"Hablar de soberanía colombiana es un chiste": Chomsky

Primera Parte: Entrevista a Noam Chomsky durante su primera visita a Venezuela realizada por Eva Golinger para Venezolana de Televisión (VTV)

TeleSUR

Caracas 24 Agosto 2009

Eva Golinger (EG): Bienvenido a Venezuela, Sr. Noam Chomsky. Estamos muy emocionados por su visita, especialmente durante un momento histórico en el que están ocurriendo muchos cambios en América Latina, potenciales cambios en la relación de EE.UU. con naciones latinoamericanas, y actualmente existen importantes tensiones y conflictos que causan gran preocupación a los latinoamericanos.

En este contexto, y con el recrudecimiento de las agresiones en los últimos meses, con el golpe de Estado en Honduras, el aumento de la presencia militar en Colombia, con la ocupación de más de siete bases militares, además de un control territorial a nivel militar en Colombia, tenemos también la reactivación de la cuarta flota de la armada que ocurrió el año pasado pero está siendo usada ahora en este contexto. También el tono del discurso hacia Venezuela se ha hecho más fuerte, con acusaciones que ya se hacían y ahora continúan ahora más formales, acusando a Venezuela de permitir el narcotráfico, terrorismo, y ha habido un aumento del presupuesto militar del Pentágono, para el Comando Sur en esta región.

La pregunta es, ¿es este algún tipo de fenómeno? Ahora con un presidente supuestamente progresista en la Casa Blanca vemos más ataques contra movimientos progresistas en América Latina.

Noam Chomsky (NC): Y en el resto del mundo. Pero lo que ocurre en América Latina ha ocurrido por más tiempo. EE.UU. por mucho tiempo dio por sentado que podía controlar a América Latina, y de hecho este fue un principio básico de su política exterior desde sus orígenes como república, como una aspiración, que lograron concretar en el siglo XX. El Consejo de Seguridad Nacional, la mayor entidad de planificación, dice que si no podemos controlar América Latina, ¿cómo podemos el resto del mundo?

Henry Kissinger, cuando el golpe de Pinochet, dijo "tenemos que deshacernos de Allende o no tendremos credibilidad en el resto del mundo". Esa es la clave para controlar el mundo, y por supuesto gran parte de la economía estadounidense estaba basada en inversiones, que eran una especie de saqueo, desde el siglo XIX. Todo esto ocurrió por mucho tiempo y de distintas maneras, intervención militar, golpes de Estado, agresiones, durante el gobierno de Kennedy, con agresión de Estado, el ejército instaurando Estados de seguridad al estilo neonazi. Luego llegó el período neoliberal, el control de los países por medios económicos, pero a finales de los noventa ya no era tan frecuente, Venezuela es un ejemplo, pero ocurría en muchos otros países. Lentamente los países latinoamericanos empezaron a escapar del largo período, desde la época de los conquistadores españoles y portugueses, de una u otra forma de colonización.

Empezaron a librarse del FMI, pagar y reestructurar sus deudas, enfocarse en los problemas internos, y EE.UU. empezaba a perder control, y tenía que haber una respuesta, que se ha desplegado desde finales de los noventa, y que tiene dos frentes, uno militar, y el otro que denominan promoción de la democracia, que es un eufemismo de sometimiento. Uno es militar y el otro es el sometimiento, y Obama sencillamente les está dando continuidad. No está haciendo nada nuevo. Parece diferente a Bush, pero la razón es, si vemos la opinión pública, voceros del gobierno, ellos critican a Bush por no haber prestado atención a América Latina, y que la región sufrió por esto. De hecho es lo mejor que le ha pasado a América Latina, que EE.UU. dirija su atención a otras regiones. Pero Obama quiere remediar esa situación desde una perspectiva progresista liberal, prestando más atención a América Latina, lo que implica un retorno a políticas más tradicionales, la militarización y el sometimiento. Lo que tú mencionas es un ejemplo, pero viene de antes, de hace muchos años, por ejemplo el entrenamiento de militares latinoamericanos por los últimos diez o quince años ha aumentado en gran medida, quizá 50% más de lo que era en los años noventa. Y ahora la posición militar de EE.UU. en América Latina es relativamente mayor que durante la Guerra Fría. Por primera vez, hay más oficiales de entrenamiento militar que asesores económicos. La estrategia ha cambiado hacia un esfuerzo por reconstruir una estructura de intervención potencial, y también para la llamada promoción de la democracia.

EG: Que hemos experimentado en gran medida aquí en Venezuela a través de la USAID, la National Endowment for Democracy con financiamiento a grupos opositores y ahora con participación en una campaña de contrainsurgencia al interior de las fuerzas revolucionarias que apoyan al gobierno, que intentan neutralizar.

NC: Pero estas son políticas de larga data. EE.UU. de hecho inició una nueva fase del imperialismo hace un siglo, al convertirse en una potencia mundial, ya había sido una potencia regional, pero con la conquista de Filipinas, ese fue el momento crucial, por los años 1900, mató a cientos de miles de personas, estableció un control militar parcial, pero tenían que gobernar el país. ¿Cómo gobernar el país? Bueno, desarrollaron una nueva forma de colonialismo, con un Estado de vigilancia muy complejo, usando la última tecnología de la época para socavar movimientos políticos, para desintegrarlos, promover el faccionalismo. Crearon una fuerza militar-policial paralela que podía usar la fuerza cuando fuese necesario. Era muy minucioso y complejo, y de hecho ha regresado a los países de origen, los Estados de vigilancia el Occidente: EE.UU., Inglaterra, desde la Primera Guerra Mundial, basados en el modelo filipino. Y sigue hasta hoy. Filipinas es el único país en el este asiático que no ha participado en el rápido crecimiento económico de las últimas décadas, y aún tiene una fuerza militar terrorista, violaciones a derechos humanos, etc.

Las técnicas son: primero, una fuerza militar internamente, si es necesaria, y segundo la colaboración de los líderes del Estado, por eso es que quieren infiltrar los movimientos revolucionarios, incitar la separación, socavar el poder de otros grupos y obtener beneficios de sus contactos con el poder imperial. Los británicos y los franceses hicieron cosas parecidas, pero esta vez se hizo con gran detalle, algo nuevo en la historia del imperialismo, y por supuesto se extendió a América Latina. Por eso es que después de cada intervención, por ejemplo Haití, República Dominicana, Nicaragua, donde sea, dejan el país en manos de la Guardia Nacional y en colaboración con líderes del Estado. Y la Guardia Nacional es una fuerza de terrorismo de Estado. La Guardia Nacional haitiana nunca luchó contra otro país. Su ejército lucha contra la población, lo mismo con Somoza.

Esa capacidad se perdió en parte en los años noventa y ahora se reconstruye de otra manera. Pero es una tradición antigua. De hecho data de mucho antes. Vale recordar que EE.UU. es el único país del mundo que fue fundado como un imperio. George Washington lo describió como un imperio infante y por supuesto tuvieron que conquistar el territorio nacional, eso es imperialismo, no cruzaron mares, pero aparte de eso, es imperialismo estándar. Prácticamente exterminaron a la población, se robaron la mitad del territorio de México y en 1898 empezaron a expandirse a otras regiones, pero el proceso es el mismo. Y es importante saber que lo hacen con toda franqueza y con una creencia en el carácter divino de su misión. Es un país religioso y siempre ha actuado para cumplir la misión de la Divina Providencia. George Bush hablaba en esos términos. Obama no necesita usar las mismas palabras. Es sofisticado. El mejor ejemplo, como todos saben, es la primera colonia en EE.UU.: Massachussets. Su carta fundacional es de 1629, establecieron su escudo en el que aparecía un indio apuntando su lanza hacia abajo y un pergamino saliendo de su boca, que decía "venid a ayudarnos", así que los colonos que iban allá a quitarles sus tierras y exterminarlos estaban convencidos de que estaban respondiendo a ese llamado de auxilio, y esa actitud sigue en la actualidad. Cada agresión, intento de sometimiento tiene la misma inspiración. Otros países imperialistas como Francia tienen actitudes similares pero está mucho más arraigada en la cultura y creencia estadounidenses. Hay un importante trasfondo religioso, todo se justifica. Lo más que puede pasar es que se cometan errores.

EG: Eso es también como una guerra psicológica, una manipulación de la realidad, para dar esa impresión.

NC: Es importante entender que es aceptado internamente. Por ejemplo, no se puede hacer un comentario crítico sobre cualquier acción de EE.UU. Obama, por ejemplo, es muy elogiado por ser uno de los principales críticos de la guerra en Irak. ¿Cuál fue su crítica? Dijo que era un error garrafal estratégico. Asumió la misma posición que asumió el estado mayor alemán después de Stalingrado. O la posición de los rusos sobre Afganistán a principios de los ochenta. Y no lo llamamos crítica cuando es de nuestros enemigos, lo llamamos servilismo al poder. Pero en nuestro caso, los liberales, progresistas lo llaman oposición principal. Y se puede ir más allá y estar aún dentro del marco doctrinal básico, y viene de esa autopercepción de nobleza, de la misión divina de civilizar el mundo, elevarlo a un mayor nivel, entonces el sometimiento y la militarización son considerados primordiales, y de hecho en el caso de América Latina la izquierda condena a Bush por no enfocarse en América Latina, por no cumplir con la misión civilizadora. No es sorpresa entonces las acciones de Obama.

EG: Y es un proceso cuyo ritmo está aumentando rápidamente.

