martes, abril 07, 2009
Canal 6 de Julio: televisión sin televisión
Luis Hernández Navarro
En la guerra de la información el Canal 6 de Julio se ha ganado un lugar destacado. En un país en el que la televisión es el medio a través del cual se informa la mayor cantidad de personas y en el que dos monopolios controlan la inmensa mayoría de los canales abiertos e importantes segmentos de la industria del entretenimiento, abrirse un espacio independiente en la producción y emisión de reportajes y documentales es tarea difícil.
En 20 años de vida, con recursos escasos, sostenidos por su público, ha producido más de medio centenar de videos documentales, vendido decenas de miles de copias y llegado, sin exageración, a millones de espectadores de todos los estratos sociales. Ha mostrado que es posible elaborar y difundir un mensaje audiovisual que circula de mano en mano con relativa eficacia, y que es factible producir con pocos recursos.
El Canal 6 de Julio es un colectivo audiovisual dedicado a la información alternativa. Es precursor de la comunicación visual independiente. ¿Alternativa e independiente de quién?: del Estado y sus medios de comunicación, así como de las grandes compañías de medios electrónicos privados. Nunca ha recibido dinero de la burocracia cultural mexicana ni ha negociado contenidos con nadie.
Una de sus tareas centrales consiste en elaborar y difundir masivamente documentales que desmienten las campañas propagandísticas oficiales sobre acontecimientos de la vida política nacional en los que la resistencia popular desempeña un papel importante. Ha establecido, además, un amplio y valioso acervo videográfico de los abusos del poder, integrado por miles de horas grabadas y compiladas. Es, por ello, un banco de imágenes excepcional.
La productora es una asociación civil autogestiva, sin estructura jerárquica acentuada, con una dinámica de trabajo más o menos horizontal. Sin embargo, no traslada esta horizontalidad a la producción cinematográfica, ya que el esquema de funcionamiento es vertical y jerarquizado. La realización de un documental no puede ser un proceso democrático.
El Canal 6 de Julio se formó en el contexto de la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia de la República de 1988 y la lucha contra el fraude electoral. Su primera producción fue ¡Que renuncie!, crónica de las protestas contra la imposición de Carlos Salinas de Gortari como jefe del Ejecutivo. El documental se proyectó por primera ocasión en febrero de 1989, en el patio central de la Universidad Obrera de la ciudad de México.
El colectivo tiene como antecedente directo los trabajos realizados bajo el sello Redes Independientes de Cine y Televisión sobre la huelga en la universidad en 1987 y la gestación del cardenismo un año más tarde. Retomó una tradición de cine militante desarrollado por la Cooperativa de Cine Marginal y los documentales de Leobardo Aretche y Óscar Menéndez, que denuncia, revela y pone al descubierto la trama oculta que subyace a la paz social de los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).
El proyecto nació como una iniciativa de emergencia, improvisada y sin perspectivas serias de continuidad. “Se nos ocurrió formar el grupito inspirados en la experiencia de los casetes de audio que se llamaban Radio Qué Onda”, dice Carlos Mendoza, coordinador del canal. Cuajó gracias a donaciones, apoyos y trabajo gratuito de varias personas. Trabajó originalmente con equipos caseros de video de formato Betamax. Sus primeras obras tuvieron, por lo regular, un carácter urgente, destinado a proporcionar una información alternativa a la difundida por la televisión privada.
Al acompañar el cardenismo y sus primeras incursiones electorales como Partido de la Revolución Democrática (PRD), documentó, informó y alimentó un vigoroso movimiento político-social que, al institucionalizarse, perdió su capacidad transformadora. Quince años después de su fundación produjo el documental Democracia para imbéciles, que, según Mendoza, es un trabajo marcado por la desesperanza y el desencanto, en el que se retrata de cuerpo entero un partido cuyos candidatos, en su mayoría, han traicionado el sentido profundo de la rebelión ciudadana de 1988 y tan sólo se disputan los puestos de elección popular como un medio para obtener beneficios personales.
El Canal 6 de Julio ha elaborado una impresionante historia audiovisual de las luchas políticas y sociales de las recientes cuatro décadas. Sus documentales dan cuenta de la matanza de Tlaltelolco en 1968, el halconazo de 1971, el movimiento navista, el levantamiento del EZLN, el surgimiento de nuevos grupo armados, los fraudes electorales, la masacre de Acteal, la huelga en la UNAM de 1999, la lucha de Atenco, la matanza de Aguas Blancas, la muerte de Digna Ochoa, la situación de los derechos humanos en México, entre muchos otros conflictos. No hay otro colectivo con tal cantidad de materiales elaborados sobre la historia de los de abajo en México.
Estos trabajos han sido de enorme importancia para informar sobre movimientos populares a los que la televisión y la radio silencian, así como para educar a miles de activistas y crear una cultura política alternativa. Elaborados a caballo entre el periodismo electrónico y el ámbito cinematográfico, son una formidable herramienta para hacer lo que Mendoza llama televisión sin televisión. A pesar de ello, la izquierda partidaria lo ha hecho a un lado y ha preferido invertir millones de pesos en publicitarse en la televisión comercial.
La calidad de sus producciones es desigual. Sus trabajos más logrados retoman la mejor tradición del reportaje y la entrevista audiovisual que desarrollan con amenidad, buen humor, claridad expositiva, sobriedad y eficacia argumental. La fuerza de sus imágenes proporciona a los documentales contundencia visual.
A pesar de su precariedad institucional, es uno de los referentes éticos de la información en México. Uno de los guardianes más tesoneros de la memoria de la resistencia popular. El memorial de agravios de los pasados 40 años tiene en la productora una voz central. De ser cierto que la próxima revolución será televisada, el Canal 6 de Julio estará allí para contarla.
En la guerra de la información el Canal 6 de Julio se ha ganado un lugar destacado. En un país en el que la televisión es el medio a través del cual se informa la mayor cantidad de personas y en el que dos monopolios controlan la inmensa mayoría de los canales abiertos e importantes segmentos de la industria del entretenimiento, abrirse un espacio independiente en la producción y emisión de reportajes y documentales es tarea difícil.
En 20 años de vida, con recursos escasos, sostenidos por su público, ha producido más de medio centenar de videos documentales, vendido decenas de miles de copias y llegado, sin exageración, a millones de espectadores de todos los estratos sociales. Ha mostrado que es posible elaborar y difundir un mensaje audiovisual que circula de mano en mano con relativa eficacia, y que es factible producir con pocos recursos.
El Canal 6 de Julio es un colectivo audiovisual dedicado a la información alternativa. Es precursor de la comunicación visual independiente. ¿Alternativa e independiente de quién?: del Estado y sus medios de comunicación, así como de las grandes compañías de medios electrónicos privados. Nunca ha recibido dinero de la burocracia cultural mexicana ni ha negociado contenidos con nadie.
Una de sus tareas centrales consiste en elaborar y difundir masivamente documentales que desmienten las campañas propagandísticas oficiales sobre acontecimientos de la vida política nacional en los que la resistencia popular desempeña un papel importante. Ha establecido, además, un amplio y valioso acervo videográfico de los abusos del poder, integrado por miles de horas grabadas y compiladas. Es, por ello, un banco de imágenes excepcional.
La productora es una asociación civil autogestiva, sin estructura jerárquica acentuada, con una dinámica de trabajo más o menos horizontal. Sin embargo, no traslada esta horizontalidad a la producción cinematográfica, ya que el esquema de funcionamiento es vertical y jerarquizado. La realización de un documental no puede ser un proceso democrático.
El Canal 6 de Julio se formó en el contexto de la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia de la República de 1988 y la lucha contra el fraude electoral. Su primera producción fue ¡Que renuncie!, crónica de las protestas contra la imposición de Carlos Salinas de Gortari como jefe del Ejecutivo. El documental se proyectó por primera ocasión en febrero de 1989, en el patio central de la Universidad Obrera de la ciudad de México.
El colectivo tiene como antecedente directo los trabajos realizados bajo el sello Redes Independientes de Cine y Televisión sobre la huelga en la universidad en 1987 y la gestación del cardenismo un año más tarde. Retomó una tradición de cine militante desarrollado por la Cooperativa de Cine Marginal y los documentales de Leobardo Aretche y Óscar Menéndez, que denuncia, revela y pone al descubierto la trama oculta que subyace a la paz social de los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).
El proyecto nació como una iniciativa de emergencia, improvisada y sin perspectivas serias de continuidad. “Se nos ocurrió formar el grupito inspirados en la experiencia de los casetes de audio que se llamaban Radio Qué Onda”, dice Carlos Mendoza, coordinador del canal. Cuajó gracias a donaciones, apoyos y trabajo gratuito de varias personas. Trabajó originalmente con equipos caseros de video de formato Betamax. Sus primeras obras tuvieron, por lo regular, un carácter urgente, destinado a proporcionar una información alternativa a la difundida por la televisión privada.
Al acompañar el cardenismo y sus primeras incursiones electorales como Partido de la Revolución Democrática (PRD), documentó, informó y alimentó un vigoroso movimiento político-social que, al institucionalizarse, perdió su capacidad transformadora. Quince años después de su fundación produjo el documental Democracia para imbéciles, que, según Mendoza, es un trabajo marcado por la desesperanza y el desencanto, en el que se retrata de cuerpo entero un partido cuyos candidatos, en su mayoría, han traicionado el sentido profundo de la rebelión ciudadana de 1988 y tan sólo se disputan los puestos de elección popular como un medio para obtener beneficios personales.
El Canal 6 de Julio ha elaborado una impresionante historia audiovisual de las luchas políticas y sociales de las recientes cuatro décadas. Sus documentales dan cuenta de la matanza de Tlaltelolco en 1968, el halconazo de 1971, el movimiento navista, el levantamiento del EZLN, el surgimiento de nuevos grupo armados, los fraudes electorales, la masacre de Acteal, la huelga en la UNAM de 1999, la lucha de Atenco, la matanza de Aguas Blancas, la muerte de Digna Ochoa, la situación de los derechos humanos en México, entre muchos otros conflictos. No hay otro colectivo con tal cantidad de materiales elaborados sobre la historia de los de abajo en México.
Estos trabajos han sido de enorme importancia para informar sobre movimientos populares a los que la televisión y la radio silencian, así como para educar a miles de activistas y crear una cultura política alternativa. Elaborados a caballo entre el periodismo electrónico y el ámbito cinematográfico, son una formidable herramienta para hacer lo que Mendoza llama televisión sin televisión. A pesar de ello, la izquierda partidaria lo ha hecho a un lado y ha preferido invertir millones de pesos en publicitarse en la televisión comercial.
