregada a los órganos judiciales correspondientes en México, por lo que le piden a la cancillería que “solicite y proporcione de inmediato toda la información oficial que permita conocer la verdad de los hechos y nos lleve al esclarecimiento de las circunstancias”.
Demandaron que el gobierno de México emita una enérgica condena ante los organismos internacionales, especialmente la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, por los actos cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe contra connacionales mexicanos.
En la misiva entregada ante la SRE, piden además que esta dependencia solicite e informe de los avances de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Ecuador sobre los hechos; e incluso plantean que la cancillería debe contribuir a que “el Estado mexicano asegure la repatriación de Lucía Andrea Morett Álvarez, sin cargos, en virtud de que no ha cometido delito alguno, que no se vulneren sus garantías individuales” y se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
Incluso la Limeddh considera necesario que la dependencia interponga sus buenos oficios ante el Ejecutivo, y concretamente ante la Procuraduría General de la República para el desistimiento del ejercicio de la acción penal en contra de Morett.
Antes de su concentración también entregaron una carta en la embajada de Colombia en México, en la que solicitan información oficial del operativo militar en el que perdieron la vida los estudiantes.
Patricia Muñoz Ríos
Integrantes de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) realizaron ayer una concentración frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que denunciaron que a siete meses del asesinato de estudiantes mexicanos en Ecuador, por parte del Ejército de Colombia, no se ha hecho justicia; demandaron que la cancillería tenga un papel más “proactivo” en defensa de los connacionales, y que garantice la seguridad física y jurídica de los familiares de los masacrados.
Entregaron una carta en la dependencia, en la que señalan que en la masacre en la que fueron asesinados Verónica Natalia Velásquez, Juan Gonzáles del Castillo, Fernando Franco y Soren Ulises, y en la que resultó herida Lucía Morett, el Estado colombiano cometió graves violaciones al derecho internacional.
Según informaron, la embajada de Colombia en México les respondió a una misiva enviada que la información oficial del operativo denominado “Fénix 2008” ya fue entregada a los órganos judiciales correspondientes en México, por lo que le piden a la cancillería que “solicite y proporcione de inmediato toda la información oficial que permita conocer la verdad de los hechos y nos lleve al esclarecimiento de las circunstancias”.
Demandaron que el gobierno de México emita una enérgica condena ante los organismos internacionales, especialmente la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, por los actos cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe contra connacionales mexicanos.
En la misiva entregada ante la SRE, piden además que esta dependencia solicite e informe de los avances de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Ecuador sobre los hechos; e incluso plantean que la cancillería debe contribuir a que “el Estado mexicano asegure la repatriación de Lucía Andrea Morett Álvarez, sin cargos, en virtud de que no ha cometido delito alguno, que no se vulneren sus garantías individuales” y se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
Incluso la Limeddh considera necesario que la dependencia interponga sus buenos oficios ante el Ejecutivo, y concretamente ante la Procuraduría General de la República para el desistimiento del ejercicio de la acción penal en contra de Morett.
Antes de su concentración también entregaron una carta en la embajada de Colombia en México, en la que solicitan información oficial del operativo militar en el que perdieron la vida los estudiantes.
Fueron ejecutadas 4,785 personas en los primeros 18 meses del sexenio de Calderón
Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, los estados con más homicidios, responde la PGR
Del total de víctimas, 4,313 eran civiles y 472 pertenecían a alguna corporación de seguridad
Gabriel León Zaragoza
En los primeros 18 meses de gobierno de Felipe Calderón, fueron ejecutadas en el país 4 mil 785 personas a manos de grupos vinculados con el narcotráfico. De esta cifra, 4 mil 313 fueron civiles y 472 eran integrantes de alguna corporación policiaca o militar, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un reporte que hizo público en la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Es decir, han muerto más que en las Torres Gemelas, más que los estadounidenses en Irak en cinco años de guerra con el agravante de que 4,313 eran civiles no militares que hayan ido a invadir otro país. ¿Y todavía hay que aguantarlo cuatro años más?
El número de ejecuciones cometidas en ese periodo del sexenio se dio en respuesta que la PGR otorgó a un peticionario, en la cual detalló que del 1º de diciembre de 2006 a junio de este año fallecieron 178 policías municipales, 106 elementos ministeriales, 86 uniformados estatales, 30 Afis, 27 militares, 24 federales preventivos, ocho policías del Distrito Federal, cinco marinos y cuatro agentes de la procuradurías locales, entre otros.
El informe de la PGR detalla que las entidades del país que ocupan los primeros lugares en número de personas ejecutadas son Chihuahua con 664; Sinaloa tiene el segundo lugar con 647 asesinatos; y en tercera posición se encuentra Michoacán, con 423 homicidios.
En el conteo oficial destaca Guerrero con 409 ejecuciones; Baja California con 331; Distrito Federal con 245; estado de México con 201; Nuevo León con 176; 165 en Durango; 152 en Sonora; 119 en Jalisco; 106 en Tamaulipas; 103 en Oaxaca, y 83 en Veracruz.
Por el mismo motivo, Chiapas contabilizó 80; Guanajuato 70; Hidalgo 60; Aguascalientes 39; Quintana Roo 38; Morelos 37; Tabasco y Coahuila con 34 cada una; Nayarit 21; Zacatecas 18 y San Luis Potosí con 17.
Tlaxcala tiene el menor índice de ejecuciones, con una; Colima registró dos; Querétaro y Campeche marcaron seis muertes por cada entidad; Baja California Sur presentó ocho; en Yucatán y Puebla, 9 para cada una.
En la plenaria, los comisionados “confirmaron la inexistencia” de documento alguno elaborado –entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006– por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre las actividades de la magistrada federal Rosalía Becerril y del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora.
La comisionada ponente Jacqueline Peschard asentó que en su respuesta a un peticionario, el Cisen les informó que carece de informe alguno de las labores realizadas, en el periodo señalado, de los dos funcionarios judiciales.
Sin embargo, el IFAI pidió al director del organismo, Guillermo Valdés, “que confirme (por escrito) la inexistencia” de trabajo alguno contra los mencionados.
Del total de víctimas, 4,313 eran civiles y 472 pertenecían a alguna corporación de seguridad
Gabriel León Zaragoza
En los primeros 18 meses de gobierno de Felipe Calderón, fueron ejecutadas en el país 4 mil 785 personas a manos de grupos vinculados con el narcotráfico. De esta cifra, 4 mil 313 fueron civiles y 472 eran integrantes de alguna corporación policiaca o militar, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un reporte que hizo público en la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Es decir, han muerto más que en las Torres Gemelas, más que los estadounidenses en Irak en cinco años de guerra con el agravante de que 4,313 eran civiles no militares que hayan ido a invadir otro país. ¿Y todavía hay que aguantarlo cuatro años más?
El número de ejecuciones cometidas en ese periodo del sexenio se dio en respuesta que la PGR otorgó a un peticionario, en la cual detalló que del 1º de diciembre de 2006 a junio de este año fallecieron 178 policías municipales, 106 elementos ministeriales, 86 uniformados estatales, 30 Afis, 27 militares, 24 federales preventivos, ocho policías del Distrito Federal, cinco marinos y cuatro agentes de la procuradurías locales, entre otros.
El informe de la PGR detalla que las entidades del país que ocupan los primeros lugares en número de personas ejecutadas son Chihuahua con 664; Sinaloa tiene el segundo lugar con 647 asesinatos; y en tercera posición se encuentra Michoacán, con 423 homicidios.
En el conteo oficial destaca Guerrero con 409 ejecuciones; Baja California con 331; Distrito Federal con 245; estado de México con 201; Nuevo León con 176; 165 en Durango; 152 en Sonora; 119 en Jalisco; 106 en Tamaulipas; 103 en Oaxaca, y 83 en Veracruz.
Por el mismo motivo, Chiapas contabilizó 80; Guanajuato 70; Hidalgo 60; Aguascalientes 39; Quintana Roo 38; Morelos 37; Tabasco y Coahuila con 34 cada una; Nayarit 21; Zacatecas 18 y San Luis Potosí con 17.
Tlaxcala tiene el menor índice de ejecuciones, con una; Colima registró dos; Querétaro y Campeche marcaron seis muertes por cada entidad; Baja California Sur presentó ocho; en Yucatán y Puebla, 9 para cada una.
En la plenaria, los comisionados “confirmaron la inexistencia” de documento alguno elaborado –entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006– por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre las actividades de la magistrada federal Rosalía Becerril y del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora.
La comisionada ponente Jacqueline Peschard asentó que en su respuesta a un peticionario, el Cisen les informó que carece de informe alguno de las labores realizadas, en el periodo señalado, de los dos funcionarios judiciales.
Sin embargo, el IFAI pidió al director del organismo, Guillermo Valdés, “que confirme (por escrito) la inexistencia” de trabajo alguno contra los mencionados.
Pérdida de derechos
Iniciativa de nueva Ley de Salud del DF
Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
En la política sanitaria el derecho a la salud es un tema básico y hay esencialmente dos concepciones. Una que lo reconoce como un derecho social universal que debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado. La otra lo condiciona a una contribución monetaria, sea ésta en forma de un seguro prepagado o un desembolso directo pagado por el servicio en el sector público o privado. En México están presentes las dos concepciones; una rige el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) del DF y la segunda el Seguro Popular.
La primera está en la Constitución y en la Ley de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para los residentes del DF sin seguridad social laboral y la segunda en el apartado sobre el Seguro Popular (77 bis) en la Ley General de Salud.
El asambleísta priísta Marco Antonio García Ayala acaba de presentar una iniciativa de Nueva Ley de Salud del DF. Esta iniciativa incluye todo un capítulo sobre el Seguro Popular, pero hace mutis sobre el derecho de los capitalinos a los servicios médicos y medicamentos gratuitos y la obligación del Gobierno del DF de ofrecerlos en todas sus unidades médicas. Es un caballo de Troya que introduce sigilosamente reglas que quitan derechos a los capitalinos.
En este contexto es urgente volver a discutir el Seguro Popular y sus implicaciones para los afiliados y no afiliados; discusión que se ha dado sobre bases falsas por la difusión masiva de propaganda poco veraz. El argumento más usado a favor del Seguro Popular es que ha incrementado sustancialmente los recursos públicos para la salud. Es cierto pero podría haber crecido igual o más con otra política de salud como lo demuestra el caso del DF en el periodo 2001 a 2008. El monto presupuestal es una decisión política que no depende de uno u otro modelo de organización y prestación de los servicios. Obviamente puede usarse para frenar o imponer un modelo como en este caso. Es además necesario indagar sobre el uso y el impacto del presupuesto. Respecto al Seguro Popular he demostrado en este espacio y otros textos un subejercicio sistemático y la falta de infraestructura para prestar los servicios que lo convierte en el modelo que menos atenciones de salud presta a sus afiliados.