NC: En parte por estas razones y en parte porque los problemas son más apremiantes. La llamada "marea rosa" es considerada un verdadero peligro. De hecho el gobierno de EE.UU. está apoyando gobiernos que hace cuarenta años habría derrocado. El gobierno de Brasil, por ejemplo. Las políticas de Lula no son tan diferentes de las políticas de Goulart a principios de los sesenta, cuando el gobierno de Kennedy inició un golpe militar e instaló el primer Estado de seguridad nacional estilo neonazi, y ahora es un país amigo, porque todo el espectro se ha desplazado tanto que ahora EE.UU. debe apoyar al tipo de gobierno que antes habría derrocado y por supuesto tratar de someter a los otros.

EG: Hablemos de eso específicamente, porque está el tema del aumento de presencia militar estadounidense en Colombia, que ha causado tensión en la región. El gobierno de Colombia y el gobierno de EE.UU., Obama, sostienen que esto es un asunto bilateral, que esto no es una ocupación o el establecimiento de nuevas bases militares; es un acuerdo de cooperación en seguridad. Pero algunos de los detalles que sabemos, aparte de las tres bases que EE.UU. ya ha ocupado bajo el Plan Colombia, y más de una docena de estaciones de radar, es que definitivamente tendrán acceso a siete bases, una de las cuales, en Palanquero, les dará acceso aéreo a todo el hemisferio, que no tenían anteriormente, con gigantescos aviones militares de carga tipo C17, y más allá de eso, está el tema de lo que EE.UU. llama defensa interna en un país extranjero, con la que entrenan fuerzas armadas colombianas, equipos comando especiales, fuerzas especiales, la Policía Nacional colombiana, los entrenan, los comandan y los controlan, y ahora existe la posibilidad de una reubicación de la Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC, en Colombia, para empezar el entrenamiento en otros países de la región. El próximo viernes 28 habrá una reunión de presidentes de Unasur en Argentina para tratar este tema, que muchos dicen que es una amenaza para la estabilidad regional. Pero hay naciones que mantienen la posición de que hay que respetar la soberanía colombiana. Con gobiernos apoyados por Washington como Brasil, y con el golpe en Honduras que ha sido visto como un ataque contra los países del ALBA, ¿es esta ocupación o ampliación de presencia militar en Colombia un intento de dividir e impedir un mayor progreso de la integración latinoamericana, primero mediante la promoción de estos conflictos entre naciones, aparte del conflicto entre Colombia como gobierno de derecha y Venezuela como gobierno de izquierda, con países como Brasil o Chile, que pueden asumir una posición más ambigua u neutral en cuanto al respeto de la soberanía colombiana, que se oponen a la expansión militar estadounidense pero sin llegar a condenarla.

NC: Hablar de soberanía colombiana es un chiste. El Plan Colombia, creado por Clinton, es una intervención agresiva en los asuntos internos de Colombia, que ha tenido consecuencias. Hay un pretexto, y el pretexto es la guerra contra el narcotráfico, pero es solo un pretexto y no se puede tomar en serio. Y el establecimiento de las bases militares en Colombia es una reacción al hecho de que EE.UU. ha perdido su posición militar en otros países. Ecuador desactivó la base en Manta, que le daba a EE.UU. gran capacidad de vigilancia aérea en la región. Paraguay era una especie de base militar estadounidense, y eso ya se acabó. Tenían que reconstruirla en otra parte y Colombia es el único país donde podían hacerlo. El golpe en Honduras es parte de otro proceso. Centroamérica había sido tan devastada por las guerras contra el terrorismo de Reagan que no era parte de la tendencia de la llamada marea rosa, hacia la integración latinoamericana. Honduras estaba en el camino de la integración, y bueno ahora ya no, ellos creen, y en realidad se ha expandido en Centroamérica. Nicaragua es otro caso. Todo esto me parece que es un intento de recuperar la posición tradicional incluso antes, hace 10 ó 15 años el entrenamiento de oficiales ha aumentado rápidamente, y ha cambiado, ahora el entrenamiento es en tácticas de infantería. La idea es crear fuerzas paramilitares, no están entrenando policías de tránsito. El control de la "ayuda" oficial ha cambiado del Departamento de Estado, ahora está en manos del Pentágono, que es un cambio relevante. Cuando estaba bajo el Departamento de Estado tenía al menos en teoría supervisión del Congreso, que quiere decir que había condiciones que había que cumplir sobre derechos humanos por ejemplo, que no se implementaban mucho, pero eran una limitación a posibles abusos, pero bajo el control del Pentágono, no hay reglas, todo es válido.

Servicios de inteligencia de Gran Bretaña y del Mossad de Israel presentes en bases de EEUU en Colombia

26 de agosto 2009. - En la conferencia dictada ayer por miembros del Parlamento Andino, el profesor Luis Bigott informó que en las bases militares que los Estados Unidos instalarán en Colombia contarán con la presencia de elementos del servicio de inteligencia de Gran Bretaña y del Mossad de Israel, y los conocidos contratistas, lo cual significa que se conforman unas estructuras completas para la dominación.

En la conferencia estuvieron presentes, además del profesor Bigott, el diputado Amílcar Figueroa y el presidente del Parlamento Andino, diputado Víctor Hugo Morales.

En la presentación del conferencista, el diputado Figueroa expresó que “no está equivocado el presidente Chávez cuando dijo hace unos días que soplaban vientos de guerra. Los emplazamientos militares a instalarse en Colombia forman parte de las acciones del imperio para asegurar su hegemonía. Por eso los problemas de la estrategia militar deben ser conocidos por todos”.

Bases militares en Colombia

Barómetro Internacional

Muerte de la soberanía; violación de la constitución.

Por Jaime Araujo Renteria*

El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplicó al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana. A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.

La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitución). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobierno confesó que el acuerdo ya se celebró, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.

Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).

Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar.

El gobierno quiere ponerle conejo al control del Congreso y de la Corte Constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados ya existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.

No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la cláusula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.

Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.

La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU: siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).

Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.

Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero. Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional.

* Ex-presidente de la Corte Constitucional de Colombia

franmarino19@yahoo.es

El asesinato de un Sin Tierra en la frontera sur y sus consecuencias políticas

Barómetro Internacional

Brasil

Bruno Lima Rocha

La ciudad fue San Gabriel, alrededor de la 10 horas de la mañana del viernes 21 de agosto. El lugar de la acción fue la Hacienda Southall, un complejo latifundista de 14.000 hectáreas, blanco de disputa entre el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el ex-propietario, Alfredo Southall. El escenario fue de batalla campal: 230 brigadistas (policías militares de Rio Grande do Sul) de distintas unidades contra alrededor de 270 colonos ocupantes, la mitad de ellos mujeres y niños. En este contexto mataron a Elton Brum da Silva.

La consecuencia política para el gobierno -que es responsable de ese acto-hasta el momento es ésta. El sub-comandante general de la Brigada Militar (BM, Policía Militar del Rio Grande), coronel Lauro Binsfeld, después de salir muy mal en las entrevistas que dio a los medios de comunicación, fue responsabilizado por la tragedia y sacado del puesto. En su lugar fue nombrado el coronel João Carlos Trindade Lopes, comandante-general de la BM, indicó el ex-comandante del Comando de Policiamento de la Capital (Porto Alegre), coronel Jones Calixtrato. Por encima de ellos está el secretario de la Seguridad Pública, el general del Ejército Brasileño, Edson Gourlarte. Así, disputas en la caserna policial reflejan una situación interna apenas digerida, en la forma de reposición de piezas. El detalle es que la política no es tan simple y menos aún las formas de hacer política para asegurar un derecho constitucional a la tierra. El asesinato de Eltom Brum da Silva puede ser el comienzo de otra escalada de luchas reivindicativas.

En la ciudad de la Frontera Oeste del Río Grande, donde en 1756 cayó peleando cerca del Arroyo Caiboaté el Corregidor del Cabildo de la reducción de San Miguel, Sepé Tiaraju, el Estado asesina hoy a un colono Sin Tierra. Eltom Brum de Silva era un agricultor del interior, del pequeño municipio de Canguçu que peleaba por un pedazo de tierra. Peleó, vivió y murió defendiendo su tierra y el pueblo al que servía como líder obediente de la voluntad popular. Su muerte fue con plomo y por la espalda. Los balines de plomo que salieron de la escopeta calibre 12 que asesinaron a Eltom dieron un ejemplo de como el aparato represivo recuerda sus orígenes y funciones cuando el tema es la propiedad.

El colono no cayó por casualidad y menos aún “de malestar súbito” como dijo la versión de la BM proporcionada por los medios palangristas de siempre, en su cobertura horrorosa de todos los días. Él cayó porque era parte de una medida de lucha directa, la forma de ejercicio de derechos constitucionales que jamás son garantizados a menos que las parcelas del pueblo organizado consigan ejercer su voluntad independiente de intermediarios profesionales. De esta forma, al tiempo que los partidos de tipo burgués (de “izquierda” o no) pierden su sentido, los órganos de Estado se ven en la obligación de al menos posicionarse. Lo mismo sucede con los medios de comunicación social.