La calidad de sus producciones es desigual. Sus trabajos más logrados retoman la mejor tradición del reportaje y la entrevista audiovisual que desarrollan con amenidad, buen humor, claridad expositiva, sobriedad y eficacia argumental. La fuerza de sus imágenes proporciona a los documentales contundencia visual.
A pesar de su precariedad institucional, es uno de los referentes éticos de la información en México. Uno de los guardianes más tesoneros de la memoria de la resistencia popular. El memorial de agravios de los pasados 40 años tiene en la productora una voz central. De ser cierto que la próxima revolución será televisada, el Canal 6 de Julio estará allí para contarla.
A duras penas se mantienen las remesas
Los migrantes no regresan
Carlos Fernández-Vega
A los gobiernos latinoamericanos la crisis les ha alterado el funcionamiento de una de las principales soluciones de doble vía aportada por el modelito económico: la expulsión de mano de obra, de ida, y el envío de remesas, de regreso. En el caso mexicano, por una parte, la obligada salida de alrededor de medio millón de connacionales por año le ahorra al gobierno reconocer poco más de un punto porcentual en el índice oficial de desempleo abierto; por la otra, el generoso ingreso de alrededor de 160 mil millones de dólares en remesas durante los últimos nueve años, según las cifras del Banco de México.
La doble vía les funcionó perfectamente durante mucho tiempo, pero ahora la crisis tiende a desestabilizar ese leonino equilibrio: por un lado ha moderado el ritmo de expulsión de mano de obra, y por el otro la captación de dólares enviados vía remesas. Para el caso mexicano, en 2008 este último indicador reportó una caída de 3.6 por ciento, y en el primer bimestre de 2009 el descenso fue cercano a 15 por ciento.
Aún así, el modelito todavía funciona, pues los expulsados de su tierra mantienen, a duras penas, el envío de dinero a sus familiares. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, revela que tras casi una década de crecimiento, las remesas a América Latina y el Caribe declinarían en 2009, por primera vez desde que la propia institución comenzó a medir estos flujos, en 2000. El cambio de tendencia ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado. Los envíos de dinero realizados por trabajadores latinoamericanos emigrados son una fuente de ingresos clave para millones de familias en la región. En 2008 enviaron alrededor de 69 mil 200 millones de dólares a sus países de origen, 0.9 por ciento más que en 2007.
La tendencia primero se estancó, para luego modificarse a la baja después del primer semestre de 2008. Tras un tercer trimestre sin crecimiento, en el cuarto los flujos de dinero cayeron a 17 mil millones de dólares, 2 por ciento menos que en un año atrás. Para los pocos países que han reportado la información correspondiente a enero de 2009, las caídas han sido hasta de 13 por ciento. Si bien es demasiado temprano para proyectar en cuánto podrían reducirse las remesas en 2009, esta es una mala noticia para millones de personas en nuestra región que dependen de estos flujos para cubrir sus necesidades básicas. El cuadro se ha vuelto más complejo, dado que hay más factores en juego. El mundo enfrenta su peor crisis en décadas. El desempleo está aumentando en los países industrializados. El ambiente contra la migración se está tornando más inhóspito. Incluso las fluctuaciones cambiarias están incidiendo más que en el pasado.
El organismo financiero apunta que luego de muchos años de crecimiento sin pausa, las remesas a América Latina y el Caribe comenzaron a resentirse en 2008 a medida que los principales países fuente de estos recursos (Estados Unidos, España y Japón) cayeron en recesión. La crisis castigó especialmente a industrias que empleaban a muchos trabajadores extranjeros, como la construcción, las manufacturas, hoteles y restaurantes. Las personas que envían remesas y sus familiares en sus países de origen también sufrieron las consecuencias de las alzas de precios de los alimentos y los combustibles. Sumado a ello, las fluctuaciones de las tasas cambiarias comenzaron a tener mayores efectos que en el pasado, particularmente en países que experimentaron devaluaciones o que tienen grandes colonias de emigrados en Europa.
El peso mexicano y el real brasileño han perdido amplio terreno frente al dólar estadunidense, y por ello las remesas enviadas desde Estados Unidos rinden más, en moneda nacional, lo que compensa, al menos en parte, el menor volumen de envíos. Los países andinos, que reciben grandes cantidades de remesas desde España, se vieron beneficiados por la fortaleza del euro durante la primera mitad de 2008, pero desde entonces han sido golpeados por la caída del valor de la divisa europea. Las naciones centroamericanas, que están dolarizadas o cuyas monedas están ligadas al dólar, están más protegidos de las fluctuaciones de las tasas de cambio.
A pesar del panorama sombrío, el BID asegura tener poca evidencia de que los migrantes estén preparándose para regresar a sus países de origen. En España, donde viven más de 5 millones de trabajadores extranjeros, un plan del gobierno para pagar beneficios sociales a aquellos que regresen a sus patrias ha suscitado poco interés. Los migrantes han demostrado que el regreso a casa es la última opción.
Los tres primeros lugares en lo que a recepción de remesas se refiere son México (25 mil 145 millones de dólares en 2008), Brasil (7 mil 200 millones) y Colombia (4 mil 842). En el primero de los países los receptores son mayoritariamente mujeres (dos a uno) de ingresos moderados y niveles de educación bajos (casi 60 por ciento ha completado la secundaria o menos). El factor principal que empuja la emigración parecen ser (BID dixit) los problemas económicos del país. El 18 por ciento de la población adulta recibe remesas de forma regular, siete veces al año y 190 dólares por cada recepción, en promedio.
De Brasil revela que cerca de la mitad de las remesas proviene de Estados Unidos, 31 por ciento de Europa y el 19 por ciento restante de Japón. Y de Colombia, que en el último lustro casi un millón de ciudadanos emigró a Estados Unidos, España o Costa Rica, entre otros países. Las remesas representan 74 por ciento de sus ingresos por exportaciones petroleras. Más de la mitad de receptores de remesas son mujeres, que tienden a tener niveles de educación altos –más de 85 por ciento ha terminado sus estudios secundarios.
Las rebanadas del pastel
¿Qué le reclamaba el PAN a Ernesto Zedillo, cuando éste era inquilino de Los Pinos?: no es la opción del estadista la de un blindaje económico basado en el crédito internacional de coyuntura y con visión de corto plazo. Como sí lo hubiera sido concretar la convocatoria para elevar a rango de política de Estado la política económica, profundizando en una reforma fiscal integral, en una política hacendaria no sólo recaudatoria sino comprometida con la micro, pequeña y mediana empresas para solventar el déficit creciente de empleos permanentes y productivos que demandan los mexicanos (senador Ricardo García Cervantes, a nombre de su bancada, en el quinto Informe de gobierno, 1999). Eso de la memoria no se les da a los políticos, pero a los ciudadanos menos, lamentablemente.
Carlos Fernández-Vega
A los gobiernos latinoamericanos la crisis les ha alterado el funcionamiento de una de las principales soluciones de doble vía aportada por el modelito económico: la expulsión de mano de obra, de ida, y el envío de remesas, de regreso. En el caso mexicano, por una parte, la obligada salida de alrededor de medio millón de connacionales por año le ahorra al gobierno reconocer poco más de un punto porcentual en el índice oficial de desempleo abierto; por la otra, el generoso ingreso de alrededor de 160 mil millones de dólares en remesas durante los últimos nueve años, según las cifras del Banco de México.
La doble vía les funcionó perfectamente durante mucho tiempo, pero ahora la crisis tiende a desestabilizar ese leonino equilibrio: por un lado ha moderado el ritmo de expulsión de mano de obra, y por el otro la captación de dólares enviados vía remesas. Para el caso mexicano, en 2008 este último indicador reportó una caída de 3.6 por ciento, y en el primer bimestre de 2009 el descenso fue cercano a 15 por ciento.
Aún así, el modelito todavía funciona, pues los expulsados de su tierra mantienen, a duras penas, el envío de dinero a sus familiares. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, revela que tras casi una década de crecimiento, las remesas a América Latina y el Caribe declinarían en 2009, por primera vez desde que la propia institución comenzó a medir estos flujos, en 2000. El cambio de tendencia ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado. Los envíos de dinero realizados por trabajadores latinoamericanos emigrados son una fuente de ingresos clave para millones de familias en la región. En 2008 enviaron alrededor de 69 mil 200 millones de dólares a sus países de origen, 0.9 por ciento más que en 2007.
La tendencia primero se estancó, para luego modificarse a la baja después del primer semestre de 2008. Tras un tercer trimestre sin crecimiento, en el cuarto los flujos de dinero cayeron a 17 mil millones de dólares, 2 por ciento menos que en un año atrás. Para los pocos países que han reportado la información correspondiente a enero de 2009, las caídas han sido hasta de 13 por ciento. Si bien es demasiado temprano para proyectar en cuánto podrían reducirse las remesas en 2009, esta es una mala noticia para millones de personas en nuestra región que dependen de estos flujos para cubrir sus necesidades básicas. El cuadro se ha vuelto más complejo, dado que hay más factores en juego. El mundo enfrenta su peor crisis en décadas. El desempleo está aumentando en los países industrializados. El ambiente contra la migración se está tornando más inhóspito. Incluso las fluctuaciones cambiarias están incidiendo más que en el pasado.
El organismo financiero apunta que luego de muchos años de crecimiento sin pausa, las remesas a América Latina y el Caribe comenzaron a resentirse en 2008 a medida que los principales países fuente de estos recursos (Estados Unidos, España y Japón) cayeron en recesión. La crisis castigó especialmente a industrias que empleaban a muchos trabajadores extranjeros, como la construcción, las manufacturas, hoteles y restaurantes. Las personas que envían remesas y sus familiares en sus países de origen también sufrieron las consecuencias de las alzas de precios de los alimentos y los combustibles. Sumado a ello, las fluctuaciones de las tasas cambiarias comenzaron a tener mayores efectos que en el pasado, particularmente en países que experimentaron devaluaciones o que tienen grandes colonias de emigrados en Europa.
El peso mexicano y el real brasileño han perdido amplio terreno frente al dólar estadunidense, y por ello las remesas enviadas desde Estados Unidos rinden más, en moneda nacional, lo que compensa, al menos en parte, el menor volumen de envíos. Los países andinos, que reciben grandes cantidades de remesas desde España, se vieron beneficiados por la fortaleza del euro durante la primera mitad de 2008, pero desde entonces han sido golpeados por la caída del valor de la divisa europea. Las naciones centroamericanas, que están dolarizadas o cuyas monedas están ligadas al dólar, están más protegidos de las fluctuaciones de las tasas de cambio.