Si se sustituyera el PSMMG por el Seguro Popular los capitalinos perderían muchos derechos. El derecho a la protección de la salud pasaría de ser un derecho universal y exigible por todos a ser un “derecho” condicionado y restringido. El 80 por ciento pagaría una prima anual de entre 715 a 11 mil 380 pesos y, además, una cuota “reguladora” al atender ciertos padecimientos. Además sólo da acceso a los servicios de un paquete de intervenciones como cualquier seguro privado. Estas intervenciones excluyen servicios a los cuales los capitalinos ahora tienen acceso sin costo alguno en el marco del PSMMG.
Otra restricción importante es que la inscripción al Seguro Popular está fijada en un máximo anual de 14.3 por ciento de la población elegible, por lo es necesario afiliarse por anticipado y no al momento de requerir del servicio como se puede hacer en el PSMMG.
Por otro lado el reglamento del Seguro Popular promueve un trato privilegiado para sus afiliados lo que ocasiona discriminación en las unidades médicas entre éstos y el resto de los usuarios. Es más, prescribe la presencia de “gestores” en los centros de atención para proteger a sus asegurados; crea explícitamente mexicanos de primera y de segunda en los servicios. Esto sería muy degradante para los no afiliados porque tanto ellos como los afiliados se atienden en los mismos centros de salud y hospitales del GDF. En contraste, el PSMMG no promueve ninguna diferencia en el trato entre sus derechohabientes y otros usuarios que, siendo residentes del DF, pueden afiliarse con efecto inmediato en menos de una hora.
También hay que advertir sobre el hecho de que la iniciativa del PRI plantea la creación de dos nuevas estructuras burocráticas desconcentradas y costosas: una para administrar el dinero proveniente del Seguro Popular y otra para el control de los riesgos sanitarios. Entre ambas dejarían a la Secretaría de Salud con poderes muy restringidos para organizar los servicios con calidad y equidad. No es casual porque se requiere debilitar la institución pública para abrir la puerta a los privados.
El PSMMG es una alternativa al Seguro Popular y ha demostrado su viabilidad y eficiencia durante siete años. Preservar los derechos sociales es fundamental para una sociedad equitativa.
Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
En la política sanitaria el derecho a la salud es un tema básico y hay esencialmente dos concepciones. Una que lo reconoce como un derecho social universal que debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado. La otra lo condiciona a una contribución monetaria, sea ésta en forma de un seguro prepagado o un desembolso directo pagado por el servicio en el sector público o privado. En México están presentes las dos concepciones; una rige el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) del DF y la segunda el Seguro Popular.
La primera está en la Constitución y en la Ley de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para los residentes del DF sin seguridad social laboral y la segunda en el apartado sobre el Seguro Popular (77 bis) en la Ley General de Salud.
El asambleísta priísta Marco Antonio García Ayala acaba de presentar una iniciativa de Nueva Ley de Salud del DF. Esta iniciativa incluye todo un capítulo sobre el Seguro Popular, pero hace mutis sobre el derecho de los capitalinos a los servicios médicos y medicamentos gratuitos y la obligación del Gobierno del DF de ofrecerlos en todas sus unidades médicas. Es un caballo de Troya que introduce sigilosamente reglas que quitan derechos a los capitalinos.
En este contexto es urgente volver a discutir el Seguro Popular y sus implicaciones para los afiliados y no afiliados; discusión que se ha dado sobre bases falsas por la difusión masiva de propaganda poco veraz. El argumento más usado a favor del Seguro Popular es que ha incrementado sustancialmente los recursos públicos para la salud. Es cierto pero podría haber crecido igual o más con otra política de salud como lo demuestra el caso del DF en el periodo 2001 a 2008. El monto presupuestal es una decisión política que no depende de uno u otro modelo de organización y prestación de los servicios. Obviamente puede usarse para frenar o imponer un modelo como en este caso. Es además necesario indagar sobre el uso y el impacto del presupuesto. Respecto al Seguro Popular he demostrado en este espacio y otros textos un subejercicio sistemático y la falta de infraestructura para prestar los servicios que lo convierte en el modelo que menos atenciones de salud presta a sus afiliados.
Si se sustituyera el PSMMG por el Seguro Popular los capitalinos perderían muchos derechos. El derecho a la protección de la salud pasaría de ser un derecho universal y exigible por todos a ser un “derecho” condicionado y restringido. El 80 por ciento pagaría una prima anual de entre 715 a 11 mil 380 pesos y, además, una cuota “reguladora” al atender ciertos padecimientos. Además sólo da acceso a los servicios de un paquete de intervenciones como cualquier seguro privado. Estas intervenciones excluyen servicios a los cuales los capitalinos ahora tienen acceso sin costo alguno en el marco del PSMMG.
Otra restricción importante es que la inscripción al Seguro Popular está fijada en un máximo anual de 14.3 por ciento de la población elegible, por lo es necesario afiliarse por anticipado y no al momento de requerir del servicio como se puede hacer en el PSMMG.
Por otro lado el reglamento del Seguro Popular promueve un trato privilegiado para sus afiliados lo que ocasiona discriminación en las unidades médicas entre éstos y el resto de los usuarios. Es más, prescribe la presencia de “gestores” en los centros de atención para proteger a sus asegurados; crea explícitamente mexicanos de primera y de segunda en los servicios. Esto sería muy degradante para los no afiliados porque tanto ellos como los afiliados se atienden en los mismos centros de salud y hospitales del GDF. En contraste, el PSMMG no promueve ninguna diferencia en el trato entre sus derechohabientes y otros usuarios que, siendo residentes del DF, pueden afiliarse con efecto inmediato en menos de una hora.
También hay que advertir sobre el hecho de que la iniciativa del PRI plantea la creación de dos nuevas estructuras burocráticas desconcentradas y costosas: una para administrar el dinero proveniente del Seguro Popular y otra para el control de los riesgos sanitarios. Entre ambas dejarían a la Secretaría de Salud con poderes muy restringidos para organizar los servicios con calidad y equidad. No es casual porque se requiere debilitar la institución pública para abrir la puerta a los privados.
El PSMMG es una alternativa al Seguro Popular y ha demostrado su viabilidad y eficiencia durante siete años. Preservar los derechos sociales es fundamental para una sociedad equitativa.
Ecuador, América Latina y las nuevas alternativas
Ángel Guerra Cabrera
La aplastante opción por el sí en el referendo sobre la nueva Constitución de Ecuador confirma la consolidación de una correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe que permite asestar derrotas cruciales por vía política a las elites locales y al sistema de dominación del imperialismo. Por supuesto, en primer lugar es una gran victoria del pueblo ecuatoriano y del presidente Rafael Correa, a quien la gran mayoría ha reiterado su apoyo y confianza.
Ecuador es ahora un Estado jurídicamente plurinacional que proclama la prerrogativa de impulsar el desarrollo sostenible y redistribuir la riqueza con equidad, defender su patrimonio con una economía solidaria, proscribe el latifundio, prohíbe las bases militares extranjeras y aboga por la democracia participativa, conquistas consagradas en el texto aprobado, entre otras fundamentales por las que han luchado sus pueblos originarios, afrodescendientes y el conjunto de su movimiento popular.
Sin la experiencia y conciencia colectivas fraguadas en históricas contiendas sociales este triunfo no podría haberse conseguido frente a una frenética campaña mediática de la oligarquía, los caciques tradicionales, la derecha y la jerarquía católica, monitoreados por Washington. Son ellos los que han visto disminuida por las medidas de este gobierno su secular condición privilegiada, y es su régimen e instituciones de saqueo, dependencia, exclusión y racismo los que están condenados a desaparecer por el nuevo ordenamiento constitucional.
Las experiencias venezolana, boliviana y ecuatoriana muestran que aprovechando inteligentemente el estrecho y rígido marco de una institucionalidad oligárquica agotada, las fuerzas populares pueden, mediante difíciles y muy complejas batallas políticas, impulsar importantes transformaciones sociales. Combinando una vigorosa movilización social y su poder de veto con derecho a votar, han llegado al gobierno y hecho avanzar desde allí proyectos profundamente populares, democráticos y humanistas, afianzados en la unidad e integración latinoamericana y caribeña. Desde el gobierno y con la fuerza del voto han abierto espacios jurídicos, políticos e institucionales para construir comunalmente un poder desde el pueblo que permite acometer el desmantelamiento de las estructuras oligárquicas y las políticas neoliberales y crear las condiciones objetivas y subjetivas para la liberación y realización plena de los sectores excluidos, oprimidos, discriminados y explotados.
Venezuela, Bolivia, Ecuador y la revolución cubana transitan sus propias rutas liberadoras nacionales al tiempo que tejen los más estrechos vínculos de cooperación y solidaridad entre sí y con los demás gobiernos que coincidan, no importa su orientación ideológica, en impulsar la independencia, unidad e integración regional. La primera gran prueba de fuego de este proceder fue la derrota en mar del Plata del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la última, la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Santiago de Chile. En el trayecto, con el empuje inestimable de Hugo Chávez, surgieron la Alternativa Bolivariana para nuestra América (Alba), Petrocaribe, la Operación Milagro, la propia Unasur, el Banco del Sur y otras iniciativas de integración, entre las cuales está el Consejo de Defensa Suramericano impulsado por Lula da Silva.
Mientras, la economía capitalista mundial bajo hegemonía estadunidense se despeña hacia un insondable abismo, arrastrada por insostenibles guerras coloniales y el creciente gasto militar, el consumismo, la corrupción sin freno, la codicia especulativa y el derroche de recursos renovables y no renovables, que condenan al hambre a cientos de millones y a todos al biocidio.
Se acelera la reconfiguración geopolítica planetaria con nuevos espacios de poder económico y político regionales. En América Latina y el Caribe las grandes luchas populares de los últimos años han reforzado sus excepcionales fundamentos históricos, culturales y políticos para profundizar la unidad e integración y creado valiosas experiencias para el surgimiento de alternativas de convivencia social basadas en la fraternidad humana, la equidad, la diversidad y el cuidado de la madre naturaleza.
La aplastante opción por el sí en el referendo sobre la nueva Constitución de Ecuador confirma la consolidación de una correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe que permite asestar derrotas cruciales por vía política a las elites locales y al sistema de dominación del imperialismo. Por supuesto, en primer lugar es una gran victoria del pueblo ecuatoriano y del presidente Rafael Correa, a quien la gran mayoría ha reiterado su apoyo y confianza.
Ecuador es ahora un Estado jurídicamente plurinacional que proclama la prerrogativa de impulsar el desarrollo sostenible y redistribuir la riqueza con equidad, defender su patrimonio con una economía solidaria, proscribe el latifundio, prohíbe las bases militares extranjeras y aboga por la democracia participativa, conquistas consagradas en el texto aprobado, entre otras fundamentales por las que han luchado sus pueblos originarios, afrodescendientes y el conjunto de su movimiento popular.
Sin la experiencia y conciencia colectivas fraguadas en históricas contiendas sociales este triunfo no podría haberse conseguido frente a una frenética campaña mediática de la oligarquía, los caciques tradicionales, la derecha y la jerarquía católica, monitoreados por Washington. Son ellos los que han visto disminuida por las medidas de este gobierno su secular condición privilegiada, y es su régimen e instituciones de saqueo, dependencia, exclusión y racismo los que están condenados a desaparecer por el nuevo ordenamiento constitucional.
