Maximo Kinast
Política Cono Sur
Como no le resultó el cuento de desnaturalizar el Instituto de Derechos Humanos para transformarlo en un instrumento de punto final, olvido y perdón de los genocidas, ahora lo intenta contando mentiras en las Naciones Unidas.
Veamos una por una las chivas* de Misia Bachelet en la ONU y mi comentario:
1º Usted dijo: "La comunidad internacional sabe de la vocación de mi pueblo por la paz, la justicia, la libertad y la solidaridad"
YO LA ACUSO: Usted miente. Chile es el país que más gasta en armamentos en todo el continente. Algo de US 60 por habitante. ¿Para qué? ¿A quien quiere invadir en nombre de la Paz?
En Chile la Justicia da un paso adelante y dos para atrás. Muy bien la extradición de Fujimori; pero no condenó al Innombrable, no extraditó al Menen; y encarcela a los mapuches por reclamar por sus tierras. No es justo cerrar las Alamedas para que el pueblo no pueda rendir homenaje a Salvador Allende. La LIBERTAD es lo que queremos para los presos políticos. Y la SOLIDARIDAD es disminuir la brecha entre ricos y pobres: UNA DE LAS MAYORES DEL MUNDO. Eso no es solidaridad, eso es explotación del pueblo de Chile.
2º Usted dijo: "Sabe de aquel lejano país del sur del mundo que pese al tamaño de su economía, población o su lejanía, ha hecho suyas las grandes causas de la Humanidad"
YO LA ACUSO: Usted miente. Las únicas causas que el Gobierno de Chile, el Poder Legislativo, el poder Económico, el Poder Religioso, el Poder Militar y el Poder Mediático han hecho suyas, son las causas de las transnacionales, como Pascua Lama que esta autorizada a trasladar y destruir glaciares para quedarse con el oro, sin importarle que contaminará al valle más fértil de Chile y de Argentina. Chile no escucha a sus vecinos. No dialoga con Perú ni con Bolivia. Chile se roba diarios como El Clarin y hace trampas, tintirelladas ante Tribunales Internacionales. Chile explota a sus estudiantes y cuando los 'pingüinos' se rebelan, les toma el pelo con una Comisión Dilatadora de Acuerdos. Chile sigue siendo bicameral y no hay posibilidades de que el pueblo elija democráticamente a representantes que no sean secuaces de la Concertación o de la Alianza UDI - RN. Chile no respeta al pueblo Mapuche.
3º Usted dice: "Sabe del aporte de Chile en los temas de pobreza, del SIDA, el hambre o la cohesiòn social"
YO LA ACUSO: Usted está difariando o soñando o se ha drogado, o simplemente miente con descaro. Sobre la pobreza, tenemos una de las mayores desigualdades. Hay gente que se ha quemado a lo bonzo para que en la Moneda sepan que Chile esta lleno de pobres. ¿Y usted todavía no se entera? El hambre la he visto en las poblaciones, en La Negra (Alto Hospicio) de modo que lo sé de forma directa. En Chile hay hambre, pura y simple hambre. ¿Y eso de la cohesión social? Será algo que ocurre en el barrio alto, allá arriba del canal San Carlos, o más arriba, por la Dehesa, porque al pueblo se le deja afuera. Ni siquiera se le permite manifestar su opinión, y mucho menos rendir homenaje a sus mártires. ¿De que cohesión social habla usted, cuando hay dos Derechas y dos Chile? ¿O no se ha enterado todavía?
Y sigue diciendo mentiras. Mire usted, Misia Bachelet, Chile no ha firmado tratados internacionales sobre tortura. Chile mantiene vigente al Constitución espúrea del Dictador. Chile mantiene leyes anti terrorismo dictadas por la Dictadura; Chile se ufana de la 'Pacificación de la Araucanía' como todavía se enseña en las escuelas, sin confesar que eso fue un genocidio y que ese genocidio contra el pueblo Mapuche continúa todavía de mano de la Concertación que usted lidera.
Sabe usted, Misia Bachelet, me está dando asco lo mentirosa que es.
* Chiva, en chileno coloquial significa mentira, significa un cuento para incautos.
sábado, septiembre 29, 2007
Selva Amazónica a licitación
Jesica Salvatierra
APM
Brasilia anunció la primera licitación de selvas amazónicas que serán explotadas por grupos privados durante y hasta 40 años. Será un área de 90.000 hectáreas en el estado de Rondonia (noroeste).
Tras una decisión controvertida el presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva decidió facilitar el paso para que parte de la selva amazona sea privatizada. La nueva ley regula la explotación económica de una de las mayores reservas naturales del mundo. Esta representa una privatización sobre la cual se posibilita que la concesión de las florestas públicas pasen a manos privadas, aun cuando se conserva la titularidad de la tierra en poder del Estado.
La subasta de la selva está a cargo del ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Forestal Brasileño, creado en marzo pasado para tal fin. La explotación prevé el pago por el uso de los recursos naturales y manejo sustentable, lo que significa "retirar una cantidad de productos que no perjudique su recuperación".
Esta idea no es nueva ya que en el año 2004 fue presentado el primer proyecto de ley que permitía entregar parte de la amazona a la explotación privada, principalmente a multinacionales de origen europeas, asiáticas y estadounidenses, que representaban 5 mil kilómetros de la selva que podrían ser explotados. Fue debido a una oposición en el parlamento y en la sociedad civil, la ley quedo varada en ese entonces.
En su oportunidad, la especialista en geopolítica y biodiversidad, Elsa Bruzzone le dijo a APM que la selva amazónica cuanta en su interior con una gran fuente de biodiversidad que puede ser explotada, tanto es así, que se puede buscar en ella la obtención de madera, extracción de pulpa del árbol para elaborar papel y producción de alimentos. También, esta zona es muy rica en minerales y elementos estratégicos como: oro, gas, petróleo, bauxita que se usa para la producción de aluminio, cuenta, además con el yacimiento más grande del mundo de tugseno, el titanio que es utilizado para la industria aérea espacial y militar.
Lo que hace especial a la selva amazónica es que cuenta gran multiplicidad de recursos naturales dando lugar a que todo tipo de actividades que pueden ser explotadas. Una de las consecuencias de ello es que las fronteras agropecuarias se fueron expandiendo provocando que grandes bosques y selvas originarias vayan desapareciendo en la misma medida en la que los sembradíos de soja trasngenicas avanzan sobre el suelo fértil.
Los cultivos que prosperan sobre los municipios amazónicos traen consecuencia directa sobre el ambiente, perjudicando tanto a la flora, como a la fauna específica que en grandes cantidades de especies habitan allí. Además, el resultado de este proceso afecta directamente a los pueblos originarios y comunidades campesinas que son desalojados por las empresas vinculadas, por lo general, a intereses transnacionales.
Según Ronaldo Seroa Da Motta, investigador del Instituto Nacional de Ecología de Brasil, con esta ley Brasilia declaró privatizable el 59 por ciento del territorio brasileño. Los 5 millones de kilómetros cuadrados que serán licitados, la cuenca de la Amazona, contiene la mitad de las especies botánicas (de 20 a 30 millones) y la mitad de los bosques tropicales del mundo. Los botánicos estiman que hay más de 125 mil plantas, indispensable para las industrias medicinales.
Esta selva en el intercambio de gases con la atmósfera, libera el 50 por ciento del oxigeno necesario para la vida y es la generadora de las corrientes del calor que consiguen templar la temperatura del planeta. Cabe destacar que los ríos se encontrarían altamente afectados por la tala de los árboles, ya que son estos los que permiten que los ríos renueven su caudal. En el caso de los reservorios de agua subterráneo también tendrá consecuencias negativas, ya que se producida, erosión, aridez e inundaciones por que los árboles ya no van a poder detenerla.
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología de Brasil, la selva amazónica brasileña abarca casi la totalidad de los nueve estados que conforman el país: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhao, Acre, Rondonia, Mato Grosso y Tocantes. La región ocupa el 59,8 por ciento del territorio brasileño (5.1 millones de kilómetros cuadrados). En los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia la explotación de la madera en esta región se da de manera indiscriminada, incontrolada y altamente agresiva.
Según la posición del gobierno brasileño, esta ley pretende intentar licitar legalmente las tierras para que no sean usurpadas por aprovechadores. Tal es el caso del empresario, Cecilio Do Rego Almeida quien se apropio ilegalmente de 5 mil hectáreas en el sur del estado del Paraná. Además, esta nueva ley tiene por objetivo garantizar al estado brasileño un cannon por las áreas privatizadas. Es decir dinero ganado que ingresaría al fisco a cambio de permitir que las empresas exploten económicamente el terreno.
A su vez, se sostiene que permitirá que la explotación de las empresas vaya desde la extracción de madera hasta su uso para producción de medicamentos. Para ello se ha creado el Servicio Forestal Brasileño que tiene como función identificar los bloques, yacimientos, que podrán ser explotados en los próximos años. Esta entidad tiene la facultad de organizar la tarea del proceso licitario. Solo cada tres años se harán los controles para determinar qué pasó durante ese periodo de tiempo.
Las áreas a ser licitadas fueron calificadas según el tamaño de la superficie para la cual se encontraran divididas en dimensiones distintas: pequeños medianos y grandes. Por lo cual se pretende que podrán acceder a la explotación empresas de diferentes envergaduras desde empresas pequeñas hasta grandes, entre nacionales y multinacionales. Eso sí, es poco probable que se realice una competencia y una licitación justa.
El plazo de las concesiones, resguardadas en la ley, pueden llegar a ser de hasta de un periodo de 40 años. Lo que podría generar que las reservas naturales sean deforestadas indiscriminadamente por las empresas dueñas de la concesión. La explotación prevé el pago por el uso de los recursos naturales y manejo sustentable, lo que significa retirar una cantidad de productos que no perjudique su recuperación, pero que en la práctica será muy difícil para el Estado brasileño velar por el cumplimiento y la regulación de estas actividades.
Sin embargo, la nueva iniciativa de Planalto es atraer capitales privados para explotar la madera y biodiversidad de la selva Amazónica sobre una base de una floresta productiva. Esto apunta a que se proteja la biodiversidad, todo esto integrado a la política tecnológica nacional.
Actualmente el gobierno brasileño anuncio la licitación de las primeras 90 mil hectáreas de selva amazónica que se encuentra ubicado en el estado de Rondonia, al noreste del país. En estas hectáreas podrán ser explotadas maderas y otros productos como: semillas, resinas y aceites. Para dar una magnitud imaginable de lo que se esta por licitar, se podría decir que cada hectárea equivale a una manzana urbana, o poco más que un estadio de fútbol.
La ley fue duramente cuestionada por el Instituto de Abogados de Brasil. Según el coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental, Marcos Montenegro, "viabilizar la privatización del Amazonas representa entregarla al capital extranjero".
El proceso de licitación será completado en lo que reste del 2007 y la firma de los contratos esta prevista para marzo del 2008, así lo sostuvo el presidente de brasileño en declaraciones recientes.
A las empresas multinacionales con capitales extranjeros, poco les interesa preservar el medio ambiente. Del mismo modo que la finlandesa Botnia instaló la pastera en Uruguay, los grandes impactos ambientales negativos que pueden reproducirse no entran en su agenda.
Atentar contra la naturaleza de la selva Amazónica, considerado uno de los grandes pulmones del mundo, seria catastrófico para su existencia como fuente de vida para la humanidad y las especies que habitan en ella.
Esta nueva ley, parece sólo apuntar a la obtención de réditos económicos, sin importar los usos que las empresas extranjeras puedan hacer de los recursos naturales mas preciados del mundo. La vida natural y silvestre, y aun mucho peor, el desalojo de comunidades de campesino, están a la venta del mejor postor.
jsalvatierra@prensamercosur.com.ar
APM
Brasilia anunció la primera licitación de selvas amazónicas que serán explotadas por grupos privados durante y hasta 40 años. Será un área de 90.000 hectáreas en el estado de Rondonia (noroeste).
Tras una decisión controvertida el presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva decidió facilitar el paso para que parte de la selva amazona sea privatizada. La nueva ley regula la explotación económica de una de las mayores reservas naturales del mundo. Esta representa una privatización sobre la cual se posibilita que la concesión de las florestas públicas pasen a manos privadas, aun cuando se conserva la titularidad de la tierra en poder del Estado.
La subasta de la selva está a cargo del ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Forestal Brasileño, creado en marzo pasado para tal fin. La explotación prevé el pago por el uso de los recursos naturales y manejo sustentable, lo que significa "retirar una cantidad de productos que no perjudique su recuperación".
Esta idea no es nueva ya que en el año 2004 fue presentado el primer proyecto de ley que permitía entregar parte de la amazona a la explotación privada, principalmente a multinacionales de origen europeas, asiáticas y estadounidenses, que representaban 5 mil kilómetros de la selva que podrían ser explotados. Fue debido a una oposición en el parlamento y en la sociedad civil, la ley quedo varada en ese entonces.
En su oportunidad, la especialista en geopolítica y biodiversidad, Elsa Bruzzone le dijo a APM que la selva amazónica cuanta en su interior con una gran fuente de biodiversidad que puede ser explotada, tanto es así, que se puede buscar en ella la obtención de madera, extracción de pulpa del árbol para elaborar papel y producción de alimentos. También, esta zona es muy rica en minerales y elementos estratégicos como: oro, gas, petróleo, bauxita que se usa para la producción de aluminio, cuenta, además con el yacimiento más grande del mundo de tugseno, el titanio que es utilizado para la industria aérea espacial y militar.
Lo que hace especial a la selva amazónica es que cuenta gran multiplicidad de recursos naturales dando lugar a que todo tipo de actividades que pueden ser explotadas. Una de las consecuencias de ello es que las fronteras agropecuarias se fueron expandiendo provocando que grandes bosques y selvas originarias vayan desapareciendo en la misma medida en la que los sembradíos de soja trasngenicas avanzan sobre el suelo fértil.
Los cultivos que prosperan sobre los municipios amazónicos traen consecuencia directa sobre el ambiente, perjudicando tanto a la flora, como a la fauna específica que en grandes cantidades de especies habitan allí. Además, el resultado de este proceso afecta directamente a los pueblos originarios y comunidades campesinas que son desalojados por las empresas vinculadas, por lo general, a intereses transnacionales.
Según Ronaldo Seroa Da Motta, investigador del Instituto Nacional de Ecología de Brasil, con esta ley Brasilia declaró privatizable el 59 por ciento del territorio brasileño. Los 5 millones de kilómetros cuadrados que serán licitados, la cuenca de la Amazona, contiene la mitad de las especies botánicas (de 20 a 30 millones) y la mitad de los bosques tropicales del mundo. Los botánicos estiman que hay más de 125 mil plantas, indispensable para las industrias medicinales.
Esta selva en el intercambio de gases con la atmósfera, libera el 50 por ciento del oxigeno necesario para la vida y es la generadora de las corrientes del calor que consiguen templar la temperatura del planeta. Cabe destacar que los ríos se encontrarían altamente afectados por la tala de los árboles, ya que son estos los que permiten que los ríos renueven su caudal. En el caso de los reservorios de agua subterráneo también tendrá consecuencias negativas, ya que se producida, erosión, aridez e inundaciones por que los árboles ya no van a poder detenerla.
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología de Brasil, la selva amazónica brasileña abarca casi la totalidad de los nueve estados que conforman el país: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhao, Acre, Rondonia, Mato Grosso y Tocantes. La región ocupa el 59,8 por ciento del territorio brasileño (5.1 millones de kilómetros cuadrados). En los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia la explotación de la madera en esta región se da de manera indiscriminada, incontrolada y altamente agresiva.
Según la posición del gobierno brasileño, esta ley pretende intentar licitar legalmente las tierras para que no sean usurpadas por aprovechadores. Tal es el caso del empresario, Cecilio Do Rego Almeida quien se apropio ilegalmente de 5 mil hectáreas en el sur del estado del Paraná. Además, esta nueva ley tiene por objetivo garantizar al estado brasileño un cannon por las áreas privatizadas. Es decir dinero ganado que ingresaría al fisco a cambio de permitir que las empresas exploten económicamente el terreno.
A su vez, se sostiene que permitirá que la explotación de las empresas vaya desde la extracción de madera hasta su uso para producción de medicamentos. Para ello se ha creado el Servicio Forestal Brasileño que tiene como función identificar los bloques, yacimientos, que podrán ser explotados en los próximos años. Esta entidad tiene la facultad de organizar la tarea del proceso licitario. Solo cada tres años se harán los controles para determinar qué pasó durante ese periodo de tiempo.