A pesar del panorama sombrío, el BID asegura tener poca evidencia de que los migrantes estén preparándose para regresar a sus países de origen. En España, donde viven más de 5 millones de trabajadores extranjeros, un plan del gobierno para pagar beneficios sociales a aquellos que regresen a sus patrias ha suscitado poco interés. Los migrantes han demostrado que el regreso a casa es la última opción.
Los tres primeros lugares en lo que a recepción de remesas se refiere son México (25 mil 145 millones de dólares en 2008), Brasil (7 mil 200 millones) y Colombia (4 mil 842). En el primero de los países los receptores son mayoritariamente mujeres (dos a uno) de ingresos moderados y niveles de educación bajos (casi 60 por ciento ha completado la secundaria o menos). El factor principal que empuja la emigración parecen ser (BID dixit) los problemas económicos del país. El 18 por ciento de la población adulta recibe remesas de forma regular, siete veces al año y 190 dólares por cada recepción, en promedio.
De Brasil revela que cerca de la mitad de las remesas proviene de Estados Unidos, 31 por ciento de Europa y el 19 por ciento restante de Japón. Y de Colombia, que en el último lustro casi un millón de ciudadanos emigró a Estados Unidos, España o Costa Rica, entre otros países. Las remesas representan 74 por ciento de sus ingresos por exportaciones petroleras. Más de la mitad de receptores de remesas son mujeres, que tienden a tener niveles de educación altos –más de 85 por ciento ha terminado sus estudios secundarios.
Las rebanadas del pastel
¿Qué le reclamaba el PAN a Ernesto Zedillo, cuando éste era inquilino de Los Pinos?: no es la opción del estadista la de un blindaje económico basado en el crédito internacional de coyuntura y con visión de corto plazo. Como sí lo hubiera sido concretar la convocatoria para elevar a rango de política de Estado la política económica, profundizando en una reforma fiscal integral, en una política hacendaria no sólo recaudatoria sino comprometida con la micro, pequeña y mediana empresas para solventar el déficit creciente de empleos permanentes y productivos que demandan los mexicanos (senador Ricardo García Cervantes, a nombre de su bancada, en el quinto Informe de gobierno, 1999). Eso de la memoria no se les da a los políticos, pero a los ciudadanos menos, lamentablemente.
Astillero
Fernando González (izquierda), subsecretario de Educación Básica y yerno de Elba Esther Gordillo, bromea con dos asistentes a la presentación de Alonso Lujambio como nuevo titular de la SEP. Foto Marco PeláezJulio Hernández López
Alonso Lujambio (AL) carece de la talla política necesaria para enfrentar con éxito a Elba Esther Gordillo (si es que alguna vez tal propósito hubiera aparecido en el despacho central de Los Pinos) y su designación parecería pensada para dotar de mejores máscaras, jurídicas y administrativas, al cacicazgo magisterial expansivo y bucanero, y para preparar cambios conceptuales y operativos en el aparato de la educación pública mexicana que la adecuen a los modelos deseados por la derecha desatada.
El paso de AL por el Instituto Federal de Acceso a la Información estuvo caracterizado por ponerse al servicio de los felipistas, defendiendo las causas que eran del interés de Los Pinos y cerrando la llave de los datos a aquello que no contara con el visto bueno de quienes ahora son sus jefes explícitos. Lujambio, miembro de una familia que ha aportado destacados militantes al PAN, no tiene ninguna formación especial en materia de administración educativa, aunque sus carencias de currículo pretenden ahora ser suplidas con el peregrino argumento de que ha sido profesor durante décadas en universidades privadas (con ese solo antecedente, decenas de miles de ciudadanos podrían declararse capacitados para encargarse de la SEP). En realidad, la experiencia de Lujambio, aparte del IFAI, se centra marcadamente en los asuntos electorales (fue consejero del IFE), en ciertos temas internacionales, en el servicio a bancos privados y en el ejercicio docente específicamente relacionado con el ITAM, la institución surtidora de cuadros de los gobiernos neoliberales, priístas y panistas.
Experto en asuntos electorales y en opacidad, Al Lujambio (¿Eliot necesitaba un Al para servir a la Capone?) suple a la Chepina de siete vidas que con disciplina digna de los peores tiempos del PRI ya se repone de los zarandeos palaciegos para encaminarse a la nueva chamba condicionada (a Chepina siempre la han puesto durante el felipismo en sitios de responsabilidad acotada: coordinadora de la campaña calderónica pero rebasada siempre por el íntimo Mouriño; encargada de la SEP, pero con el yerno de la cacique apoderado de la educación primaria y el acoso permanente de la cruel Gordillo y, ahora, presunta aspirante a coordinar a los diputados federales panistas pero con la presión de César Nava, Francisco Ramírez Acuña y el ocurrente Germán Martínez, que había prometido que el líder de esa bancada sería legislador electo por mayoría y no por la vía plurinominal).
El itamita encargado formalmente de la educación pública parece, pues, destinado a entenderse en términos electorales con la maquinaria partidista que la jefa Elba Esther despliega desde la plataforma de la SEP para nutrir a su Panal personal y para cumplir pactos mafiosos de ayuda a los desvalidos que ocupan por accidente el poder y que acaban pagando con altos réditos (parte de la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional y, en lista de raya, Veracruz con Miguel Ángel Yunes) las operaciones de defraudación electoral efectuadas por brigadas magistrales.
Lo más peligroso, sin embargo, es la tentación de reformar la estructura de la educación pública para acercarla a los conceptos privados. Lujambio no es el rudimentario ex gobernador de Guanajuato, Romero Hicks, que en el Conacyt ha pretendido imponer criterios conservadores y desfasados, pero ese perfil moderno de Lujambio, menos explícito en sus ribetes ultraderechistas y empresariales, le permitirá ir creando las condiciones para convocar a debates nacionales sobre temas educativos y a promover modificaciones que acaben convirtiendo la escuela pública en maquila productora de mano de obra calificada y los espacios actuales de discusión y crítica en talleres técnicos sin promoción de valores improductivos como el civismo y el libre pensamiento. ¡Oh, Educación Pública!, ¿y ahora, quién podrá salvarte?
Mientras tanto, en varias parroquias oaxaqueñas se sigue un Viacrucis bajo el concepto de Cristo sufriendo con su pueblo. En algunos de sus pasajes se incluyen hechos como el asesinato del periodista estadunidense independiente Brad Will y el reciente secuestro y tortura de Marcelino Coache, uno de los dirigentes de la APPO. Al comenzar el mencionado Viacrucis se indica que el drama y los que llevan a la muerte a Jesús parecen ser los mismos: los que se adueñan del poder y de las riquezas de esta tierra y que, además, pretenden decidir sobre la vida. Se menciona que nada detiene las ambiciones de quienes hacen juicios injustos; mediante leyes inventadas por ellos mismos se apropian de los bienes de todos; lo ilegal lo hacen legal y así llevan a este pueblo de pobres a la muerte por un camino cada vez más doloroso. En la primera estación, se relata la muerte del periodista Will, el 27 de octubre de 2006, cuando filmaba en Santa Lucía, Oaxaca, una agresión de policías de ese municipio contra miembros de una barricada. La videograbación del asesinato señalaba como responsables a un regidor y un policía del citado municipio, ambos del partido en el poder, pero fueron detenidos y pronto puestos en libertad. Se aventuró la hipótesis de que Brad había sido muerto por los mismos activistas. En octubre de 2008, Juan Manuel Martínez Moreno es detenido y enviado a prisión, acusado del homicidio del periodista (...) él no aparece en las filmaciones de los hechos ni estaba cerca del lugar. Es inocente. La misma madre de Will pide su libertad. Luego, en ese Viacrucis, se lee el pasaje bíblico en el que Poncio Pilatos entrega a Jesús para ser crucificado y se pide por la liberación de Juan Manuel. El Viacrucis de la Iglesia católica comprometida con los pobres se realiza en las parroquias de San Bartolomé Apóstol Coyotepec, Inmaculada de Juquila, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, San Miguel Sola de Vega, Santa Catarina Juquila y La Navidad Putla, todo en el estado de Oaxaca.
Y, mientras los marinos mexicanos se aprestan a realizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, ¡hasta mañana!
SEP: Lo impostergable
Editorial
El nombramiento de Alonso Lujambio como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Josefina Vázquez Mota, tendría que ser visto como oportunidad de contrarrestar algunos de los lastres que afectan a esa dependencia. Para empezar, es necesario restituir al sistema de enseñanza pública la prioridad que ha perdido a consecuencia del abandono y las carencias presupuestales impuestas por los sucesivos gobiernos neoliberales desde hace cuando menos cinco lustros, lapso en el que, como parte del empeño irracional por reducir el Estado a su mínima expresión y trasladar las potestades del sector público a la iniciativa privada, los gobernantes han abdicado de sus obligaciones constitucionales en materia de empleo, salud y educación.
En consecuencia, las autoridades han hecho caso omiso de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el sentido de destinar entre 7 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al terreno educativo y de la investigación. Significativamente, de acuerdo con un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación, de mantenerse la actual tendencia en el gasto público, apenas en el año 2056 el país alcanzaría la meta recomendada por la UNESCO (La Jornada, 17/3/09).
De tal forma, uno de los principales de-safíos de Lujambio en la conducción de la política educativa del país será luchar contra las inercias de las recientes administraciones federales, incluida la calderonista, y conseguir una dignificación presupuestal para la educación pública en México. Esta tarea resulta particularmente necesaria en una coyuntura como la que se vive en la actualidad, cuando la educación debiera ser vista por las autoridades, ante todo, como un potenciador de la recuperación económica y del incremento de la competitividad nacional. Asimismo, en una circunstancia en la que se prevé un incremento masivo en la demanda de lugares en los planteles educativos a cargo del Estado, la ampliación y el mejoramiento del sistema de educación pública se presentan como medidas de obvia necesidad ante la necesidad de seguir atendiendo a los estudiantes de escasos recursos –la gran mayoría–, recibir a los que lleguen de las instituciones privadas y ayudar a contener, de esa manera, las presiones sociales que pudieran surgir ante el recrudecimiento de la presente crisis económica.
Pero el mayor desafío para el nuevo titular de la SEP consiste en limitar el desmesurado y anómalo control que ejerce en la institución la cúpula sindical corrupta y antidemocrática que encabeza Elba Esther Gordillo, a quien el propio jefe del Ejecutivo ha entregado, en el actual ciclo de gobierno, enormes cuotas de poder en pago de facturas por sus servicios, primordialmente electorales y de contención política.