Las experiencias venezolana, boliviana y ecuatoriana muestran que aprovechando inteligentemente el estrecho y rígido marco de una institucionalidad oligárquica agotada, las fuerzas populares pueden, mediante difíciles y muy complejas batallas políticas, impulsar importantes transformaciones sociales. Combinando una vigorosa movilización social y su poder de veto con derecho a votar, han llegado al gobierno y hecho avanzar desde allí proyectos profundamente populares, democráticos y humanistas, afianzados en la unidad e integración latinoamericana y caribeña. Desde el gobierno y con la fuerza del voto han abierto espacios jurídicos, políticos e institucionales para construir comunalmente un poder desde el pueblo que permite acometer el desmantelamiento de las estructuras oligárquicas y las políticas neoliberales y crear las condiciones objetivas y subjetivas para la liberación y realización plena de los sectores excluidos, oprimidos, discriminados y explotados.
Venezuela, Bolivia, Ecuador y la revolución cubana transitan sus propias rutas liberadoras nacionales al tiempo que tejen los más estrechos vínculos de cooperación y solidaridad entre sí y con los demás gobiernos que coincidan, no importa su orientación ideológica, en impulsar la independencia, unidad e integración regional. La primera gran prueba de fuego de este proceder fue la derrota en mar del Plata del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la última, la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Santiago de Chile. En el trayecto, con el empuje inestimable de Hugo Chávez, surgieron la Alternativa Bolivariana para nuestra América (Alba), Petrocaribe, la Operación Milagro, la propia Unasur, el Banco del Sur y otras iniciativas de integración, entre las cuales está el Consejo de Defensa Suramericano impulsado por Lula da Silva.
Mientras, la economía capitalista mundial bajo hegemonía estadunidense se despeña hacia un insondable abismo, arrastrada por insostenibles guerras coloniales y el creciente gasto militar, el consumismo, la corrupción sin freno, la codicia especulativa y el derroche de recursos renovables y no renovables, que condenan al hambre a cientos de millones y a todos al biocidio.
Se acelera la reconfiguración geopolítica planetaria con nuevos espacios de poder económico y político regionales. En América Latina y el Caribe las grandes luchas populares de los últimos años han reforzado sus excepcionales fundamentos históricos, culturales y políticos para profundizar la unidad e integración y creado valiosas experiencias para el surgimiento de alternativas de convivencia social basadas en la fraternidad humana, la equidad, la diversidad y el cuidado de la madre naturaleza.
Kangamba
Fidel Castro Ruz
Kangamba es de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca. Fue a través de la reproducción de un disco en la pequeña pantalla de un televisor. Tal vez mi juicio esté influido por recuerdos que no es posible olvidar. Cientos de miles de compatriotas cubanos tendrán el privilegio de irlo presenciando en la pantalla grande.
Los artistas actuaron formidablemente. Creí por un instante que para producirlo habían necesitado la cooperación de decenas de angolanos. Desde el punto de vista humano, se observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca las costumbres y la cultura africanas. Las imágenes de las casas incendiadas por los proyectiles con que los gobernantes sudafricanos armaron una etnia africana para lanzarla contra sus hermanos angolanos no se pueden borrar nunca.
Las cosas ocurridas en aquel campo de batalla en que nuestros compatriotas, junto a los angolanos, realizaron aquella proeza fueron realmente conmovedoras. Sin su resistencia heroica todos habrían muerto.
Los que cayeron no lo hicieron en vano. El Ejército sudafricano había sido derrotado en 1976 cuando Cuba envió hasta 42 mil combatientes para evitar que la independencia de Angola, por la cual ese hermano pueblo luchó mucho tiempo, sucumbiera ante la invasión traicionera del régimen del apartheid, cuyos soldados fueron obligados a retroceder hasta la frontera de donde partieron: su colonia en Namibia.
Poco después de finalizada la guerra e iniciada la progresiva retirada de los combatientes cubanos por presión de la dirigencia de la URSS, los sudafricanos volvieron a sus andadas contra Angola.
La batalla de Cuito Cuanavale, cuatro años después de la de Cangamba —su verdadero nombre—, y el propio drama que se vivió en este punto fueron consecuencia de una estrategia soviética equivocada en el asesoramiento del alto mando angolano. Fuimos siempre partidarios de prohibir al ejército del
apartheid intervenir en Angola, como al final de la guerra de 1976 lo éramos de exigirle la independencia de Namibia.
La URSS suministraba las armas; nosotros entrenábamos a los combatientes angolanos y les brindábamos asesoramiento a sus casi olvidadas brigadas que luchaban contra los bandidos de la UNITA, como la número 32, que operaba en Cuanza, casi en el límite central al este del país.
Sistemáticamente nos negábamos a participar en la ofensiva que casi todos los años se dirigía al puesto de mando hipotético o real de Jonas Savimbi, jefe de la contrarrevolucionaria UNITA, en la remota esquina sudeste de Angola, a más de mil kilómetros de la capital, con brigadas flamantemente equipadas con armas, tanques y transportadores blindados soviéticos más modernos. Los soldados y oficiales angolanos eran inútilmente sacrificados cuando ya habían penetrado en la profundidad del territorio enemigo, al intervenir las fuerzas aéreas, la artillería de largo alcance y las tropas sudafricanas.
En esta ocasión las brigadas, con grandes pérdidas, habían retrocedido hasta veinte kilómetros de Cuito Cuanavale, antigua base aérea de la OTAN. Fue en ese momento que se ordenó a nuestras fuerzas en Angola el envío de una brigada de tanques a ese punto y se tomó la decisión, por nuestra cuenta, de acabar de una vez con las intervenciones de las fuerzas sudafricanas.
Reforzamos nuestras tropas en Angola desde Cuba: unidades completas, las armas y los medios necesarios para cumplir la tarea. El número de combatientes cubanos superó en esa ocasión la cifra de 55 mil.
La batalla de Cuito Cuanavale, iniciada en noviembre de 1987, se combinó con las unidades que se movían ya en dirección a la frontera de Angola con Namibia, donde se dio la tercera acción de esa importancia.
Cuando se haga una película aún más dramática que la de Kangamba, la historia fílmica recogerá episodios más impresionantes todavía, en que brilló el heroísmo masivo de cubanos y angolanos hasta la derrota humillante del apartheid.
Fue al final de las últimas batallas cuando los combatientes cubanos estuvieron próximos a ser golpeados, esta vez junto a sus hermanos angolanos, por las armas nucleares que el gobierno de Estados Unidos suministró al oprobioso régimen del apartheid.
Sería de rigor producir en su oportunidad una tercera película de la categoría de Kangamba, que nuestro pueblo tiene a su disposición en los cines de Cuba.
Mientras tanto, el imperio se atasca en una crisis económica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que más se habla en estos días.
30 de septiembre de 2008
7 y 40 p.m.
Kangamba es de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca. Fue a través de la reproducción de un disco en la pequeña pantalla de un televisor. Tal vez mi juicio esté influido por recuerdos que no es posible olvidar. Cientos de miles de compatriotas cubanos tendrán el privilegio de irlo presenciando en la pantalla grande.
Los artistas actuaron formidablemente. Creí por un instante que para producirlo habían necesitado la cooperación de decenas de angolanos. Desde el punto de vista humano, se observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca las costumbres y la cultura africanas. Las imágenes de las casas incendiadas por los proyectiles con que los gobernantes sudafricanos armaron una etnia africana para lanzarla contra sus hermanos angolanos no se pueden borrar nunca.
Las cosas ocurridas en aquel campo de batalla en que nuestros compatriotas, junto a los angolanos, realizaron aquella proeza fueron realmente conmovedoras. Sin su resistencia heroica todos habrían muerto.
Los que cayeron no lo hicieron en vano. El Ejército sudafricano había sido derrotado en 1976 cuando Cuba envió hasta 42 mil combatientes para evitar que la independencia de Angola, por la cual ese hermano pueblo luchó mucho tiempo, sucumbiera ante la invasión traicionera del régimen del apartheid, cuyos soldados fueron obligados a retroceder hasta la frontera de donde partieron: su colonia en Namibia.
Poco después de finalizada la guerra e iniciada la progresiva retirada de los combatientes cubanos por presión de la dirigencia de la URSS, los sudafricanos volvieron a sus andadas contra Angola.
La batalla de Cuito Cuanavale, cuatro años después de la de Cangamba —su verdadero nombre—, y el propio drama que se vivió en este punto fueron consecuencia de una estrategia soviética equivocada en el asesoramiento del alto mando angolano. Fuimos siempre partidarios de prohibir al ejército del
apartheid intervenir en Angola, como al final de la guerra de 1976 lo éramos de exigirle la independencia de Namibia.
La URSS suministraba las armas; nosotros entrenábamos a los combatientes angolanos y les brindábamos asesoramiento a sus casi olvidadas brigadas que luchaban contra los bandidos de la UNITA, como la número 32, que operaba en Cuanza, casi en el límite central al este del país.
Sistemáticamente nos negábamos a participar en la ofensiva que casi todos los años se dirigía al puesto de mando hipotético o real de Jonas Savimbi, jefe de la contrarrevolucionaria UNITA, en la remota esquina sudeste de Angola, a más de mil kilómetros de la capital, con brigadas flamantemente equipadas con armas, tanques y transportadores blindados soviéticos más modernos. Los soldados y oficiales angolanos eran inútilmente sacrificados cuando ya habían penetrado en la profundidad del territorio enemigo, al intervenir las fuerzas aéreas, la artillería de largo alcance y las tropas sudafricanas.
En esta ocasión las brigadas, con grandes pérdidas, habían retrocedido hasta veinte kilómetros de Cuito Cuanavale, antigua base aérea de la OTAN. Fue en ese momento que se ordenó a nuestras fuerzas en Angola el envío de una brigada de tanques a ese punto y se tomó la decisión, por nuestra cuenta, de acabar de una vez con las intervenciones de las fuerzas sudafricanas.
Reforzamos nuestras tropas en Angola desde Cuba: unidades completas, las armas y los medios necesarios para cumplir la tarea. El número de combatientes cubanos superó en esa ocasión la cifra de 55 mil.
La batalla de Cuito Cuanavale, iniciada en noviembre de 1987, se combinó con las unidades que se movían ya en dirección a la frontera de Angola con Namibia, donde se dio la tercera acción de esa importancia.
Cuando se haga una película aún más dramática que la de Kangamba, la historia fílmica recogerá episodios más impresionantes todavía, en que brilló el heroísmo masivo de cubanos y angolanos hasta la derrota humillante del apartheid.
Fue al final de las últimas batallas cuando los combatientes cubanos estuvieron próximos a ser golpeados, esta vez junto a sus hermanos angolanos, por las armas nucleares que el gobierno de Estados Unidos suministró al oprobioso régimen del apartheid.
Sería de rigor producir en su oportunidad una tercera película de la categoría de Kangamba, que nuestro pueblo tiene a su disposición en los cines de Cuba.