Las versiones de la media comunitaria y del mayor conglomerado mediático de la “Provincia Gaucha”

De todo lo que leí, la versión más correcta de la circunstancia de la muerte de Eltom fue dada por el movimiento de radios comunitarias. Pido un poco de paciencia a quien lee el artículo para publicar abajo íntegra la versión de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria – estadual de RS (Abraço-RS):

Agresión verbal habría motivado PM a matar un sin tierra en RS, 21/08/2009
“La tarde de viernes (21) culminó con la muerte del agricultor sin tierra Elton Brum de Silva en una acción de la Brigada Militar del Rio Grande del Sur durante la desocupación de un área en el municipio de Son Gabriel. Fotos muestran que el agricultor fue alcanzado por una arma calibre 12. La sospecha recae sobre el comandante del 2º Regimiento de Policía a Caballo (2º RPMon) de Livramento, Teniente Coronel Flávio de Silva Lopes, que respondió con el tiro a una agresión verbal del agricultor. El fiscal de conflictos agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario, Gercino José de Silva Hijo desembarcó en el estado de Rio Grande a finales de la tarde y ya se dirigió para Son Gabriel con la promesa de buscar punición a los responsables. La Brigada Militar dio la primera versión afirmando que el agricultor habría muerto de un “mal súbito”. Horas después el hospital local lo desmentía. El MST responsabiliza la política de seguridad del gobierno Estadual y la Justicia por postergar el proceso de asentamiento de las familias. La ocupación reivindicaba la aplicación de los recursos para salud, educación e infraestructura en los asentamientos de la región y desapropiación del restante de la Hacienda Southall y la liberación inmediata, en la Justicia, de las haciendas Antoniazzi y 33, en Son Gabriel, para el asentamiento de las familias acampadas en el Estado.
Link de Abrazo-RS / Periódico de los Trabajadores:
(http://www.abracors.org.br/detalle_info.php?id=297) “

Si comparáramos la nota de arriba con la cobertura de los medios corporativos veremos la diferencia de fondo. Este abordaje tuvo el respaldo, resguardando la identidad de fuentes que se arriesgaron a pasar esta información. No responsabiliza a la protesta social por la represión sufrida y sí a los represores. Ya la materia de Zero Hora (Grupo RBS, afiliada local a la Rede Globo), firmada por el reportero Humberto Trezzi, tiene un título que habla por sí sólo:

“Campos conflagrados: MST gana su mártir” (para seguir en este link: http://zerohora.clicrbs.con.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a2627013.xml&template=3898.dwt&edition=12968§ion=1015 – página 4 de la edición de 22/08/2009)

El silencio y la falta de imágenes es la constante. La parte principal está en la posibilidad de reaccionar en la batalla de los medios y de romper el bloqueo de la producción de sentido que intenta dejar sin sentido una lucha milenaria como es la de la posesión de la tierra. En este frente, la posibilidad de ofensiva de los movimientos populares de RS está asegurada. Veamos lo que antecede al asesinato y como este gesto se localiza dentro de la crisis política por la posible corrupción endémica en el gobierno estadual neoliberal de Yeda Crusius (PSDB, del partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso).

La represión aplazó su saña para la Frontera

Uno de los dilemas clásicos en la política es la ecuación entre la legitimidad de un gobierno, con su capacidad de reprimir. No estoy discutiendo necesariamente el poder de policía, que es una de las atribuciones del Estado, no importando el nivel de gobierno, sea la Unión, estadual o municipal. Pero sí, la relación de fuerzas que va más allá de los formalismos institucionales. A veces, un gesto represivo causa una conmoción de tal magnitud, que el respaldo de un mandato titubeante puede perderse. En junio de 2008, estando bombardeada por la CPI del DETRAN-RS, con la grabación de conversaciones privadas entre su vice-gobernador rebelde Paulo Afonso Feijó (DEM) con el entonces jefe de la Casa Civil, Cézar Busatto (PPS), la gobernadora del Río Grande, Yeda Crusius (PSDB), no titubeó en mandar las fuerzas del orden a imponerse a cualquier costo. La semana pasada, la apuesta de buena parte de la izquierda gaucha era esa. Que la represión sin frenos fuera a frenar a una marcha aparentemente pacífica y así aumentar la conmoción interna en la Provincia. No fue lo que se sucedió, no esta vez.

La crisis política fractura lealtades políticas y sociales muy constituidas en la sociedad río-grandense. Siendo o no culpada, viniendo a ser condenada por la acción de improbidad administrativa o declarada inocente, la gobernadora Yeda Crusius y su base aliada consolidaron en los últimos años algunas quiebres de paradigma en el Río Grande del Sur. Uno de ellos dice del respeto y la tolerancia típica del estilo socialdemócrata, donde las calles son escenarios de manifestaciones y hay tolerancia en la represión para asegurar la relación de legitimidad del gobierno constituido. Cuando un gobierno es acusado de corrupción y se ve contra la pared, en general no se da el lujo de reprimir a quién está organizado. El año de 2008, en su primer semestre, delante del mismo escándalo que ahora enfrenta, Yeda Crusius, Paulo Roberto Mendes y los medios de siempre, distribuyeron represión sin ninguna piedad.

Apostaron a que, durante los actos políticos contra su gobierno, la saña represiva se encontraría de nuevo con la población organizada. No ocurrió lo peor, como el año anterior, porque el núcleo duro del Palacio de las Hortensias (en la Sierra, residencia de invierno del gobierno estadual) preservó Porto Alegre para matar en San Gabriel. Si fuera a reprimir en la capital, el escenario ideal hubiera sido el día 14 de agosto.

El último viernes día 14 de agosto la ciudad de Porto Alegre vivió una mañana de protestas. La fecha formaba parte de la jornada nacional de luchas promovida por diversas entidades, centrales sindicales y movimientos populares. La llamada para todo el país se basaba en la crítica la política económica, la única pauta que aún unifica la fragmentada izquierda brasileña después de casi siete años del gobierno de Lula da Silva. Dos columnas significativas se formaron. Una salió de la Escuela Estadual Júlio de Castilhos, el Julinho, lugar de romería de la izquierda desde los años ’60. Otra columna se dirigió de autobús hasta la Federación de las Industrias del Estado del Río Grande del Sur (FIERGS, federación patronal), retornando al Centro rumbo a la Plaza de la Matriz, donde la Provincia concentra sus poderes oficiales.

La marcha que originalmente fue convocada para atender una agenda se transformó en el acto ecuménico de las izquierdas gaúchas, convocadas a partir de la consigna de “Fuera Yeda!”. Y, después de algunos años de vacío político en la capital río-grandense, este día realmente el acto concentró todos los matices. La protesta se constituyó desde la extrema-izquierda no electoral que se localizó a finales de la columna que salió del Julinho, pasando por las bases sindicales de funcionarios, hasta la bancada estadual del PT que confortablemente aguardaba al cortejo al llegar a la Matriz.

Otra novedad ocurrió aquel día, desafiando el cerebro de los marchantes. Por primera vez, el núcleo duro de Yeda, resolvió reaccionar y convocó a los CCs, estagiários, FGs y militantes tucanos (del PSDB) a posicionarse frente a la Asamblea Legislativa (parlamento estadual). Hubo por tanto, dos actos, de dimensiones distinguidas, aunque antagónicos.

En la ausencia de represión a lo largo del tramo, otra conjetura atravesaba a todas las agrupaciones y movimientos allí presentes. ¿Habría o no conflicto con el centenar de manifestantes a favor de la gobernadora allí presentes? Con la desproporción numérica de más de 3.000 protestantes contra menos de dos centenares pro-Yeda, la policía tendría la obligación de intervenir. El “duelo” no se dio, pero quedó el hecho político y la posibilidad de represión policial. El mismo viernes, la protesta estadual ganó relevancia nacional al ser mediatizada por el Periódico Nacional. Esta semana, el dilema entre protesta y represión fue alimentado por los medios de comunicación del estado. Quién está en la faena política sabe leer estas señales. Ningún tema de ese orden es pautado por casualidad y la variable represión no fue descartada por el aún titubeante gobierno de la economista neo-clásica. Aquello que no pasó de insultos y algunos huevos tirados por los marchantes, vino a manifestarse en el asesinato de Eltom Brum de Silva.

Opciones en la política gaúcha en la perspectiva de los movimientos populares después del asesinato en la Hacienda Southaal

Entiendo que el asesinato del colono sin tierra Eltom Brum de Silva, ocurrido el día 21 de agosto de 2009, en la ciudad de Son Gabriel, frontera oeste, obliga a las fuerzas vivas de la izquierda gaúcha a colocarse en alerta. Todo indica que fue un acto premeditado, una acción de fuerza del aparato represivo del gobierno gaúcho, sacudido por las denuncias de corrupción. Como casi siempre ocurre, el Cuerpo Auxiliar de Policía Imperial, creado para combatir la Revolución Farroupilha, después bautizada de Policía Militar durante la dictadura positivista, demostró su eficiencia en la defensa de los intereses oligárquicos. Tampoco se trata del primer acto de brutalidad del gobierno de la economista neoliberal Yeda Crusius y no será el último. A estas horas, es preciso tener un mínimo de unidad táctica en el conjunto de movimientos populares, para frenar el avance represivo. La muerte de un militante, de base o de coordinación, es algo que no debe quedar impune. Aún dentro de la democracia liberal burguesa existen límites que, una vez cruzados, abren margen a otra escala de acciones. Si no hay respuesta de movilización, la máquina reaccionaria del Estado sacudido por eventos de corrupción, no va a detenerse.

Pero, al contrario de otros compañeros analistas, en general perfilados con el reformismo, tanto el que está en el gobierno Lula así como el de la oposición de izquierda-parlamentaria, no consigo recomendar algo que veo como falsificable Veo que no hay salida política a largo plazo dentro de la democracia de los oligarcas, banqueros y transnacionales. Y, tampoco hay posibilidad de transformación de la sociedad al actuar por dentro del aparato de Estado. Pero, eso no quiere decir que no exista un momento táctico de lucha. Este, por ejemplo, es un momento. En la hora de la crisis política, el pueblo tiene que percibir la existencia de alternativas fuera de los espacios viciados de participación oficial. Es preciso retirar poder simbólico y político a los intermediarios profesionales y volver a crear la relación directa con las entidades de base y los movimientos con autonomía decisoria. Y, sabemos que eso no es fácil.