La falta de transparencia y el patrimonialismo con que se conduce la dirigente vitalicia del sindicato magisterial constituyen hoy lastres fundamentales para el desarrollo de la educación en el país, y resulta obligado, por tanto, avanzar en el desmantelamiento de mecanismos que tienden a incrementar su poder e influencia. Al respecto, es impostergable la desaparición de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, pacto que estipula la entrega de atribuciones indebidas y cuantiosos recursos económicos al grupo gordillista –lo que acentúa la corrupción que impera en el manejo de la educación pública– y que constituye, además, un potencial detonador de conflictos políticos y sociales como el que protagonizó en meses pasados el magisterio disidente de Morelos.
En suma, el relevo en el gabinete calderonista anunciado ayer se presenta en un escenario en el que la precaria situación de la educación pública requiere de transformaciones mucho más profundas: la reorientación de las prioridades del actual gobierno, el diseño de una política de desarrollo que conciba a la educación a cargo del Estado como uno de sus ejes centrales, y el compromiso de las autoridades con un combate frontal y efectivo contra la corrupción que representa la cúpula corporativa del SNTE.
El nombramiento de Alonso Lujambio como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Josefina Vázquez Mota, tendría que ser visto como oportunidad de contrarrestar algunos de los lastres que afectan a esa dependencia. Para empezar, es necesario restituir al sistema de enseñanza pública la prioridad que ha perdido a consecuencia del abandono y las carencias presupuestales impuestas por los sucesivos gobiernos neoliberales desde hace cuando menos cinco lustros, lapso en el que, como parte del empeño irracional por reducir el Estado a su mínima expresión y trasladar las potestades del sector público a la iniciativa privada, los gobernantes han abdicado de sus obligaciones constitucionales en materia de empleo, salud y educación.
En consecuencia, las autoridades han hecho caso omiso de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el sentido de destinar entre 7 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al terreno educativo y de la investigación. Significativamente, de acuerdo con un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación, de mantenerse la actual tendencia en el gasto público, apenas en el año 2056 el país alcanzaría la meta recomendada por la UNESCO (La Jornada, 17/3/09).
De tal forma, uno de los principales de-safíos de Lujambio en la conducción de la política educativa del país será luchar contra las inercias de las recientes administraciones federales, incluida la calderonista, y conseguir una dignificación presupuestal para la educación pública en México. Esta tarea resulta particularmente necesaria en una coyuntura como la que se vive en la actualidad, cuando la educación debiera ser vista por las autoridades, ante todo, como un potenciador de la recuperación económica y del incremento de la competitividad nacional. Asimismo, en una circunstancia en la que se prevé un incremento masivo en la demanda de lugares en los planteles educativos a cargo del Estado, la ampliación y el mejoramiento del sistema de educación pública se presentan como medidas de obvia necesidad ante la necesidad de seguir atendiendo a los estudiantes de escasos recursos –la gran mayoría–, recibir a los que lleguen de las instituciones privadas y ayudar a contener, de esa manera, las presiones sociales que pudieran surgir ante el recrudecimiento de la presente crisis económica.
Pero el mayor desafío para el nuevo titular de la SEP consiste en limitar el desmesurado y anómalo control que ejerce en la institución la cúpula sindical corrupta y antidemocrática que encabeza Elba Esther Gordillo, a quien el propio jefe del Ejecutivo ha entregado, en el actual ciclo de gobierno, enormes cuotas de poder en pago de facturas por sus servicios, primordialmente electorales y de contención política.
La falta de transparencia y el patrimonialismo con que se conduce la dirigente vitalicia del sindicato magisterial constituyen hoy lastres fundamentales para el desarrollo de la educación en el país, y resulta obligado, por tanto, avanzar en el desmantelamiento de mecanismos que tienden a incrementar su poder e influencia. Al respecto, es impostergable la desaparición de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, pacto que estipula la entrega de atribuciones indebidas y cuantiosos recursos económicos al grupo gordillista –lo que acentúa la corrupción que impera en el manejo de la educación pública– y que constituye, además, un potencial detonador de conflictos políticos y sociales como el que protagonizó en meses pasados el magisterio disidente de Morelos.
En suma, el relevo en el gabinete calderonista anunciado ayer se presenta en un escenario en el que la precaria situación de la educación pública requiere de transformaciones mucho más profundas: la reorientación de las prioridades del actual gobierno, el diseño de una política de desarrollo que conciba a la educación a cargo del Estado como uno de sus ejes centrales, y el compromiso de las autoridades con un combate frontal y efectivo contra la corrupción que representa la cúpula corporativa del SNTE.
Adiós soberanía
Contralínea
5 Abril 2009
Al entreguismo y a la nula noción de soberanía se les llama hoy cooperación entre gobiernos. Al amago de la potencia se le denomina corresponsabilidad en la lucha antidrogas. A la ridícula ayuda estadunidense mediante la Iniciativa Mérida (un día de gasto de Estados Unidos en Irak es mayor que los 300 millones de dólares anuales que decidió enviar como migajas a México, diría el presidente costarricense Óscar Arias), por ser como caballo regalado, “no se le ve el diente” injerencista. Lo que en décadas pasadas pudo provocar protestas callejeras, hoy se aplaude desde la cancillería mexicana.
México no solamente abrió la puerta a una posible intervención armada de Estados Unidos sobre nuestro territorio, en un futuro que a los estrategas del Pentágono se les antoja poco lejano, sino que el gobierno de Felipe Calderón propició el envío, por ahora, de 450 policías y expertos civiles y militares a la frontera común con el subterfugio de reforzar vigilancia, tareas de inteligencia y espionaje que supuestamente ayudarían a frenar el trasiego de armas y envío de dinero ilícito desde el sur estadunidense, al mismo tiempo que el paso de drogas e indocumentados de aquí hacia el norte (y terroristas, agregaría algún sobreviviente estratega bushiano).
En todos los tonos se afirma oficialmente que la Iniciativa Mérida no es igual ni parecida al Plan Colombia (en dinero por supuesto que es mucho menor), pero se retomó masivamente la costumbre heredada del “viejo oeste” de ofrecer recompensas por los principales capos de la droga y sus lugartenientes: casi 1 mil millones de pesos. Y entonces se ensalza el buen resultado que una similar estrategia dio nada menos que en Colombia.
Un hallazgo periodístico en verdad relevante apareció como nota principal en El Universal el 25 de marzo: México recibirá ayuda para “espacios ingobernados”, porque el Pentágono decidió otorgar una partida de casi 13 millones de dólares para “liberar territorios”.
Fue la concreción monetaria, a través de la “sección 1206” del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, de aquella crítica que generó escozor en el gobierno mexicano. Eso de que había trozos de territorio en los que estaba ausente el Estado prendió la llamada “mecha corta” de Felipe Calderón, quien retó a quien así lo desee a visitar cualquier punto de la geografía mexicana para corroborar que se trata de una falsedad.
Menos quisquillosos, los militares se entienden entre sí por encima de los discursos políticos y las promesas de los gobernantes civiles, de tal manera que el Pentágono decidió regalar esos casi 13 millones de dólares para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”, según transcribe la reportera Doris Gómora.
Habría que preguntarse cuáles son los territorios mexicanos “ingobernados” en la visión de los dadivosos generales gringos: ¿Las cañadas de Ocosingo, La Realidad, La Garrucha o algunas otras comunidades del buen gobierno zapatista en Chiapas? ¿Los Loxichas en Oaxaca? ¿Los Chimalapas cerca del Istmo de Tehuantepec? ¿Costas, Sierra y Montaña de Guerrero? ¿Tal vez porciones del violento corredor que va del Caribe mexicano hasta la frontera tamaulipeca con Estados Unidos? ¿Qué tal el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa) en donde hace más de 30 años se aplicó sin éxito la Operación Cóndor y en donde en junio de 2007 se casó el capo más presuntamente buscado del país, Joaquín Guzmán, el Chapo, con Emma Coronel Aispuru, la bella Reina de las Fiestas del Café y La Guayaba en La Angostura, Durango? Maestros y alfabetizadores voluntarios no pueden ingresar en esa región frente al doble peligro de los retenes y las emboscadas de los traficantes, pero sí puede organizar una celebración en grande el hombre provocativamente incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes (en el sitio 701, empatado con Emilio Azcárraga y Alfredo Harp Helú).
Al gobierno calderonista no le gustó la descripción de “Estado fallido” que le endilgaron a México analistas estadunidenses. Se trata en realidad de un régimen capturado por la corrupción, cruzado por la violencia y la inseguridad, acorralado entre la desesperación por la pérdida de futuro electoral y la necesidad de echarle la culpa a alguien del evidente fracaso de una “guerra” contra la criminalidad organizada y el narco.
En el contexto de una situación límite a la que se llegó en México, suena hueco, hilarante, prefabricado y ñoño el discurso panista cuando exige a sus principales enemigos de hoy, los priistas (hace tres años eran el PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador), ser “leales” al presidente Calderón en su lucha antinarco y aprobar, sin mayor análisis, las leyes draconianas que fueron enviadas al Congreso para que cualquier mexicano pueda perder su patrimonio por la simple sospecha de que provino de negocios ilícitos.
La estrategia panista desde un cuarto de guerra en el que están eximios estrategas como el español Antonio Solá, el segundo cuñado incómodo Juan Ignacio Zavala (el otro era Hildebrando, tronado como globo antes de la elección de 2006); el extimbiriche Max Cortázar y algunos anexos como los secretarios del Trabajo, de Economía, de Comunicaciones y hasta el de Seguridad Pública, no parece estar dando resultados, pero hay necedad basada en las encuestas a modo, cuando las paga la propia Presidencia con recursos del erario.
Es tan burdo el montaje, que Germán Martínez Cázares, líder de Acción Nacional, aprovechó el foro de la reunión nacional de banqueros, en Acapulco, para equivocarse de principio a fin: allí mostró el cobre al colgarse de una presunta investigación de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y hablar del exalcalde priista de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, aspirante a diputado federal, como alguien cuya campaña pagó el narcotráfico.
La propia DEA desmintió la autenticidad del documento que circuló en la red, al decir que ni siquiera existen los agentes supuestamente llamados Alex M. Romero y Víctor S. Pérez; la dirección del membrete del supuesto informe se asienta en Fresno, California, pero con código postal de Washington.
En tales condiciones, la “inteligencia” del Partido Acción Nacional bien pudo haber fabricado el texto apócrifo, a la manera como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública elaboran declaraciones que después simplemente deben suscribir testigos y víctimas bajo tortura (casos Morelia y las granadas del 15 de septiembre de 2008; arraigo y consignación del excomisario federal Javier Herrera Valles, por citar algunos recientes).