Mientras tanto, el imperio se atasca en una crisis económica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que más se habla en estos días.
30 de septiembre de 2008
7 y 40 p.m.
La piedra en el agua magisterial
Octavio Rodríguez Araujo
Las autoridades son muy extrañas: avientan la piedra en el agua y luego se sorprenden de que se formen ondulaciones o pequeñas olas concéntricas.
Lo que hicieron Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo fue tirar la piedra denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y además han querido imponerla a como dé lugar y sin consulta previa ni aceptación de quienes se verían afectados por ese acuerdo absolutamente cupular y antidemocrático. Ambos, Calderón y Gordillo (y los panistas en general), han tenido la costumbre de querer obligar, a quienes supuestamente representan, a admitir sin chistar lo que deciden desde arriba y las cosas no son tan sencillas. La misma Gordillo, en entrevista grabada (audio y video www.reforma.com/galeria_de_audios/15/029731/), reconoció olímpicamente que no hubo consulta. Y en algunos estados, Morelos entre éstos, ni siquiera se informó a la base (informar no es lo mismo que consultar). En esa entrevista ella reconoció que la nueva dirigencia de la sección del magisterio en Morelos (la 19) debió informar a la base y no lo hizo: “se nos pasmó… y no fue a informar a la base”, enfatizó.
Confesión de parte, relevo de pruebas. La ACE se ha querido imponer y el gobierno del estado, en la mesa de diálogo con los representantes magisteriales de base, ha dicho ya que la tal Alianza no está a negociación, no se tocará. ¿Para qué, entonces, el diálogo, si este punto es central en el paro de los profesores y en sus movilizaciones?
En este movimiento, como en muchos otros, ha faltado información o, dicho de otra manera, no se han explicado las razones por las cuales se ha dado. El gobierno y algunos dirigentes magisteriales han presentado la ACE como si fuera un asunto abstracto y neutro, y como el común de la gente no lo conoce se le juzga en positivo o en negativo, sin entender bien a bien qué significa. Una síntesis del contenido de la ACE no sale sobrando. Su objetivo es, así de general: “impulsar una transformación por la calidad educativa”. Su objetivo central, se lee en texto oficial de la ACE (www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion), “es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional”. Así dicho parece algo inobjetable, pero no lo es. Decir que la sociedad haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional es, además de una mala sintaxis, una trampa, pues quienes establecen los parámetros para transformar el mal llamado sistema educativo nacional (que no es sistema) son exclusivamente las autoridades gubernamentales del ramo y la cuestionada presidenta del sindicato magisterial.
Las acciones que se proponen en la ACE son las siguientes: a) Modernización de los centros escolares; b) Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; c) Bienestar y desarrollo integral de los alumnos; d) Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo; y e) Evaluar para mejorar. Los incisos b y e son los que están a discusión, los demás no. ¿Por qué? Porque todos los que estamos más o menos en el medio educativo sabemos qué quiere decir profesionalización y evaluación de los profesores e incluso de los estudiantes mediante ENLACE o Ceneval. Quieren profesionalizar a los maestros al margen de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional; ¿y entonces para qué las crearon? Quieren evaluar a los profesores con criterios de productividad sin tomar en cuenta el nivel general del país y de vastas zonas de pobreza y marginación. Y aún es más sorprendente, para no decir diabólico, el inciso d: formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo (cursivas mías). Esto es una burla: millones de mexicanos no tienen trabajo, no hay empleo y, por si no fuera suficiente, más de 60 por ciento de la población económicamente activa (es decir, en edad de trabajar) está ocupada en la economía informal, precisamente porque no encuentra empleo estable, con salario y con seguridad social.
Hay, sin embargo, algunos aspectos de la lucha de algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que, a juicio de muchos, no deberían de ser demandados, como es el caso de la herencia y/o venta de las plazas, fenómeno que no sólo se dan entre las cúpulas sindicales. Una plaza en un empleo no es un ejido, que se hereda o se vende según deseen sus titulares de acuerdo con las leyes. Tampoco vivimos en una monarquía donde se heredan los títulos o los cargos. Que así se haga entre los profesores afiliados al SNTE no quiere decir que esté bien, es un uso patrimonialista de una plaza y poco ético, como también lo es, para el caso de Morelos, que los enemigos de los profesores en movimiento, precisamente los que están con la ACE, el gobierno y la reaccionaria Asociación de Padres de Familia, exhorten a la población a sustituir en las escuelas a los maestros para impartir las clases suspendidas hasta ahora. ¿Cómo defender la profesionalización del magisterio y al mismo tiempo convocar a la gente común a dar clases sin tener las calificaciones ni la formación profesional para esa función? Un contrasentido, para decirlo suavemente.
En síntesis, cuando se impone una política que afecta a la gente, en este caso a más de un millón de profesores y a millones de alumnos, lo lógico es esperar que haya protestas y que los afectados le pierdan el respeto a las instituciones y terminen por enfrentarse a éstas. ¿De quién es la culpa: de quienes reaccionan a las imposiciones o de quienes llevan éstas a la práctica sin tomar en cuenta a los afectados directos?
Las autoridades son muy extrañas: avientan la piedra en el agua y luego se sorprenden de que se formen ondulaciones o pequeñas olas concéntricas.
Lo que hicieron Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo fue tirar la piedra denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y además han querido imponerla a como dé lugar y sin consulta previa ni aceptación de quienes se verían afectados por ese acuerdo absolutamente cupular y antidemocrático. Ambos, Calderón y Gordillo (y los panistas en general), han tenido la costumbre de querer obligar, a quienes supuestamente representan, a admitir sin chistar lo que deciden desde arriba y las cosas no son tan sencillas. La misma Gordillo, en entrevista grabada (audio y video www.reforma.com/galeria_de_audios/15/029731/), reconoció olímpicamente que no hubo consulta. Y en algunos estados, Morelos entre éstos, ni siquiera se informó a la base (informar no es lo mismo que consultar). En esa entrevista ella reconoció que la nueva dirigencia de la sección del magisterio en Morelos (la 19) debió informar a la base y no lo hizo: “se nos pasmó… y no fue a informar a la base”, enfatizó.
Confesión de parte, relevo de pruebas. La ACE se ha querido imponer y el gobierno del estado, en la mesa de diálogo con los representantes magisteriales de base, ha dicho ya que la tal Alianza no está a negociación, no se tocará. ¿Para qué, entonces, el diálogo, si este punto es central en el paro de los profesores y en sus movilizaciones?
En este movimiento, como en muchos otros, ha faltado información o, dicho de otra manera, no se han explicado las razones por las cuales se ha dado. El gobierno y algunos dirigentes magisteriales han presentado la ACE como si fuera un asunto abstracto y neutro, y como el común de la gente no lo conoce se le juzga en positivo o en negativo, sin entender bien a bien qué significa. Una síntesis del contenido de la ACE no sale sobrando. Su objetivo es, así de general: “impulsar una transformación por la calidad educativa”. Su objetivo central, se lee en texto oficial de la ACE (www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion), “es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional”. Así dicho parece algo inobjetable, pero no lo es. Decir que la sociedad haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional es, además de una mala sintaxis, una trampa, pues quienes establecen los parámetros para transformar el mal llamado sistema educativo nacional (que no es sistema) son exclusivamente las autoridades gubernamentales del ramo y la cuestionada presidenta del sindicato magisterial.
Las acciones que se proponen en la ACE son las siguientes: a) Modernización de los centros escolares; b) Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; c) Bienestar y desarrollo integral de los alumnos; d) Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo; y e) Evaluar para mejorar. Los incisos b y e son los que están a discusión, los demás no. ¿Por qué? Porque todos los que estamos más o menos en el medio educativo sabemos qué quiere decir profesionalización y evaluación de los profesores e incluso de los estudiantes mediante ENLACE o Ceneval. Quieren profesionalizar a los maestros al margen de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional; ¿y entonces para qué las crearon? Quieren evaluar a los profesores con criterios de productividad sin tomar en cuenta el nivel general del país y de vastas zonas de pobreza y marginación. Y aún es más sorprendente, para no decir diabólico, el inciso d: formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo (cursivas mías). Esto es una burla: millones de mexicanos no tienen trabajo, no hay empleo y, por si no fuera suficiente, más de 60 por ciento de la población económicamente activa (es decir, en edad de trabajar) está ocupada en la economía informal, precisamente porque no encuentra empleo estable, con salario y con seguridad social.
Hay, sin embargo, algunos aspectos de la lucha de algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que, a juicio de muchos, no deberían de ser demandados, como es el caso de la herencia y/o venta de las plazas, fenómeno que no sólo se dan entre las cúpulas sindicales. Una plaza en un empleo no es un ejido, que se hereda o se vende según deseen sus titulares de acuerdo con las leyes. Tampoco vivimos en una monarquía donde se heredan los títulos o los cargos. Que así se haga entre los profesores afiliados al SNTE no quiere decir que esté bien, es un uso patrimonialista de una plaza y poco ético, como también lo es, para el caso de Morelos, que los enemigos de los profesores en movimiento, precisamente los que están con la ACE, el gobierno y la reaccionaria Asociación de Padres de Familia, exhorten a la población a sustituir en las escuelas a los maestros para impartir las clases suspendidas hasta ahora. ¿Cómo defender la profesionalización del magisterio y al mismo tiempo convocar a la gente común a dar clases sin tener las calificaciones ni la formación profesional para esa función? Un contrasentido, para decirlo suavemente.
En síntesis, cuando se impone una política que afecta a la gente, en este caso a más de un millón de profesores y a millones de alumnos, lo lógico es esperar que haya protestas y que los afectados le pierdan el respeto a las instituciones y terminen por enfrentarse a éstas. ¿De quién es la culpa: de quienes reaccionan a las imposiciones o de quienes llevan éstas a la práctica sin tomar en cuenta a los afectados directos?
Hoy no se fía, mañana sí
Adolfo Sánchez Rebolledo
¿A qué le llamarán crisis nuestros gobernantes y “líderes de opinión” que pueblan las pantallas? La verdad no los entiendo. Es un hecho que sobre el país han caído varias desgracias simultáneas a modo de las bíblicas siete plagas, pero la bolsa de optimismo con que la administración actual tapa los designios amargos de la realidad sigue intacta.
El presidente fue a la ONU a hablar de terrorismo al tiempo que se derrumbaba Wall Street, pero ni por un momento se le ocurrió unir ambos extremos en un intento dialéctico de comprender mejor los límites de las dificultades nacionales. Para él no hay crisis. Las turbulencias son parte de la normalidad. Desde la perspectiva del voluntarismo dominante no hay imposibles. El don de la palabra, la fe en los medios y la prueba suprema de las encuestas bastan para superar todos los obstáculos, así prevalezca la inmadurez o la franca mediocridad de los nuevos conductores. Basta con declararle la guerra al narcotráfico o decretar el fin de la pobreza o la normalidad de la democracia, para que las cosas ocurran.