Una salida que me parece obvia es la unificación de luchas y pautas. En las semanas posteriores al asesinato de Eltom Brum de Silva por parte de la Policía Militar bajo el mando de Yeda Crusius (PSDB), veo como imprescindible la unión de las fuerzas populares en torno a un objetivo común, pero fortaleciendo la auto-representación popular, a través de instancias de coordinación entre movimientos y entidades de base. La unidad de las pautas y luchas necesita apuntar hacia las reivindicaciones inmediatas y el objetivo general común de asegurar una victoria contundente contra un gobierno estadual acusado de corrupto y con postura represiva. Sinceramente, no resta más que hacer además de lo obvio. De lo contrario, el costo político de un muerto será poco importante, abriendo un precedente para otros asesinatos, en éste y en los gobiernos de turno que vendrán.

Para esta finalidad, ahora ya no basta la lucha reivindicativa. El momento es de derrumbar a Yeda Crusius y asegurar que el vice-gobernador también neoliberal, ni llegue a tener las condiciones de legitimidad para gobernar. Con esta acumulación de fuerzas, habrá condiciones de enfrentar el accionar de los aparatos de intermediación política profesional y el uso falso que los medios harán del martirio de algún campesino más.

Es el momento es de asegurar la victoria táctica, en el desmonte de este gobierno basado en relaciones patrimonialistas, bajo sospecha de corrupción estructural y siendo represor al extremo. Y, el momento también es el de derrotar el proyecto del neoliberalismo en Río Grande, específicamente para no permitir la conclusión del préstamo entreguista con el Banco Mundial.

blimarocha@gmail.com

Unasur en defensa de la soberanía continental

Barómetro Internacional

Reunión cumbre para discutir las bases norteamericanas en Colombia

Ernesto Tamara.

El 29 de Agosto está prevista la reunión de Unasur para discutir el acuerdo de Colombia con Estados Unidos para el uso de varias bases militares. El presidente norteamericano, Barack Obama, invitado telefónicamente por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, no vendrá a la cita, y el presidente colombiano, Alvaro Uribe, empeñado ahora en su reelección, aseguró que no irá a la cumbre a negociar, sino a explicar y defender los acuerdos militares con la nación del norte.

En la reunión que tendrá lugar en la turística ciudad de Bariloche, Argentina, participarán, en principio, todos los presidentes sudamericanos. La Cumbre fue convocada el pasado 10 de agosto durante la reunión de ese organismo celebrada en Quito, Ecuador, cuando la asunción de Rafael Correa como presidente de Unasur, tras asumir un nuevo mandato como mandatario de su país.

Algunos gobiernos sudamericanos esperan que la reunión sirva para convencer al presidente colombiano para que desista del acuerdo con Estados Unidos, aunque los más pragmáticos sólo esperan obtener un compromiso de que esas bases no serán usadas como plataformas de espionaje o intervención hacia otros países.

A juzgar por el desarrollo de los acuerdos ya casi firmados, las dos expectativas parecen sobredimensionadas. Uribe, ya casi seguro en que será reelecto, no dará marcha atrás en los acuerdos, y las garantías que se puedan ofrecer de que las bases no servirán para intervenir –aunque no sea militarmente- en otros países, serán papel mojado.

El objetivo anunciado de la participación de Estados Unidos en esas bases, el combate al narcotráfico y el terrorismo, implican el espionaje y la intervención encubierta en otros países de la región. Además, las declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, cuando dió a conocer el acuerdo junto al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, revelan que las intenciones de intervención norteamericana abarcan muchos más objetivos.

"Nuestro continente se enfrenta a varios desafíos crecientes, desde la crisis económica a los problemas climáticos, pasando por las preocupaciones de salud pública, como el virus H1N1, el tráfico de narcóticos, el terrorismo y el crimen organizado. Todos estos temas requieren nuestra atención y colaboración", señaló Clinton. Es decir que entre los objetivos de las bases están también el cambio climático, lo que puede sugerir el control de recursos fundamentales como el agua, la gripe porcina y la crisis económica.

Obama no leyó el regalo de Chávez

El continente había presenciado con optimismo la victoria electoral, la asunción y las primeras manifestaciones públicas del presidente Obama sobre el tono de las relaciones que su gobierno mantendría con América Latina.

Ese optimismo se reforzó en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en febrero pasado, donde además del discurso de Obama sobre el cambio de relaciones con América Latina, en un plano de respeto e igualdad según dijo, se recuerda por el encuentro con el presidente venezolano Hugo Chávez y el regalo que éste le hizo de un libro del escritor Eduardo Galeano, “Las venas abiertas de América Latina”.

Ahora se podría asegurar que nunca lo leyó, ni por interés en saber porque le habían entregado un libro específico. Si lo hubiera leído, el presidente norteamericano hubiera buscado un disfraz más convincente para imponer las bases militares en Colombia, aunque igual sabría que no sería aceptado.

En recientes manifestaciones Obama sostuvo que los acuerdos militares con Colombia eran “la continuidad” de la política de colaboración que habían sostenido ambos países. “Hemos tenido un acuerdo de seguridad con Colombia durante muchos años. Hemos mejorado ese acuerdo. No tenemos intención en establecer una base militar estadounidense en Colombia", afirmó Obama. "Esta es una continuación de la asistencia que hemos estado otorgándoles. No tenemos intención de enviar grandes cantidades de soldados adicionales a Colombia y tenemos interés en ver a Colombia y a sus vecinos operar pacíficamente", apuntó.

En esa confesión tan simple, el presidente norteamericano demostró que nada a cambiado, que la política del gobierno norteamericano hacia América Latina, es una política de Estado, que trasciende a los dos partidos políticos que se turnan en su gobierno, y que sólo está basado en lo que definen como la “defensa de los intereses nacionales”, que van desde el control de los recursos naturales, el comercio, y la intervención en todas sus formas.

Pecados anteriores

Casi como un presente griego para quienes sostienen que las bases militares que Estados Unidos utilizará en Colombia no afectan al continente, se conoció la semana pasada documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y de la Casa Blanca, donde se revela la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno dictatorial de Brasil, para promover el derrocamiento de Salvador Allende, y cometer fraude y manipular las elecciones presidenciales en Uruguay en 1971.

La revelación de esos archivos, que comprometen directamente al entonces presidente Richard Nixon y el general y dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici, confirma que la intervención norteamericana en la política interna de los países de la región, no se limita a los invasiones militares, la última no tan lejana, en 2004 cuando detuvieron y deportaron al presidente haitiano Bertrand Aristide, sino que incluye desde aportes financieros y asesorías de propaganda y guerra sicológica, así como amenazas de intervención y fraude electoral.

Uno de los documentos desclasificados, del 25 de agosto de 1971, titulado “Análisis y Papel Estratégico Preliminar” calificado como secreto y enviado por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, responde a las instrucciones dadas por el Consejo de Seguridad Nacional para diseñar una estrategia "...para aumentar el respaldo a los partidos democráticos en Uruguay y tratar de disminuir la oportunidad del triunfo político del Frente Amplio. El Grupo de Trabajo de la Embajada hace recomendaciones en cinco áreas: psicológica, de asistencia económica, política, laboral y de seguridad.

Áreas que se vuelven a reiterar en los acuerdos que ahora acordaron Colombia y Estados Unidos para el uso de las bases militares. Una lástima que Obama no viaje a Bariloche para que los presidente de Sudamérica, si se atreven, le pregunten sobre esos documentos.

El acuerdo ignoró ambos Congresos

Aunque aún faltan algunos detalles formales para la firma de los acuerdos, dos congresistas norteamericanos enviaron una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, recodándole que esas negociaciones no fueron debatidas por el Congreso, y que el gobierno no informó en ninguna instancia sobre las negociaciones en curso.

Los congresistas Christopher Dodd y Patrick Leahy se quejan de conocer las negociaciones con Colombia a través de la prensa, y destacan que “A pesar de las implicaciones obvias de carácter presupuestario y de política exterior de dicho acuerdo, ni el Comité de Relaciones Exteriores ni el Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones, fueron informados sobre las negociaciones, mucho menos consultados al respecto”. Por su parte, el Congreso colombiano tampoco fue informado, y el ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, calificó el acuerdo para el uso de las bases, de “inconstitucional”.

En una larga nota jurídica, Araujo Rentería destaca que “Si ya el sólo tránsito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional”.

“La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que Estados Unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU: siempre sus soldados son mandados por oficiales norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que Estados Unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano”.

El acuerdo

El presidente Alvaro Uribe anunció que con el acuerdo se concedía a Estados Unidos el uso las instalaciones del ejército colombiano de Larandia y Tolemaida, las navales de Cartagena y Málaga, y las áereas de Apiay, Palanquero y Malambo. Además se ampliaba el número de soldados norteamericanos en Colombia a 800, además de otros 600 civiles (asesores y contratistas de seguridad, como se denominan ahora los mercenarios y espías privatizados). En contrapartida, Estados Unidos invertirá 46 millones de dólares en la ampliación de esas bases, a parte de los 5.000 millones de dólares para los próximos años, previstos en la extensión del Plan Colombia.

El Plan Colombia comenzó en 1998 con el aporte estadounidense de 7.500 millones de dólares y la instalación de unos 500 militares y asesores en la erradicación de cultivos de coca, y que después se extendió al combate a las guerrillas. Además, por el acuerdo, y aunque aún no se ha confirmado, los norteamericanos que participen en estas bases tendrán inmunidad diplomática, y tampoco podrán ser juzgados en Colombia por cualquier crimen que puedan cometer.

Mientras existió la base de Manta, Ecuador reclamó sin éxito contra más de 300 norteamericanos que nunca pudo juzgar y que estaban acusados de diversos delitos, incluyendo robos y homicidios. En Colombia ya se han producido numerosos incidentes incluyendo episodios de tráfico de drogas con estadounidenses y violaciones a jovencitas (1). En ningún caso el Estado colombiano pudo juzgar a los responsables.