Las áreas a ser licitadas fueron calificadas según el tamaño de la superficie para la cual se encontraran divididas en dimensiones distintas: pequeños medianos y grandes. Por lo cual se pretende que podrán acceder a la explotación empresas de diferentes envergaduras desde empresas pequeñas hasta grandes, entre nacionales y multinacionales. Eso sí, es poco probable que se realice una competencia y una licitación justa.
El plazo de las concesiones, resguardadas en la ley, pueden llegar a ser de hasta de un periodo de 40 años. Lo que podría generar que las reservas naturales sean deforestadas indiscriminadamente por las empresas dueñas de la concesión. La explotación prevé el pago por el uso de los recursos naturales y manejo sustentable, lo que significa retirar una cantidad de productos que no perjudique su recuperación, pero que en la práctica será muy difícil para el Estado brasileño velar por el cumplimiento y la regulación de estas actividades.
Sin embargo, la nueva iniciativa de Planalto es atraer capitales privados para explotar la madera y biodiversidad de la selva Amazónica sobre una base de una floresta productiva. Esto apunta a que se proteja la biodiversidad, todo esto integrado a la política tecnológica nacional.
Actualmente el gobierno brasileño anuncio la licitación de las primeras 90 mil hectáreas de selva amazónica que se encuentra ubicado en el estado de Rondonia, al noreste del país. En estas hectáreas podrán ser explotadas maderas y otros productos como: semillas, resinas y aceites. Para dar una magnitud imaginable de lo que se esta por licitar, se podría decir que cada hectárea equivale a una manzana urbana, o poco más que un estadio de fútbol.
La ley fue duramente cuestionada por el Instituto de Abogados de Brasil. Según el coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental, Marcos Montenegro, "viabilizar la privatización del Amazonas representa entregarla al capital extranjero".
El proceso de licitación será completado en lo que reste del 2007 y la firma de los contratos esta prevista para marzo del 2008, así lo sostuvo el presidente de brasileño en declaraciones recientes.
A las empresas multinacionales con capitales extranjeros, poco les interesa preservar el medio ambiente. Del mismo modo que la finlandesa Botnia instaló la pastera en Uruguay, los grandes impactos ambientales negativos que pueden reproducirse no entran en su agenda.
Atentar contra la naturaleza de la selva Amazónica, considerado uno de los grandes pulmones del mundo, seria catastrófico para su existencia como fuente de vida para la humanidad y las especies que habitan en ella.
Esta nueva ley, parece sólo apuntar a la obtención de réditos económicos, sin importar los usos que las empresas extranjeras puedan hacer de los recursos naturales mas preciados del mundo. La vida natural y silvestre, y aun mucho peor, el desalojo de comunidades de campesino, están a la venta del mejor postor.
jsalvatierra@prensamercosur.com.ar
Lo que los medios hacen con la población
Carlos Alejandro Lara U.
Rebelión
Hace unos pocos días la intendencia municipal dijo haber encontrado cisticercosis en los pescados que se comercializaban en el mercado cruceño, ante las cámaras se mostraron las “larvas” o los parásitos, y presagiaron, una cadena de males que van desde los dolores de cabeza hasta secuencias de ataques epilépticos para aquellas personas que habían consumido sábalo de Villamontes, recomendando a los consumidores visitar y ser evaluados en centros médicos para no lamentar posteriores complicaciones.
Cuántas personas o familias fueron a comer, cuántas fueron a los hospitales y cuántas se infectaron con cisticercosis, escapa a los objetivos del presente comentario, pero llama la atención el impacto de los medios de difusión masiva en la sociedad cruceña.
Este incidente lleva a recordar la vez que decían que los indígenas masistas iban a invadir Santa Cruz, y hacer volar los depósitos de Saguapag. En esa oportunidad los consumidores asiduos de los centros comerciales terminaron con todas las botella de agua mineral y gaseosas. Sin duda una buena venta para los super mercados.
Otra buena venta ocurrió un día antes del paro cívico del martes 28 de agosto. A las 10 de la noche los consumidores previendo un paro indefinido acabaron con las carnes, bocadillos, panes, tortas y otros.
El caso es que los indígenas masistas no hicieron volar los depósitos de SAGUAPAG, los pescados no tenían cisticercosis, (según los mismos veterinarios tienen un parásito, pero no saben que trastornos ocasionan al ser consumidos por la gente, los laboratorios de Estados Unidos van a definir ello) y por último no hubo ni siquiera el paro generalizado, (el plan tres mil, la Villa y otros barrios de Santa Cruz se abastecieron normalmente de alimentos de primera necesidad)
Ante estos hechos vale preguntarse ¿La sociedad cruceña es altamente sugestionable desde los medios de comunicación masiva? Bueno, no solo la cruceña, también la cochabambina, las paceña y toda la boliviana en su conjunto.
La diferencia de un mejor o peor resultado de sugestión o manejo de masas por medios televisivos radica en la intensidad y el dramatismo profesional o irresponsable con el que se llega a la población. Ahora ya no es raro ver la lectura y presentación de noticias en Santa Cruz con un fondo apropiado para películas del género de terror y misterio.
Al volver a la pregunta anterior, y no dejarla colgada, puede servir una respuesta ambigua. “La sociedad cruceña, está expuesta a mensajes subliminales y de alta sugestión digitada por equipos de profesionales empíricos y master académicos en el área” Ellos pueden vaciar tiendas comerciales en una sola noche, pueden volcar las preferencias de consumo de carne de pescado a carne vacuna, inducir las quemas símbolos profanos o cambiar el rosario de Teresa de Calcuta por una esvástica para mostrarla tan monstruosa como la figura de Margaret Teacher o Adolfo Hitler
Gracias a tecnología mediática, es posible que los corruptos, sean vistos como los nuevos paladines de la justicia y dignos luchadores por la democracia tan solo con vestirlo con una polera estampada con 2/3 en el pecho. Con esa misma sofisticada tecnología mediática a Evo Morales se le hace ver como la reencarnación de Atila al mando de sus bárbaros aymaras invadiendo a los pueblos civilizados.
Y ¿Recuerdan la famosa marcha de Wiracocha? En las décadas del 70 y 80, esta marcha, anunciaba un nuevo golpe de Estado y alimentaba a diario la voluntad de los paramilitares aprendices a fascistas. Y muchos aun recordaran que el golpe de Banzer Suárez fue incitado desde las redioemisoras cruceñas aduciendo que J. J. Torres prohibía la difusión de la radionovela “San Martín de Porres”
Y bueno, más cosas se pueden recordar, pero es mucho más lo que pueden lograr…. si dejamos que la televisión tome posesión de nuestra voluntad.
Rebelión
Hace unos pocos días la intendencia municipal dijo haber encontrado cisticercosis en los pescados que se comercializaban en el mercado cruceño, ante las cámaras se mostraron las “larvas” o los parásitos, y presagiaron, una cadena de males que van desde los dolores de cabeza hasta secuencias de ataques epilépticos para aquellas personas que habían consumido sábalo de Villamontes, recomendando a los consumidores visitar y ser evaluados en centros médicos para no lamentar posteriores complicaciones.
Cuántas personas o familias fueron a comer, cuántas fueron a los hospitales y cuántas se infectaron con cisticercosis, escapa a los objetivos del presente comentario, pero llama la atención el impacto de los medios de difusión masiva en la sociedad cruceña.
Este incidente lleva a recordar la vez que decían que los indígenas masistas iban a invadir Santa Cruz, y hacer volar los depósitos de Saguapag. En esa oportunidad los consumidores asiduos de los centros comerciales terminaron con todas las botella de agua mineral y gaseosas. Sin duda una buena venta para los super mercados.
Otra buena venta ocurrió un día antes del paro cívico del martes 28 de agosto. A las 10 de la noche los consumidores previendo un paro indefinido acabaron con las carnes, bocadillos, panes, tortas y otros.
El caso es que los indígenas masistas no hicieron volar los depósitos de SAGUAPAG, los pescados no tenían cisticercosis, (según los mismos veterinarios tienen un parásito, pero no saben que trastornos ocasionan al ser consumidos por la gente, los laboratorios de Estados Unidos van a definir ello) y por último no hubo ni siquiera el paro generalizado, (el plan tres mil, la Villa y otros barrios de Santa Cruz se abastecieron normalmente de alimentos de primera necesidad)
Ante estos hechos vale preguntarse ¿La sociedad cruceña es altamente sugestionable desde los medios de comunicación masiva? Bueno, no solo la cruceña, también la cochabambina, las paceña y toda la boliviana en su conjunto.
La diferencia de un mejor o peor resultado de sugestión o manejo de masas por medios televisivos radica en la intensidad y el dramatismo profesional o irresponsable con el que se llega a la población. Ahora ya no es raro ver la lectura y presentación de noticias en Santa Cruz con un fondo apropiado para películas del género de terror y misterio.
Al volver a la pregunta anterior, y no dejarla colgada, puede servir una respuesta ambigua. “La sociedad cruceña, está expuesta a mensajes subliminales y de alta sugestión digitada por equipos de profesionales empíricos y master académicos en el área” Ellos pueden vaciar tiendas comerciales en una sola noche, pueden volcar las preferencias de consumo de carne de pescado a carne vacuna, inducir las quemas símbolos profanos o cambiar el rosario de Teresa de Calcuta por una esvástica para mostrarla tan monstruosa como la figura de Margaret Teacher o Adolfo Hitler
Gracias a tecnología mediática, es posible que los corruptos, sean vistos como los nuevos paladines de la justicia y dignos luchadores por la democracia tan solo con vestirlo con una polera estampada con 2/3 en el pecho. Con esa misma sofisticada tecnología mediática a Evo Morales se le hace ver como la reencarnación de Atila al mando de sus bárbaros aymaras invadiendo a los pueblos civilizados.
Y ¿Recuerdan la famosa marcha de Wiracocha? En las décadas del 70 y 80, esta marcha, anunciaba un nuevo golpe de Estado y alimentaba a diario la voluntad de los paramilitares aprendices a fascistas. Y muchos aun recordaran que el golpe de Banzer Suárez fue incitado desde las redioemisoras cruceñas aduciendo que J. J. Torres prohibía la difusión de la radionovela “San Martín de Porres”
Y bueno, más cosas se pueden recordar, pero es mucho más lo que pueden lograr…. si dejamos que la televisión tome posesión de nuestra voluntad.
Argentina vende cerro patagónico y fuga capitales
Detrás de los discursos, la cruel realidad
APM
A las palabras se las lleva el viento. Muchas proclamas gubernamentales contra los ´90 pero en este país se venden montañas y las empresas giran miles de millones al exterior.
La filial local de Christie’s Great Estates –pata inmobiliaria de la tradicional casa de remates británica Christie’s, representada por el agente inmobiliario D&D Bienes Raíces, puso en venta un terreno de 25 hectáreas en el centro turístico andino patagónico de San Carlos de Bariloche. Hasta ahí nada sorprendente, a no ser por un detalle: quien las compre también se llevará nada menos que un cerro de 250 metros de alto, a sólo 14 kilómetros del centro invernal Cerro Catedral.
Según explicó a la televisora de noticias local Canal 26 Diego del Carril, directivo de la compañía, la expectativa que se generó entre inversores “de todas partes del mundo” es muy grande. “Llegó una cantidad enorme de consultas de países de todos los continentes. Sin dudas hay un gran interés por realizar emprendimientos turísticos en este tipo de lugares”, reveló Del Carril.
Hasta el momento, afirma el ejecutivo, “unas cuatro” fueron las propuestas concretas que llegaron hasta las oficinas de D&D. Aunque no quiso revelar los nombres de estos inversores, fuentes del mercado admitieron que IRSA –la sociedad encabezada por Eduardo Elsztain– es uno de los protagonistas de esta carrera.
De este modo, y si es que finalmente se queda con el terreno, la firma consolidará su posición en el sur argentino, ya que junto a la familia Sutton –dueña también del lujoso Hotel Alvear– es propietario del Llao-Llao, en Bariloche. Cerca de allí tiene 130.000 metros cuadrados de tierras donde prevé levantar otro establecimiento cinco estrellas. El resto de los candidatos llegaría del el exterior, subrayó Canal 26.
Desde el broker inmobiliario encargado de la operación no quisieron revelar el monto que tocaría la operación, aunque las fuentes indicaron que rondaría los 15 millones de dólares.
El gobierno argentino no pierde oportunidad de proclamar sus críticas al modelo neoliberal y a sus año de plomo de la pasada década del ´90, lo mismo que al Fondo Monetario Internacional (FMI) pero no ha tomado ninguna medida concreta para evitar el proceso de enajenación de tierras y recursos estratégicos que se vive en el país.
Tampoco lo ha hecho para contrarrestar una tendencia creciente hacia la erradicación de divisas generadas por el aparato productivo local.
“Las empresas (transnacionales) cada vez giran más ganancias al exterior. Salieron 1.153 millones de dólares entre abril u junio últimos, superando así los 2.200 millones en la primera mitad del año y se mantiene en niveles que duplican los de la convertibilidad (programa económico vigente durante la década del ´90). El año pasado, esas mismas compañías giraron un record de 4.230 millones de dólares”, informó el lunes pasado el diario local El Cronista, recogiendo datos del oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
APM
A las palabras se las lleva el viento. Muchas proclamas gubernamentales contra los ´90 pero en este país se venden montañas y las empresas giran miles de millones al exterior.
La filial local de Christie’s Great Estates –pata inmobiliaria de la tradicional casa de remates británica Christie’s, representada por el agente inmobiliario D&D Bienes Raíces, puso en venta un terreno de 25 hectáreas en el centro turístico andino patagónico de San Carlos de Bariloche. Hasta ahí nada sorprendente, a no ser por un detalle: quien las compre también se llevará nada menos que un cerro de 250 metros de alto, a sólo 14 kilómetros del centro invernal Cerro Catedral.
Según explicó a la televisora de noticias local Canal 26 Diego del Carril, directivo de la compañía, la expectativa que se generó entre inversores “de todas partes del mundo” es muy grande. “Llegó una cantidad enorme de consultas de países de todos los continentes. Sin dudas hay un gran interés por realizar emprendimientos turísticos en este tipo de lugares”, reveló Del Carril.
Hasta el momento, afirma el ejecutivo, “unas cuatro” fueron las propuestas concretas que llegaron hasta las oficinas de D&D. Aunque no quiso revelar los nombres de estos inversores, fuentes del mercado admitieron que IRSA –la sociedad encabezada por Eduardo Elsztain– es uno de los protagonistas de esta carrera.
De este modo, y si es que finalmente se queda con el terreno, la firma consolidará su posición en el sur argentino, ya que junto a la familia Sutton –dueña también del lujoso Hotel Alvear– es propietario del Llao-Llao, en Bariloche. Cerca de allí tiene 130.000 metros cuadrados de tierras donde prevé levantar otro establecimiento cinco estrellas. El resto de los candidatos llegaría del el exterior, subrayó Canal 26.
Desde el broker inmobiliario encargado de la operación no quisieron revelar el monto que tocaría la operación, aunque las fuentes indicaron que rondaría los 15 millones de dólares.
El gobierno argentino no pierde oportunidad de proclamar sus críticas al modelo neoliberal y a sus año de plomo de la pasada década del ´90, lo mismo que al Fondo Monetario Internacional (FMI) pero no ha tomado ninguna medida concreta para evitar el proceso de enajenación de tierras y recursos estratégicos que se vive en el país.
Tampoco lo ha hecho para contrarrestar una tendencia creciente hacia la erradicación de divisas generadas por el aparato productivo local.
“Las empresas (transnacionales) cada vez giran más ganancias al exterior. Salieron 1.153 millones de dólares entre abril u junio últimos, superando así los 2.200 millones en la primera mitad del año y se mantiene en niveles que duplican los de la convertibilidad (programa económico vigente durante la década del ´90). El año pasado, esas mismas compañías giraron un record de 4.230 millones de dólares”, informó el lunes pasado el diario local El Cronista, recogiendo datos del oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Reflexiones sobre el Socialismo del Siglo XXI
Juan Roberto Torres Peláez
CEPRID
La crisis del socialismo se manifiesta con toda su intensidad con la caída de la Unión Soviética y de sus países satélites. Situación que repercute en los movimientos revolucionarios de América Latina, como la crisis económica y social que vivió Cuba en el denominado periodo especial en la década del 90, la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y el proceso de pacificación de las guerrillas en Guatemala y El Salvador, aunado a la ofensiva política del neoliberalismo.
Los ideólogos del imperio de la economía de mercado celebraban la derrota del socialismo y el fin de la guerra fría, entre ellos se destaca Francis Fukuyama que en su obra “El fin de la historia y el último hombre” plantea que la derrota de la utopía marxista conduce definitivamente a la hegemonía de la democracia liberal en el mundo.