La vida real, por desgracia, es muy otra y en ella los afeites verbales sólo exaltan los feos defectos de las cosas. Por ejemplo: el deseo de cambiar “desde arriba” la educación, cuyo desastre es inocultable, no puede evadir con retórica años de prácticas de abusos y verticalismo. Si los fines de la llamada Alianza por la Educación fueran correctos, ¿por qué negarse a instrumentarlos con los maestros y no contra ellos, a discutir sus ventajas sin imposiciones sindicales, a verificar las condiciones regionales, a reconocer la diversidad y eliminar las excrecencias heredadas por medio siglo de corrupción? ¿Por qué el gobierno se pliega a la camarilla de la maestra, declinando sus propias responsabilidades en materia educativa?
Según se ve, los panistas también creen que el fin justifica los medios. ¿Para qué gastar tiempo y dinero en consultas distractoras si un buen acuerdo cupular es lo más eficiente y productivo? Pero, ¡oh sorpresa!, la sociedad quiere cambiar la educación, la salud, la economía, la cultura, la seguridad pública, aunque no está dispuesta a aceptar que todos los métodos son iguales: ahora exige una clara correspondencia entre medios y fines, de modo que prevalezca la transparencia y en los grandes temas se escuchen todas las voces. Lograrlo, naturalmente, requiere cambios democráticos que la autoridad no tiene en su agenda.
Las inconsistencias del gobierno, por llamarlas de algún modo, parten de un supuesto que falsea su labor: la creencia errónea de que la pírrica victoria del 2006, otorgada (sin multas de por medio) por el Tribunal Electoral, concede al Ejecutivo la posibilidad de actuar sin escuchar a quienes disienten o incluso consideran nula su legitimidad, como si hubieran dejado de ser ciudadanos. La democracia, dicen, está hecha y no hay que andar buscándole cinco pies al gato. Prefieren no escuchar. En parte, la impotencia gubernamental para actuar en la coyuntura depende de esta oxidada interpretación de la legalidad y el “estado de derecho”. La mayoría manda, así se construya con base en componendas minoritarias entre grupos de interés o de escandalosas manipulaciones de la “opinión publica”.
Veamos, por ejemplo, el caso de la reforma mal llamada energética. Se dirá lo que se quiera respecto a López Obrador y los suyos, pero lo cierto es que sin sus tempranas voces de alarma, sabríamos menos del asunto y, quizá, ya se hubieran aprobado cambios de los que difícilmente podríamos sentirnos orgullosos. Parece una exageración, pero hoy tenemos una conciencia más equilibrada y profunda sobre este tema de importancia nacional. Sin embargo, el único que no ha cambiado un ápice es el gobierno, cuya insistencia en la reforma se ha tornado cada vez más patética, pues en aras de no fracasar en la aprobación de (casi) cualquier iniciativa que respalde el neocontratismo privatizador, desprecia los gestos de acercamiento que eventualmente podrían decantar mayores conflictos potenciales y desestima con cajas destempladas el ofrecimiento de trabajar aquí y ahora en un plan de salvamento de Pemex que blinde a la economía nacional de las inevitables influencias negativas globales. Sin visión de Estado, quieren su reformita. Es la panacea imaginada, el remedio universal para todos los males, aunque deje en suspenso el futuro nacional.
En lo inmediato, el gobierno quiere salvar el principio de autoridad presidencial, los compromisos previamente establecidos. Y a esa defensa de la modernidad neoliberal (ahora en crisis) se suma el trust bipartidista local, la ambición de los grupos de interés (gobernadores hambrientos de un trozo de renta); la voracidad de los intermediarios que fungen como “empresarios nacionales” y, sobre todo, la sumisión ideológica de los cuadros de elite formados para identificar las libertades democráticas con el mercado.
Hoy es 2 de octubre. México ha cambiado. No todo ni tanto como hubiera sido deseable en 40 años. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y hay razones suficientes para mirar el camino con orgullo, aunque no quepa la autocomplacencia. Ganamos batallas muy importantes en términos de las libertades democráticas, pero la democracia realmente existente cojea o hace agua por varios flancos. La sociedad es tan desigual como antes, aunque de otra manera. Seguimos sin aceptar a fondo la diversidad. Y la “cuestión social” se relega al segundo plano de la gobernabilidad económica. Las elites quieren la modernidad sobre el volcán de las carencias de la mayoría, sin un verdadero proyecto nacional. Por eso, imaginariamente, cada día la autoridad responde a la ciudadanía con un letrero semejante al que sus dueños ponen en las misceláneas. “Hoy no se fía, mañana sí”.
P. D. Al otorgar por unanimidad la medalla Belisario Domínguez a Miguel Angel Granados Chapa el Senado se honra a sí mismo y nos enorgullece a todos.
¿A qué le llamarán crisis nuestros gobernantes y “líderes de opinión” que pueblan las pantallas? La verdad no los entiendo. Es un hecho que sobre el país han caído varias desgracias simultáneas a modo de las bíblicas siete plagas, pero la bolsa de optimismo con que la administración actual tapa los designios amargos de la realidad sigue intacta.
El presidente fue a la ONU a hablar de terrorismo al tiempo que se derrumbaba Wall Street, pero ni por un momento se le ocurrió unir ambos extremos en un intento dialéctico de comprender mejor los límites de las dificultades nacionales. Para él no hay crisis. Las turbulencias son parte de la normalidad. Desde la perspectiva del voluntarismo dominante no hay imposibles. El don de la palabra, la fe en los medios y la prueba suprema de las encuestas bastan para superar todos los obstáculos, así prevalezca la inmadurez o la franca mediocridad de los nuevos conductores. Basta con declararle la guerra al narcotráfico o decretar el fin de la pobreza o la normalidad de la democracia, para que las cosas ocurran.
La vida real, por desgracia, es muy otra y en ella los afeites verbales sólo exaltan los feos defectos de las cosas. Por ejemplo: el deseo de cambiar “desde arriba” la educación, cuyo desastre es inocultable, no puede evadir con retórica años de prácticas de abusos y verticalismo. Si los fines de la llamada Alianza por la Educación fueran correctos, ¿por qué negarse a instrumentarlos con los maestros y no contra ellos, a discutir sus ventajas sin imposiciones sindicales, a verificar las condiciones regionales, a reconocer la diversidad y eliminar las excrecencias heredadas por medio siglo de corrupción? ¿Por qué el gobierno se pliega a la camarilla de la maestra, declinando sus propias responsabilidades en materia educativa?
Según se ve, los panistas también creen que el fin justifica los medios. ¿Para qué gastar tiempo y dinero en consultas distractoras si un buen acuerdo cupular es lo más eficiente y productivo? Pero, ¡oh sorpresa!, la sociedad quiere cambiar la educación, la salud, la economía, la cultura, la seguridad pública, aunque no está dispuesta a aceptar que todos los métodos son iguales: ahora exige una clara correspondencia entre medios y fines, de modo que prevalezca la transparencia y en los grandes temas se escuchen todas las voces. Lograrlo, naturalmente, requiere cambios democráticos que la autoridad no tiene en su agenda.
Las inconsistencias del gobierno, por llamarlas de algún modo, parten de un supuesto que falsea su labor: la creencia errónea de que la pírrica victoria del 2006, otorgada (sin multas de por medio) por el Tribunal Electoral, concede al Ejecutivo la posibilidad de actuar sin escuchar a quienes disienten o incluso consideran nula su legitimidad, como si hubieran dejado de ser ciudadanos. La democracia, dicen, está hecha y no hay que andar buscándole cinco pies al gato. Prefieren no escuchar. En parte, la impotencia gubernamental para actuar en la coyuntura depende de esta oxidada interpretación de la legalidad y el “estado de derecho”. La mayoría manda, así se construya con base en componendas minoritarias entre grupos de interés o de escandalosas manipulaciones de la “opinión publica”.
Veamos, por ejemplo, el caso de la reforma mal llamada energética. Se dirá lo que se quiera respecto a López Obrador y los suyos, pero lo cierto es que sin sus tempranas voces de alarma, sabríamos menos del asunto y, quizá, ya se hubieran aprobado cambios de los que difícilmente podríamos sentirnos orgullosos. Parece una exageración, pero hoy tenemos una conciencia más equilibrada y profunda sobre este tema de importancia nacional. Sin embargo, el único que no ha cambiado un ápice es el gobierno, cuya insistencia en la reforma se ha tornado cada vez más patética, pues en aras de no fracasar en la aprobación de (casi) cualquier iniciativa que respalde el neocontratismo privatizador, desprecia los gestos de acercamiento que eventualmente podrían decantar mayores conflictos potenciales y desestima con cajas destempladas el ofrecimiento de trabajar aquí y ahora en un plan de salvamento de Pemex que blinde a la economía nacional de las inevitables influencias negativas globales. Sin visión de Estado, quieren su reformita. Es la panacea imaginada, el remedio universal para todos los males, aunque deje en suspenso el futuro nacional.
En lo inmediato, el gobierno quiere salvar el principio de autoridad presidencial, los compromisos previamente establecidos. Y a esa defensa de la modernidad neoliberal (ahora en crisis) se suma el trust bipartidista local, la ambición de los grupos de interés (gobernadores hambrientos de un trozo de renta); la voracidad de los intermediarios que fungen como “empresarios nacionales” y, sobre todo, la sumisión ideológica de los cuadros de elite formados para identificar las libertades democráticas con el mercado.
Hoy es 2 de octubre. México ha cambiado. No todo ni tanto como hubiera sido deseable en 40 años. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y hay razones suficientes para mirar el camino con orgullo, aunque no quepa la autocomplacencia. Ganamos batallas muy importantes en términos de las libertades democráticas, pero la democracia realmente existente cojea o hace agua por varios flancos. La sociedad es tan desigual como antes, aunque de otra manera. Seguimos sin aceptar a fondo la diversidad. Y la “cuestión social” se relega al segundo plano de la gobernabilidad económica. Las elites quieren la modernidad sobre el volcán de las carencias de la mayoría, sin un verdadero proyecto nacional. Por eso, imaginariamente, cada día la autoridad responde a la ciudadanía con un letrero semejante al que sus dueños ponen en las misceláneas. “Hoy no se fía, mañana sí”.
P. D. Al otorgar por unanimidad la medalla Belisario Domínguez a Miguel Angel Granados Chapa el Senado se honra a sí mismo y nos enorgullece a todos.
1968: lo que el viento nos dejó
Víctor M. Toledo
Cuatro décadas. Cuatro ráfagas que sin querer dejaron huellas indelebles y eternas. Y la memoria sigue viva. Y el recuerdo sigue latiendo como el corazón de un gigante. No obstante que fui actor, testigo y propulsor de ese movimiento civil y político, casi nada escribí sobre el 68, salvo un ensayo político literario publicado un año después en la Revista de la Universidad de México, y dos poemas que Marco Antonio Campos incluyó en una antología en 1980. Lo que sí dije siempre, con orgullo y pasión, es que formo parte de “la generación que levantó los adoquines del mundo”, no sólo para mirar al mar, sino para volverlo eterno. Tan estremecedores fueron esos días, que al igual que muchos otros quedé atado, y para siempre, a una generación, a un sueño, a un compromiso, a un nacimiento y a un comienzo de historia. Hoy, 40 años después, me siguen resonando las manifestaciones silenciosas, las huidas de la represión del ejército, la fuerza de nuestras voces jóvenes formando un entramado indestructible, las asambleas efervescentes, nuestro derecho a cuestionar.