Aunque tire la piedra y esconda la mano, Calderón no se puede deslindar de los errores de Germán Martínez, como no puede hacerlo respecto de su secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien soltó en París el bárbaro pronóstico del próximo presidente como narcotraficante.
No hizo sino repetir lo que el propio Calderón había expresado en reunión con gobernadores, legisladores y dirigentes priistas, desesperado porque sus aliados de ocasión no lo respaldaban en su monotemático propósito de hacer la guerra a la criminalidad organizada.
La estrategia fallida de los últimos ocho años contra la inseguridad, la violencia, la corrupción, el secuestro y el narco no se puede sacudir simplemente con echar la culpa al de enfrente. Y menos utilitariamente elaborar un discurso de que todo tiempo pasado fue el peor.
Los priistas no están exentos de responsabilidad por haber permitido la construcción en México, durante años, de la narcopolítica, la narcoeconomía y las narcopolicías, beneficiándose de sus frutos envenenados. Pero Acción Nacional no llegó para corregir ese estado de cosas, sino para ocupar el sitio desde el cual poder aprovechar esas debilidades estructurales. Y sus políticos de doble moral han ocupado puestos públicos, más que para servir a la sociedad, para utilizar los recursos públicos en su propio beneficio.
El colmo es que esta derecha sin historia y desnacionalizada, sin gestas heroicas rescatables, le coloca la alfombra al poderoso para que nos invada cuando le dé la gana.
AMLO en Guadalajara el domingo 19 de abril
Estimados Compañeros
Los invitamos a que asistan el próximo domingo 19 de abril a la asamblea informativa sobre la defensa de la economía popular que celebraremos en Plaza universidad (Juárez y Colón), en el Centro Histórico de Guadalajara. En esta asamblea participará el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Estamos invitando a todos los ciudadanos del estado que estén interesados en defender la economía popular, y a todos aquellos que, como tú, se han registrado como representantes del gobierno legítimo en la entidad.
La cita es a las 10:00 de la mañana. Pasa la voz, invita a tus familiares, amigos, conocidos, vecinos o compañeros de trabajo, además de hacerlo con tus contactos de correo electrónico.
Atentamente
Comité Estatal en Defensa del Pueblo,
del Petróleo y la Soberanía Nacional.
Enrique Ibarra Pedroza Humberto Ortiz García
SE BUSCAN SOPLONES
El programa de recompensas anunciado en marzo pasado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico entraña serios riesgos. Uno de ellos: puede ser utilizado por los propios capos para “limpiar sus territorios” de rivales. Además, sostiene Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, ofrece “pocas posibilidades de éxito”, pues evidencia que la Procuraduría General de la República claudica en su responsabilidad de investigar los delitos y a quienes los cometen. Opta por un recurso cuestionable: la búsqueda de soplones. Atrofiada desde hace varias décadas por la corrupción y la infiltración del narcotráfico, y paralizada por su incapacidad para investigar los delitos, la Procuraduría General de la República (PGR) recurre a un nuevo instrumento para intentar abatir el tráfico de drogas y la violencia: el pago de recompensas.Pero la medida con la que el gobierno apuesta a la captura de los capos y sus sicarios puede ser capitalizada por los propios narcotraficantes al convertir este instrumento del Estado en una de las principales armas para “limpiar sus territorios” de rivales, sostiene Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y especialista en temas relacionados con la seguridad nacional.Afirma: “El pago de recompensas ofrece pocas posibilidades de éxito, pues pone en evidencia que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar los delitos (y a quienes los cometen) y trata de construir una red de delatores y soplones a los que con un pago millonario pretende atraer para que realicen el trabajo que la institución legalmente está obligada a realizar”.Pero eso no es todo. El también experto en temas castrenses señala que el programa de recompensas de la PGR tiene un problema estructural de origen. Explica: “Nunca habrá dinero que alcance, sobre todo siendo el narcotráfico un fenómeno al que se le compara con una hidra de mil cabezas: se captura a dos cabecillas y enseguida surgen otros dos o más”.
–¿Esto quiere decir que el programa de recompensas puede precipitarse al fracaso?
–se le pregunta.
–Es una medida mediática y de impacto, y probablemente funcione mientras el gobierno mantenga la chequera abierta. Cuando ya no haya dinero, no habrá soplones.Pero el investigador advierte que el funcionamiento de este recurso, que en Estados Unidos es complementario y no básico en las investigaciones contra el crimen organizado, enfrenta un obstáculo mayor: la complicidad de buena parte de la sociedad con el narcotráfico.Dice: “La PGR apuesta a la desarticulación de los cárteles capitalizando las deslealtades, venganzas y revanchismos que existen en esos grupos criminales. Pero la realidad es distinta: desde hace cinco años se ha demostrado, mediante encuestas, que la gente que conoce a un narco o a un vendedor de drogas prefiere guardar silencio y seguirse de filo.“Hay otras limitaciones: puede que los cárteles se atomicen y se hagan impenetrables, que haya mucho mayor control sobre la gente que rodea a los capos. Pero lo más grave –insisto– es que la PGR claudica en su responsabilidad de investigar y abandona sus estructuras operativas y policiacas porque con ese tipo de programas, nos están diciendo que no funcionan para atajar al crimen.”Erubiel Tirado observa que la ruta que sigue México, ahora con el ofrecimiento de recompensas, es la que transitó Colombia: “el gobierno de Felipe Calderón apuesta por frenar la violencia, que es un flagelo amenazante, pero aun si lo consigue, no es garantía de que se detenga el flujo de drogas que sigue llegando al país”.El abogado Max Morales, amplio conocedor de las operaciones de la industria del secuestro en México, dice, a su vez, que el pago de recompensas puede detonar otro problema: la proliferación de los llamados caza recompensas, y mayor corrupción en la PGR, pues no existen controles para impedir, por ejemplo, que un funcionario de alto nivel utilice información y, por interpósita persona, la haga llegar a la PGR para capturar a un delincuente y beneficiarse del programa.Tampoco observa –dice– que el Congreso haya determinado una partida especial para el pago de las recompensas, que la PGR viene ofreciendo desde 1997, cuando emprendió la búsqueda del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.
–¿Qué le falta, en su opinión, al programa de recompensas?
– Que tenga un sustento, que algún notario dé fe de que las recompensas se pagan contra datos ciertos, no sólo por señalar a un presunto responsable.Dicho programa se establece en uno de los momentos más críticos que enfrenta todo el aparato de seguridad: cuando la base social en que la PGR confía para captar las denuncias está infiltrada y controlada por el narcotráfico en más de 180 municipios del país, según reconocen la propia procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.No es todo: la oferta de recompensas se hace oficial en medio de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos por la presunta protección que algunas estructuras gubernamentales ofrecen a varios cárteles; en un ambiente de falta de credibilidad que enfrenta la PGR por las infiltraciones que padece y, peor aún, cuando el programa de testigos protegidos cayó en crisis debido a que decenas de agentes ministeriales –la mayoría de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– han sido sorprendidos utilizando la información de testigos e informantes para extorsionar a personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.Por ejemplo, testigos protegidos consultados por este reportero –y que pidieron el anonimato por temor a represalias de la PGR– aseguran que se encuentran “frustrados y desesperados” debido a que desde hace varios años están siendo “utilizados por la SIEDO” para denunciar a capos importantes a los que sirvieron y que, sin embargo, no son detenidos.Uno de los casos más sorprendentes, aseguran, es que la PGR dispone de un voluminoso expediente sobre el capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande –quien opera para los hermanos Beltrán Leyva– y no lo pueden detener a pesar de que los testigos que lo incriminan han dado “pelos y señales” de los lugares que frecuenta en la Comarca Lagunera, como los bares El Grande (presuntamente de su propiedad) y La Masacuata, ubicado en Gómez Palacio, Durango.Lo más grave, sostienen esos testigos, es que algunos agentes del Ministerio Público federal fueron destituidos por pérdida de confianza; tal es el caso de Ignacio Muñiz Chávez, quien tenía a su cargo la indagación sobre Villarreal Barragán. Sobre Moisés Jiménez Hipólito, quien ocupó el puesto de Muñiz, los testigos aseguran que también perdió el control de la investigación, pues varios de sus subalternos “han extorsionado a empresarios del ramo automotriz, de venta y renta de casas que presuntamente están relacionados con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán”.
Excluidos o consentidos
El pasado 23 de marzo, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, anunció el acuerdo que oficializa “la delación” para capturar a los principales capos de la droga, ofreciendo recompensas hasta de 30 millones de pesos a quien aporte datos para detener a los jefes, lugartenientes y gatilleros de siete cárteles que operan en México.El acuerdo fue publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación y en él se incluye por primera vez la lista de cárteles y de sus principales capos. Sin embargo, en esa relación no aparecen cabecillas ni pistoleros de tres organizaciones criminales que también tienen una gran actividad en el país. Las razones de esta omisión no se explican en el acuerdo ni fueron abordadas por el procurador Medina Mora en su conferencia de prensa.El acuerdo publicado expone que la PGR pagará hasta 30 millones de pesos a las personas que, con base en información veraz y confiable, conduzca a la captura de los 24 capos más importantes, y hasta 15 millones por 12 líderes de menor rango en el escalafón de cada uno de los grupos a los que pertenecen.De los 37 nombres difundidos por la PGR, 15 pertenecen al cártel del Golfo (y al grupo armado Los Zetas), la segunda organización criminal más pujante y poderosa después del cártel de Sinaloa; ocho forman parte del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, otros cinco están incrustados en el cártel del Pacífico (Sinaloa), cuatro son miembros de La Familia Michoacana: tres operan para los Carrillo Fuentes y sólo dos presuntos narcotraficantes son piezas del cártel de Tijuana, uno de los más golpeados durante el anterior sexenio y el actual.En el rango más alto, las delaciones están tasadas en 30 millones de pesos. Se trata de capos como Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta (hermano de Osiel Cárdenas) y Gregorio Sauceda Gamboa, El Goyo. Todos ellos son miembros del cártel del Golfo.Por parte del cártel del Pacífico figuran Joaquín Guzmán Loera –dueño de una fortuna de mil millones de dólares, según la revista Forbes–; Ismael Zambada García, El Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.De los Beltrán Leyva se cuenta a Arturo, El Barbas, y Mario Alberto, El General, así como a sus lugartenientes Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Y sólo dos figuras de la organización de los Carrillo Fuentes: Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Vicente Carrillo Leyva (detenido el miércoles 1 de abril en la Ciudad de México), vástago del extinto Amado Carrillo Fuentes, cuya “muerte oficial” fue declarada por la PGR en julio de 1997.La PGR también incluyó a cabecillas y operadores de la organización denominada La Familia, cuya base se halla en Michoacán pero cuya expansión ya es vista como una amenaza en una decena de entidades. Ellos son: Nazario Moreno González, El Chayo; Servando Gómez Martínez, El Profe o El Tula; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío.Del cártel de Tijuana, desarticulado tras la captura de Benjamín y el asesinato de Ramón Arellano Félix, se incluyeron los nombres de quienes son considerados sus nuevos líderes: Teodoro García Simental, El Teo, El 68, El K-1, El Álamo 6, o El Tres Letras, así como a Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix.Las tres organizaciones criminales excluidas de la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación son el cártel de los hermanos Valencia, la organización Díaz Parada –una de las más importantes en el tráfico de marihuana en el Golfo de México– y las ramificaciones criminales de los hermanos Amezcua Contreras, precursores en el explosivo mercado de las drogas sintéticas.