Después de dos décadas los pueblos reaccionan contra la crisis económica, social y política que dejó como legado el neoliberalismo y resurgen gobiernos de izquierda y de centroizquierda, de manera especial en nuestra región donde los primeros pregonan que su opción es la revolución. Este es el caso de Venezuela con el presidente Chávez, quien llama a discutir los fundamentos del socialismo del siglo XXI.
Al debatir sobre el tema debemos tomar en cuenta la experiencia de los países que implantaron ese régimen para evitar cometer los mismos errores que los condenó al fracaso. En ese sentido, se debe evitar el estatismo excesivo, porque invade todas las esferas de la sociedad y se convierte en una nueva forma de opresión y de alienación para los pueblos. El Estado sólo debe controlar las empresas de carácter estratégicos, para que la sociedad tenga acceso a otros tipos de democratización de la propiedad, como las cooperativas, la cogestión, las pequeñas y medianas empresas e incluso se podría aceptar la inversión de las transnacionales siempre y cuando respeten el marco jurídico del país.
Hay que romper con la concepción errada del partido único de la revolución, porque es antidemocrático al no permitir otras fuentes de expresión políticas a la sociedad. Los partidos no deben tener la potestad para designar candidatos a los cargos públicos, la comunidad organizada también debe asumir ese derecho para así evitar el monopolio de las decisiones políticas y la formación de una nueva elite.
En las fábricas sus directores, gerentes y supervisores tienen que ser electos directamente por los trabajadores y la participación del colectivo tiene preponderancia en el cumplimiento de las metas de producción de cada empresa, pero es necesario el equilibrio entre los estímulos morales y materiales para que el trabajo no sea considerado como un sacrificio sino como un deber.
La política salarial debería evitar el mal del igualitarismo porque fomenta la corrupción, el poco amor al trabajo y no estimula la competencia sana, lo cual afecta la productividad. Lo contrario, la excesiva brecha de salarios entre el trabajo manual e intelectual, genera una nueva elite en la sociedad defensora de sus intereses en detrimento de las mayorías. Lo grave de está situación es cuando el gobierno entra en crisis, los pueblos se sublevan y fomentan la caída del régimen. El mejor ejemplo de esto es lo que aconteció en la U.R.S.S y en Europa Oriental.
Para la consolidación del socialismo es necesario profundizar los cambios a favor de la mayoría de la sociedad, pero es imprescindible la implantación de los valores morales que inculcarán los deberes y derechos del ciudadano, los cuales serán el norte de la revolución. Desde .esta óptica se debe evitar el excesivo énfasis en los derechos que son importantes para mejorar la calidad de vida de la población, pero los deberes son imprescindibles porque demuestran el grado de madurez y de solidaridad de la sociedad.
El socialismo fomentará la creación de una nueva civilización que tenga como guía el amor, la solidaridad, la igualdad, la participación ciudadana y la libertad. Es decir, la democracia en toda la extensión de la palabra, porque socialismo sin democracia es otra forma de opresión y alienación para los pueblos. Este tipo de régimen podría ser la forma de evitar que se cumpla de nuevo la profecía de Max Weber, quien decía que el triunfo de la revolución significaría la burocratización del socialismo.
Para que el socialismo se desarrolle es imprescindible que la sociedad y sus instituciones vivan en una revolución permanente y así combatir enérgicamente las desviaciones como la corrupción, la burocratización, la formación de nuevas élites que se enriquecen a la sombra del régimen. El gobierno debe ser dirigido por revolucionarios probados en las luchas cotidianas y no por tecnócratas que dicen defender el cambio, pero que en sus tareas diarias sabotean las directrices del gobierno porque no están ganados para consolidar el poder del pueblo.
La relación de la dirección política con la población tiene que establecerse a través de la praxis cotidiana de los revolucionarios inspirados en valores morales como la solidaridad, la honestidad, la humildad y el trato en igualdad de condiciones que sirven como estimulo para desarrollar dichas premisas en la sociedad.
El ciudadano debe ser formado en el ejercicio de la crítica constructiva para que señale las desviaciones del proceso político, y no ocultar los errores con el argumento que se le esta dando información a los enemigos del régimen, esto le ha hecho mucho daño al socialismo porque así se evita dar soluciones drásticas a los problemas y ellos se reproducen con mayor facilidad en la población. Tal es el caso del ejemplo cubano, que a los 47 años del triunfo de la revolución Fidel Castro advierte que puede ser derrotada, no tanto por el imperialismo sino por la corrupción que se ha extendido en diversos sectores de la sociedad donde están surgiendo nuevos ricos.
Es preciso eludir la enfermedad del voluntarismo, es decir, plantearse metas irrealizables en el campo político, económico y social que generan falsas expectativa en la población lo que puede conducir a su frustración. Es preferible tomar medidas realistas pero de calidad, situación que genera una excelente referencia de los logros de la revolución.
Para que el socialismo sea exitoso en un país es necesaria la integración de gobiernos afines con deberes y derechos basados en la solidaridad y complementariedad de acuerdo a sus potencialidades. En este sentido, la experiencia del Alba entre Venezuela Cuba y Bolivia es un buen inicio, pero falta mucho que recorrer para lograr la unión en el campo político, económico y social.
Juan Roberto Torres Peláez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Pedro Gual
CEPRID
La crisis del socialismo se manifiesta con toda su intensidad con la caída de la Unión Soviética y de sus países satélites. Situación que repercute en los movimientos revolucionarios de América Latina, como la crisis económica y social que vivió Cuba en el denominado periodo especial en la década del 90, la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y el proceso de pacificación de las guerrillas en Guatemala y El Salvador, aunado a la ofensiva política del neoliberalismo.
Los ideólogos del imperio de la economía de mercado celebraban la derrota del socialismo y el fin de la guerra fría, entre ellos se destaca Francis Fukuyama que en su obra “El fin de la historia y el último hombre” plantea que la derrota de la utopía marxista conduce definitivamente a la hegemonía de la democracia liberal en el mundo.
Después de dos décadas los pueblos reaccionan contra la crisis económica, social y política que dejó como legado el neoliberalismo y resurgen gobiernos de izquierda y de centroizquierda, de manera especial en nuestra región donde los primeros pregonan que su opción es la revolución. Este es el caso de Venezuela con el presidente Chávez, quien llama a discutir los fundamentos del socialismo del siglo XXI.
Al debatir sobre el tema debemos tomar en cuenta la experiencia de los países que implantaron ese régimen para evitar cometer los mismos errores que los condenó al fracaso. En ese sentido, se debe evitar el estatismo excesivo, porque invade todas las esferas de la sociedad y se convierte en una nueva forma de opresión y de alienación para los pueblos. El Estado sólo debe controlar las empresas de carácter estratégicos, para que la sociedad tenga acceso a otros tipos de democratización de la propiedad, como las cooperativas, la cogestión, las pequeñas y medianas empresas e incluso se podría aceptar la inversión de las transnacionales siempre y cuando respeten el marco jurídico del país.
Hay que romper con la concepción errada del partido único de la revolución, porque es antidemocrático al no permitir otras fuentes de expresión políticas a la sociedad. Los partidos no deben tener la potestad para designar candidatos a los cargos públicos, la comunidad organizada también debe asumir ese derecho para así evitar el monopolio de las decisiones políticas y la formación de una nueva elite.
En las fábricas sus directores, gerentes y supervisores tienen que ser electos directamente por los trabajadores y la participación del colectivo tiene preponderancia en el cumplimiento de las metas de producción de cada empresa, pero es necesario el equilibrio entre los estímulos morales y materiales para que el trabajo no sea considerado como un sacrificio sino como un deber.
La política salarial debería evitar el mal del igualitarismo porque fomenta la corrupción, el poco amor al trabajo y no estimula la competencia sana, lo cual afecta la productividad. Lo contrario, la excesiva brecha de salarios entre el trabajo manual e intelectual, genera una nueva elite en la sociedad defensora de sus intereses en detrimento de las mayorías. Lo grave de está situación es cuando el gobierno entra en crisis, los pueblos se sublevan y fomentan la caída del régimen. El mejor ejemplo de esto es lo que aconteció en la U.R.S.S y en Europa Oriental.
Para la consolidación del socialismo es necesario profundizar los cambios a favor de la mayoría de la sociedad, pero es imprescindible la implantación de los valores morales que inculcarán los deberes y derechos del ciudadano, los cuales serán el norte de la revolución. Desde .esta óptica se debe evitar el excesivo énfasis en los derechos que son importantes para mejorar la calidad de vida de la población, pero los deberes son imprescindibles porque demuestran el grado de madurez y de solidaridad de la sociedad.
El socialismo fomentará la creación de una nueva civilización que tenga como guía el amor, la solidaridad, la igualdad, la participación ciudadana y la libertad. Es decir, la democracia en toda la extensión de la palabra, porque socialismo sin democracia es otra forma de opresión y alienación para los pueblos. Este tipo de régimen podría ser la forma de evitar que se cumpla de nuevo la profecía de Max Weber, quien decía que el triunfo de la revolución significaría la burocratización del socialismo.
Para que el socialismo se desarrolle es imprescindible que la sociedad y sus instituciones vivan en una revolución permanente y así combatir enérgicamente las desviaciones como la corrupción, la burocratización, la formación de nuevas élites que se enriquecen a la sombra del régimen. El gobierno debe ser dirigido por revolucionarios probados en las luchas cotidianas y no por tecnócratas que dicen defender el cambio, pero que en sus tareas diarias sabotean las directrices del gobierno porque no están ganados para consolidar el poder del pueblo.
La relación de la dirección política con la población tiene que establecerse a través de la praxis cotidiana de los revolucionarios inspirados en valores morales como la solidaridad, la honestidad, la humildad y el trato en igualdad de condiciones que sirven como estimulo para desarrollar dichas premisas en la sociedad.
El ciudadano debe ser formado en el ejercicio de la crítica constructiva para que señale las desviaciones del proceso político, y no ocultar los errores con el argumento que se le esta dando información a los enemigos del régimen, esto le ha hecho mucho daño al socialismo porque así se evita dar soluciones drásticas a los problemas y ellos se reproducen con mayor facilidad en la población. Tal es el caso del ejemplo cubano, que a los 47 años del triunfo de la revolución Fidel Castro advierte que puede ser derrotada, no tanto por el imperialismo sino por la corrupción que se ha extendido en diversos sectores de la sociedad donde están surgiendo nuevos ricos.
Es preciso eludir la enfermedad del voluntarismo, es decir, plantearse metas irrealizables en el campo político, económico y social que generan falsas expectativa en la población lo que puede conducir a su frustración. Es preferible tomar medidas realistas pero de calidad, situación que genera una excelente referencia de los logros de la revolución.
Para que el socialismo sea exitoso en un país es necesaria la integración de gobiernos afines con deberes y derechos basados en la solidaridad y complementariedad de acuerdo a sus potencialidades. En este sentido, la experiencia del Alba entre Venezuela Cuba y Bolivia es un buen inicio, pero falta mucho que recorrer para lograr la unión en el campo político, económico y social.
Juan Roberto Torres Peláez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Pedro Gual
Preparando un genocidio: Bush y Aznar en Crawford
Yusuf Fernández
elplural.com
La trascripción del acta de Crawford, en la que se muestra la forma en la que el presidente de EEUU, George W. Bush, y su mascota fiel, el presidente de Gobierno español José María Aznar, planearon una guerra contra un país indefenso –que llevaba en ese momento una década sometido a las que la propia ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright calificó de “las sanciones más duras de la historia”, que costaron la vida a entre uno y dos millones de iraquíes- es probablemente uno de los episodios más vergonzosos e indecentes de la historia reciente. Bush y Aznar estaban discutiendo ni más ni menos que la manera menos gravosa de invadir ilegalmente un país por razones económicas y estratégicas y con una total indiferencia hacia el sufrimiento causado a su población.
El acta viene a corroborar algo que ya era sabido: que el tema de las armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto y que no había nada que Iraq pudiera hacer antes de la invasión para evitar la guerra. Los datos de que Iraq estaba cooperando activamente con los inspectores de la ONU, ofrecidos por su jefe Hans Blix, y de que aquellos no habían hallado ningún indicio de la existencia de tales armas fueron rechazados con desprecio por la Administración Bush.
Durante la conversación, Bush se muestra más como el jefe de un grupo de gánsters que como el presidente responsable de una nación. De ahí las amenazas proferidas contra países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como México, Chile, Angola, Camerún y Rusia, a los que se exigiría que votasen a favor de una resolución que aprobase la guerra o “se atengan a las consecuencias”. Afortunadamente, dichos países no se dejaron intimidar y esto no sólo salvó su propio honor, sino también la propia legalidad internacional.
Aznar, por su parte, adopta una actitud patética de obediencia hacia el amo (“Nos ayudaría ese texto para ser capaces de copatrocinarlo y ser sus coautores y conseguir que mucha gente lo patrocine)", aunque no exenta de nerviosismo. “Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años”, suplicó Aznar. Esta “ayuda” consistía en que Bush presionara lo suficiente para aprobar la mencionada resolución en la ONU con el fin de intentar salvar la cara de Aznar y Blair ante sus propias opiniones públicas. Dicha resolución, pues, no se buscaba por razones de legalidad o respeto al Derecho Internacional, sino como una mera pantalla propagandística.
Esta declaración demuestra no sólo que Aznar era plenamente consciente de que el pueblo español estaba totalmente en contra de la guerra, como demostraban todas las encuestas y las manifestaciones antibélicas que habían reunido a tres millones de personas en diversas ciudades de la geografía española una semana antes, sino que se disponía a participar en una guerra de agresión y en una gran matanza, algo en lo que España no se había visto inmersa desde al menos dos siglos antes. En este sentido, cabe señalar que Aznar no sólo violó la legalidad internacional sino que manchó el propio honor de España, aunque éste se vio luego restaurado por las propias protestas en la calle contra la guerra y, sobre todo, por la humillante derrota sufrida por el partido de Aznar en las elecciones del 14 de marzo de 2004.
El resultado de aquella conspiración es evidente. Más de un millón de iraquíes muertos en una guerra de agresión, dos millones de desplazados, la destrucción de la red educativa y sanitaria y la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural de Iraq, incluyendo múltiples objetos procedentes de civilizaciones que se hallan entre las más antiguas de la humanidad, como las de Ur, Babilonia, Asiria y otras. Un país económica y socialmente avanzado ha retrocedido muchas décadas y se halla inmerso ahora en una dura guerra. Toda una generación de niños iraquíes, según la ONU, ha perdido su infancia y carece de la atención y medios adecuados. A esto hay que añadir también la muerte, hasta el momento, de casi 3.800 soldados estadounidenses, 169 británicos y muchos otros.
La publicación de las actas de Crawford debería servir de base legal para iniciar el procesamiento de Bush y Aznar por el delito de “conspiración contra la paz”, recogido en el Juicio de Nuremberg (1946-47). Es claro que en el caso de Bush habría que añadir también los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ciertamente, el procesamiento de Bush y Aznar no serviría para paliar el sufrimiento ocasionado a millones de iraquíes, pero demostraría al menos que valores como la justicia y la dignidad ocupan aún un pequeño lugar en este mundo y que muchos ciudadanos de EEUU y España no están dispuestos admitir que se cometan tales crímenes en su nombre.
elplural.com
La trascripción del acta de Crawford, en la que se muestra la forma en la que el presidente de EEUU, George W. Bush, y su mascota fiel, el presidente de Gobierno español José María Aznar, planearon una guerra contra un país indefenso –que llevaba en ese momento una década sometido a las que la propia ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright calificó de “las sanciones más duras de la historia”, que costaron la vida a entre uno y dos millones de iraquíes- es probablemente uno de los episodios más vergonzosos e indecentes de la historia reciente. Bush y Aznar estaban discutiendo ni más ni menos que la manera menos gravosa de invadir ilegalmente un país por razones económicas y estratégicas y con una total indiferencia hacia el sufrimiento causado a su población.
El acta viene a corroborar algo que ya era sabido: que el tema de las armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto y que no había nada que Iraq pudiera hacer antes de la invasión para evitar la guerra. Los datos de que Iraq estaba cooperando activamente con los inspectores de la ONU, ofrecidos por su jefe Hans Blix, y de que aquellos no habían hallado ningún indicio de la existencia de tales armas fueron rechazados con desprecio por la Administración Bush.
Durante la conversación, Bush se muestra más como el jefe de un grupo de gánsters que como el presidente responsable de una nación. De ahí las amenazas proferidas contra países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como México, Chile, Angola, Camerún y Rusia, a los que se exigiría que votasen a favor de una resolución que aprobase la guerra o “se atengan a las consecuencias”. Afortunadamente, dichos países no se dejaron intimidar y esto no sólo salvó su propio honor, sino también la propia legalidad internacional.