Hoy, los vendavales y las ventiscas de estos 40 años se han llevado infinidad de detalles, vivencias, percepciones, asombros y muchos ecos. También el viento se llevó a dirigentes notables, quienes fueron rápidamente devorados por el “orden y el progreso”, y acabaron convertidos en funcionarios públicos, ministros, subsecretarios, expertos internacionales, locutores del régimen, jilgueros, intelectuales reaccionarios, cómodos adoradores de la normalidad. Mas es, sin embargo, lo que el viento nos dejó. Alcanzo a vislumbrar cuatro enormes y trascendentes legados, que llegan enteros e intocados: i) la democracia y los derechos humanos como eje y basamento de la protesta social, ii) el nacimiento de la sociedad civil de México, iii) la universalización de lo mexicano, y iv) una suerte de “seguridad histórica”.
Con una historia casi eterna de tlatoanis (déspotas), que se mide en miles de años porque hunde sus raíces en la antigua Mesoamérica, México no alcanza aún a romper esa tradición ominosa, no consigue convertirse en un país verdaderamente democrático. Los fraudes electorales de 1988 y de 2006 mantienen vigente lo vivido en 1968. A principios de los años 60, en la UNAM, el Politécnico y otras universidades, aquellos jóvenes, nosotros, vivimos y practicamos a pequeña escala el sueño de la democracia. Las “sociedades de alumnos” de cada escuela y facultad se regían por los comités ejecutivos con duración de un año, elegidos por voto directo y el libre juego de planillas. Supimos entonces lo que era la discusión pública de proyectos, las elecciones y la asamblea como medio supremo de todo plebiscito. Todo ello a pesar del régimen, autoritario y corporativo, del partido único, de la “democracia perfecta”. El Consejo General de Huelga fue entonces no una comuna estudiantil, sino una “asamblea de asambleas” de escala nacional.
La segunda aportación tiene que ver con el surgimiento de la sociedad civil. En una época donde toda actividad política estaba bajo el control corporativo del partido convertido en gobierno y viceversa, no existían más que excepcionalmente cuerpos organizados realmente independientes y soberanos. Sindicatos, uniones campesinas, agrupaciones sociales, núcleos de profesionistas, e incluso los otros “partidos políticos” (salvo el PAN y el Partido Comunista en la clandestinidad) se movían en función del aparato de poder. El movimiento estudiantil que paralizó al país en unas cuantas semanas, rompió décadas, si no es que siglos, de sujeción de la ciudadanía no partidaria o sindical, y se hizo la voz de un nuevo sector de la sociedad mexicana: la emergente clase media.
El 68 marca también el inicio de la integración de México al mundo de manera doble: por la insurgencia juvenil, que conecta a toda una generación con sus contrapartes de Francia, Checoeslovaquia, Alemania, Estados Unidos, Argentina... y por los Juegos Olímpicos que pusieron las miradas del mundo en la sociedad mexicana. Aún mantengo nítida una escena: Marcelino Perelló, dirigente, 21 años, ofreciendo una conferencia de prensa en la explanada de la Facultad de Ciencias de la UNAM ante decenas de cámaras y micrófonos de los periodistas venidos de todas partes del mundo. Como todo parto, la entrada de México al mundo fue un acto inmensamente doloroso (Tlaltelolco) que devino celebración (las Olimpiadas). En unos cuantos días, los mexicanos nos hicimos universales, es decir, parte del mundo.
El movimiento del 68 también dotó a mi generación de una cierta “seguridad histórica”, de una nueva capacidad para tomar distancia frente a la abrumadora inmediatez de la realidad. Esta habilidad para mirar a distancia, ha sido la fórmula secreta que promovió todo un alud de aportes. Las innumerables innovaciones mexicanas de las últimas décadas en ciencias, artes (incluido el cine), humanidades y tecnología, reconocidas mundialmente proceden, a mi juicio, de ese nuevo rasgo. El 68, fue nuestra prueba de fuego, pero también el blindaje que necesitábamos para desafiar. Nos volvimos irreverentes y atrevidos, y fue esa actitud ya atemperada la que nos dio una plataforma firme para la innovación.
Todo recuerdo se piensa y se siente. Para quienes en plena adolescencia vivimos el 68, su recuerdo es un nudo del que jamás nos libraremos. Un nudo en la garganta y en el vientre. Un trauma y una fiesta. Ahí nacimos como generación y esto es lo que nos mantiene vivos y vigentes. La resistencia ciudadana y las batallas por la democracia y los derechos esenciales de hoy se nutren, mediante vasos comunicantes profundos e invisibles, del 68. Lo que vendrá también. En el molino lento de la historia cuatro décadas no son más que un suspiro. Los seres humanos, hay que aceptarlo, vivimos atrapados por la cortedad de nuestra propia existencia. Y, sin embargo, acudir a la memoria siempre será un acto heroico, una tarea obligada y una acción trascendente.
Cuatro décadas. Cuatro ráfagas que sin querer dejaron huellas indelebles y eternas. Y la memoria sigue viva. Y el recuerdo sigue latiendo como el corazón de un gigante. No obstante que fui actor, testigo y propulsor de ese movimiento civil y político, casi nada escribí sobre el 68, salvo un ensayo político literario publicado un año después en la Revista de la Universidad de México, y dos poemas que Marco Antonio Campos incluyó en una antología en 1980. Lo que sí dije siempre, con orgullo y pasión, es que formo parte de “la generación que levantó los adoquines del mundo”, no sólo para mirar al mar, sino para volverlo eterno. Tan estremecedores fueron esos días, que al igual que muchos otros quedé atado, y para siempre, a una generación, a un sueño, a un compromiso, a un nacimiento y a un comienzo de historia. Hoy, 40 años después, me siguen resonando las manifestaciones silenciosas, las huidas de la represión del ejército, la fuerza de nuestras voces jóvenes formando un entramado indestructible, las asambleas efervescentes, nuestro derecho a cuestionar.
Hoy, los vendavales y las ventiscas de estos 40 años se han llevado infinidad de detalles, vivencias, percepciones, asombros y muchos ecos. También el viento se llevó a dirigentes notables, quienes fueron rápidamente devorados por el “orden y el progreso”, y acabaron convertidos en funcionarios públicos, ministros, subsecretarios, expertos internacionales, locutores del régimen, jilgueros, intelectuales reaccionarios, cómodos adoradores de la normalidad. Mas es, sin embargo, lo que el viento nos dejó. Alcanzo a vislumbrar cuatro enormes y trascendentes legados, que llegan enteros e intocados: i) la democracia y los derechos humanos como eje y basamento de la protesta social, ii) el nacimiento de la sociedad civil de México, iii) la universalización de lo mexicano, y iv) una suerte de “seguridad histórica”.
Con una historia casi eterna de tlatoanis (déspotas), que se mide en miles de años porque hunde sus raíces en la antigua Mesoamérica, México no alcanza aún a romper esa tradición ominosa, no consigue convertirse en un país verdaderamente democrático. Los fraudes electorales de 1988 y de 2006 mantienen vigente lo vivido en 1968. A principios de los años 60, en la UNAM, el Politécnico y otras universidades, aquellos jóvenes, nosotros, vivimos y practicamos a pequeña escala el sueño de la democracia. Las “sociedades de alumnos” de cada escuela y facultad se regían por los comités ejecutivos con duración de un año, elegidos por voto directo y el libre juego de planillas. Supimos entonces lo que era la discusión pública de proyectos, las elecciones y la asamblea como medio supremo de todo plebiscito. Todo ello a pesar del régimen, autoritario y corporativo, del partido único, de la “democracia perfecta”. El Consejo General de Huelga fue entonces no una comuna estudiantil, sino una “asamblea de asambleas” de escala nacional.
La segunda aportación tiene que ver con el surgimiento de la sociedad civil. En una época donde toda actividad política estaba bajo el control corporativo del partido convertido en gobierno y viceversa, no existían más que excepcionalmente cuerpos organizados realmente independientes y soberanos. Sindicatos, uniones campesinas, agrupaciones sociales, núcleos de profesionistas, e incluso los otros “partidos políticos” (salvo el PAN y el Partido Comunista en la clandestinidad) se movían en función del aparato de poder. El movimiento estudiantil que paralizó al país en unas cuantas semanas, rompió décadas, si no es que siglos, de sujeción de la ciudadanía no partidaria o sindical, y se hizo la voz de un nuevo sector de la sociedad mexicana: la emergente clase media.
El 68 marca también el inicio de la integración de México al mundo de manera doble: por la insurgencia juvenil, que conecta a toda una generación con sus contrapartes de Francia, Checoeslovaquia, Alemania, Estados Unidos, Argentina... y por los Juegos Olímpicos que pusieron las miradas del mundo en la sociedad mexicana. Aún mantengo nítida una escena: Marcelino Perelló, dirigente, 21 años, ofreciendo una conferencia de prensa en la explanada de la Facultad de Ciencias de la UNAM ante decenas de cámaras y micrófonos de los periodistas venidos de todas partes del mundo. Como todo parto, la entrada de México al mundo fue un acto inmensamente doloroso (Tlaltelolco) que devino celebración (las Olimpiadas). En unos cuantos días, los mexicanos nos hicimos universales, es decir, parte del mundo.
El movimiento del 68 también dotó a mi generación de una cierta “seguridad histórica”, de una nueva capacidad para tomar distancia frente a la abrumadora inmediatez de la realidad. Esta habilidad para mirar a distancia, ha sido la fórmula secreta que promovió todo un alud de aportes. Las innumerables innovaciones mexicanas de las últimas décadas en ciencias, artes (incluido el cine), humanidades y tecnología, reconocidas mundialmente proceden, a mi juicio, de ese nuevo rasgo. El 68, fue nuestra prueba de fuego, pero también el blindaje que necesitábamos para desafiar. Nos volvimos irreverentes y atrevidos, y fue esa actitud ya atemperada la que nos dio una plataforma firme para la innovación.
Todo recuerdo se piensa y se siente. Para quienes en plena adolescencia vivimos el 68, su recuerdo es un nudo del que jamás nos libraremos. Un nudo en la garganta y en el vientre. Un trauma y una fiesta. Ahí nacimos como generación y esto es lo que nos mantiene vivos y vigentes. La resistencia ciudadana y las batallas por la democracia y los derechos esenciales de hoy se nutren, mediante vasos comunicantes profundos e invisibles, del 68. Lo que vendrá también. En el molino lento de la historia cuatro décadas no son más que un suspiro. Los seres humanos, hay que aceptarlo, vivimos atrapados por la cortedad de nuestra propia existencia. Y, sin embargo, acudir a la memoria siempre será un acto heroico, una tarea obligada y una acción trascendente.