El alcance de la PGR
En Estados Unidos, el programa de recompensas que ofrecen tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como la Drug Enforcement Administration (DEA) ha resultado poco exitoso, al menos en lo relativo a las más importantes figuras del narcotráfico en México.Por ejemplo, tres años después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande el 19 de enero de 2001, la DEA difundió en buena parte de Estados Unidos carteles con la fotografía del capo. Se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a quien aportara información para capturarlo, pero un lustro después nadie lo ha denunciado.Desde que la DEA difundió el monto de la recompensa, a El Chapo Guzmán no se le consideraba una figura menor: la DEA ya lo tenía fichado con estos datos: “El Chapo Guzmán es buscado en el sur de California por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, por posesión de droga para distribución, lavado de dinero y falsificación con fines ilícitos. Guzmán Loera ha asumido el control de su organización desde su fuga y la recompensa se ofrece conjuntamente con el Departamento de Estado”.Otros capos emblemáticos, que figuran en las listas del FBI y de la DEA como “los más buscados”, son Ismael Zambada García, El Mayo, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Por obtener información que conduzca a las autoridades estadunidenses a detener a estos personajes, la DEA ofrece más dinero que la PGR: 5 millones de dólares. Desde 2005 se hizo pública la recompensa y hasta la fecha nadie se ha acercado a las autoridades de Estados Unidos para dar información sobre el paradero de ambos capos.
Primeras capturas
Dos días después de que el procurador Eduardo Medina Mora dio a conocer el acuerdo por el que se oficializaron las recompensas para la captura de narcotraficantes, un presunto delator telefoneó a la PGR y aportó la dirección del escondrijo de Héctor Huerta Ríos, La Burra, principal operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Nuevo León.Su cabeza fue tasada en 15 millones de pesos y su nombre aparece en el acuerdo publicado el lunes 23 en el Diario Oficial de la Federación.Su captura se ejecutó de la siguiente manera: Ese día, la SIEDO montó el operativo para detener al presunto cerebro financiero de los Beltrán Leyva y se dispuso de un taxi, legalmente registrado, supuestamente para trasladar al delator, quien previamente fue citado en una estación del metro. En adelante será la forma de operar de la PGR para mantener el sigilo en estos casos.De acuerdo con una fuente consultada en la dependencia, el denunciante dio detalles del lugar exacto donde se encontraba Huerta Ríos, que fue detenido en Monterrey en vísperas de la visita a México –y precisamente a la capital nuevoleonesa– de la secretaria de Estado del gobierno estadunidense, Hillary Clinton.Ese 23 de marzo también fue aprehendido en Saltillo, Coahuila, otro capo: Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, miembro del cártel del Golfo. Por él se ofrecían 15 millones de pesos. Las capturas de Huerta Ríos y Sigifredo Nájera han sido las más publicitadas por el Ejército Mexicano y el presidente Felipe Calderón.Edgardo Buscaglia, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM), considera que las recompensas pueden funcionar sólo si la base social regional, que ya está focalizada y que protege a los capos, es neutralizada en sus zonas de influencia.
–¿Eso quiere decir que el programa de recompensas es un instrumento desarticulado?
–Si no va acompañado de programas de prevención social que les ofrezcan alternativas a las poblaciones socialmente marginadas y contaminadas por el narcotráfico, el riesgo que corre la PGR es que nadie denuncie. Esos grupos sociales reciben dádivas, mucho billete de las organizaciones criminales, y la PGR no puede competir contra el dinero que mueven los narcos.
lunes, abril 06, 2009
Oportunidades y tribulaciones del periodismo
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPAEl martes 31 de marzo recibí el doctorado honoris causa que se sirvió otorgarme el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, distinción que agradezco profundamente. Pronuncié con ese motivo unas palabras que explican el sentido en que recibí esa deferencia:En los dos años recientes he tenido el privilegio de que me dispensaran distinciones de índole diversa a la que hoy nos congrega pero coincidentes con ella en la causa que las origina. Las entiendo a todas como destinadas a subrayar el mérito de un trayecto profesional y, en consecuencia, como referidas al periodismo como oficio de utilidad pública y a sus practicantes, especialmente a quienes lo profesan, sí, como un medio digno de ganarse la vida, pero también como una extensión del ser ciudadano, habitante de una república menesterosa en mucho pero abundante en coraje y energía.
A tono con ese entendimiento, quiero exponer ante la comunidad universitaria aquí representada estas cavilaciones en voz alta sobre fenómenos y tendencias propios de los medios pero que inevitablemente conciernen a la sociedad entera. Pretendo que interesen a todos, pero en particular se refieren a la materia prima de la carrera de comunicación, impartida en Xochimilco desde el origen de la Universidad, que en buena hora dispuso enseñar e investigar los procesos y las instituciones de la comunicación.
Apunto primero a la estructura de los medios electrónicos. No me detendré, aunque esa cara del poliedro que toco no puede ser pasada por alto en un análisis más pausado, en las características intrínsecas de la televisión, que tanto, tan seriamente y con tanta razón han preocupado a pensadores como Karl Popper y Giovanni Sartori. Esbozo únicamente cómo el modo de ser de ese fruto del coito entre la radio y el cine (según la definición de Salvador Novo) se presenta en la sociedad mexicana, en el mercado mexicano para emplear el término que mejor refleja su sustancia. Dos empresas que no compiten entre sí dominan ese instrumento a través de concesiones para explotar un bien público, el espacio electromagnético donde transitan sus ondas. Ellas reciben la mayor parte, tres cuartos del total, de la inversión publicitaria pública y privada, y, lo que es más relevante, construyen cotidianamente, en sus programas de entretenimiento y de noticias (así como a través de sus interminables tandas de anuncios), la imagen que millones de mexicanos tienen de sí mismos, de México y del mundo.
Por eso y por la todavía endeble condición de nuestra vida democrática, se han constituido en un poder político, un poder de hecho que cuando no comparte sus metas desafía al poder institucional, al que busca influir decisivamente, si no determinar. Ese poder incumple las leyes, es capaz de hacer que se dicten las que le acomoden, y resiste las que no le cuadran. Esta última es su actitud frente a la reforma constitucional que sacó del comercio la política, la propaganda política al menos, al prohibir que pueda comprarse tiempo en los medios electrónicos durante los procesos electorales. El nuevo régimen legal de los medios afecta, sí, los ingresos de las empresas que configuran el duopolio, pero ese efecto es menor (porque desde su lógica es remediable, mediante la simulación y la infracción legal) comparado con la disminución de su presencia protagónica en la escena pública. No pudieron impedir la reforma de 2006 tan eficazmente como han evitado que se emita una legislación moderna y abarcante sobre los medios, pero estorban y complican su aplicación y presionan a quienes encarnan el poder institucional para que, con la misma convicción con que emprendieron la reforma, la cancelen y vuelva el dinero a imperar en la política electoral. Cuentan en su provecho con la fragilidad de los órganos responsables de la política de comunicación estatal y electoral. En la embestida contra las prerrogativas de los partidos –propaganda contra propaganda– el duopolio podrá lograr el viejo anhelo de que sean eliminados los tiempos que la ley asigna al Estado (que deberían ser de la sociedad), así como fueron ya drásticamente reducidos hace pocos años.
El poder de las empresas de televisión se dirige también a inhibir, coartar y si dable fuera suprimir los medios no lucrativos, los que operan con permisos, los medios que con esperanza llamamos públicos con la gana de que lo sean en verdad, y los medios comunitarios. Las leyes por sí mismas no modifican la realidad, pero una legislación sobre medios públicos constituiría el marco propicio para esfuerzos que están ya en curso y buscan probar que otra televisión es posible. Una ley de esa naturaleza habría evitado la prolongada, ofensiva espera de esta Universidad por señales de radio y televisión que no son aledañas, sino complementarias de su misión, inherentes a la misma.
La práctica del periodismo, su organización al servicio de la sociedad, vive simultáneamente oportunidades y desafíos. La transparencia, como efecto de la legislación respectiva, originada en la sociedad, y como aspiración ciudadana para vivir una democracia que incluya la rendición de cuentas, hace posible un conocimiento más amplio y preciso de zonas del hacer gubernamental que hasta hace poco era privilegio de iniciados. Hoy podemos saber, tenemos derecho a saber. Hasta no hace mucho tiempo los periodistas reconocidos, los más buscados, eran los poseedores de claves secretas, los reveladores de los escondrijos y las intimidades del poder. Hoy esa información se ha socializado. Y si bien subsisten zonas en que la reserva, la legal y la tramposa, mantienen vigentes áreas de opacidad, nos enrumbamos a una sociedad abierta, si se quiere con la lentitud del ciego que camina hacia la salida de un espacio oscuro. Nunca antes tuvo la prensa campos tan anchos para roturarlos con sus búsquedas. Su ejercicio ya no debe ser un oficio de tinieblas.
Pero al mismo tiempo proliferan los obstáculos para el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Algunos fueron construidos mucho tiempo ha y no es posible abatirlos todavía. Cuéntense entre ellos la información pagada (qué digo información, la propaganda) que a fuerza de dinero convierte la insulsez en sólida presencia o procura ocultar lo sucio. Téngase presente también la corrupción, que pareció haberse ido con el régimen autoritario de competencia electoral no equitativa, pero subsiste ni siquiera con disimulo, y sigue contando para su vigencia con las deplorables condiciones laborales que privan en la industria de la comunicación social. Tan capaces de preservarse a sí mismas estas rutinas, me pregunto si no pervive, y multiplicado, el empresario periodístico que se ufanaba de no pagar salario a su personal y compensarlo con "credencial y manos libres".