Aznar, por su parte, adopta una actitud patética de obediencia hacia el amo (“Nos ayudaría ese texto para ser capaces de copatrocinarlo y ser sus coautores y conseguir que mucha gente lo patrocine)", aunque no exenta de nerviosismo. “Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años”, suplicó Aznar. Esta “ayuda” consistía en que Bush presionara lo suficiente para aprobar la mencionada resolución en la ONU con el fin de intentar salvar la cara de Aznar y Blair ante sus propias opiniones públicas. Dicha resolución, pues, no se buscaba por razones de legalidad o respeto al Derecho Internacional, sino como una mera pantalla propagandística.
Esta declaración demuestra no sólo que Aznar era plenamente consciente de que el pueblo español estaba totalmente en contra de la guerra, como demostraban todas las encuestas y las manifestaciones antibélicas que habían reunido a tres millones de personas en diversas ciudades de la geografía española una semana antes, sino que se disponía a participar en una guerra de agresión y en una gran matanza, algo en lo que España no se había visto inmersa desde al menos dos siglos antes. En este sentido, cabe señalar que Aznar no sólo violó la legalidad internacional sino que manchó el propio honor de España, aunque éste se vio luego restaurado por las propias protestas en la calle contra la guerra y, sobre todo, por la humillante derrota sufrida por el partido de Aznar en las elecciones del 14 de marzo de 2004.
El resultado de aquella conspiración es evidente. Más de un millón de iraquíes muertos en una guerra de agresión, dos millones de desplazados, la destrucción de la red educativa y sanitaria y la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural de Iraq, incluyendo múltiples objetos procedentes de civilizaciones que se hallan entre las más antiguas de la humanidad, como las de Ur, Babilonia, Asiria y otras. Un país económica y socialmente avanzado ha retrocedido muchas décadas y se halla inmerso ahora en una dura guerra. Toda una generación de niños iraquíes, según la ONU, ha perdido su infancia y carece de la atención y medios adecuados. A esto hay que añadir también la muerte, hasta el momento, de casi 3.800 soldados estadounidenses, 169 británicos y muchos otros.
La publicación de las actas de Crawford debería servir de base legal para iniciar el procesamiento de Bush y Aznar por el delito de “conspiración contra la paz”, recogido en el Juicio de Nuremberg (1946-47). Es claro que en el caso de Bush habría que añadir también los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ciertamente, el procesamiento de Bush y Aznar no serviría para paliar el sufrimiento ocasionado a millones de iraquíes, pero demostraría al menos que valores como la justicia y la dignidad ocupan aún un pequeño lugar en este mundo y que muchos ciudadanos de EEUU y España no están dispuestos admitir que se cometan tales crímenes en su nombre.
La Reina del Pacifico!
Cómo hacen las cosas en el gobierno. Después de la caída de un avión cargado de droga en Yucatán y donde se observa como están el gobierno de EU y el Gobierno de México involucrados, se hace una cortina de humo para llevar toda la atención hacia otro lado por la captura de La Reina del Pacifico (Guapa – Buen Ver ) con su novio de Colombia.
La reubicación del paso de la droga hacia los Estados Unidos se observa que es y será por la Península llevada a cabo por el Gobierno Mexicano; ¿no nos dice algo la visita del loco George Bush a Yucatán visitando la Hacienda del prestasnombres y miembro de cárteles de la droga, Roberto Hernández? Estamos sumergidos en la corrupción la mentira y el engaño, todo lo que se vive en México y lo que quiere imponer el gobierno a la sociedad es pura fantasía.
La reubicación del paso de la droga hacia los Estados Unidos se observa que es y será por la Península llevada a cabo por el Gobierno Mexicano; ¿no nos dice algo la visita del loco George Bush a Yucatán visitando la Hacienda del prestasnombres y miembro de cárteles de la droga, Roberto Hernández? Estamos sumergidos en la corrupción la mentira y el engaño, todo lo que se vive en México y lo que quiere imponer el gobierno a la sociedad es pura fantasía.
Sigamos con la Revolución de las conciencias en la población que será el parte aguas del cambio que necesitamos las personas que queremos hacer las cosas bien y vivir en un entorno equitativo tanto social como ambiental.
Liberados, unos 40 opositores cubanos detenidos el pasado jueves
Algunos de ellos reciben un “acta de advertencia”
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de septiembre. Unos 40 opositores que fueron detenidos para evitar su participación en una protesta pública quedaron en libertad entre el jueves y el viernes, informaron hoy fuentes de la disidencia.
Casi todos fueron liberados sin cargos, pero algunos en la provincia central de Villa Clara recibieron un “acta de advertencia” (amonestación escrita), informó Carlos Menéndez, de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Las detenciones se produjeron en las casas o en la vía pública, tanto en provincia como en esta capital, dijo la activista Martha Beatriz Roque, quien encabezaba la protesta. Añadió que “la seguridad tomó la terminal de omnibuses de Santa Clara (capital de Villa Clara) y no dejaron trabajar a los boteros (taxis particulares)”.
La protesta consistía en presentar el jueves en la mañana una carta en el Ministerio de Justicia reclamando que los opositores presos “sean tratados con dignidad” y después instalar un plantón frente a esa dependencia, en espera de una respuesta oficial.
Finalmente sólo seis personas pudieron acompañar a Roque a entregar la carta, poco después del mediodía. El grupo permaneció en la acera frontal al ministerio durante varias horas, donde explicó la situación a periodistas extranjeros.
Según la versión de Martha Beatriz Roque, al caer la noche trabajadores del ministerio se reunieron frente al grupo para hacer un “mitin de repudio” contra los inconformes. A continuación, agentes de civil y mujeres policías obligaron a los opositores a subir a un autobús.
En ese momento estaban reunidos 12 activistas. Los que viven en la capital fueron llevados a sus casas. Los de provincia estuvieron en estaciones de policía y quedaron libres en la terminal de autobuses, según el relato.
Roque señaló que un funcionario del Ministerio de Justicia le dijo que recibiría “oportunamente” una respuesta a la carta.
También indicó que el activista José Luis García Pérez (Antúnez) fue detenido en La Habana y trasladado en un automóvil compacto a Villa Clara, su provincia de origen, donde quedó libre durante la madrugada de este viernes.
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de septiembre. Unos 40 opositores que fueron detenidos para evitar su participación en una protesta pública quedaron en libertad entre el jueves y el viernes, informaron hoy fuentes de la disidencia.
Casi todos fueron liberados sin cargos, pero algunos en la provincia central de Villa Clara recibieron un “acta de advertencia” (amonestación escrita), informó Carlos Menéndez, de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Las detenciones se produjeron en las casas o en la vía pública, tanto en provincia como en esta capital, dijo la activista Martha Beatriz Roque, quien encabezaba la protesta. Añadió que “la seguridad tomó la terminal de omnibuses de Santa Clara (capital de Villa Clara) y no dejaron trabajar a los boteros (taxis particulares)”.
La protesta consistía en presentar el jueves en la mañana una carta en el Ministerio de Justicia reclamando que los opositores presos “sean tratados con dignidad” y después instalar un plantón frente a esa dependencia, en espera de una respuesta oficial.
Finalmente sólo seis personas pudieron acompañar a Roque a entregar la carta, poco después del mediodía. El grupo permaneció en la acera frontal al ministerio durante varias horas, donde explicó la situación a periodistas extranjeros.
Según la versión de Martha Beatriz Roque, al caer la noche trabajadores del ministerio se reunieron frente al grupo para hacer un “mitin de repudio” contra los inconformes. A continuación, agentes de civil y mujeres policías obligaron a los opositores a subir a un autobús.
En ese momento estaban reunidos 12 activistas. Los que viven en la capital fueron llevados a sus casas. Los de provincia estuvieron en estaciones de policía y quedaron libres en la terminal de autobuses, según el relato.
Roque señaló que un funcionario del Ministerio de Justicia le dijo que recibiría “oportunamente” una respuesta a la carta.
También indicó que el activista José Luis García Pérez (Antúnez) fue detenido en La Habana y trasladado en un automóvil compacto a Villa Clara, su provincia de origen, donde quedó libre durante la madrugada de este viernes.
Sólo por el odio un maestro de las letras se rebaja: embajador de Venezuela
Con todo respeto le digo al embajador Chaderton que no sé de donde saca que Carlos Fuentes es un buen escritor. Es un individuo que siempre ha vivido en el lujo gracias al sistema oficialista y ha sabido manejar las relaciones públicas para que se le cree esa fama de buen escritor. "La región más transparente" es una novela mediocre y telenovelesca que tiene fallas importantes en función de la realidad que desea pintar, crítica superflua y frívola de una realidad que por principio desconoce porque siempre ha sido un privilegiado. Como persona es todavía más mediocre, pues que se puede pensar de un individuo que sólo finta la posición progresista pero que en el fondo siempre ha terminado alineándose al sistema del que ha mamado toda su vida.
Chaderton responde a las declaraciones de Carlos Fuentes contra Hugo Chávez
Abandonó la región más transparente y terminó convertido en un gringo viejo, espetó
Mariana Norandi y Emir Olivares
El embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton Matos, rechazó “las declaraciones ofensivas” que el escritor Carlos Fuentes formuló contra el presidente Hugo Chávez, a quien calificó de “payaso” y lo comparó con Adolf Hitler y Benito Mussolini.
En conferencia de prensa, manifestó que siente gran admiración por la obra literaria del escritor mexicano, pero consideró “irrespetuosos” los señalamientos que Fuentes formuló acerca del presidente Chávez y su gobierno. Lamentó que intelectuales a los que consideraba progresistas, ante “una revolución en serio” terminen flaqueando.
El jueves por la noche, durante un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador Chaderton ya se había referido al tema. Dijo que días antes leyó un artículo en el que “un personaje” escribió sobre Hitler, Mussolini y Chávez.
“Este personaje abandonó la región más transparente, cambió de piel, ahora tiene el aura de converso y en su avanzada senilidad ha terminado convertido en un gringo viejo”, parafreseó.
En ese foro, Chaderton protestó ante la ofensiva para crear “una imagen horrorosa” de Hugo Chávez en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
La respuesta a Fuentes, un día después de que éste entregó su acervo bibliográfico a la UNAM, fue directa, aunque el embajador de Venezuela no llamó al escritor por su nombre, deslizó que “así como a Supermán le dañaba la criptonita, parece que la revolución en serio es como criptonita para ciertos superhéroes del progresismo internacional”.
Odio y racismo
Ayer, en conferencia de prensa, el diplomático se refirió a las declaraciones del escritor en contra del presidente de Venezuela. Dijo que sólo una visión “anglocentrista y racista de la vida” puede permitir un lenguaje tan inapropiado.
“Solamente un odio inyectado o inoculado” puede explicar, insistió, que un maestro de las letras, “como es ese gigante de la literatura latinoamericana, puede haberse rebajado a utilizar un lenguaje de su propia creación que no denigra al objetivo de su ataque, sino que lo denigra a él mismo”.
Justificó la defensa del presidente Chávez, ya que, dijo, en su condición de embajador no sólo está obligado a promover los intereses de su país, sino también a defenderlos, “eso incluye la defensa de las personas ungidas con la representación popular”.
Chaderton fue también cuestionado en torno al cierre de Radio Caracas Televisión en mayo pasado, tras caducar su concesión. Explicó que la televisora había impuesto una “dictadura mediática” que, por ejemplo, en un país multiétnico como Venezuela, trasmitía patrones de belleza que no se correspondían con la realidad del país.
Aunado a ello, recalcó, la empresa televisiva silenciaba las voces populares que apoyan a Chávez, como ocurrió con el golpe de Estado del año 2002 contra el mandatario venezolano.
“Desde que decidimos enfrentar la dictadura mediática, hoy Venezuela es uno de los países que mayor libertad de expresión tiene y hay menos corrupción que en Europa occidental”. Hizo notar al respecto que en España retiraron la edición de una revista “por una caricatura erótica de la familia real”.
Un día antes, durante el Foro sobre las modificaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el embajador insistió en que pese a que se diga lo contrario el derecho a la libertad de expresión está garantizado en su país.
“Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión en Venezuela; algunos se dan el lujo de invitar al magnicidio y quedan impunes; no hay país donde pueda ocurrir eso: si fuera en Estados Unidos o Francia sería cadena perpetua”.
Ante un público universitario, Chaderton dijo que una campaña mediática “es la que ha llevado al envenenamiento a través de la mentira” a la sociedad venezolana y mundial, sobre todo a la clase media, que es la más atemorizada.
La dictadura militar en Venezuela concluyó en enero de 1958, pero comenzó una especie de “dictadura mediática”, en la que se dio más peso al valor monetario que a los contenidos críticos y culturales, pese a que en teoría se transitaba hacia un sistema democrático.
Chaderton responde a las declaraciones de Carlos Fuentes contra Hugo Chávez
Abandonó la región más transparente y terminó convertido en un gringo viejo, espetó
Mariana Norandi y Emir Olivares
El embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton Matos, rechazó “las declaraciones ofensivas” que el escritor Carlos Fuentes formuló contra el presidente Hugo Chávez, a quien calificó de “payaso” y lo comparó con Adolf Hitler y Benito Mussolini.
En conferencia de prensa, manifestó que siente gran admiración por la obra literaria del escritor mexicano, pero consideró “irrespetuosos” los señalamientos que Fuentes formuló acerca del presidente Chávez y su gobierno. Lamentó que intelectuales a los que consideraba progresistas, ante “una revolución en serio” terminen flaqueando.
El jueves por la noche, durante un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador Chaderton ya se había referido al tema. Dijo que días antes leyó un artículo en el que “un personaje” escribió sobre Hitler, Mussolini y Chávez.
“Este personaje abandonó la región más transparente, cambió de piel, ahora tiene el aura de converso y en su avanzada senilidad ha terminado convertido en un gringo viejo”, parafreseó.
En ese foro, Chaderton protestó ante la ofensiva para crear “una imagen horrorosa” de Hugo Chávez en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
La respuesta a Fuentes, un día después de que éste entregó su acervo bibliográfico a la UNAM, fue directa, aunque el embajador de Venezuela no llamó al escritor por su nombre, deslizó que “así como a Supermán le dañaba la criptonita, parece que la revolución en serio es como criptonita para ciertos superhéroes del progresismo internacional”.
Odio y racismo
Ayer, en conferencia de prensa, el diplomático se refirió a las declaraciones del escritor en contra del presidente de Venezuela. Dijo que sólo una visión “anglocentrista y racista de la vida” puede permitir un lenguaje tan inapropiado.
“Solamente un odio inyectado o inoculado” puede explicar, insistió, que un maestro de las letras, “como es ese gigante de la literatura latinoamericana, puede haberse rebajado a utilizar un lenguaje de su propia creación que no denigra al objetivo de su ataque, sino que lo denigra a él mismo”.
Justificó la defensa del presidente Chávez, ya que, dijo, en su condición de embajador no sólo está obligado a promover los intereses de su país, sino también a defenderlos, “eso incluye la defensa de las personas ungidas con la representación popular”.
Chaderton fue también cuestionado en torno al cierre de Radio Caracas Televisión en mayo pasado, tras caducar su concesión. Explicó que la televisora había impuesto una “dictadura mediática” que, por ejemplo, en un país multiétnico como Venezuela, trasmitía patrones de belleza que no se correspondían con la realidad del país.
Aunado a ello, recalcó, la empresa televisiva silenciaba las voces populares que apoyan a Chávez, como ocurrió con el golpe de Estado del año 2002 contra el mandatario venezolano.
“Desde que decidimos enfrentar la dictadura mediática, hoy Venezuela es uno de los países que mayor libertad de expresión tiene y hay menos corrupción que en Europa occidental”. Hizo notar al respecto que en España retiraron la edición de una revista “por una caricatura erótica de la familia real”.
Un día antes, durante el Foro sobre las modificaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el embajador insistió en que pese a que se diga lo contrario el derecho a la libertad de expresión está garantizado en su país.
“Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión en Venezuela; algunos se dan el lujo de invitar al magnicidio y quedan impunes; no hay país donde pueda ocurrir eso: si fuera en Estados Unidos o Francia sería cadena perpetua”.
Ante un público universitario, Chaderton dijo que una campaña mediática “es la que ha llevado al envenenamiento a través de la mentira” a la sociedad venezolana y mundial, sobre todo a la clase media, que es la más atemorizada.
La dictadura militar en Venezuela concluyó en enero de 1958, pero comenzó una especie de “dictadura mediática”, en la que se dio más peso al valor monetario que a los contenidos críticos y culturales, pese a que en teoría se transitaba hacia un sistema democrático.