En "el país de no pasa nada"
Carlos Fernández-Vega
Ya que el gobierno calderonista –según sesuda declaración de su “secretario” de Economía, Gerardo Ruiz Mateos– considera “ocioso” tomar medidas ante los efectos recesivos y de la crisis financiera en Estados Unidos, porque aquí “no pasa nada”, parece que algunas mentes, no brillantes pero sí prácticas, en la Cámara de Diputados ya tomaron la decisión de actuar, ante el inmovilismo del inquilino de Los Pinos y su grotesco gabinetazo de patos salvajes (versión corregida y aumentada).
Dicho sea de paso, ya que no tiene la menor intención de quitarle el hueso a los amigos íntimos, el inquilino de Los Pinos debería ayudarse, y de paso al país, y guardar en lo más profundo de una caja fuerte de triple combinación a su “secretario” de Economía, quien de plano no sólo dice sandeces de gran calado, sino que las repite, colecciona y presume. Háganse un favor: ya que no lo van a remover, no lo exhiban; respeten a los mexicanos, aunque sea un poquito. Es inverosímil: nada aprendieron de la desastrosa experiencia Fox.
La creatividad del supuesto pastor de la “continuidad” y sus patos salvajes es verdaderamente envidiable: al “catarrito y a la “gripa” (los respectivos derechos de autor corresponden a Agustín Carstens y Felipe Calderón), se añade el “ocio” (Gerardo Ruiz Mateos dixit) como política de gobierno para hacer frente a los innegables cuan contundentes efectos negativos de la sacudida en Estados Unidos. Ya se conocen los resultados de frases anteriores: “presidente del empleo”, “goliza al crimen organizado”, “navío de gran calado”, “cifras históricas de empleos generados”, “educación de gran calidad”, “combatiremos los monopolios”, etcétera, etcétera, pero insisten. Patéticos, sencillamente, patéticos.
En fin, como el gobierno calderonista carece de estrategia, por la sencilla razón de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, y primero habría que “ver cuál es el impacto del sistema financiero americano en los bolsillos” de los mexicanos (¡premio Neurona de Oro para Ruiz Mateos!), entonces diferentes legisladores “ociosos” adelantaron que la Cámara de Diputados recortará las metas económicas planteadas por el gobierno federal para 2009, debido a la crisis financiera de Estados Unidos. De entrada reducirán el “muy ambicioso” pronóstico de “crecimiento” del producto interno bruto (3 por ciento, según la Secretaría de Hacienda) para denigrarlo a 2 o, incluso, uno por ciento, amén de ajustar al alza el tipo de cambio y la estimación inflacionaria, así como a la baja el precio del barril de petróleo de exportación. La de por sí deteriorada perspectiva de generación de empleo resulta más que golpeada. Además, como resulta obvio para todos, menos para los del “catarrito”, la “gripa” y el “ocio”, la recaudación fiscal reportará una “minusvalía” (como ahora le llaman a las pérdidas en el ahorro de los trabajadores), principalmente en IETU (apenas aprobado a finales de 2007), IVA e ISR.
Como se lee, el mensaje del “secretario” de Economía, amigo de los amigos, fue muy bien recibido por los legisladores. Pero no sólo entre ellos. El martes pasado, Ruiz Mateos también metió las manos al fuego en defensa del sistema financiero que opera en el país, toda vez que es “tan sólido que la semana pasada en Wall Street los analistas con los cuales él y Calderón platicaron en su visita a Nueva York ´no dejaron de admirar´ la estabilidad mexicana, ´y dijeron: ojalá y nosotros hubiéramos hecho lo mismo´” (La Jornada).
Pues bien, tanta confianza generó la declaración del íntimo de Los Pinos, de corte eminentemente foxista (Sojo no lo hubiera hecho mejor), que de inmediato se manifestó el presidente de la Asociación de Bancos (en) de México, Enrique Castillo: “bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que el país no se verá afectado por la crisis financiera… México no está aislado y no va a ser la excepción… El único pronóstico que me atrevo a hacer es que el escenario se va a volver más complicado para todos… después de lo que está pasando, hay que aprenderse esta frase: nada es imposible” (La Jornada, Roberto González Amador).
Alguien tendría que decirle a Ruiz Mateos en qué país vive. Grábese su discurso en letras de oro, con riguroso sic: “es increíble salir del país y estar en el país fuera del ámbito político, del ámbito en el que estamos aquí, ver cómo nos ven de afuera, como un país de grandes oportunidades, un país que tiene todo por delante, un país que tiene una gente maravillosa… México es un país donde quienes han venido a invertir son los que mejores salarios pagan. Tienen en México sus empresas, las plantas más productivas del mundo y es gracias a su gente… México tiene una posición geográfica inigualable para el comercio de bienes y evidentemente lo que están viendo es la firmeza del presidente para enfrentar un problema, difícil, pero un problema que se va a solucionar… Todo esto lo ven fuera y por ello no han bajado los flujos de inversión, ya que es mucho más pesimista lo que vemos los mexicanos dentro de lo que ve la gente fuera de México… Nos dicen optimistas, no; queremos ver el México que queremos ver, no queremos ver un México derrotado, el México con problemas, queremos ver el México del futuro, y ellos lo están viendo… Es cosa de que veamos mucho más positivo al país, y seguramente habrá oportunidades para mexicanos y extranjeros, porque este país tiene todavía muchísimo que darnos a todos los mexicanos, para mejorar el nivel de vida de los mexicanos” (¡Ufff!, hay bodrios pero este es de colección; Sojo reloaded).
Qué bueno, porque de entrada la proyección oficial para 2008 estima que la inversión extranjera directa cerrará el año con una caída cercana al 16 por ciento, en comparación con lo registrado en 2007. De hecho, al primer semestre el monto de IED resultó 19 por ciento inferior al de igual periodo de un año antes, y si se desmenuza la información de la propia Secretaría de Economía las nuevas inversiones de capital foráneo entre enero y junio sólo sumaron 2 mil 74 millones de dólares, contra 11 mil 688 millones en el mismo lapso de 2007.
Y como cereza del “catarrito”, la “gripa” y el “ocio”, las remesas cayeron 12 por ciento en agosto pasado, la peor caída mensual en diez años.
Las rebanadas del pastel
Y el cómodo gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, junto con el “secretario” de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, también pueden presumir que es “ocioso” reunirse con Ramiro Guillén Tapia, porque éste finalmente murió luego de prenderse fuego el pasado martes en protesta por las 107 audiencias “fallidas” con el priísta, producto de la “cancelación” de las citas por parte del suertudo ganador de la Lotería. Es una verdadera vergüenza la actitud del que se supone es mandatario estatal, al igual que la del fantasma que dice despachar en la SRA… 2 de octubre no se olvida.
Ya que el gobierno calderonista –según sesuda declaración de su “secretario” de Economía, Gerardo Ruiz Mateos– considera “ocioso” tomar medidas ante los efectos recesivos y de la crisis financiera en Estados Unidos, porque aquí “no pasa nada”, parece que algunas mentes, no brillantes pero sí prácticas, en la Cámara de Diputados ya tomaron la decisión de actuar, ante el inmovilismo del inquilino de Los Pinos y su grotesco gabinetazo de patos salvajes (versión corregida y aumentada).
Dicho sea de paso, ya que no tiene la menor intención de quitarle el hueso a los amigos íntimos, el inquilino de Los Pinos debería ayudarse, y de paso al país, y guardar en lo más profundo de una caja fuerte de triple combinación a su “secretario” de Economía, quien de plano no sólo dice sandeces de gran calado, sino que las repite, colecciona y presume. Háganse un favor: ya que no lo van a remover, no lo exhiban; respeten a los mexicanos, aunque sea un poquito. Es inverosímil: nada aprendieron de la desastrosa experiencia Fox.
La creatividad del supuesto pastor de la “continuidad” y sus patos salvajes es verdaderamente envidiable: al “catarrito y a la “gripa” (los respectivos derechos de autor corresponden a Agustín Carstens y Felipe Calderón), se añade el “ocio” (Gerardo Ruiz Mateos dixit) como política de gobierno para hacer frente a los innegables cuan contundentes efectos negativos de la sacudida en Estados Unidos. Ya se conocen los resultados de frases anteriores: “presidente del empleo”, “goliza al crimen organizado”, “navío de gran calado”, “cifras históricas de empleos generados”, “educación de gran calidad”, “combatiremos los monopolios”, etcétera, etcétera, pero insisten. Patéticos, sencillamente, patéticos.
En fin, como el gobierno calderonista carece de estrategia, por la sencilla razón de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, y primero habría que “ver cuál es el impacto del sistema financiero americano en los bolsillos” de los mexicanos (¡premio Neurona de Oro para Ruiz Mateos!), entonces diferentes legisladores “ociosos” adelantaron que la Cámara de Diputados recortará las metas económicas planteadas por el gobierno federal para 2009, debido a la crisis financiera de Estados Unidos. De entrada reducirán el “muy ambicioso” pronóstico de “crecimiento” del producto interno bruto (3 por ciento, según la Secretaría de Hacienda) para denigrarlo a 2 o, incluso, uno por ciento, amén de ajustar al alza el tipo de cambio y la estimación inflacionaria, así como a la baja el precio del barril de petróleo de exportación. La de por sí deteriorada perspectiva de generación de empleo resulta más que golpeada. Además, como resulta obvio para todos, menos para los del “catarrito”, la “gripa” y el “ocio”, la recaudación fiscal reportará una “minusvalía” (como ahora le llaman a las pérdidas en el ahorro de los trabajadores), principalmente en IETU (apenas aprobado a finales de 2007), IVA e ISR.
Como se lee, el mensaje del “secretario” de Economía, amigo de los amigos, fue muy bien recibido por los legisladores. Pero no sólo entre ellos. El martes pasado, Ruiz Mateos también metió las manos al fuego en defensa del sistema financiero que opera en el país, toda vez que es “tan sólido que la semana pasada en Wall Street los analistas con los cuales él y Calderón platicaron en su visita a Nueva York ´no dejaron de admirar´ la estabilidad mexicana, ´y dijeron: ojalá y nosotros hubiéramos hecho lo mismo´” (La Jornada).
Pues bien, tanta confianza generó la declaración del íntimo de Los Pinos, de corte eminentemente foxista (Sojo no lo hubiera hecho mejor), que de inmediato se manifestó el presidente de la Asociación de Bancos (en) de México, Enrique Castillo: “bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que el país no se verá afectado por la crisis financiera… México no está aislado y no va a ser la excepción… El único pronóstico que me atrevo a hacer es que el escenario se va a volver más complicado para todos… después de lo que está pasando, hay que aprenderse esta frase: nada es imposible” (La Jornada, Roberto González Amador).