Las siete bases que Estados Unidos podrá utilizar en Colombia, se suman a otros 700 existentes en todo el mundo y donde operan medio millón de soldados. Este adelanto de las fronteras norteamericanas hacia el sur, se añade también a la reactivación el pasado año, de IV Flota –suspendida al finalizar la Segunda Guerra Mundial- que opera en aguas de Latinoamérica y el Caribe.

Esto coincide con la nueva estrategia del Pentágono de “guerra perpetua” que incluye bases militares llamadas “lotos”, las cuales pueden ser relativamente pequeñas porque están diseñadas para ampliarse o para que las tropas salten de unas a otras. De acuerdo con Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California, “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas podrán saltar como ranas muy bien armadas”.

ernestotamara@gmail.com

(1) Olga Lucía Castillo denunció que el 25 de agosto de 2007, su hija de 12 años, había sido retenida y violada por dos militares estadounidenses adscritos a la base de Tolemaida, al sur de Cundinamarca. La madre de la joven investigó por su cuenta y pudo establecer que los responsables del ataque a su hija eran el sargento del Ejército de Estados Unidos Michael Coen y su asistente César Ruiz, que cumplían labores del Plan Colombia. Castillo se presentó y encaró a los soldados norteamericanos, “se rieron de mí y me dijeron que tenían inmunidad”, relató tiempo después a la prensa colombiana. Igualmente hizo la denuncia ante la justicia colombiana sustentada en un examen de Medicina Legal y varios testimonios. El proceso no tuvo avances y la familia comenzó a sufrir amenazas, hasta que finalmente abandonaron su poblado. Recientemente Olga Castillo fue invitada a contar su relato ante el Congreso, invitada por el senador Gustavo Petro del Polo Democrático, pero no pudo hacerlo, la bancada uribista no la dejó hablar.

La falsa apología de la lucha antidroga de EEUU

Barómetro Internacional

Venezuela ha logrado incautar más de 32 toneladas de narcóticos en el 2009

Por: Diego Olivera

Nuevos ataques y discursos de funcionarios de EEUU acusan al gobierno de Venezuela de ser el paraíso del narcotráfico internacional. En artículos anteriores mencionábamos que la verdadera razón de este ataque mediático, es obtener la reservas y el control del petróleo venezolano. Los gobiernos de EEUU son verdaderos artistas de la mentira, el argumento en Afganistán era el opio, pero realmente el objetivo era el petróleo de los países ex URSS, creando un oleoducto que saldría por territorio afgano, de la misma manera el motivo de la invasión a Irak eran las armas químicas y los vínculos con Al Qaeda, pero la verdadera razón era las reservas de petróleo de esta nación árabe.

Otro argumento esgrimido por la administración de Barack Obama es el modelo democrático venezolano, porque de varias maneras han tratado de satanizar al presidente Hugo Chávez, miles de dólares se han invertido para crear una matriz desestabilizadora, hasta propiciando un golpe de estado en el 2002. La falsa apología a modelos seudo democráticos, como el de Colombia o Perú demuestra cual es la visión democrática del Departamento de Estado, ya que las fuerzas militares de estas dos naciones han asesinado campesinos e indígenas, acusados como terroristas y además el gobierno colombiano tiene y ha tenido vínculos con los capos de los carteles y de los grupos paramilitares, mucho de ellos detenidos, pero otros siguen en el gobierno.

La política antidroga de Venezuela incauta toneladas de narcóticos

El éxito de la política antidroga de Venezuela esta refrendado por importantes operativos. En lo que va del año 2009 se han capturado casi 32 toneladas de narcóticos, confiscados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). EEUU oculta estas actividades a la opinión pública, no quieren reconocer esta verdad porque su objetivo es la desaparición del modelo bolivariano, pero en cambio si apoyan a Colombia y Perú, países que violan los derechos humanos asesinado campesinos e indígenas. Además los carteles de la droga y los grupos paramilitares, siguen trabajando en Colombia con la anuencia de la DEA y los militares estadounidenses.

Nos pareció importante retomar una entrevista realizada al Ministro del Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, donde hace un análisis exhaustivo de la lucha antidrogas de Venezuela, y de las falsos argumentos de EEUU, sobre la complicidad o inoperancia del gobierno venezolano. En su exposición afirmaba que "Hemos detenido en cuatro años a más de 30 jefes de importantes organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, mientras que desde el 2001 al 2004, cuando la DEA estuvo aquí, no se había capturado ni a uno sólo", Venezuela es víctima del narcotráfico y califica a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como un cartel de la droga”.
Sobre los logros de Venezuela en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, afirmó que “no los reconoce el Gobierno de EEUU, pero si los reconocen la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos multilaterales que se encargan de evaluar las políticas de los gobiernos en esta lucha. Hasta hoy, nosotros tenemos 56 instrumentos y convenios internacionales suscritos con mas de 37 países del mundo, sobre todo con la Comunidad Europea”.

Agregando en su entrevista "Nos siguen acusando de que somos un país que colabora con el narcotráfico, pero resulta que un cargamento proviene de Colombia, transportado por una empresa colombiana, bajo la licencia de comercialización de una empresa colombiana, y después de pasar tres puntos de control colombianos, es detenido en Venezuela". Al respecto, instó a la opinión pública a evaluar esas pruebas y determinar cuáles son las autoridades que colaboran con el narcotráfico. "Con decomisos como los alcanzados, de 32 millones en el 2009, se demuestra que nuestro Gobierno si lucha contra el narcotráfico, y desde aquí tenemos que denunciar que existe una terrible complicidad de autoridades colombianas con el narcotráfico".´

¿Realmente todos los organismos de Estados Unidos combaten el tráfico de droga?

Es indudable que EEUU no busca frenar el narcotráfico, porque su apoyo irrestricto a Colombia, de donde surge el 70 por ciento de la droga del mundo, sigue siendo un gran negocio, donde los millones de dólares han comprado muchas conciencias en funcionarios, los otrora carteles de Medellín y Cali desmantelados en la década de los 80 y 90 del siglo XX, ya fueron sustituidos por nuevos grupos. Las vinculaciones de muchos políticos colombianos, los cuales han sido procesados judicialmente por recibir dinero del narcotráfico para sus campañas, generaron escándalos y amplia cobertura en la prensa de esa nación sudamericana, pero estos chivos expiatorios, no pueden tapar la vinculación de muchos otros en la sombra del poder, que siguen inmutables en los resortes del poder.

Pero el enemigo es el gobierno venezolano, porque ha pecado en utilizar el petróleo para el desarrollo de Venezuela, porque ha comercializado los hidrocarburos con préstamos ventajosos para las naciones latinoamericanas, porque ha incentivado la integración y el intercambio hasta en forma de trueque, porque ha apoyado a los países que buscan una alternativa de cambio. Estos son pecados capitales contra el neoliberalismo, son un modelo sedicioso para el mundo unipolar, porque genera imitaciones en otras naciones de América Latina y el Mundo.

Para EEUU cualquier nación que no este de acuerdo con su modelo de explotación esta contra ellos, como lo dijo George Bush en su gobierno, da la impresión que Obama se aprendió el libreto y sigue por los caminos desestabilizadores de su antecesor.

diegojolivera@gmail.com

Acteal contra la impunidad

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Como cada mes, desde 1998, el pasado domingo 22 se celebró una ceremonia religiosa en Acteal.

A diferencia de las anteriores, en ésta había un elemento especial: entre los asistentes se sentía el temor, la indignación y la frustración por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ordenar, alegando inconsistencias jurídicas o técnicas, la liberación de 22 indígenas del lugar, a quienes se les señala como los responsables del asesinato de 45 miembros de la agrupación civil Las Abejas. En la celebración estuvieron el padre Ernesto Cavasa, presidente de la Conferencia de Provinciales de los Jesuitas de América Latina; Carlos Morfín, provincial de los jesuitas en México, y Pedro Arriaga, vicario de la diócesis de San Cristóbal para Los Altos de Chiapas.También, Joel Padrón, párroco de Simojovel, quien por un tiempo estuvo preso, luego de denunciar las injusticias en la zona norte de Chiapas, así como el padre Álvaro Domínguez de España, y el padre indígena de Chenalhó, Marcelo Pérez. La ceremonia estuvo dedicada a reflexionar sobre la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por la que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó inicialmente a 124 indígenas, de los cuales sólo 83 fueron juzgados penalmente, seis fueron exonerados, uno más murió en prisión y uno está confeso.De los 75 restantes, 24 fueron condenados a 36 años tres meses de prisión y el resto está en espera de sus sentencias, todos acusados de homicidio, lesiones y portación de armas sin licencia o de uso exclusivo del Ejército. Durante la celebración se mencionó la decisión de un grupo académico del CIDE, que el 22 de diciembre de 2006, durante una rueda de prensa conjunta con Alternativa Ciudadana 21, anunció que tomaría la defensa de los presos en el penal de Cerro Hueco, acusados de perpetrar la matanza en Acteal, ya que, dijo entonces, "todos son inocentes". En Acteal, la decisión de los ministros de la SCJN, el pasado miércoles 12, se tomó de manera muy distinta al resultado de las encuestas que hicieron empresas como Parametría, las cuales señalaron que 70% de la población consideraba "inocentes" a los liberados. En ese paraje de San Pedro Chenalhó no están de acuerdo en su inocencia."Los conocemos, son primos, tíos, son familiares de gente de aquí, ellos participaron directamente o ayudaron a los asesinos, sus familias viven aquí mismo", dijo en la ceremonia Esteban Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los 45 asesinados. Esteban reveló un dato más en plena ceremonia. Dijo que la mayoría de los detenidos no eran evangélicos, sino que eran católicos y se convirtieron en la cárcel para que los defendieran los abogados del CIDE, quienes tenían el apoyo de Felipe Calderón, pues en campaña se reunieron con el candidato del PAN y le ofrecieron el apoyo de la congregación evangélica el día de la elección, a cambio de que los ayudara a liberar a los detenidos por la masacre de Acteal. La desesperación de Esteban reflejaba el estado de ánimo de los habitantes de Acteal, que temen represalias de los liberados por la Corte. Pero el jesuita peruano Ernesto Cavasa les dio una luz de esperanza. Les contó el caso de su país, donde se formó una comisión para investigar las desapariciones ocurridas desde 1985 al año 2000, en la guerra entre el gobierno y Sendero Luminoso. "Pensábamos que eran como 10 mil, pero nuestra sorpresa es que la comisión integrada por miembros de la sociedad civil encontraron que eran muchos más, cerca de 80 mil, que habían descubierto en fosas comunes clandestinas. No nos habíamos dado cuenta del número de muertos porque la mayoría eran campesinos pobres, indígenas indefensos, perdidos en la montaña", dijo el provincial de los jesuitas para América Latina.