Convoca AMLO a encuentro en el Zócalo para frenar alza de precios
El próximo 18 de noviembre tomaremos acuerdos, dice a simpatizantes de la CND
“Calderón, cínico e inepto”; quiere cobrar más al pueblo y los funcionarios mantienen sueldos altos
Enrique Méndez (Enviado)
Zapotitlán, Pue., 28 de septiembre. El “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) a congregarse el 18 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para tomar acuerdos que permitan detener el incremento a los precios de combustibles y de otros productos, desatado con el impuesto especial a la gasolina y el diesel, así como para defender las industrias petrolera y eléctrica.
“No queremos el aumento, no queremos ninguna rebaja; se acabó con eso. Lo voy a mencionar todos los días, y en el Zócalo vamos a frenar todos los incrementos, que son injustos e inmorales. Vamos a poner un alto a la carestía, porque el gobierno usurpador no tiene interés en detenerla. Y vamos a defender los bienes de la nación”, advirtió.
Por la noche, en Ajalpan, afirmó que “el espurio” Felipe Calderón es “un cínico e inepto”, que en la campaña por la Presidencia le copió su propuesta de reducir los precios del gas y las gasolinas, y ahora hará lo contrario. “No sólo eso, sostiene el mismo régimen de corrupción. ¿Creen que no da coraje que le quieran cobrar más a la gente y los servidores públicos tengan sueldos altísimos?” –cuestionó.
Desde temprano, en Zapotitlán, donde Luis Estrada filmó La ley de Herodes, López Obrador llamó a acabar con la corrupción que representa el PRIAN, y señaló que los privilegios de la alta burocracia, así como las pensiones y la riqueza de los ex presidentes de la República serían un buen tema para una cinta similar, sobre todo ahora que el “gobierno espurio” aumentará los impuestos, apretará al pueblo, pero no hará nada para reducir los costos del aparato burocrático.
“Cuando uno ve esa película sabe que no han cambiado las cosas. Siguen los cacicazgos y las injusticias en todo el país. Hay peores cosas arriba. Esa cinta refleja el cacicazgo rural, pero en las cúpulas del poder todavía se cometen más atrocidades”, expresó.
Tanto aquí, como más tarde en San Antonio Cañada y San Gabriel Chilac, el ex candidato presidencial consideró que si algún cineasta se interesara en reflejar en una película los beneficios de la clase política del PAN y del PRI, bien podría ponerle como título “La ley del embudo”.
Porque –expuso– la alta burocracia se queda con la mayor parte del presupuesto de egresos, cuando debería redistribuirse para abatir la pobreza. El ejemplo más reciente –insistió– lo ofreció Vicente Fox, al exhibir la remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.
“Esa sí es casa, esa sí es mansión. ¡Ese sí es cacicazgo! Imagínense (una película) de esa chachalaca ladrona de Vicente Fox. Ya ni hablar de Carlos Salinas y de otros más”, dijo.
El “presidente legítimo” resaltó el valor de La ley de Herodes, pero planteó que aún no se ha rodado una película que “refleje cómo funciona el cacicazgo arriba, que denuncie a los grandes caciques que tienen acaparado el presupuesto. Con el dinero de todos se mantiene una casta de privilegiados”.
A lo largo del recorrido de hoy, López Obrador visitó municipios de alta pobreza. Empezó en Caltepec, que irónicamente sigue siendo gobernado por el PRI y en el que su única competencia real es Acción Nacional. Ahí, el PRD ni siquiera postuló candidato a presidente municipal para las elecciones del 11 de noviembre.
Caltepec está a 12 kilómetros de la carretera federal Tehuacán-Oaxaca, pero la mitad del trayecto debe recorrerse por un tramo sin asfalto, porque la empresa a la cual se adjudicó el contrato para su rehabilitación, de plano abandonó hasta la maquinaria, desde hace seis años.
Ahí, el tabasqueño se encontró con una recepción de apenas 50 personas, debido a que la mayoría de sus 600 habitantes trabajan en Tehuacán o han emigrado a Estados Unidos, debido al abandono en que todas las administraciones estatales y federales han dejado a Caltepec.
Control de la Iglesia
Eso sí, el municipio está controlado por la Iglesia católica, que edificó cuatro templos, así que además hay un sacerdote por cada 150 habitantes.
Después, López Obrador se trasladó a la comunidad de San Pedro de los Sahuaros. Siempre teniendo como marco la película de Estrada y los sucesivos gobiernos de PRI-PAN, en Zapotitlán afirmó que si los priístas tenían fama de ladrones, los panistas “salieron más rateros, y eso ya es decir bastante”.
Ello le permitió referirse al candidato priísta a edil, y señaló a los zapotitlecos: “me dicen que es bastante presumido y está gastando mucho dinero en la campaña, pero todo se los va a cobrar. El que empieza con esas mañoserías va a sacar lo que gastó”.
La forma en que los abanderados del PRI y del PAN gastan el dinero en campaña “para comprar los votos” ciudadanos también fue punto central de su discurso ante la comunidad de San Antonio Cañada –en su mayoría ancianos, mujeres y niños—, donde resaltó que, cuando hay campañas, esos partidos regalan despensas, materiales de construcción y hasta dinero en efectivo.
A los poblanos que votarán el 11 de noviembre les sugirió que acepten lo que les dan, aun cuando les pidan sufragar por los candidatos del PRIAN, “pero al momento de estar en las urnas crucen la boleta por los perredistas.
“Si es necesario decir una mentira piadosa, hay que decir que sí. Nada más que el voto es libre. Voten por lo que les diga su conciencia”, expresó.
“Calderón, cínico e inepto”; quiere cobrar más al pueblo y los funcionarios mantienen sueldos altos
Enrique Méndez (Enviado)
Zapotitlán, Pue., 28 de septiembre. El “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) a congregarse el 18 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para tomar acuerdos que permitan detener el incremento a los precios de combustibles y de otros productos, desatado con el impuesto especial a la gasolina y el diesel, así como para defender las industrias petrolera y eléctrica.
“No queremos el aumento, no queremos ninguna rebaja; se acabó con eso. Lo voy a mencionar todos los días, y en el Zócalo vamos a frenar todos los incrementos, que son injustos e inmorales. Vamos a poner un alto a la carestía, porque el gobierno usurpador no tiene interés en detenerla. Y vamos a defender los bienes de la nación”, advirtió.
Por la noche, en Ajalpan, afirmó que “el espurio” Felipe Calderón es “un cínico e inepto”, que en la campaña por la Presidencia le copió su propuesta de reducir los precios del gas y las gasolinas, y ahora hará lo contrario. “No sólo eso, sostiene el mismo régimen de corrupción. ¿Creen que no da coraje que le quieran cobrar más a la gente y los servidores públicos tengan sueldos altísimos?” –cuestionó.
Desde temprano, en Zapotitlán, donde Luis Estrada filmó La ley de Herodes, López Obrador llamó a acabar con la corrupción que representa el PRIAN, y señaló que los privilegios de la alta burocracia, así como las pensiones y la riqueza de los ex presidentes de la República serían un buen tema para una cinta similar, sobre todo ahora que el “gobierno espurio” aumentará los impuestos, apretará al pueblo, pero no hará nada para reducir los costos del aparato burocrático.
“Cuando uno ve esa película sabe que no han cambiado las cosas. Siguen los cacicazgos y las injusticias en todo el país. Hay peores cosas arriba. Esa cinta refleja el cacicazgo rural, pero en las cúpulas del poder todavía se cometen más atrocidades”, expresó.
Tanto aquí, como más tarde en San Antonio Cañada y San Gabriel Chilac, el ex candidato presidencial consideró que si algún cineasta se interesara en reflejar en una película los beneficios de la clase política del PAN y del PRI, bien podría ponerle como título “La ley del embudo”.
Porque –expuso– la alta burocracia se queda con la mayor parte del presupuesto de egresos, cuando debería redistribuirse para abatir la pobreza. El ejemplo más reciente –insistió– lo ofreció Vicente Fox, al exhibir la remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.
“Esa sí es casa, esa sí es mansión. ¡Ese sí es cacicazgo! Imagínense (una película) de esa chachalaca ladrona de Vicente Fox. Ya ni hablar de Carlos Salinas y de otros más”, dijo.
El “presidente legítimo” resaltó el valor de La ley de Herodes, pero planteó que aún no se ha rodado una película que “refleje cómo funciona el cacicazgo arriba, que denuncie a los grandes caciques que tienen acaparado el presupuesto. Con el dinero de todos se mantiene una casta de privilegiados”.
A lo largo del recorrido de hoy, López Obrador visitó municipios de alta pobreza. Empezó en Caltepec, que irónicamente sigue siendo gobernado por el PRI y en el que su única competencia real es Acción Nacional. Ahí, el PRD ni siquiera postuló candidato a presidente municipal para las elecciones del 11 de noviembre.
Caltepec está a 12 kilómetros de la carretera federal Tehuacán-Oaxaca, pero la mitad del trayecto debe recorrerse por un tramo sin asfalto, porque la empresa a la cual se adjudicó el contrato para su rehabilitación, de plano abandonó hasta la maquinaria, desde hace seis años.
Ahí, el tabasqueño se encontró con una recepción de apenas 50 personas, debido a que la mayoría de sus 600 habitantes trabajan en Tehuacán o han emigrado a Estados Unidos, debido al abandono en que todas las administraciones estatales y federales han dejado a Caltepec.
Control de la Iglesia
Eso sí, el municipio está controlado por la Iglesia católica, que edificó cuatro templos, así que además hay un sacerdote por cada 150 habitantes.
Después, López Obrador se trasladó a la comunidad de San Pedro de los Sahuaros. Siempre teniendo como marco la película de Estrada y los sucesivos gobiernos de PRI-PAN, en Zapotitlán afirmó que si los priístas tenían fama de ladrones, los panistas “salieron más rateros, y eso ya es decir bastante”.
Ello le permitió referirse al candidato priísta a edil, y señaló a los zapotitlecos: “me dicen que es bastante presumido y está gastando mucho dinero en la campaña, pero todo se los va a cobrar. El que empieza con esas mañoserías va a sacar lo que gastó”.
La forma en que los abanderados del PRI y del PAN gastan el dinero en campaña “para comprar los votos” ciudadanos también fue punto central de su discurso ante la comunidad de San Antonio Cañada –en su mayoría ancianos, mujeres y niños—, donde resaltó que, cuando hay campañas, esos partidos regalan despensas, materiales de construcción y hasta dinero en efectivo.
A los poblanos que votarán el 11 de noviembre les sugirió que acepten lo que les dan, aun cuando les pidan sufragar por los candidatos del PRIAN, “pero al momento de estar en las urnas crucen la boleta por los perredistas.
“Si es necesario decir una mentira piadosa, hay que decir que sí. Nada más que el voto es libre. Voten por lo que les diga su conciencia”, expresó.
¿Cuál experimento?
Silvia Ribeiro*
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado, el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue creada para que pareciera un centro de información “independiente” sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA, la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…) Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”, (nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las estadísticas oficiales de los principales países productores). Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la “experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para ninguna liberación comercial: no existen los productores que tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación: sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”? Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”, gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados, quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio genético, cultural y económico único para México y para el mundo. Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias de las empresas trasnacionales.
*Investigadora del Grupo ETC
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado, el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue creada para que pareciera un centro de información “independiente” sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA, la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…) Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”, (nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las estadísticas oficiales de los principales países productores). Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la “experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para ninguna liberación comercial: no existen los productores que tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación: sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”? Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”, gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados, quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio genético, cultural y económico único para México y para el mundo. Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias de las empresas trasnacionales.
*Investigadora del Grupo ETC
Reforma judicial
Miguel Concha
El 9 de marzo el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de reforma judicial que fue severamente criticada por académicos, grupos de derechos humanos, líderes de opinión y la población en general, porque, al conceder facultades extraordinarias a los agentes del Ministerio Público (MP) y cuerpos policiacos, contiene disposiciones que atentan directamente contra las garantías de los ciudadanos. Todo ello con el pretexto de la seguridad pública y el “estado de derecho”.
Voces como las de Miguel Sarre, Miguel Carbonell y Elena Azaola manifestaron que esa iniciativa es regresiva y contraria a los principios que deben regir un sistema garantista de justicia. Miguel Carbonell, especialista en derecho penal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instaba a los legisladores a rechazarla, pues resultaba contradictorio hablar al mismo tiempo de juicios orales, orientados a reforzar las garantías de los ciudadanos, y otorgar al MP facultades discrecionales para hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin necesidad de una orden judicial. Señaló en efecto como positivo el que la reforma introdujera la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitiría disminuir el uso de la prisión preventiva, de la que se ha abusado en el país, ya que según sus cifras, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir, 90 mil, no han recibido sentencia.
Miguel Sarre mencionó que tal y como estaba planteada esa iniciativa, con la reforma continuarían los subsidios laborales para que el MP desempeñe con honradez y eficacia su trabajo, impidiendo con ello en cambio su profesionalización y la profesionalización de la policía ministerial. En diversos espacios se mencionó además que tal iniciativa es contraria a los derechos humanos y a los principios que rigen nuestra Constitución, y que va en la línea de seguir introduciendo lentamente en el país un pretendido “derecho del adversario”, que corre el riesgo de considerar a cualquier opositor como un no ciudadano, privado de garantías. Legisladores de diversos partidos la calificaron también como “gatopardista”, peligrosa y regresiva, motivada más bien por presiones políticas del gobierno de Estados Unidos.
No debemos olvidar, sin embargo, que la reforma judicial es una de las más necesarias en el país, toda vez que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de confiabilidad entre la ciudadanía y no satisfacen a la sociedad. Por ello se ha comentado que una vez aprobada la reforma electoral, han comenzado en el Senado los trabajos en materia de justicia. En diversos medios se menciona que los senadores cuentan ya con un trabajo bastante adelantado, cuyos resultados sin embargo tendrán que esperar por lo menos 10 días, para que los diputados puedan participar en la elaboración de una propuesta. A pesar de que el proyecto de reforma aún no se ha dado a conocer al público, algo se ha sabido sobre su contenido. En palabras del senador Carlos Navarrete, se le cambiará “hasta el modo de andar”, refiriéndose a la iniciativa de la Presidencia. Confiamos en que así sea.
Entre los puntos que se podrían aprobar en la nueva reforma destacan los siguientes. Se desecharía la propuesta de facultar al MP para que realice espionaje telefónico, cateos y arraigos sin orden judicial. A tal efecto se plantea la creación de un cuerpo de juzgadores que puedan obsequiar las órdenes, incluso vía telefónica, una vez que las estimen procedentes. Habrá que ver todavía en qué casos se permite este tipo de permisos vía telefónica, si únicamente de delincuencia organizada o en todos en general.
El más importante es el de cambiar, con la introducción de los juicios orales, nuestro sistema penal, de inquisitorio o mixto, a uno acusatorio, como en todos los estados democráticos de derecho. Sin juzgar sobre la conveniencia o no de éstos, se debe recalcar que el cambio de sistema en nuestro país no radica sólo en la oralidad de los juicios, sino en la eliminación del monopolio de la acción penal por parte del MP, y en el rol activo que tienen que jugar los particulares ante las autoridades.
Al respecto se ha comentado que se pretende eliminar la figura onmipresente del MP en la averiguación previa, al facultar a las policías para que realicen actividades de investigación. Esta medida no implica necesariamente que se despoja del monopolio de la acción penal al MP, toda vez que no queda claro quién es el que puede consignar expedientes ante la autoridad y decidir si en algún caso hay o no delito.
Por otro lado, es indebido facultar a la policía preventiva para que realice funciones de policía ministerial, pues ello también se presta fácilmente a la comisión de abusos. Confiamos que en la reforma judicial se recojan diversas propuestas que las organizaciones civiles han venido presentando desde hace meses en los distintos foros y ante las distintas comisiones que se han abierto para la reforma del Estado.
El 9 de marzo el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de reforma judicial que fue severamente criticada por académicos, grupos de derechos humanos, líderes de opinión y la población en general, porque, al conceder facultades extraordinarias a los agentes del Ministerio Público (MP) y cuerpos policiacos, contiene disposiciones que atentan directamente contra las garantías de los ciudadanos. Todo ello con el pretexto de la seguridad pública y el “estado de derecho”.
Voces como las de Miguel Sarre, Miguel Carbonell y Elena Azaola manifestaron que esa iniciativa es regresiva y contraria a los principios que deben regir un sistema garantista de justicia. Miguel Carbonell, especialista en derecho penal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instaba a los legisladores a rechazarla, pues resultaba contradictorio hablar al mismo tiempo de juicios orales, orientados a reforzar las garantías de los ciudadanos, y otorgar al MP facultades discrecionales para hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin necesidad de una orden judicial. Señaló en efecto como positivo el que la reforma introdujera la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitiría disminuir el uso de la prisión preventiva, de la que se ha abusado en el país, ya que según sus cifras, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir, 90 mil, no han recibido sentencia.