Alguien tendría que decirle a Ruiz Mateos en qué país vive. Grábese su discurso en letras de oro, con riguroso sic: “es increíble salir del país y estar en el país fuera del ámbito político, del ámbito en el que estamos aquí, ver cómo nos ven de afuera, como un país de grandes oportunidades, un país que tiene todo por delante, un país que tiene una gente maravillosa… México es un país donde quienes han venido a invertir son los que mejores salarios pagan. Tienen en México sus empresas, las plantas más productivas del mundo y es gracias a su gente… México tiene una posición geográfica inigualable para el comercio de bienes y evidentemente lo que están viendo es la firmeza del presidente para enfrentar un problema, difícil, pero un problema que se va a solucionar… Todo esto lo ven fuera y por ello no han bajado los flujos de inversión, ya que es mucho más pesimista lo que vemos los mexicanos dentro de lo que ve la gente fuera de México… Nos dicen optimistas, no; queremos ver el México que queremos ver, no queremos ver un México derrotado, el México con problemas, queremos ver el México del futuro, y ellos lo están viendo… Es cosa de que veamos mucho más positivo al país, y seguramente habrá oportunidades para mexicanos y extranjeros, porque este país tiene todavía muchísimo que darnos a todos los mexicanos, para mejorar el nivel de vida de los mexicanos” (¡Ufff!, hay bodrios pero este es de colección; Sojo reloaded).
Qué bueno, porque de entrada la proyección oficial para 2008 estima que la inversión extranjera directa cerrará el año con una caída cercana al 16 por ciento, en comparación con lo registrado en 2007. De hecho, al primer semestre el monto de IED resultó 19 por ciento inferior al de igual periodo de un año antes, y si se desmenuza la información de la propia Secretaría de Economía las nuevas inversiones de capital foráneo entre enero y junio sólo sumaron 2 mil 74 millones de dólares, contra 11 mil 688 millones en el mismo lapso de 2007.
Y como cereza del “catarrito”, la “gripa” y el “ocio”, las remesas cayeron 12 por ciento en agosto pasado, la peor caída mensual en diez años.
Las rebanadas del pastel
Y el cómodo gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, junto con el “secretario” de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, también pueden presumir que es “ocioso” reunirse con Ramiro Guillén Tapia, porque éste finalmente murió luego de prenderse fuego el pasado martes en protesta por las 107 audiencias “fallidas” con el priísta, producto de la “cancelación” de las citas por parte del suertudo ganador de la Lotería. Es una verdadera vergüenza la actitud del que se supone es mandatario estatal, al igual que la del fantasma que dice despachar en la SRA… 2 de octubre no se olvida.
No se olvida
Editorial
Hace 40 años, ante los reclamos estudiantiles de apertura, justicia y sensibilidad, el régimen político mexicano recurrió al crimen de lesa humanidad para salvaguardar su autoritarismo y su cerrazón.
El movimiento del 68 fue sucedido, en los años siguientes, por los esfuerzos democratizadores de la izquierda y de la derecha, así como por organizaciones que de la masacre del 2 de octubre perpetrada en Tlatelolco concluyeron la imposibilidad de transformar el poder público de manera pacífica. Para hacer frente a esos intentos, los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo no recurrieron a las leyes e instituciones vigentes, sino que organizaron aparatos represivos ilegales que pusieron en práctica, en territorio mexicano, métodos similares a los de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica: la desaparición forzosa, la cárcel clandestina, la tortura y el asesinato de los implicados en los grupos guerrilleros, de sus familiares e incluso de ciudadanos ajenos a la lucha armada.
Cuatro décadas más tarde, la sociedad ha experimentado una transformación cívica y política profunda, gracias, en parte, a la reflexión nacional a la que obligaron los sucesos referidos: el país tiene, hoy, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos políticos, más participativa, más tolerante, más habituada a la puralidad y más crítica de la autoridad que en 1968. En contraste, el poder público ha evolucionado mucho menos, y lo ha hecho forzado por las circunstancias y por la presión social, a regañadientes y con regateos. El viejo monolitismo priísta fue remplazado por negociaciones cupulares que se imponen siempre que pueden sobre los avances del federalismo, de la división de poderes y de la cultura de la legalidad. El Ejecutivo federal ha perdido muchos de los mecanismos de control político que ostentaba en tiempos de Díaz Ordaz –aquellos llamados “poderes metaconstitucionales”– pero ha mantenido intactas la arrogancia y la insensibilidad que caracterizaban a las antiguas presidencias.
En 1988, ante la insurgencia electoral que se articuló en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno de Miguel de la Madrid recurrió a la distorsión masiva del sufragio ciudadano, y hace apenas dos años, el panista Vicente Fox se empeñó en ejercer lo que consideraba su derecho de imponer al sucesor en el cargo. Con una legitimidad mucho menor, pero con las inercias autoritarias características del viejo presidencialismo, Felipe Calderón Hinojosa pretende ahora imponer al país una privatización de la industria petrolera que es rechazada por una importante porción de la ciudadanía y que, si bien es conveniente para el entorno empresarial –particularmente, para las empresas extranjeras–, va en contra de los intereses nacionales básicos.
El atraso político de los gobernantes es determinante para que persistan hoy día algunos de los rasgos más exasperantes del viejo régimen y contra los cuales se manifestaron los estudiantes hace cuatro décadas. Un ejemplo de ello es la inveterada impunidad de quienes, desde el poder, cometen atropellos contra los ciudadanos, y que se expresa justamente en la ausencia de justicia ante los crímenes del 68: de Echeverría a Calderón, siete presidentes han encubierto y protegido a los responsables intelectuales de la barbarie de Tlatelolco, como lo señaló ayer, en un mensaje al gobierno mexicano, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI). A 40 años de aquel suceso, la falta de esclarecimiento “ha dejado una herida muy profunda en el pueblo de México” y persisten los “obstáculos que impiden llevar a los responsables ante la justicia”, señala la carta firmada por Karrie Howard, directora adjunta del Programa para América de AI.
Otro lastre insoslayable que el México actual arrastra desde hace cuatro décadas es el de la criminalización de la disidencia, la represión de las oposiciones políticas y sociales y los atentados a la libre manifestación efectuados desde las cúpulas de las instituciones. Son ilustrativas, a este respecto, la existencia de presos políticos en las cárceles del país –dirigentes y activistas de San Salvador Atenco y del movimiento popular oaxaqueño, por ejemplo–, así como la insostenible decisión del Instituto Federal Electoral de imponer una multa millonaria al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la protesta que seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador protagonizaron en el Paseo de la Reforma y en el Zócalo de esta capital en agosto y septiembre de 2006, tras los desaseados comicios presidenciales de aquel año.
El 2 de octubre de 1968 no se olvidará nunca, pero es posible y deseable cerrar la herida que dejaron la represión brutal y el asesinato masivo ordenados por una presidencia soberbia, insensible y autoritaria. Para ello se requiere esclarecer y hacer justicia, y disponer de un poder público que le garantice al país y al mundo que esos hechos atroces no van a repetirse nunca más.
Hace 40 años, ante los reclamos estudiantiles de apertura, justicia y sensibilidad, el régimen político mexicano recurrió al crimen de lesa humanidad para salvaguardar su autoritarismo y su cerrazón.
El movimiento del 68 fue sucedido, en los años siguientes, por los esfuerzos democratizadores de la izquierda y de la derecha, así como por organizaciones que de la masacre del 2 de octubre perpetrada en Tlatelolco concluyeron la imposibilidad de transformar el poder público de manera pacífica. Para hacer frente a esos intentos, los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo no recurrieron a las leyes e instituciones vigentes, sino que organizaron aparatos represivos ilegales que pusieron en práctica, en territorio mexicano, métodos similares a los de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica: la desaparición forzosa, la cárcel clandestina, la tortura y el asesinato de los implicados en los grupos guerrilleros, de sus familiares e incluso de ciudadanos ajenos a la lucha armada.
Cuatro décadas más tarde, la sociedad ha experimentado una transformación cívica y política profunda, gracias, en parte, a la reflexión nacional a la que obligaron los sucesos referidos: el país tiene, hoy, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos políticos, más participativa, más tolerante, más habituada a la puralidad y más crítica de la autoridad que en 1968. En contraste, el poder público ha evolucionado mucho menos, y lo ha hecho forzado por las circunstancias y por la presión social, a regañadientes y con regateos. El viejo monolitismo priísta fue remplazado por negociaciones cupulares que se imponen siempre que pueden sobre los avances del federalismo, de la división de poderes y de la cultura de la legalidad. El Ejecutivo federal ha perdido muchos de los mecanismos de control político que ostentaba en tiempos de Díaz Ordaz –aquellos llamados “poderes metaconstitucionales”– pero ha mantenido intactas la arrogancia y la insensibilidad que caracterizaban a las antiguas presidencias.
En 1988, ante la insurgencia electoral que se articuló en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno de Miguel de la Madrid recurrió a la distorsión masiva del sufragio ciudadano, y hace apenas dos años, el panista Vicente Fox se empeñó en ejercer lo que consideraba su derecho de imponer al sucesor en el cargo. Con una legitimidad mucho menor, pero con las inercias autoritarias características del viejo presidencialismo, Felipe Calderón Hinojosa pretende ahora imponer al país una privatización de la industria petrolera que es rechazada por una importante porción de la ciudadanía y que, si bien es conveniente para el entorno empresarial –particularmente, para las empresas extranjeras–, va en contra de los intereses nacionales básicos.
El atraso político de los gobernantes es determinante para que persistan hoy día algunos de los rasgos más exasperantes del viejo régimen y contra los cuales se manifestaron los estudiantes hace cuatro décadas. Un ejemplo de ello es la inveterada impunidad de quienes, desde el poder, cometen atropellos contra los ciudadanos, y que se expresa justamente en la ausencia de justicia ante los crímenes del 68: de Echeverría a Calderón, siete presidentes han encubierto y protegido a los responsables intelectuales de la barbarie de Tlatelolco, como lo señaló ayer, en un mensaje al gobierno mexicano, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI). A 40 años de aquel suceso, la falta de esclarecimiento “ha dejado una herida muy profunda en el pueblo de México” y persisten los “obstáculos que impiden llevar a los responsables ante la justicia”, señala la carta firmada por Karrie Howard, directora adjunta del Programa para América de AI.
Otro lastre insoslayable que el México actual arrastra desde hace cuatro décadas es el de la criminalización de la disidencia, la represión de las oposiciones políticas y sociales y los atentados a la libre manifestación efectuados desde las cúpulas de las instituciones. Son ilustrativas, a este respecto, la existencia de presos políticos en las cárceles del país –dirigentes y activistas de San Salvador Atenco y del movimiento popular oaxaqueño, por ejemplo–, así como la insostenible decisión del Instituto Federal Electoral de imponer una multa millonaria al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la protesta que seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador protagonizaron en el Paseo de la Reforma y en el Zócalo de esta capital en agosto y septiembre de 2006, tras los desaseados comicios presidenciales de aquel año.
El 2 de octubre de 1968 no se olvidará nunca, pero es posible y deseable cerrar la herida que dejaron la represión brutal y el asesinato masivo ordenados por una presidencia soberbia, insensible y autoritaria. Para ello se requiere esclarecer y hacer justicia, y disponer de un poder público que le garantice al país y al mundo que esos hechos atroces no van a repetirse nunca más.
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