Recordó que ante ese descubrimiento se organizó la sociedad civil y exigió castigo a los responsables intelectuales. Frente a la pregunta: "¿Quién estuvo detrás?", dijo, se llevó a cabo una investigación que duró años.

Hoy, esos responsables están en la cárcel, añadió el padre Ernesto, y mencionó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; el presidente de entonces, Alberto Fujimori, así como Baldomero Montesinos y el general Nicolás Hermoso.

"Se puede llegar hasta el final, con trabajo paciente, se puede llegar hasta los últimos responsables", dijo esperanzado.

La ceremonia, que se alargó tres horas, terminó con una danza de los indígenas tzotziles a sus muertos, a quienes llaman "mártires", en el sentido estricto de la palabra, es decir, "testigos" de una causa aún pendiente, como es la justicia para los indios de México, que representan a 15 millones en todo el país.

La contraproductividad calderonista

JAVIER SICILIA

La contraproductividad podría definirse como aquello que, creado para obtener fines específicos termina, al rebasar ciertos umbrales, por volverse contra ellos. Cuando la escuela lejos de enseñar embrutece o cuando la energía, lejos de aumentar, por ejemplo, la movilidad, la paraliza, podemos decir que hay contraproductividad. La guerra contra el narcotráfico, que el gobierno de Felipe Calderón creó como uno de los ejes de su administración, corre en este sentido. Nacida de la necesidad de desmantelar las redes del crimen organizado y hacer posible un México seguro, su presencia entre nosotros se ha vuelto contraproductiva en más de un sentido.

Lejos de desmantelar las redes criminales y la circulación de las drogas, su presencia ha generado mayor inseguridad entre los ciudadanos, ha multiplicado no sólo las ejecuciones –los muertos por esta guerra son mayores que en zonas de conflictos armados como Irak–, sino también las redes por las que estas organizaciones distribuyen su producto y cooptan a las autoridades; ha creado también miedo en las organizaciones sociales que, so pretexto de esta guerra, son constantemente hostigadas y amenazadas –las denuncias contra el Ejército en la violación de los derechos humanos han ido en aumento. Ha hecho algo peor: está destinando una buena parte del dinero que podría invertirse en educación y cultura –dos rubros importantes para disminuir el consumo de la droga– en inteligencia militar y policiaca, es decir, en actividades para la violencia. Además, con el desempleo que la crisis económica ha generado, con los bajos salarios que se pagan en una buena parte de los empleos que aún quedan, la oferta del crimen organizado se vuelve un sitio atractivo para quienes, bajo el peso de una sociedad de consumo, carecen de salidas.La guerra de Calderón que perseguía la paz, se ha vuelto en ese sentido una presencia constante de la guerra o, mejor, una presencia constante de la parálisis y de la contraproductividad que garantizan la impunidad. Bajo el pretexto de la seguridad hay que vivir en el terror de encontrarse en medio de una balacera, de ser detenidos –como si estuviéramos en un estado de excepción– por el Ejército o la policía para demostrar nuestra condición de ciudadanos pacíficos, de ser secuestrados, de ver reducidas las partidas destinadas a la producción de cultura y educación en beneficio de la violencia, de mirar el abismo en el que mucha gente, despojada por el sistema, puede encontrar una salida a su desesperación.Los únicos que han ganado con ella son, al igual que lo fueron los financieros y especuladores, las instituciones contraproductivas de la violencia: policía, Ejército, narcos, gobernantes y jueces corruptos, ciudadanos que lavan dinero e instituciones carcelarias. Esta guerra, como cualquier guerra, define a la ciudadanía como un recurso que –es la lógica del gobierno– hay que proteger a toda costa, o –es la lógica del crimen– que hay que explotar –por el secuestro, la extorsión, el consumo y el miedo– para, en ambos casos, maximizar ganancias improductivas. Esto es lo que ha significado en los tres años de gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico: la exclusión brutal del ciudadano que quiere sobrevivir noblemente.¿Hay alguna salida? Desde mi punto de vista existen dos. El tráfico de drogas es, en el orden del libre mercado –el orden del cinismo–, una empresa más que busca su nicho en la economía. Satanizada por la misma moral que ha exaltado el consumo y el libre mercado y que otrora satanizó otro tipo de empresas que, como la del alcohol, terminó por legalizar, el tráfico de drogas y la contraproductividad que genera su persecución puede desmantelarse legalizándolo. Con ello se controlaría, como he dicho, su calidad para un consumidor que siempre existirá dentro de sociedades basadas en el consumo, y se captarían impuestos que podrían invertirse en salud, en educación y en cultura como medios para reducirlo. La otra sería la que hace poco propuso el vocero de La Familia: negociar. Desde que la sociedad de consumo sentó sus reales en México, el crimen organizado ha existido. Por mucho tiempo, el gran capo, que fue el Presidente de la República, lo controló con negociaciones que lo mantenían en la periferia. Hoy, frente a la contraproductividad de la guerra y la complejidad jurídica que implica la legalización de la droga, habría que volver a allí. Negociar, como lo hacen las mafias cuando se fracturan, implicaría acuerdos que, sin legitimar los corredores de la droga, no se tocarían a cambio de que las propias mafias mantuvieran intocada a la población: no secuestros, no narcomenudeo. Las mafias tienen códigos de honor nacionales que, bien negociados, reducirían en buena medida la contraproductividad que su combate genera. No es el bien –el bien implicaría un severo cuestionamiento de la idea de libre mercado, de desarrollo y del monopolio de lo económico–, pero es, dentro de una economía de mercado, el mal menor, un mal que al menos pondría un coto a la tremenda contraproductividad en la que el gobierno de Calderón, contra toda su lógica, se ha empeñado en los últimos tres años.Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Otra argucia priista

JESúS CANTú

En las pasadas elecciones, la coalición Primero México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), postuló 63 candidatos a diputados federales de mayoría relativa; entre ellos, en nueve distritos registró fórmulas mixtas (el candidato propietario de uno de esos partidos y el suplente de su aliado), lo que hace posible que pueda burlar la ley para sobrerrepresentarse por encima de los ocho puntos permitidos como máximo.