La picaresca a que aludo sería hasta hilarante si no reflejara la supervivencia de zonas de la comunicación social que eran afines a un régimen que no sólo podía prescindir de ciudadanos informados sino que le resultaban estorbosos. También es de tono menor si la comparamos con otras realidades que pueden ser avasallantes. Como en las peores etapas del autoritarismo, hay riesgo de muerte en la práctica del periodismo. No es válido exagerar el peligro, pero tampoco es lícito fingir que es menor. El crimen organizado ha cobrado innumerables vidas de profesionales de la prensa. Ya es un reportero en Hermosillo, ya un subdirector de diario en Nuevo Laredo, ora un reportero en Ciudad Juárez, ora unos camarógrafos en Monterrey, ya el editor de un semanario en Tijuana, ya dos jóvenes periodistas, promotoras de una radioemisora indígena en Oaxaca. Se agrega al crimen que los hace desaparecer o abiertamente los acribilla, la impunidad. No se ha castigado a nadie que priva de la vida a un periodista. Cuando bien han ido las cosas, un testaferro, un matarife profesional paga las culpas de un autor intelectual impune. O queda en libertad, 10 años antes de cumplir su condena, quien al mando de la policía política asesinó a un periodista de talla mayor para acallarlo.
Hay quienes buscan apabullar el ejercicio periodístico con medios menos severos, menos definitivos pero acaso tan eficaces como la muerte. Se trata del acoso judicial. Una plaga de demandas y denuncias de presuntos agraviados se cierne sobre el oficio de informar. La alimentan juzgadores a quienes con benevolencia podríamos considerar simplemente ignorantes pero con mirada más acuciosa tal vez hallaríamos corruptos. Fatigar, inhibir, eventualmente arruinar a quienes tienen que litigar su derecho a decir con fundamento, son los propósitos de estos acosadores, esos defensores de una buena reputación inexistente que de paso quieren hacerse de una ganancia por tantos títulos ilegítima, la del precio que ellos ponen a su honor. Ya se sabe que una honra que se tasa vale bien poco.
Otros graves asuntos reclamarían nuestra atención, como el modo en que la crisis afecta ya a los medios, sobre todo los impresos. Y la manera en que la internet se adentra en nuestra vida y propicia transformaciones en el periodismo y en la sociedad cuyos contornos no acertamos todavía a definir. Pero aquí termino.
El “dedogate” panista
Desatado en su pasión electoral, el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, aplica las mismas estrategias que critica en el PRI y en el PRD: en Nuevo León, por ejemplo, designó por dedazo a Fernando Elizondo como candidato a gobernador y trató de calmar el avispero de la oposición interna con premios de consolación. Resultó novato en imposiciones y su dedazo puede ser la causa de la derrota panista.
MONTERREY.- Al Partido Acción Nacional le está saliendo caro el dedazo que empleó el 3 de febrero pasado para elegir a su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, puesto que la “designación” del senador con licencia por el Comité Ejecutivo Nacional provocó más desunión entre sus militantes.El acuerdo del CEN, del que Proceso tiene copia, tiene la firma del secretario general, Rogelio Carbajal Tejada, y señala que la designación de Elizondo se debe a que hubo acusaciones de “corrupción, manipulación del padrón y desapego a los principios del partido”, que amenazaban facturar al panismo nuevoleonés.Sin embargo, en el propio documento se establece que fue el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien planteó el método para nombrar al candidato, ya que –se justifica– existe una “percepción ciudadana de desorden, indisciplina, división y conflicto en el partido”.Rogelio Carbajal llegó a Monterrey el 6 de febrero. Los reporteros le preguntaron con insistencia cómo se decidió la designación de Elizondo, pero el emisario del CEN evitó hacer comentarios. Sin embargo, las razones de la dirigencia panista están claras en el documento fechado el 3 de febrero y titulado Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional por el que se ejerce la facultad prevista en el Artículo 43, apartado B de los estatutos generales del PAN en relación con el proceso electoral de Nuevo León.Ahí se explican las razones por las que se determinó nombrar directamente al aspirante a gobernador, las candidaturas a ocho de las 26 diputaciones locales, y a tres de 51 postulaciones para alcaldías.Para justificar el “método extraordinario de designación”, Carbajal asienta que “responde a la finalidad de preservar la unidad del partido frente a circunstancias que impiden el natural desenvolvimiento de su vida interna”, ya que el jaloneo electoral interno “ha provocado diversos pronunciamientos de militantes y miembros de dirigencias estatal y nacional. Estas expresiones han alimentado la percepción ciudadana de desorden, indisciplina, división y conflicto en el partido”.En el punto XIII de los considerandos, el documento del CEN del PAN dice que en el debate previo a la selección del abanderado en Nuevo León “se han formulado acusaciones no probadas de corrupción, de manipulación del padrón de miembros y adherentes, de desapego de los principios de doctrina del partido, entre otras expresiones públicas. Estas circunstancias son públicas y notorias, por lo que no requieren de prueba”.Como consecuencia de esas pugnas, explica, se “ha generado un clima de inusitada competencia interna que se ha desbordado hasta poner en riesgo las posibilidades de triunfo de Acción Nacional. Optar por el método ordinario puede acentuar las divisiones internas e impedir la reconciliación del partido de cara a la campaña constitucional; un proceso interno, cualquiera que sea el método, sugiere disgregar la acción colectiva”.Ya en el apartado de acuerdos, se establece en el segundo: “Se designa a Fernando Elizondo Barragán como candidato a gobernador de Nuevo León por Acción Nacional para el proceso electoral 2008-2009”.En el documento se revela que el método de designación fue planteado por Germán Martínez Cázares. En el apartado VI de los antecedentes se explica que, mediante oficio del 2 de febrero de 2009, el presidente nacional del partido “solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones opinión no vinculante sobre la procedencia del método extraordinario de designación para elegir candidato a gobernador, candidatos a presidentes y miembros de los ayuntamientos de Monterrey, Linares y Escobedo.“Así como de candidatos a diputados al Congreso local por los distritos 1, 2, 4, 8, 17, 20, 23 y 25 para el proceso electoral del estado de Nuevo León 2008-2009”.Y en el siguiente apartado (VII) se explica que, “por acuerdo adoptado en sesión celebrada el 3 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Elecciones emitió opinión no vinculante en sentido favorable” a la propuesta de Martínez Cázares.Al respecto, el destacado expanista Javier Livas Cantú señaló en un artículo publicado el 30 de marzo en el periódico El Norte que, al optar por la designación directa desde el centro, el PAN ofrece a la sociedad una imagen tan mala como la del PRD en su proceso interno. También considera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que se refiere como Trife, podría invalidar el proceso, si se comprueba que se violó el artículo 110 de la Ley Electoral de Nuevo León:“Este es un riesgo real ahora más que nunca, porque el Trife está mostrando que no se anda con cosas y exige un cumplimiento riguroso de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado. ¿Qué podrá contestar el PAN cuando se le señale que en la elección de candidato a gobernador nunca hubo convocatoria, nunca hubo registro, nunca hubo precandidatos?”, cuestiona Livas Cantú.
Premios de consolación
Fernando Elizondo prácticamente no hizo precampaña, ya que al principio nadie quedó conforme con el dedazo. Pero esto ya estaba previsto, puesto que el CEN del PAN recurrió al método complementario del dedazo priista: los premios de consolación.El diputado local con licencia Fernando Larrazábal Bretón, quien fue presidente municipal de San Nicolás y trabajó durante años para contender por la gubernatura, estaba decepcionado por la designación de Fernando Elizondo. Públicamente decía que, así, la derrota era inminente.Cuando la imposición se consumó, Larrazábal tuvo que tragarse su inconformidad y, el 13 de febrero, luego de “hacer un análisis” de su situación, aceptó la candidatura para la alcaldía de Monterrey. Ya con el premio de consolación, incluso le salió el entusiasmo: “Vengo a decirles ¡que sí, que sí acepto! ¡Que sí acepto la designación como precandidato a alcalde a esta ciudad de Monterrey, y sí acepto a Fernando Elizondo para que encabece y ganemos Nuevo León!”.El acaudalado exsenador Mauricio Fernández también varió su discurso. El 30 de octubre de 2008 declaró a la prensa local: “Si el PAN da un dedazo, yo renuncio a mi partido porque no es posible que, después de estar 42 años en él, luchando por una democracia, esté ahora el PAN peor que en los años más desagradables del PRI”.Cuando se dio a conocer la designación directa de Elizondo, Fernández ya no estaba tan enojado y dijo que declinaba únicamente a participar en el consejo estatal de Acción Nacional. Pero todavía lamentó: “Esta resolución es mortal en la vida del partido”.Con su decepción a cuestas, el exsenador se registró como precandidato a la alcaldía de San Pedro Garza García. En la elección primaria efectuada el 15 de marzo derrotó a Álida Bonifaz Sánchez, quien fue procuradora de Justicia durante el gobierno de Fernando Canales Clariond y contó con el apoyo del círculo del exgobernador. También compitió Guillermo Padilla, aunque sin probabilidades reales de triunfo.El 13 de marzo, Bonifaz impugnó la planilla de Mauricio Fernández porque no cumplía la cuota de género. El TEPJF le dio la razón el 28 del mismo mes y obligó al PAN estatal a reponer el procedimiento. Padilla quedó fuera y expresó su apoyo a Fernández, que de esa forma volvió a ganarle a Bonifaz el 1 de abril. La derrotada impugnó de nuevo y el problema se complicó.