Miguel Sarre mencionó que tal y como estaba planteada esa iniciativa, con la reforma continuarían los subsidios laborales para que el MP desempeñe con honradez y eficacia su trabajo, impidiendo con ello en cambio su profesionalización y la profesionalización de la policía ministerial. En diversos espacios se mencionó además que tal iniciativa es contraria a los derechos humanos y a los principios que rigen nuestra Constitución, y que va en la línea de seguir introduciendo lentamente en el país un pretendido “derecho del adversario”, que corre el riesgo de considerar a cualquier opositor como un no ciudadano, privado de garantías. Legisladores de diversos partidos la calificaron también como “gatopardista”, peligrosa y regresiva, motivada más bien por presiones políticas del gobierno de Estados Unidos.
No debemos olvidar, sin embargo, que la reforma judicial es una de las más necesarias en el país, toda vez que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de confiabilidad entre la ciudadanía y no satisfacen a la sociedad. Por ello se ha comentado que una vez aprobada la reforma electoral, han comenzado en el Senado los trabajos en materia de justicia. En diversos medios se menciona que los senadores cuentan ya con un trabajo bastante adelantado, cuyos resultados sin embargo tendrán que esperar por lo menos 10 días, para que los diputados puedan participar en la elaboración de una propuesta. A pesar de que el proyecto de reforma aún no se ha dado a conocer al público, algo se ha sabido sobre su contenido. En palabras del senador Carlos Navarrete, se le cambiará “hasta el modo de andar”, refiriéndose a la iniciativa de la Presidencia. Confiamos en que así sea.
Entre los puntos que se podrían aprobar en la nueva reforma destacan los siguientes. Se desecharía la propuesta de facultar al MP para que realice espionaje telefónico, cateos y arraigos sin orden judicial. A tal efecto se plantea la creación de un cuerpo de juzgadores que puedan obsequiar las órdenes, incluso vía telefónica, una vez que las estimen procedentes. Habrá que ver todavía en qué casos se permite este tipo de permisos vía telefónica, si únicamente de delincuencia organizada o en todos en general.
El más importante es el de cambiar, con la introducción de los juicios orales, nuestro sistema penal, de inquisitorio o mixto, a uno acusatorio, como en todos los estados democráticos de derecho. Sin juzgar sobre la conveniencia o no de éstos, se debe recalcar que el cambio de sistema en nuestro país no radica sólo en la oralidad de los juicios, sino en la eliminación del monopolio de la acción penal por parte del MP, y en el rol activo que tienen que jugar los particulares ante las autoridades.
Al respecto se ha comentado que se pretende eliminar la figura onmipresente del MP en la averiguación previa, al facultar a las policías para que realicen actividades de investigación. Esta medida no implica necesariamente que se despoja del monopolio de la acción penal al MP, toda vez que no queda claro quién es el que puede consignar expedientes ante la autoridad y decidir si en algún caso hay o no delito.
Por otro lado, es indebido facultar a la policía preventiva para que realice funciones de policía ministerial, pues ello también se presta fácilmente a la comisión de abusos. Confiamos que en la reforma judicial se recojan diversas propuestas que las organizaciones civiles han venido presentando desde hace meses en los distintos foros y ante las distintas comisiones que se han abierto para la reforma del Estado.
España: economía del ladrillo, ¿motor o bomba de tiempo?
Carlos Alfieri
El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha asentado sobre dos pilares básicos: la construcción (fundamentalmente de viviendas) y el consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como “la economía del ladrillo”. En estos 10 años el producto interno bruto (PIB) español ha aumentado 3.8 por ciento de media anual –1.6 puntos porcentuales por encima de los países de la eurozona–, de los cuales 0.5 puntos porcentuales se han debido a la construcción.
Si bien nadie duda del carácter dinamizador que ejerce la construcción sobre el conjunto de la economía, tampoco se le escapa a ningún observador atento la índole bifronte de esa actividad, puesto que su excesivo protagonismo encierra también un inquietante potencial de vulnerabilidad para todo el sistema económico. A esto debe agregarse, por otra parte, las derivas de especulación inmobiliaria y corrupción urbanística que generó el proceso en toda España y que, lejos de hacer bajar el precio de la vivienda como consecuencia de la extraordinaria cantidad de unidades producidas, lo situaron entre los más caros del mundo en relación con el poder adquisitivo de los habitantes, gran número de los cuales ha visto tornarse imposible el acceso a una casa propia.
En 2006 se terminaron 585 mil viviendas, 11.5 por ciento más que en 2005, y el número de éstas certificadas como de nueva construcción ascendió al récord de 864 mil, 18 por ciento más que durante el ejercicio anterior.
Una eventual –y ya comprobada– caída de la construcción produciría un efecto devastador sobre el empleo, ya que, se conjetura, por cada 100 mil viviendas menos que se produjeran se perderían más de 200 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ocurre que la incidencia de este sector en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera espectacular: en 1995 daba empleo a poco menos de un millón 200 mil personas –cerca de 9 por ciento sobre el total de ocupados–, mientras que en 2006 lo hacía a 2 millones 542 mil 900 personas, que equivalían a casi 14 por ciento de los puestos disponibles.
Durante bastante tiempo, el tipo de interés en la eurozona se mantuvo en 2 por ciento, un mínimo histórico, o experimentó pequeños incrementos, y el Euribor, que es la principal referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable, alrededor de medio punto porcentual por encima. Muchas entidades financieras concedían préstamos con un interés levemente superior a este último indicador y a plazos cada vez más largos (hasta 50 años), sembrando la ilusión de que cualquiera podía tener acceso a un piso. Claro que la inmensa mayoría de créditos hipotecarios otorgados lo fueron a interés variable, por lo que cualquier subida de los tipos incidiría en el costo de la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo.
El auge de la construcción produjo una especulación desenfrenada y una elevación extraordinaria del precio de la vivienda. En el periodo 1998-2006 se construyeron 5.5 millones de viviendas, una cantidad muy superior a la de creación de hogares (algunos analistas evalúan que hay 3 millones de departamentos desocupados), y su precio aumentó 183.2 por ciento; cabe señalar que en esa misma etapa los costos de la edificación (salarios, materiales) sólo se incrementaron en 30 por ciento. Entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda creció a una media anual de 12.3 por ciento, el triple que los salarios; este simple dato da idea de la dimensión del problema en España. Un estudio de una consultora privada de marzo de 2007 estimaba que una persona con un sueldo medio necesitaría 47 años para pagar una vivienda de cien metros cuadrados.
A finales de agosto de 2007, cuando tras numerosos aumentos paulatinos el Euribor se situaba en 4.8 por ciento, los expertos coincidían, en general, en que el boom inmobiliario había tocado techo. El llamado “aterrizaje suave” había comenzado en 2006, cuando el millón de transacciones inmobiliarias (compras y ventas) de media de los años anteriores descendió a poco más de 900 mil y el aumento del precio de la vivienda disminuyó a 9.1 por ciento desde el 12.8 por ciento registrado en 2005. En 2006 se iniciaron más de 800 mil viviendas, pero sólo se vendieron menos de 400 mil nuevas; en cuanto a las nuevas hipotecas suscritas, cayeron, por primera vez en un lustro, 10.6 por ciento con respecto al año anterior.
Estas tendencias se acentuaban con vigor en agosto de este año, mientras la crisis hipotecaria en Estados Unidos extendía su sombra amenazante sobre todo el mundo. No faltan pronósticos agoreros (por ejemplo, de algún columnista del Financial Times) que hablan de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en España, con el consiguiente crash económico general, aunque la mayoría de los analistas descartan que se pueda producir un final abrupto. En tanto, el endeudamiento de las familias españolas creció 20 por ciento durante 2006, hasta unos 800 mil millones de euros (de los cuales 600 mil millones lo son de deuda hipotecaria), lo que supone 125 por ciento de la renta bruta disponible.
El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha asentado sobre dos pilares básicos: la construcción (fundamentalmente de viviendas) y el consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como “la economía del ladrillo”. En estos 10 años el producto interno bruto (PIB) español ha aumentado 3.8 por ciento de media anual –1.6 puntos porcentuales por encima de los países de la eurozona–, de los cuales 0.5 puntos porcentuales se han debido a la construcción.
Si bien nadie duda del carácter dinamizador que ejerce la construcción sobre el conjunto de la economía, tampoco se le escapa a ningún observador atento la índole bifronte de esa actividad, puesto que su excesivo protagonismo encierra también un inquietante potencial de vulnerabilidad para todo el sistema económico. A esto debe agregarse, por otra parte, las derivas de especulación inmobiliaria y corrupción urbanística que generó el proceso en toda España y que, lejos de hacer bajar el precio de la vivienda como consecuencia de la extraordinaria cantidad de unidades producidas, lo situaron entre los más caros del mundo en relación con el poder adquisitivo de los habitantes, gran número de los cuales ha visto tornarse imposible el acceso a una casa propia.
En 2006 se terminaron 585 mil viviendas, 11.5 por ciento más que en 2005, y el número de éstas certificadas como de nueva construcción ascendió al récord de 864 mil, 18 por ciento más que durante el ejercicio anterior.
Una eventual –y ya comprobada– caída de la construcción produciría un efecto devastador sobre el empleo, ya que, se conjetura, por cada 100 mil viviendas menos que se produjeran se perderían más de 200 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ocurre que la incidencia de este sector en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera espectacular: en 1995 daba empleo a poco menos de un millón 200 mil personas –cerca de 9 por ciento sobre el total de ocupados–, mientras que en 2006 lo hacía a 2 millones 542 mil 900 personas, que equivalían a casi 14 por ciento de los puestos disponibles.
Durante bastante tiempo, el tipo de interés en la eurozona se mantuvo en 2 por ciento, un mínimo histórico, o experimentó pequeños incrementos, y el Euribor, que es la principal referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable, alrededor de medio punto porcentual por encima. Muchas entidades financieras concedían préstamos con un interés levemente superior a este último indicador y a plazos cada vez más largos (hasta 50 años), sembrando la ilusión de que cualquiera podía tener acceso a un piso. Claro que la inmensa mayoría de créditos hipotecarios otorgados lo fueron a interés variable, por lo que cualquier subida de los tipos incidiría en el costo de la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo.
El auge de la construcción produjo una especulación desenfrenada y una elevación extraordinaria del precio de la vivienda. En el periodo 1998-2006 se construyeron 5.5 millones de viviendas, una cantidad muy superior a la de creación de hogares (algunos analistas evalúan que hay 3 millones de departamentos desocupados), y su precio aumentó 183.2 por ciento; cabe señalar que en esa misma etapa los costos de la edificación (salarios, materiales) sólo se incrementaron en 30 por ciento. Entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda creció a una media anual de 12.3 por ciento, el triple que los salarios; este simple dato da idea de la dimensión del problema en España. Un estudio de una consultora privada de marzo de 2007 estimaba que una persona con un sueldo medio necesitaría 47 años para pagar una vivienda de cien metros cuadrados.
A finales de agosto de 2007, cuando tras numerosos aumentos paulatinos el Euribor se situaba en 4.8 por ciento, los expertos coincidían, en general, en que el boom inmobiliario había tocado techo. El llamado “aterrizaje suave” había comenzado en 2006, cuando el millón de transacciones inmobiliarias (compras y ventas) de media de los años anteriores descendió a poco más de 900 mil y el aumento del precio de la vivienda disminuyó a 9.1 por ciento desde el 12.8 por ciento registrado en 2005. En 2006 se iniciaron más de 800 mil viviendas, pero sólo se vendieron menos de 400 mil nuevas; en cuanto a las nuevas hipotecas suscritas, cayeron, por primera vez en un lustro, 10.6 por ciento con respecto al año anterior.
Estas tendencias se acentuaban con vigor en agosto de este año, mientras la crisis hipotecaria en Estados Unidos extendía su sombra amenazante sobre todo el mundo. No faltan pronósticos agoreros (por ejemplo, de algún columnista del Financial Times) que hablan de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en España, con el consiguiente crash económico general, aunque la mayoría de los analistas descartan que se pueda producir un final abrupto. En tanto, el endeudamiento de las familias españolas creció 20 por ciento durante 2006, hasta unos 800 mil millones de euros (de los cuales 600 mil millones lo son de deuda hipotecaria), lo que supone 125 por ciento de la renta bruta disponible.
¿Qué entienden en Los Pinos por crisis?
Carlos Fernández-Vega
La pobreza y el desempleo, ¿no lo son?
Los lentes oscuros de Felipe Calderón
Sojo, cazador de burbujas inflacionarias
Tendría que definir qué es lo que entiende por crisis, porque, al igual que en el sexenio pasado, el actual inquilino de Los Pinos lleva ya varios discursos al hilo con dicho tema como elemento central y con los mismos lentes oscuros.
Entre la frases utilizadas por Felipe Calderón destacan, con todo y sintaxis oficial, las siguientes: “Que nunca más una crisis económica afecte a los mexicanos… nos costó mucho trabajo, pero trabajamos de manera decidida para no volver nunca más a una crisis económica… trabajamos para que no se repita una crisis económica… estamos trabajando para que nunca más volvamos a tener una crisis económica”, y así por el estilo.
En el sexenio del “cambio”, entre remodelación y ampliación del rancho San Cristóbal, Vicente Fox no perdió oportunidad para presumir que con él en Los Pinos no habría crisis (“signo del pasado”) que terminaría su sexenio sin crisis, que heredaría una nación sin crisis y, en resumidas cuentas, que la crisis le pelaba los dientes.
El michoacano retoma el discurso y el decreto de la “inexistencia de la crisis”, y lo hace con igual falta de visión, insensibilidad o cinismo que sus antecesores en Los Pinos, porque de qué otra manera, que no sea crisis, se puede calificar a un país en el que la mitad de su población sobrevive en la pobreza y la miseria; en el que casi 45 millones de personas no tienen para lo elemental; en el que la economía “crece” a niveles similares o incluso inferiores a los reportados por una nación como Haití; en el que alrededor de 60 por ciento de los ocupados obtienen un ingreso menor a tres salarios mínimos; en el que la mitad de los trabajadores se emplean en el sector informal; en el que millones de personas han emigrado para mejorar su precario nivel de vida; en el que el salario mínimo vigente es totalmente anticonstitucional; en el que la mayoría de empleados no tiene prestaciones de ley... y tantas otras carencias y deficiencias. Si esto no es crisis, entonces qué es.
Todo indica que para el clan que lleva cinco lustros en el poder lo único que debe entenderse por crisis es devaluación, hiperinflación, tasas de interés en las nubes, elevado riesgo-país, reducidas reservas internacionales, déficit y demás síntomas de inestabilidad macroeconómica, pero no pobreza, miseria, desempleo, marginación, migración, salarios de hambre y conexos.
De allí el discurso vacío, repetitivo y temerario de que México está libre de crisis. Dijo ayer el inquilino de Los Pinos: “Hoy nos encontramos en un momento muy diferente de nuestra historia y estamos trabajando de manera decidida para nunca más volver a tener una crisis económica en el país; ese es un compromiso muy claro que tiene este gobierno con todas las mexicanas y con todos los mexicanos, que nunca más una crisis económica afecte el patrimonio nacional… pensar en 25 años atrás es pensar en lo que había en México en aquel entonces y lo recordamos perfectamente. A veces se nos olvida a los mexicanos lo que se ha sufrido y lo que ha pasado el país, y quizá por eso no se aprecia cabalmente el logro que se tiene”.
¿En serio las condiciones de vida, las perspectivas para el grueso de los mexicanos han cambiando en esos 25 años? ¿Realmente, en lo social y económico, México es diferente que hace cinco lustros, como se presume en el discurso oficial? ¿No hay crisis, o no quieren ver la crisis? Cuarenta y cinco millones de personas en pobreza y miseria, ¿no es muestra de crisis social y económica?
Pero más allá de los lentes oscuros que utiliza para no ver la crisis, el inquilino de Los Pinos no desaprovecha foro público para lavarse las manos sobre el impuesto “especial” a las gasolinas que ha desatado la escalada de precios. Ayer insistió: el Congreso fue el agresor, en términos fiscales.
En efecto, el Congreso lo aprobó, pero hay que recordar de dónde salió la propuesta, disfrazada de “reforma fiscal”, enviada a la Cámara de Diputados: “la presente iniciativa contempla la posibilidad de que las entidades federativas graven con impuestos locales únicamente la venta final de gasolina y diesel, así como el consumo final de tabacos labrados y cervezas, habida cuenta de que esos bienes permiten el establecimiento de contribuciones de fácil administración local y que implicarán un alto impacto recaudatorio para las entidades federativas, lo que a su vez redundará en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales y se traducirá en obras de infraestructura y programas de desarrollo social tendientes a disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus habitantes” (firma Felipe Calderón).