En cinco de los nueve distritos mencionados el candidato propietario es del PVEM y el suplente del PRI; en los otros cuatro es a la inversa. Finalmente Primero México triunfó en siete distritos, cuatro en donde el PVEM encabeza la fórmula, y tres donde el candidato propietario es priista. En el caso concreto de esta elección, el impacto realmente no es importante, pues aunque los cuatro propietarios del Verde renunciaran, el PRI apenas llegaría a 241 diputados, no alcanzaría la mayoría y no se movería la suma de los legisladores de ninguno de los dos partidos, aunque el PRI quedaría casi un punto porcentual por encima de la sobrerrepresentación permitida (aun en el supuesto de que la sobrerrepresentación se calcule sobre el porcentaje de votación obtenido después de restar los votos nulos, por candidatos no registrados y partidos que perdieron su registro), pues ese número de representantes significa 48.2% de las curules contra 39.6% de la votación, lo cual implica 8.6 puntos de sobrerrepresentación.Sin embargo, hay varios escenarios en los cuales la maniobra puede tener un impacto mayor. El extremo es, obviamente, un escenario en que el partido fuerte de la coalición sabe que puede ganar más de 145 distritos electorales uninominales, pero no superar el umbral de 40% de los votos, lo que en los hechos significaría que no puede colocar más de 240 diputados. En contrapartida, el partido débil sabe que no está en posibilidad de ganar un solo distrito, pero difícilmente superaría el 4% de los votos, por lo que aun con la suma de sus diputados estos dos partidos no llegarían a los 251 diputados requeridos para hacer mayoría en la cámara.Esa situación es muy similar a la que ocurrió en la reciente elección, y sería igual si el partido débil, en lugar de obtener el 7% que obtuvo el PVEM, hubiese obtenido el 3.5% que obtuvo el Partido Nueva Alianza (Panal). En este hipotético caso el PRI estaría a tope con 237 diputados, salvo que ganase más de esos distritos, lo cual es muy remoto, por no decir imposible; y el partido débil tendría únicamente ocho diputados de representación proporcional, con lo cual ambos sumarían 245 diputados y no harían la mayoría en la cámara. Y aunque este partido menor sumase los tres que le cedió el fuerte en la mayoría relativa, con esto apenas llegaría a 11, y la coalición a 248.En la elección, el PRI ganó 137 distritos de mayoría relativa solo y 47 en coalición con el PVEM, con lo cual sumó 184 diputados de mayoría relativa y se quedará (en el mejor escenario para ellos) con un total de 237 diputados, 53 de ellos de representación proporcional. Por su parte el PVEM no ganó ningún diputado en los distritos donde participó solo y únicamente obtuvo cuatro donde participó en coalición, además obtuvo 18 diputados de representación proporcional, con lo cual suma 22. Los diputados del PRI y el PVEM suman 259. De los 50 distritos que ganó la coalición, en 43 los votos del PRI bastaban para ganarlos; en siete sí se requirieron los votos del PVEM, pero, únicamente para ilustrar, en cuatro de éstos hubieran bastado los del Panal, así que una coalición PRI-Panal hubiera ganado 47 distritos. Pero si en la coalición hubiesen registrado a todos los diputados en fórmula mixta, encabezada por candidatos del PVEM, el PRI se hubiese quedado con 137 distritos de mayoría relativa y 39.55% de los votos, lo cual le hubiese significado 216 diputados, entre ellos 79 de representación proporcional. En cambio, el PVEM hubiese obtenido 50 diputados de mayoría relativa, lo cual hubiera ocasionado que ya no participara en el reparto de plurinominales, pero de cualquier forma serían 28 diputados más que los actuales y, por lo mismo, la coalición hubiese sumado 266 diputados en total, siete más que los obtenidos realmente, ya que el PRI habría perdido 21, pero el PVEM ganado 28. Si este mismo ejercicio lo hubiese hecho el PRI con un partido que hubiese obtenido entre 2% y 3.5% de los votos, la suma total de diputados de ambos sería la misma, únicamente que en este caso sumarían 263, suponiendo que los priistas perdieran tres distritos con el nuevo aliado (o 259, con los que ganaría solo), lo que sí representan una mayoría absoluta en la cámara. En este caso el partido débil le podría pedir a 35 propietarios (de los 47 que ganaría) que renunciaran y todavía así quedarse con 12 diputados, es decir, cuatro más de los ocho de representación proporcional que obtendría, y el partido fuerte lograría la mayoría absoluta con 251 diputados.Pero el modelo funciona incluso con un partido que no lograra el 2% de los votos y no le permitiera al PRI ganar ningún distrito adicional, pues en este caso los 216 diputados del PRI más los 43 de la coalición sumarían los mismos 259 y, nuevamente, 35 curules podrían pasar a manos del PRI y todavía el partido sin registro se quedaría con ocho diputados.En este último escenario la sobrerrepresentación es particularmente obvia: el PRI, con 39.55% de los votos, tendría 50.2% de la cámara, es decir, 10.75 puntos de sobrerrepresentación; y el partido débil, sin siquiera lograr 2% de los votos, obtendría 1.6% de la cámara, pero entre ambos suman 51.8% de la cámara, con apenas 39.55% de los votos, es decir, gozarían de 12.35 puntos de sobrerrepresentación.De esa forma, la vía de las fórmulas mixtas en coaliciones parciales, encabezadas por el partido débil, pueden convertirse en una opción para burlar el límite de los ocho puntos de sobrerrepresentación. El Consejo General del IFE y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben pronunciarse en algún momento sobre el asunto y, en caso de que ellos no lo hagan o asuman que las fórmulas mixtas son permitidas, el Congreso debe proceder a reformar la ley, pues aunque en esta elección no tiene un impacto mayor, sí lo puede tener en el futuro.

Ley de medios, el nuevo desafío

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, DF, 25 de agosto (apro).- Cuando uno observa la reciente fortuna de Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista de TV Azteca, que ha acumulado 10 mil millones de dólares en medio de la peor crisis económica, y analiza las recientes concesiones y permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –en favor de los consorcios más fuertes--, vuelve a plantearse la necesidad urgente de una reforma legal al régimen de concentración y discrecionalidad de los medios de comunicación.

Este será el desafío de la LXI Legislatura que iniciará este 1 de septiembre. Con ella suman ya cinco Legislaturas al hilo que plantearon desde 1997 una "reforma integral" al régimen legal de los medios de comunicación electrónica.Paradójicamente, hace doce años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría en la Cámara de Diputados ante el bloque opositor y ahora, entre 2009-2012, será la bancada de 237 legisladores priistas la fracción parlamentaria que tendrá la clave para bloquear o avanzar en esta Legislatura.Figuras importantes que protagonizaron la batalla por la reforma frustrada en 1997-2000 coincidirán en la nueva integración de la Cámara de Diputados. Son los casos de Porfirio Muñoz Ledo, ahora coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), y Javier Corral, legislador panista que encabeza desde hace doce años una batalla constante por la reforma y que incluso organizó la resistencia y la disputa jurídica en contra de la contrarreforma de la Ley Televisa.En contraste, la LXI Legislatura tendrá cuatro características importantes que definirán el futuro de una reforma integral a los medios y a las redes de telecomunicación:

1. En ninguna Legislatura como en esta se ha configurado de una manera tan clara una 'telebancada', integrada por al menos ocho diputados que llegaron por la vía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRI y que configuran un bloque de especialistas vinculados a la industria televisiva.Son los casos de Miguel Orozco Gómez, hermano del senador Javier Orozco, exdirector jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); Lorena Corona Valdez, que al igual que Verónica Tomás, Mónica García de la Fuente y Carlos Ezeta, ha trabajado de cerca con Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, primer vicepresidente de la CIRT y artífice y defensor de la Ley Televisa.Además, están Rodrigo Perezalonso, representante de Televisa ante el Consejo de Autorregulación de la CIRT, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista mayoritario de TV Azteca, y la conductora Adriana Sarur, también colaboradora del Canal 40, propiedad de facto de Salinas Pliego.Entre estos personajes se especula que recaerá la presidencia de las comisiones de Telecomunicaciones o de Radio y Televisión. Su objetivo es muy claro: frenar cualquier reforma que afecte el avance de las compañías dominantes en el mercado de triple play.

2. De los 237 diputados federales del PRI, por lo menos cien legisladores tienen algún grado de compromiso al recibir apoyos financieros y logísticos durante su campaña del telecandidato más aventajado de la sucesión del 2012: el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.A los 38 diputados que llegarán de tierras mexiquenses y que serán coordinados por Emilio Chuayffet –exgobernador y excoordinador del PRI cuando se aprobó en diciembre de 2005 la Ley Televisa en San Lázaro--, hay que sumarle los diputados priistas de Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Durango y Chihuahua. En todas ellas, la Fuerza Electoral Mexiquense, dependiente del erario de Toluca, operó como una estructura paralela para asegurarse los apoyos del peñismo y, de paso, el modelo de compra-venta de spots y de infomerciales en los medios electrónicos. Es muy probable que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, clave para la definición de reformas al régimen de medios, sea presidida por Emilio Chuayffet.En contraste, no existe en la bancada del PRI una figura que haya sobrevivido al veto de las televisoras. En esta Legislatura, figuras como Manuel Bartlett o Dulce María Sauri, que protagonizaron el 31 de marzo de 2006 la oposición desde el tricolor a la Ley Televisa, no lograron el apoyo ni de la dirigencia ni de los gobernadores del PRI para llegar a la Cámara de Diputados.

3. En tercer término, ninguno de los dos coordinadores de los dos principales partidos –PRI y PAN-- se han caracterizado por su interés en una nueva legislación de medios electrónicos.Francisco Rojas, coordinador de la mayoría priista, se concentrará en los temas presupuestarios, fiscales, energéticos (su especialidad) y todo lo relacionado con la crisis económica.Por su parte, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los panistas y exsecretaria de Desarrollo Social y de Educación Pública, no tiene antecedente alguno que hable de un compromiso a favor de la ley de medios.El PAN planteó en su plataforma electoral 2009-2012 su compromiso a favor de la "democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y en la radiodifusión".Además se comprometió a "un combate frontal a los monopolios" y a impulsar el derecho de réplica. Sin embargo, el gobierno federal panista de Felipe Calderón se ha caracterizado por todo lo contrario: continúa favoreciendo al duopolio televisivo y ha frenado iniciativas que los propios panistas han empujado desde el Senado, como son los casos de Ricardo García Cervantes y Santiago Creel.El único partido que se ha comprometido explícitamente en impulsar una nueva ley de medios, así como crear un Consejo de Radio y Televisión independiente es el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su dirigente nacional, Jesús Ortega, sostuvo que su bancada impulsará una reforma "para garantizar la imparcialidad en los medios".Y su próximo coordinador, Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno capitalino, ha hecho pronunciamientos en ese sentido. En el Senado, el legislador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ya se adelantó presentando una reforma legal que es incómoda para los concesionarios.Sin embargo, la alianza entre legisladores del PRD y un grupo de diputados del PAN y algunos priistas no garantiza una corriente mayoritaria a favor de una ley de medios. A menos que desde el Senado se forme una correlación de fuerzas a favor de la reforma. En la Cámara alta, donde se discutió una ambiciosa reforma del Estado, quedó pendiente justamente este tema.

4. Nuevas figuras importantes se integrarán a la Cámara de Diputados y podrán jugar un papel esencial para impulsar una nueva ley de medios. Son los casos del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro; el exsecretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, y el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas. Ellos podrían ser figuras con un prestigio personal propio que será importante en la discusión sobre una ley que modifique el monopolio del spot y del rating.

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Colonialismo educativo

JOHN M. ACKERMAN

En solidaridad con las víctimas de Acteal

Por desgracia, algunas escuelas de origen extranjero en México todavía no se percatan de que la época del colonialismo quedó en el pasado. En estas instituciones educativas los empleados mexicanos tienden a ganar la mitad y hasta la tercera parte de lo que reciben sus contrapartes extranjeras, muchas veces por realizar exactamente las mismas labores. Además, los mexicanos son despedidos con mayor facilidad y normalmente sin justificación alguna. Este tipo de escuelas típicamente se niega a cumplir con la legislación laboral de nuestro país, alegando falsamente que su naturaleza extranjera las coloca en una situación de excepción.