Y en medio de la sacudida, el avezado secretario de Economía, Eduardo Sojo, caza “burbujas inflacionarias” (producto de la “reforma fiscal”) que ya causaron estragos en la población. En plena operación curativa, este personaje asegura que “es decisión gubernamental frenar la burbuja”, cuando en realidad su obligación era evitarla, o en el peor de los casos, detenerla a tiempo, no después, una vez que el golpe nadie lo quita.
Pero tranquilos, que no hay crisis.
Rebanadas del pastel
Mientras Sojo, el cazador cazado, persigue “burbujas inflacionarias” con su red virtual, el Banco de México reitera que, producto de la “reforma fiscal”, habrá más alzas de precios en los próximos meses, y que en el corto plazo la canasta de alimentos seguirá presionando la inflación… Habrá que prepararse porque en enero se inaugura la segunda temporada de “burbujas inflacionarias”, al entrar en vigor el impuesto “especial” a las gasolinas.
La pobreza y el desempleo, ¿no lo son?
Los lentes oscuros de Felipe Calderón
Sojo, cazador de burbujas inflacionarias
Tendría que definir qué es lo que entiende por crisis, porque, al igual que en el sexenio pasado, el actual inquilino de Los Pinos lleva ya varios discursos al hilo con dicho tema como elemento central y con los mismos lentes oscuros.
Entre la frases utilizadas por Felipe Calderón destacan, con todo y sintaxis oficial, las siguientes: “Que nunca más una crisis económica afecte a los mexicanos… nos costó mucho trabajo, pero trabajamos de manera decidida para no volver nunca más a una crisis económica… trabajamos para que no se repita una crisis económica… estamos trabajando para que nunca más volvamos a tener una crisis económica”, y así por el estilo.
En el sexenio del “cambio”, entre remodelación y ampliación del rancho San Cristóbal, Vicente Fox no perdió oportunidad para presumir que con él en Los Pinos no habría crisis (“signo del pasado”) que terminaría su sexenio sin crisis, que heredaría una nación sin crisis y, en resumidas cuentas, que la crisis le pelaba los dientes.
El michoacano retoma el discurso y el decreto de la “inexistencia de la crisis”, y lo hace con igual falta de visión, insensibilidad o cinismo que sus antecesores en Los Pinos, porque de qué otra manera, que no sea crisis, se puede calificar a un país en el que la mitad de su población sobrevive en la pobreza y la miseria; en el que casi 45 millones de personas no tienen para lo elemental; en el que la economía “crece” a niveles similares o incluso inferiores a los reportados por una nación como Haití; en el que alrededor de 60 por ciento de los ocupados obtienen un ingreso menor a tres salarios mínimos; en el que la mitad de los trabajadores se emplean en el sector informal; en el que millones de personas han emigrado para mejorar su precario nivel de vida; en el que el salario mínimo vigente es totalmente anticonstitucional; en el que la mayoría de empleados no tiene prestaciones de ley... y tantas otras carencias y deficiencias. Si esto no es crisis, entonces qué es.
Todo indica que para el clan que lleva cinco lustros en el poder lo único que debe entenderse por crisis es devaluación, hiperinflación, tasas de interés en las nubes, elevado riesgo-país, reducidas reservas internacionales, déficit y demás síntomas de inestabilidad macroeconómica, pero no pobreza, miseria, desempleo, marginación, migración, salarios de hambre y conexos.
De allí el discurso vacío, repetitivo y temerario de que México está libre de crisis. Dijo ayer el inquilino de Los Pinos: “Hoy nos encontramos en un momento muy diferente de nuestra historia y estamos trabajando de manera decidida para nunca más volver a tener una crisis económica en el país; ese es un compromiso muy claro que tiene este gobierno con todas las mexicanas y con todos los mexicanos, que nunca más una crisis económica afecte el patrimonio nacional… pensar en 25 años atrás es pensar en lo que había en México en aquel entonces y lo recordamos perfectamente. A veces se nos olvida a los mexicanos lo que se ha sufrido y lo que ha pasado el país, y quizá por eso no se aprecia cabalmente el logro que se tiene”.
¿En serio las condiciones de vida, las perspectivas para el grueso de los mexicanos han cambiando en esos 25 años? ¿Realmente, en lo social y económico, México es diferente que hace cinco lustros, como se presume en el discurso oficial? ¿No hay crisis, o no quieren ver la crisis? Cuarenta y cinco millones de personas en pobreza y miseria, ¿no es muestra de crisis social y económica?
Pero más allá de los lentes oscuros que utiliza para no ver la crisis, el inquilino de Los Pinos no desaprovecha foro público para lavarse las manos sobre el impuesto “especial” a las gasolinas que ha desatado la escalada de precios. Ayer insistió: el Congreso fue el agresor, en términos fiscales.
En efecto, el Congreso lo aprobó, pero hay que recordar de dónde salió la propuesta, disfrazada de “reforma fiscal”, enviada a la Cámara de Diputados: “la presente iniciativa contempla la posibilidad de que las entidades federativas graven con impuestos locales únicamente la venta final de gasolina y diesel, así como el consumo final de tabacos labrados y cervezas, habida cuenta de que esos bienes permiten el establecimiento de contribuciones de fácil administración local y que implicarán un alto impacto recaudatorio para las entidades federativas, lo que a su vez redundará en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales y se traducirá en obras de infraestructura y programas de desarrollo social tendientes a disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus habitantes” (firma Felipe Calderón).
Y en medio de la sacudida, el avezado secretario de Economía, Eduardo Sojo, caza “burbujas inflacionarias” (producto de la “reforma fiscal”) que ya causaron estragos en la población. En plena operación curativa, este personaje asegura que “es decisión gubernamental frenar la burbuja”, cuando en realidad su obligación era evitarla, o en el peor de los casos, detenerla a tiempo, no después, una vez que el golpe nadie lo quita.
Pero tranquilos, que no hay crisis.
Rebanadas del pastel
Mientras Sojo, el cazador cazado, persigue “burbujas inflacionarias” con su red virtual, el Banco de México reitera que, producto de la “reforma fiscal”, habrá más alzas de precios en los próximos meses, y que en el corto plazo la canasta de alimentos seguirá presionando la inflación… Habrá que prepararse porque en enero se inaugura la segunda temporada de “burbujas inflacionarias”, al entrar en vigor el impuesto “especial” a las gasolinas.
Alarma ofensiva en Chiapas
Gloria Muñoz Ramírez
Actualmente se implementa en los territorios rebeldes zapatistas una de las ofensivas más alarmantes de la última década, quizá sólo comparable con la emprendida en el periodo 1997-1998, cuando los gobiernos priístas encabezaron una campaña militar y paramilitar sangrienta en contra de las comunidades indígenas en resistencia. Después de la masacre de Acteal y del posterior e inútil intento gubernamental por desarticular a los municipios autónomos zapatistas, miles de voces, individuales y colectivas, de México y del mundo se alzaron para rechazar la salvaje embestida.
Hoy el país y las circunstancias son distintas. Los medios de comunicación no están ni abundan las voces que se levanten contra la impunidad, pero el clima en Chiapas es tan tenso como entonces. Las autoridades autónomas del municipio San Andrés Sakamchen de los Pobres están amenazadas de muerte por el grupo paramilitar autodenomidado Opddic roja. El pretexto de los paramilitares es que el consejo zapatista está por inaugurar un mercado municipal autónomo y una primaria en unas instalaciones recuperadas en 1994. Simultáneamente, en la zona norte del estado, la junta de buen gobierno denunció el hostigamiento en el municipio autónomo Ak‚abalna, de un grupo paramilitar formado por aproximadamente 50 personas armadas y uniformadas pertenecientes al PRD y al PRI, mismos que cuentan con el respaldo del Ejército y la policía del estado. Las amenazas son porque los quieren despojar de las tierras recuperadas que conforman la comunidad Nueva Revolución.
Una acción más contra los territorios recuperados ocurrió en Bolom Ajaw. Aquí se dio una situacional alarmante que exhibió una estrategia conjunta entre los gobiernos federal y estatal, los paramilitares y los medios de comunicación locales (y algunos nacionales), que reprodujeron la versión de que en esta comunidad se produjo un “enfrentamiento” entre “milicianos zapatistas armados” y personas del poblado. La realidad es que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (paramilitares) hirieron a tres zapatistas civiles desarmados, como parte de una estrategia que tiene como objetivo desalojar a 41 familias zapatistas de 339 hectáreas recuperadas, mismas que el gobierno quiere destinar a “proyectos ecoturísticos”.
Asimismo en esta semana, el PRD chiapaneco logró unir a zapatistas, perredistas y priístas en su contra, para rechazar la contaminación del río de la comunidad Los Mangos (en Pantelhó), ocasionada por el drenaje que construyó el alcalde del PRD, Armando Cruz, célebre por “despachar desde San Cristóbal de las Casas, por sus actos de corrupción y por su ineficacia”.
El ambiente en Chiapas es cada día más tenso. Es preocupante el silencio mediático, como lo es la indiferencia, deliberada o no, de sectores de la comunidad nacional e internacional. En 1997 hubo avisos alarmantes. Hoy, como hace 10 años, las comunidades zapatistas resisten y construyen, contra viento y marea, ese otro mundo posible que ha inspirado al mundo entero.
Actualmente se implementa en los territorios rebeldes zapatistas una de las ofensivas más alarmantes de la última década, quizá sólo comparable con la emprendida en el periodo 1997-1998, cuando los gobiernos priístas encabezaron una campaña militar y paramilitar sangrienta en contra de las comunidades indígenas en resistencia. Después de la masacre de Acteal y del posterior e inútil intento gubernamental por desarticular a los municipios autónomos zapatistas, miles de voces, individuales y colectivas, de México y del mundo se alzaron para rechazar la salvaje embestida.
Hoy el país y las circunstancias son distintas. Los medios de comunicación no están ni abundan las voces que se levanten contra la impunidad, pero el clima en Chiapas es tan tenso como entonces. Las autoridades autónomas del municipio San Andrés Sakamchen de los Pobres están amenazadas de muerte por el grupo paramilitar autodenomidado Opddic roja. El pretexto de los paramilitares es que el consejo zapatista está por inaugurar un mercado municipal autónomo y una primaria en unas instalaciones recuperadas en 1994. Simultáneamente, en la zona norte del estado, la junta de buen gobierno denunció el hostigamiento en el municipio autónomo Ak‚abalna, de un grupo paramilitar formado por aproximadamente 50 personas armadas y uniformadas pertenecientes al PRD y al PRI, mismos que cuentan con el respaldo del Ejército y la policía del estado. Las amenazas son porque los quieren despojar de las tierras recuperadas que conforman la comunidad Nueva Revolución.
Una acción más contra los territorios recuperados ocurrió en Bolom Ajaw. Aquí se dio una situacional alarmante que exhibió una estrategia conjunta entre los gobiernos federal y estatal, los paramilitares y los medios de comunicación locales (y algunos nacionales), que reprodujeron la versión de que en esta comunidad se produjo un “enfrentamiento” entre “milicianos zapatistas armados” y personas del poblado. La realidad es que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (paramilitares) hirieron a tres zapatistas civiles desarmados, como parte de una estrategia que tiene como objetivo desalojar a 41 familias zapatistas de 339 hectáreas recuperadas, mismas que el gobierno quiere destinar a “proyectos ecoturísticos”.
Asimismo en esta semana, el PRD chiapaneco logró unir a zapatistas, perredistas y priístas en su contra, para rechazar la contaminación del río de la comunidad Los Mangos (en Pantelhó), ocasionada por el drenaje que construyó el alcalde del PRD, Armando Cruz, célebre por “despachar desde San Cristóbal de las Casas, por sus actos de corrupción y por su ineficacia”.
El ambiente en Chiapas es cada día más tenso. Es preocupante el silencio mediático, como lo es la indiferencia, deliberada o no, de sectores de la comunidad nacional e internacional. En 1997 hubo avisos alarmantes. Hoy, como hace 10 años, las comunidades zapatistas resisten y construyen, contra viento y marea, ese otro mundo posible que ha inspirado al mundo entero.
Todos somos ese piano
Jaime Avilés
La cinta de Luis Mandoki está casi terminada
Por el PRIAND, la peor inflación desde 2001
¿Felipe Calderón vetará la reforma electoral?
En la tienda de instrumentos musicales Yamaha, sobre Insurgentes Sur, frente al Parque Hundido, venden un piano negro de media cola cuyo valor original es de 270 mil pesos pero que sufrió una rayadura en la tapa durante un concierto de Armando Manzanero, por lo que la empresa redujo su precio a 170 mil pesos, con una condición: que alguien lo compre a más tardar mañana domingo 30 de septiembre, porque si no el lunes será destruido en presencia de un inspector de Hacienda, ya que de mantenerlo en exhibición tan baratito la casa perdería dinero y prestigio (sic).
¿Qué hacemos? ¿Lanzamos una campaña de solidaridad para salvar el piano o aprovechamos el espacio para decir que uno de los más grandes actores españoles de Hollywood acaba de ver la película de Luis Mandoki sobre las elecciones de 2006? De acuerdo con la fuente que me relató la escena, a la estrella se le cayó la quijada al ver las copiosas evidencias del fraude que le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se levantó de su butaca dijo con sincero asombro: “Así que la prensa de mi país también miente”.
Con esas palabras, el genial comediante contrastó la sostenida campaña mediática impulsada en el reino de Juan Carlos I por la ultraderecha panista para convencer a buena parte de Europa de la “limpia aunque apretada victoria” de Felipe Calderón. ¿Qué sucederá cuando el documental de Mandoki sea exhibido en Madrid, Barcelona y Donostia? ¿Saldrán a balcón José María Aznar y los neofalangistas que han negado sistemáticamente la existencia del fraude? ¿Rectificará la escritora Rosa Montero que en un artículo de contratapa fustigó a López Obrador por no reconocer a Calderón y “lesionar” la democracia?
La película sigue en posproducción y en breve estará terminada. Pero entonces habrá que reproducirla para que pueda ser proyectada en el mayor número de ciudades, lo que implica otro fuerte desembolso, porque la fabricación de cada una de las copias cuesta alrededor de 8 mil pesos. Además hay que añadir los gastos de promoción que, en este caso, al menos dentro de México, serán simbólicos porque ya hay desde ahora 15 millones de personas interesadas en acudir al estreno, si partimos del número de votos que el Instituto del Fraude Electoral (IFE) le reconoció a López Obrador, después de despojarlo de una cantidad adicional que oscila entre 750 mil y 3 millones de votos extras.
Mandoki y Federico Arreola, productor de la obra, continúan recibiendo aportaciones económicas solidarias en la cuenta de Banamex número 165 7866 462 a nombre de Producciones Pamafear SA de CV, y confían en que la película estará en cartelera hacia el 15 de noviembre, si bien han dejado de informar cómo van sus negociaciones con los exhibidores, tras la denuncia que lanzaron hace cuatro semanas sobre el descarado intento de censura que en su contra emprendieron Televisa y Warner Bros México.
El tema, que de inmediato llegó a las páginas de Los Angeles Times y a la libreta de un reportero de The New York Times que hasta donde sé todavía no ha publicado nada al respecto, fue eclipsado por la pugna entre el Senado y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión acerca de la reforma electoral que aspira a prohibir la difusión de espots políticos en los medios electrónicos, y que ya fue ratificada por la Cámara de Diputados y hasta anteayer por 17 congresos estatales, como expresión del acuerdo alcanzado por los representantes legislativos del PRIAND (Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática), que no son sino dos de los principales artífices del desafuero de 2005 –Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, que a su vez fueron cómplices en el fraude electoral de 2006– más los chuchos del PRD… con el beneplácito de Felipe Calderón, lo que hace que el asunto sea cada día más sospechoso e increíble.
Ojo, no es que Desfiladero esté contra el contenido de la reforma: cómo podría estarlo si en marzo, durante los debates de la Convención Nacional Democrática en el Club de Periodistas, el autor de esta columna propuso literalmente que la televisión dejara de transmitir propaganda política y reiteró esa postura en fechas recientes. Sin embargo, lo que provoca mayor desconfianza es la calidad moral de los participantes en la “histórica” modificación constitucional: lo peor del PRIAN más las huestes de Jesús Ortega (encabezadas en las cámaras por Carlos Navarrete y Ruth Zavaleta) que pactaron el boceto de la reforma electoral –un sueño todavía muy lejano– a cambio del aumento, ése sí, muy concreto al precio de la gasolina, que ya tuvo consecuencias por ahora sólo “negativas” en la economía popular pero que pronto serán quizá desastrosas.