El Liceo Franco Mexicano, que cuenta con sedes tanto en Polanco como en Coyoacán en la Ciudad de México, no es una excepción a esta regla. Más de la tercera parte de los maestros titulares de grupo, desde maternal hasta bachillerato, y casi la totalidad del personal de apoyo (secretarias, niñeras, maestros de arte y de educación física, etcétera.) se encuentran contratados bajo un precario régimen laboral diseñado especialmente para personal “local”. En un claro contraste, una gran parte de los maestros franceses y los directivos de la escuela disfrutan de condiciones laborales radicalmente distintas: abultados salarios pagados en euros, seguridad laboral, derechos sindicales y generosas prestaciones. El reciente despido sumario y sin justificación alguna de un francés de ascendencia argelina que había sido contratado bajo el régimen de contratación “local” ha provocado un cisma en el Liceo que bien podría terminar en un paro laboral generalizado. Las autoridades de la escuela harían bien en demostrar tanto mayor flexibilidad en el caso específico bajo disputa como voluntad para mejorar las condiciones laborales para todo el personal “local” de la escuela. Ahmed Boudjadi tiene 38 años de edad y es originario de Lyon, Francia, donde creció como el sexto de siete hijos de una familia que migró de Argelia a Francia en 1963 después de la independencia del país africano. Su padre trabajaba como obrero en una planta fundadora de la Renault y la familia se avecinaba en Les Minguettes, un bravío barrio conocido por haber sido sede de múltiples disturbios de protesta resultantes de la pobreza y racismo a que están sujetos los inmigrantes en el país europeo. Desde niño, Ahmed destacó por su disciplina e inteligencia, llegando a ser el único de sus hermanos en conseguir un título universitario. Cursó de manera simultánea dos carreras: psicología y economía. Al graduarse en economía decidió probar su suerte en México, donde ingresó al posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y posteriormente fue invitado a trabajar como titular de grupo en la sección maternal del Liceo Francés de Coyoacán.Si bien originalmente no había planeado ser maestro, su nueva responsabilidad le vino como anillo al dedo. Su sencillez y carisma embonó naturalmente con la curiosidad y espontaneidad de los pequeños a su cargo y Ahmed rápidamente llegó a ser conocido como uno de los mejores maestros de la escuela. El maestro Boudjadi siempre llegaba puntual y fresco cargando en hombros a sus propias hijas, las pequeñas Emma y Ella, y estableció una comunicación pedagógica de primer orden con sus alumnos. Pero el rápido reconocimiento de su talento como docente le generó una serie de envidias y problemas que culminaron en su sorpresivo despido el pasado viernes, 26 de junio, apenas unas horas después de haber impartido su última clase del año escolar. Sin presentar prueba alguna, las autoridades escolares sostuvieron el argumento inverosímil de que el profesor Boudjadi era “un mal maestro”. En flagrante violación al artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo y al “principio de estabilidad del empleo” que rige el marco jurídico en materia laboral en México, el Liceo Francés ha despedido a su trabajador sin haber demostrado que incurrió en alguna de las faltas señaladas en la Ley. Con acciones de este tipo, los directores de la escuela evidencian un preocupante autoritarismo colonial así como un racismo deplorable. Los padres de familia han salido a la defensa de Ahmed y de manera conjunta han entregado un comunicado a la dirección del Liceo pidiendo una explicación detallada de las razones por el despido y han exigido su reinstalación como maestro. Así mismo, un amplio grupo de maestros franceses ya han salido en su defensa, con la posibilidad de incluso iniciar un paro laboral si la situación no se resuelve pronto. Los maestros “locales” también se solidarizan con su causa, aunque la extrema precariedad de su empleo prohíbe que se manifiesten públicamente sobre el tema. Pero los directores del Liceo han decidido seguir la lógica de Carlos Salinas de Gortari: “ni los veo, ni los oigo” y pretenden simplemente ignorar estas legítimas protestas. Esta lógica de avestruz solamente agrava el problema y crea las condiciones para una crisis institucional de mayor envergadura en el futuro cercano. Ahmed dice que decidió aprender español y mudarse a México con su esposa Nabiha, sus dos hijas y su pequeño hijo Mehdi debido a la gran amabilidad y generosidad que han encontrado entre la población mexicana. En contraste con el racismo y la intolerancia hacia los “árabes” que padecían de manera cotidiana en Francia, en México esta familia encontró una gran hospitalidad y apertura hacia lo diferente. La cultura mexicana, dice, ofrece un ejemplo de tolerancia al mundo. Lamentablemente, las autoridades del Liceo Francés se encuentran muy rezagadas respecto del maestro Boudjadi en relación con su mexicanización. En lugar de abrirse a su país anfitrión y celebrar la existencia de visiones diferentes, han decidido excluir y maltratar a los mexicanos así como a los otros empleados “locales”. Urge repensar de manera integral la relación que establecen las escuelas extranjeras con nuestro país. Tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían tomar cartas en el asunto para establecer nuevas bases para el respeto mutuo entre los pueblos y las naciones.

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Las limitaciones de Calderón

JOSé GIL OLMOS

MEXICO, D.F., 19 de agosto (apro).- Uno de los amigos de Felipe Calderón contó una anécdota que, en su momento, causó sorpresa, y que ahora, a la distancia, nos proporciona datos de la incapacidad que desde entonces ya mostraba el panista frente a la posibilidad de ganar la presidencia de la República; es decir, de escalar peldaños de poder más allá de su capacidad legislativa.
"En una reunión –recuerda el protagonista – estábamos platicando cuatro amigos de Felipe si fuera el candidato presidencial. --¡No manches..., imagínate lo que pasaría!--, dijo uno de nosotros, asombrado de lo que esto implicaría, y empezamos a discutir los problemas que tendríamos que enfrentar si esto pasara. Pero otro de nosotros dijo una cosa que nos puso a pensar aún más. ¡Pero imagínense qué pasaría si ganara…! ".
Cuando este personaje cercano a Calderón contó esta anécdota se reía a carcajada suelta y abría los ojos para acentuar la incredulidad que les provocaba esta ocurrencia. Para entonces, Felipe acababa de dejar la Secretaría de Energía y se lanzaba como precandidato presidencial sin muchas expectativas de ganar.
En esa ocasión, el amigo de Calderón no creía que éste pudiera derrotar a Santiago Creel, quien se perfilaba como el ganador de la contienda interna del PAN por el apoyo que tenía de Vicente Fox, y se reía de sólo recordar aquella reunión de los más cercanos del exlíder del partido.
Pero una vez que, el 2 de julio de 2006, Calderón ganó con el apoyo de Fox, de la Iglesia católica, empresarios y las televisoras, este personaje ya no quiso relatar nuevamente esa historia que retrataba la poca confianza que tenían en Calderón sus propios amigos y, principalmente, de las limitaciones que le veían para desempeñar la mayor responsabilidad política del país.
En 1969, Laurence J. Peter en su libro The Peter Principle, lanzó un principio que ha sido comprobado muchas veces en distintos ámbitos. Dicho principio señala que una empresa, entidad u organización, ya sea partido o gobierno, quienes realizan bien su trabajo son promocionados a puestos de mayor responsabilidad una y otra vez, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia.De esta manera, muchos puestos de alta dirección, como sería la Presidencia de la República, han sido ocupados por gente que no tiene la suficiente capacidad, lo cual conduce a graves errores en las decisiones que llegan a tomar.
Este principio fue aplicado en su momento a Vicente Fox, de quien se decía que su límite o su nivel máximo había sido llegar a ser un candidato exitoso, pero no un presidente. Los múltiples errores que cometió durante su sexenio reforzaban esta idea.
Hoy este mismo principio se podría aplicar a Felipe Calderón, de quien se podría decir que su nivel máximo de capacidad, donde se le vio exitoso, fue cuando llegó a la coordinación de su partido en la Cámara de Diputados.
De primera instancia no se recuerda que haya dejado huella como presidente nacional del PAN, tampoco como director de Banobras y menos como secretario de Energía durante los escasos meses que ocupó éste puesto. Bueno, la única señal que dejó en su efímero paso por la función pública fue el autopréstamo que se dio en Banobras para comprar una casa, el cual tuvo que devolver por el escándalo que provocó entonces.
Calderón, como Fox, llegó a Los Pinos con el apoyo de los grupos de poder más importantes. Quizá el primero tuvo menos margen de maniobra, pues ganó de una manera que no convenció a la mitad del país y por ello usó al Ejército en la lucha contra el narcotráfico como una vía, también, de legitimación.
Parafraseando a Calderón, "haiga sido como haiga sido", el panista ha tenido tiempo y oportunidad para hacer sentir sus capacidades como presidente, pero las decisiones que ha tomado no han sido las más acertadas. Negó que hubiera un crack financiero aludiendo a una pequeña gripa en Estados Unidos y la crisis económica ha derivado en un colapso. Aseguró que sería el presidente del empleo y el número de desocupación (tomando en cuenta subempleo) ha alcanzado una cifra récord: 12 millones 200 mil desocupados.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados alguna vez habló criticando el sistema sindicalista nacional como fuente de poder corrupta del poder presidencial. Pero cuando él llego a la silla presidencial no tuvo reparo en hacer un pacto con lo peor del sindicalismo actual, la maestra Elba Esther Gordillo.
En tanto que de la lucha contra el narcotráfico, en una ocurrencia declaró la guerra a un poder que trasciende las fronteras y sacó a las calles al Ejército provocando una ola de violaciones a los derechos humanos que, a pesar de ser evidentes, las ha ignorado e, incluso, ha lanzado el reto de que se compruebe este hecho tantas veces denunciado por organizaciones civiles nacionales e internacionales.
Existen otros ejemplos que hacen ver la incapacidad que ha tenido Calderón para gobernar. Tal vez aquella anécdota contada por uno de sus amigos no sea tan cierta, pero de no serlo, ha resultado ser una visión del futuro con sus fatales consecuencias.