Esta semana, en Chilpancingo, por ejemplo, el kilo de pan se incrementó 50 centavos porque el bulto de harina llegó a 300 pesos en previsión de los estragos del gasolinazo. En la colonia Agrícola Oriental del DF, mientras tanto, los repartidores de gas subieron el tanque de 20 litros de 90 a 120 pesos. Y en lo que va del mes, como La Jornada informó ayer, el kilo de tomate pasó de ocho a casi 25 pesos. Y esto es apenas el principio del nuevo embate inflacionario que, según el Banco de México, dio un salto de 0.62 por ciento en la primera quincena de septiembre, registrando la peor alza en un periodo de esa longitud desde 2001. ¿Quién dijo que López Obrador era un peligro para México y que iba a cundir la carestía si ganaba las elecciones?
Pues claro, el mismo que anteayer se lavó las manos por el gasolinazo y que al posponerlo hasta enero duplicará sus efectos en el aumento de los precios, ahora y a principio de año, encadenando los próximos cuatro meses a una espiral inflacionaria continua que augura el principio del fin de esta caricatura de gobierno. Lo patético es que la nueva derecha del PRD llamada Nueva Izquierda avaló (negándose a tomar la tribuna y votando en contra) esta agresión a la economía de los pobres a cambio de jugar a la “tras-cen-den-te” reforma electoral, que todavía está por verse.
En los hechos, los legisladores del PRIAND le han entregado a Calderón un instrumento formidable para que éste se siente a negociar con el duopolio televisivo y con los magnates radiofónicos lo que él quiera y como él y sólo él quiera. ¿A cambio de qué? Obvio: de que vete la reforma electoral o, en su defecto, oriente a la Suprema Corte a invalidarla con el argumento de que viola la libertad de expresión y por ello es anticonstitucional y bla-bla-bla.
Eso, por el momento, es lo de menos. Lo urgente es lo que viene: la aparición de nuevos y peores delitos de Fox que harán más visible la sumisión de la gente de Los Pinos al cártel de Guanajuato; el descontrol de los precios que inevitablemente seguirá en ascenso, las protestas populares contra la carestía y el desempleo que por lo mismo van a estallar y, por último, como recurso extremo de un régimen inepto, vencido y desesperado, la represión, que aunada a la crisis económica desatará una crisis política más profunda y que sólo se resolvería, en principio, con la salida de Calderón y el nombramiento de un gobierno interino que reponga las instituciones destruidas por los golpistas. Pensémoslo de nuevo: todos somos ese piano.
La cinta de Luis Mandoki está casi terminada
Por el PRIAND, la peor inflación desde 2001
¿Felipe Calderón vetará la reforma electoral?
En la tienda de instrumentos musicales Yamaha, sobre Insurgentes Sur, frente al Parque Hundido, venden un piano negro de media cola cuyo valor original es de 270 mil pesos pero que sufrió una rayadura en la tapa durante un concierto de Armando Manzanero, por lo que la empresa redujo su precio a 170 mil pesos, con una condición: que alguien lo compre a más tardar mañana domingo 30 de septiembre, porque si no el lunes será destruido en presencia de un inspector de Hacienda, ya que de mantenerlo en exhibición tan baratito la casa perdería dinero y prestigio (sic).
¿Qué hacemos? ¿Lanzamos una campaña de solidaridad para salvar el piano o aprovechamos el espacio para decir que uno de los más grandes actores españoles de Hollywood acaba de ver la película de Luis Mandoki sobre las elecciones de 2006? De acuerdo con la fuente que me relató la escena, a la estrella se le cayó la quijada al ver las copiosas evidencias del fraude que le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se levantó de su butaca dijo con sincero asombro: “Así que la prensa de mi país también miente”.
Con esas palabras, el genial comediante contrastó la sostenida campaña mediática impulsada en el reino de Juan Carlos I por la ultraderecha panista para convencer a buena parte de Europa de la “limpia aunque apretada victoria” de Felipe Calderón. ¿Qué sucederá cuando el documental de Mandoki sea exhibido en Madrid, Barcelona y Donostia? ¿Saldrán a balcón José María Aznar y los neofalangistas que han negado sistemáticamente la existencia del fraude? ¿Rectificará la escritora Rosa Montero que en un artículo de contratapa fustigó a López Obrador por no reconocer a Calderón y “lesionar” la democracia?
La película sigue en posproducción y en breve estará terminada. Pero entonces habrá que reproducirla para que pueda ser proyectada en el mayor número de ciudades, lo que implica otro fuerte desembolso, porque la fabricación de cada una de las copias cuesta alrededor de 8 mil pesos. Además hay que añadir los gastos de promoción que, en este caso, al menos dentro de México, serán simbólicos porque ya hay desde ahora 15 millones de personas interesadas en acudir al estreno, si partimos del número de votos que el Instituto del Fraude Electoral (IFE) le reconoció a López Obrador, después de despojarlo de una cantidad adicional que oscila entre 750 mil y 3 millones de votos extras.
Mandoki y Federico Arreola, productor de la obra, continúan recibiendo aportaciones económicas solidarias en la cuenta de Banamex número 165 7866 462 a nombre de Producciones Pamafear SA de CV, y confían en que la película estará en cartelera hacia el 15 de noviembre, si bien han dejado de informar cómo van sus negociaciones con los exhibidores, tras la denuncia que lanzaron hace cuatro semanas sobre el descarado intento de censura que en su contra emprendieron Televisa y Warner Bros México.
El tema, que de inmediato llegó a las páginas de Los Angeles Times y a la libreta de un reportero de The New York Times que hasta donde sé todavía no ha publicado nada al respecto, fue eclipsado por la pugna entre el Senado y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión acerca de la reforma electoral que aspira a prohibir la difusión de espots políticos en los medios electrónicos, y que ya fue ratificada por la Cámara de Diputados y hasta anteayer por 17 congresos estatales, como expresión del acuerdo alcanzado por los representantes legislativos del PRIAND (Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática), que no son sino dos de los principales artífices del desafuero de 2005 –Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, que a su vez fueron cómplices en el fraude electoral de 2006– más los chuchos del PRD… con el beneplácito de Felipe Calderón, lo que hace que el asunto sea cada día más sospechoso e increíble.
Ojo, no es que Desfiladero esté contra el contenido de la reforma: cómo podría estarlo si en marzo, durante los debates de la Convención Nacional Democrática en el Club de Periodistas, el autor de esta columna propuso literalmente que la televisión dejara de transmitir propaganda política y reiteró esa postura en fechas recientes. Sin embargo, lo que provoca mayor desconfianza es la calidad moral de los participantes en la “histórica” modificación constitucional: lo peor del PRIAN más las huestes de Jesús Ortega (encabezadas en las cámaras por Carlos Navarrete y Ruth Zavaleta) que pactaron el boceto de la reforma electoral –un sueño todavía muy lejano– a cambio del aumento, ése sí, muy concreto al precio de la gasolina, que ya tuvo consecuencias por ahora sólo “negativas” en la economía popular pero que pronto serán quizá desastrosas.
Esta semana, en Chilpancingo, por ejemplo, el kilo de pan se incrementó 50 centavos porque el bulto de harina llegó a 300 pesos en previsión de los estragos del gasolinazo. En la colonia Agrícola Oriental del DF, mientras tanto, los repartidores de gas subieron el tanque de 20 litros de 90 a 120 pesos. Y en lo que va del mes, como La Jornada informó ayer, el kilo de tomate pasó de ocho a casi 25 pesos. Y esto es apenas el principio del nuevo embate inflacionario que, según el Banco de México, dio un salto de 0.62 por ciento en la primera quincena de septiembre, registrando la peor alza en un periodo de esa longitud desde 2001. ¿Quién dijo que López Obrador era un peligro para México y que iba a cundir la carestía si ganaba las elecciones?
Pues claro, el mismo que anteayer se lavó las manos por el gasolinazo y que al posponerlo hasta enero duplicará sus efectos en el aumento de los precios, ahora y a principio de año, encadenando los próximos cuatro meses a una espiral inflacionaria continua que augura el principio del fin de esta caricatura de gobierno. Lo patético es que la nueva derecha del PRD llamada Nueva Izquierda avaló (negándose a tomar la tribuna y votando en contra) esta agresión a la economía de los pobres a cambio de jugar a la “tras-cen-den-te” reforma electoral, que todavía está por verse.
En los hechos, los legisladores del PRIAND le han entregado a Calderón un instrumento formidable para que éste se siente a negociar con el duopolio televisivo y con los magnates radiofónicos lo que él quiera y como él y sólo él quiera. ¿A cambio de qué? Obvio: de que vete la reforma electoral o, en su defecto, oriente a la Suprema Corte a invalidarla con el argumento de que viola la libertad de expresión y por ello es anticonstitucional y bla-bla-bla.
Eso, por el momento, es lo de menos. Lo urgente es lo que viene: la aparición de nuevos y peores delitos de Fox que harán más visible la sumisión de la gente de Los Pinos al cártel de Guanajuato; el descontrol de los precios que inevitablemente seguirá en ascenso, las protestas populares contra la carestía y el desempleo que por lo mismo van a estallar y, por último, como recurso extremo de un régimen inepto, vencido y desesperado, la represión, que aunada a la crisis económica desatará una crisis política más profunda y que sólo se resolvería, en principio, con la salida de Calderón y el nombramiento de un gobierno interino que reponga las instituciones destruidas por los golpistas. Pensémoslo de nuevo: todos somos ese piano.
Privatizar la educación, ardid neoliberal
Editorial
El pasado 18 de septiembre, Blanca Heredia, directora en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso al gobierno federal que los ciclos de educación media y superior a cargo del Estado fueran transferidos a la iniciativa privada, con el argumento de que, mediante el actual esquema pedagógico y de financiamiento “se desperdician los recursos”. En el contexto de la presentación del informe Panorama educativo 2007, Heredia resaltó que actualmente se destina 84 por ciento de los fondos educativos al pago de salarios de los maestros, lo cual reduce el margen para que se invierta en nueva infraestructura. A renglón seguido, la representante de la OCDE en México cuestionó severamente el sistema de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó a mirar aquellas instituciones “públicas ejemplares” que han hecho “experimentos” en aras de la privatización y afirmó que, dado que los beneficios que la educación genera son “estrictamente privados”, los costos de ésta deben ser asumidos por los estudiantes.
Las declaraciones de Blanca Heredia son más que inaceptables, pues constituyen una invitación a que el Estado renuncie a su responsabilidad social de proveer enseñanza gratuita no sólo en los ciclos de educación básica –como lo señala el artículo 3º constitucional– sino también en los niveles medio superior y superior. Por otra parte, la representante de la OCDE parece olvidar que si el mayor porcentaje de los recursos son absorbidos por el magisterio, eso no se debe al carácter público y gratuito de la educación, sino a la restricción presupuestaria a la que los gobiernos neoliberales han sometido a las instituciones encargadas de impartirla, así como al pacto corrupto de mutuo beneficio entre el grupo gobernante y el charrismo que controla al sindicato de maestros, a cargo de muchos de los ciclos de enseñanza media.
No deja de ser preocupante la tendencia del actual gobierno a relegar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a la iniciativa privada. El mismo día en que se produjeron las desafortunadas declaraciones de la representante de la OCDE, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había afirmado, en el marco de la inauguración del Instituto Carso de Salud, que en materia de salud y combate a la pobreza “es insuficiente la acción del gobierno” y que, por ello, el Estado y la sociedad deben “seguir trabajando para evitar que las mamás y los niños de las familias pobres enfrenten varias veces más la probabilidad de morir por falta de atención médica que el resto de las familias”. En el mismo sentido, Calderón había instado ya anteriormente a la sociedad a compartir con el gobierno la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes y “vencer el flagelo de la inseguridad y la criminalidad”. Ambas declaraciones develaron la falta de voluntad de la presente administración para cumplir con los deberes que le impone la Constitución.
Por lo que toca a la referida recomendación de la OCDE, el gobierno federal ha demostrado incongruencia: a pesar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó abiertamente la sugerencia de transferir a la iniciativa privada la educación media y superior, algunos de los programas de esa dependencia parecen obedecer precisamente esa lógica. El sistema de créditos recientemente anunciado por la SEP, que promueve la adquisición de deudas por parte de los estudiantes para que puedan pagar sus estudios universitarios, representa, según han señalado diversos especialistas en materia de educación, una renuncia del gobierno como responsable de impartir enseñanza gratuita, y una medida que lo convertiría en “promotor y garante del endeudamiento”. Además, se corre el riesgo de que los fondos terminen en instituciones que sólo ven la educación como un negocio y que, bajo esa perspectiva, ofertan programas académicos de bajísima calidad.
En suma, la privatización de la enseñanza media y superior no sólo constituiría un retroceso histórico en materia de educación a escala nacional que marginaría a centenas de miles de estudiantes, sino que representaría también una oportunidad para lucrar y enriquecerse con la formación académica de quienes pudieran acceder a los ciclos de enseñanza. Si el gobierno federal atendiera la recomendación de la OCDE, pondría de manifiesto su reticencia a cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales: la que emana del principio central de que la educación es un derecho, no un privilegio.
El pasado 18 de septiembre, Blanca Heredia, directora en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso al gobierno federal que los ciclos de educación media y superior a cargo del Estado fueran transferidos a la iniciativa privada, con el argumento de que, mediante el actual esquema pedagógico y de financiamiento “se desperdician los recursos”. En el contexto de la presentación del informe Panorama educativo 2007, Heredia resaltó que actualmente se destina 84 por ciento de los fondos educativos al pago de salarios de los maestros, lo cual reduce el margen para que se invierta en nueva infraestructura. A renglón seguido, la representante de la OCDE en México cuestionó severamente el sistema de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó a mirar aquellas instituciones “públicas ejemplares” que han hecho “experimentos” en aras de la privatización y afirmó que, dado que los beneficios que la educación genera son “estrictamente privados”, los costos de ésta deben ser asumidos por los estudiantes.
Las declaraciones de Blanca Heredia son más que inaceptables, pues constituyen una invitación a que el Estado renuncie a su responsabilidad social de proveer enseñanza gratuita no sólo en los ciclos de educación básica –como lo señala el artículo 3º constitucional– sino también en los niveles medio superior y superior. Por otra parte, la representante de la OCDE parece olvidar que si el mayor porcentaje de los recursos son absorbidos por el magisterio, eso no se debe al carácter público y gratuito de la educación, sino a la restricción presupuestaria a la que los gobiernos neoliberales han sometido a las instituciones encargadas de impartirla, así como al pacto corrupto de mutuo beneficio entre el grupo gobernante y el charrismo que controla al sindicato de maestros, a cargo de muchos de los ciclos de enseñanza media.
No deja de ser preocupante la tendencia del actual gobierno a relegar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a la iniciativa privada. El mismo día en que se produjeron las desafortunadas declaraciones de la representante de la OCDE, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había afirmado, en el marco de la inauguración del Instituto Carso de Salud, que en materia de salud y combate a la pobreza “es insuficiente la acción del gobierno” y que, por ello, el Estado y la sociedad deben “seguir trabajando para evitar que las mamás y los niños de las familias pobres enfrenten varias veces más la probabilidad de morir por falta de atención médica que el resto de las familias”. En el mismo sentido, Calderón había instado ya anteriormente a la sociedad a compartir con el gobierno la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes y “vencer el flagelo de la inseguridad y la criminalidad”. Ambas declaraciones develaron la falta de voluntad de la presente administración para cumplir con los deberes que le impone la Constitución.
Por lo que toca a la referida recomendación de la OCDE, el gobierno federal ha demostrado incongruencia: a pesar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó abiertamente la sugerencia de transferir a la iniciativa privada la educación media y superior, algunos de los programas de esa dependencia parecen obedecer precisamente esa lógica. El sistema de créditos recientemente anunciado por la SEP, que promueve la adquisición de deudas por parte de los estudiantes para que puedan pagar sus estudios universitarios, representa, según han señalado diversos especialistas en materia de educación, una renuncia del gobierno como responsable de impartir enseñanza gratuita, y una medida que lo convertiría en “promotor y garante del endeudamiento”. Además, se corre el riesgo de que los fondos terminen en instituciones que sólo ven la educación como un negocio y que, bajo esa perspectiva, ofertan programas académicos de bajísima calidad.
En suma, la privatización de la enseñanza media y superior no sólo constituiría un retroceso histórico en materia de educación a escala nacional que marginaría a centenas de miles de estudiantes, sino que representaría también una oportunidad para lucrar y enriquecerse con la formación académica de quienes pudieran acceder a los ciclos de enseñanza. Si el gobierno federal atendiera la recomendación de la OCDE, pondría de manifiesto su reticencia a cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales: la que emana del principio central de que la educación es un derecho, no un privilegio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