Los pecados de San Pedro
En entrevista, Álida Bonifaz explica que la precandidatura de Fernández estuvo viciada de origen, ya que cada planilla debía cumplir con por lo menos 40% de cuota de género, entre aspirantes a alcalde, a síndicos y a regidores.Bonifaz dice que en su fórmula iban cuatro hombres y cuatro mujeres, pero la de su contrincante sólo incluyó a dos mujeres, lo que viola el artículo 8 de la convocatoria de su partido para competir por la presidencia municipal de San Pedro.Al parecer, las comisiones de elecciones –estatal y nacional– no se percataron de la irregularidad y aprobaron el registro de Fernández como precandidato, dice Bonifaz. Dichas instancias partidistas tuvieron como plazo hasta el 11 de febrero para revisar los listados, y los enviaron al CEN, que dos días después aprobó la planilla de Mauricio Fernández.Y el 4 de marzo, fuera del tiempo reglamentario porque el exsenador ya estaba en precampaña, el partido enmendó su planilla. Bonifaz recuerda que el propio precandidato declaró a un medio de comunicación que la lista fue corregida por otras personas.“La irregularidad –enfatiza la precandidata inconforme– consiste en que hacen cambios fuera de tiempo, consintiendo que había un error y con la anuencia de las comisiones estatal y nacional. Incluso hay una declaración del ingeniero Fernández que dice: yo no la arreglé (la lista), en la misma comisión me la arreglaron.”De inicio, dice, Fernández no debió competir porque se registró fuera de tiempo; por eso no acudió a votar en la segunda elección ni envió representantes a las tres urnas instaladas.La irregularidad llevó a Bonifaz Sánchez a impugnar la elección interna ante el TEPJF después de que el partido proclamó ganador a Mauricio Fernández por segunda ocasión. Y aunque está en espera de la respuesta de la autoridad electoral, aclara que ella no pidió una nueva elección, sino que se cumpliera la convocatoria, con lo cual Fernández no podía haber participado.El 29 de marzo, en el palenque de la Expo de Guadalupe, Germán Martínez encabezó la ceremonia para abanderar a todos los candidatos del PAN en Nuevo León. El recinto estaba a la mitad de su capacidad y no se notó la unidad que proclama la dirigencia del partido, ya que no acudieron ni el alcalde regiomontano Adalberto Madero Quiroga ni Fernando Margáin Berlanga, otro aspirante despechado por la designación de Elizondo.Como si no hubiera suficientes señalamientos de irregularidades en la selección de candidatos panistas, Martínez hizo proselitismo a favor de Mauricio Fernández cuando todavía no se efectuaba la reposición de la elección impugnada.“Vamos a respetar al Trife, pero estoy seguro que los panistas van a volver a decidir como han decidido y no tengo inconveniente en respetarlos”, proclamó el dirigente nacional del PAN mientras le alzaba la mano a Fernández.Un día antes de la elección, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Ruiz García, también rompió su deber de imparcialidad y respaldó al exsenador en los mismos términos: “Si ya una vez lo decidieron los panistas, no veo por qué no puedan decidirlo nuevamente”.Al respecto, dice Bonifaz Sánchez: “Esto me da a entender que hay parcialidad, que hay preferencias de las autoridades que deben ser árbitros y están inclinadas a un candidato. Eso se comprueba viendo que Germán Martínez declare ganador y le tome protesta, y le levante la mano a Mauricio, cuando el señor aún no tenía calidad de candidato”.En su opinión, “fue desafortunada la actuación de Germán Martínez, quien como presidente nacional inclinó la balanza terriblemente y eso es indebido. Lo critico porque no es correcto que se pronuncien las autoridades partidistas en beneficio de un participante cuando estamos en contienda”.Ante esas acusaciones, Ruiz García, afirma: “En esta nueva impugnación veo que la licenciada Bonifaz quiere ganar judicializando el proceso. La primera vez que impugnó podríamos ver que es parte de su derecho, pero al volver a impugnar el mismo proceso, habla de que no le gusta la vía democrática”.Igualmente rechaza que él y Germán Martínez se hayan equivocado al proclamar ganador a Fernández prematuramente: “Reconocer el triunfo democrático de un panista no es un error político. Sólo reconocemos que en un proceso democrático el ingeniero Mauricio ganó la contienda”.Y sobre el incumplimiento de un requisito específico de la convocatoria para la elección interna, el dirigente estatal panista dice que no puede opinar sobre eso porque le compete a la Comisión Estatal de Elecciones.A su vez, Mauricio Fernández dice que, en caso de que el pleito se prolongue, tendrá que resignarse al dedazo: “Si esto sigue así, finalmente me van a designar, que es lo que yo no quería. A mí no me gustan las designaciones, pero ya tengo dos triunfos y no puedo pasarme toda la vida compitiendo contra esta señora” (Álida Bonifaz).Por lo pronto, el candidato se registró el jueves 2 ante la Comisión Estatal Electoral, y está en espera de que el trámite se apruebe. Las campañas estatales se iniciaron el viernes 3.
La plancha
La consolación también funcionó en el caso del exgobernador Fernando Canales Clariond, que se pronunció en contra del dedazo del CEN, pero ahora cuenta con posibilidades de obtener una diputación plurinominal.También los diputados locales del PAN hicieron su parte para reforzar esta estrategia disciplinaria.En septiembre de 2008 el grupo Red Cívica y el PRI estatal solicitaron al Congreso estatal que sometiera a un juicio de desafuero, por desvío de recursos, al presidente municipal de Monterrey y precandidato a gobernador, Adalberto Madero Quiroga.El presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el panista Fernando Kuri, declaró que turnaría el caso de manera urgente para su revisión.Varios analistas apuntaron que el PAN estatal dio línea a sus diputados para doblegar a Madero Quiroga, que había denunciado públicamente que Germán Martínez le pidió que desistiera de su aspiración a la gubernatura.Sin embargo, el alcalde ha encabezado frecuentemente las encuestas de preferencia electoral y es un activo político valioso para Acción Nacional por su presencia permanente en las colonias de la capital nuevoleonesa. Se le considera un potencial acarreador de votos.De hecho, en el acuerdo del CEN para designar a Fernando Elizondo como candidato a gobernador, se hace un reconocimiento a la administración de Adalberto Madero como alcalde de Monterrey: “En este municipio el PAN tiene dos ventajas político electorales que debe aprovechar: por una parte, la buena percepción de los ciudadanos en relación con el gobierno municipal y, por otra parte, la alta preferencia que reflejan los instrumentos de opinión pública en relación con el PAN.”Al final, Madero se apaciguó y los diputados congelaron la solicitud de juicio político. Hasta el fin de semana, la comisión correspondiente en el Congreso local no ha tratado el tema y se espera que, aun si se encuentran faltas en su administración, se le entregue como garantía de impunidad una diputación federal por la vía plurinominal.En otro caso de discrepancia, el 19 de marzo, el diputado local Ranulfo Martínez anunció que desistía de participar en la contienda por el distrito VII federal porque la dirigencia estatal pretendía favorecer a Yolanda Villarreal, madre del dirigente panista en Guadalupe, Mauro Guerra. Y en efecto, el 29 de marzo Villarrreal fue elegida candidata.A juzgar por los primeros números, todo este jaloneo le está pegando al PAN. El 5 de febrero pasado el diario Reforma publicó una encuesta telefónica en la que 50% de los consultados dijo que conocía a Elizondo, mientras que sólo 20% ubicaba a Rodrigo Medina, quien fue designado candidato del PRI a gobernador por el mismo método.En otra encuesta publicada el 2 de abril por el mismo periódico, el priista ya supera al panista por un punto porcentual: 39 a 38.
Campeche: El soborno de la Lotería Nacional
Campeche: Hacia una elección corrupta
CAMPECHE, CAMP.- A cinco meses de la muerte de Juan Camilo Mouriño Terrazo, su hermano Carlos es acusado de participar en un intento de “soborno electoral” al Grupo Megamedia para publicitar las campañas de candidatos panistas con cargo a la Lotería Nacional.
El 1 de abril, día programado para que Mario Ávila Lizárraga rindiera protesta como candidato del PAN a la gubernatura, a través de sus periódicos Diario de Yucatán y La I, Megamedia reveló que el 26 de marzo sus representantes en Campeche “recibieron y rechazaron una oferta de propaganda política del Partido Acción Nacional que sería pagada con fondos públicos federales procedentes de la Lotería Nacional”.De acuerdo con la versión divulgada, el intento de negociación se dio a las 8:45 de la noche en el edificio sede del Grupo Energético del Sureste (GES), Torres de Cristal, con la participación del presidente del corporativo, Carlos Mouriño Terrazo; del entonces titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), Jorge Luis Lavalle Maury –quien coordinaría la campaña de Ávila Lizárraga–; y del director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez Godínez. El paquete publicitario que Megamedia ofrecía “alcanzó un precio de 3 millones de pesos, menos un descuento de 20% por compra global”, precisó la empresa editorial.“Perfecto, factúralo a nombre de la Lotería Nacional”, fue la respuesta de Jiménez Godínez. Y cuando los representantes de Megamedia rechazaron la petición, dijo: “Soy el director de la Lotería Nacional y Juan Camilo era como mi hermano”.Y como no los convencía, agregó: “Factúrales 500 mil (al PAN). Es más, no me hagas el piquito de descuento y a nosotros sólo nos darás de vez en cuando un cintillo o los resultados de algún sorteo que caiga en Campeche. Eso ustedes manéjenlo, nosotros no les vamos a pedir mucho”.Siguió insistiendo: “Pregúntale a tu jefe. Es más, les firmamos un contrato de publicidad (con la Lotería Nacional) para sus periódicos por tres años”.
A Carlos Mouriño Terrazo y Jiménez Godínez les interesaba particularmente promover a Ávila Lizárraga, cuya candidatura fue impuesta por Carlos Mouriño Atanes, padre de los Mouriño Terrazo.Sin embargo, en el mismo paquete entraría propaganda de los candidatos a diputados federales por los dos distritos de Campeche (todo parece indicar que serán la exdiputada local Beatriz Vela y el presidente municipal con licencia de El Carmen, Ignacio Seara) así como los aspirantes a las alcaldías de la capital campechana y El Carmen (en las que se perfilan respectivamente el diputado local con licencia Carlos Ruelas y José del Carmen Rodríguez).
Confusión
Dos días después de los hechos, Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, directivos de la División Periódicos de Megamedia, denunciaron el intento de soborno electoral en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el CEN del PAN.El dirigente nacional del partido, Germán Martínez Cázares, tenía programado asistir el miércoles 1 para tomarle protesta a Ávila Lizárraga como candidato a la gubernatura e inaugurar la convención nacional de diputados locales de su partido, pero canceló su visita a última hora aduciendo motivos de salud. En lugar de Martínez Cázares llegó el secretario general del CEN del PAN, Rogelio Carbajal, quien como única respuesta a las acusaciones dijo: “El PAN es ajeno a estas prácticas, que son de otros partidos y otras épocas”. En la conferencia de prensa que ofreció Carbajal frente a un altar dedicado a Juan Camilo Mouriño, en la sala de juntas de la sede estatal del PAN, no se pudo tocar el tema de la implicación en el escándalo de su hermano Carlos, que no es militante formal del partido.Estuvo presente ahí el candidato Ávila Lizárraga, quien eludió los cuestionamientos de los periodistas. Pero más tarde, cuando ya se había registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, se vio acorralado y accedió a responder, aunque primero consultó a Carbajal sobre lo que debía decir.Según Ávila, Lavalle Maury –quien el 18 de marzo presentó su renuncia a la OSFAE, efectiva a partir del 1 de abril– le aseguró que él “no había cometido ninguna ilegalidad y que lo puede demostrar”. No obstante, cuando se le pidió su versión sobre la reunión con los representantes de Megamedia, se escabulló: “Esos son los datos que todavía no tengo, la verdad”. Luego se enredó al comentar el papel de Carlos Mouriño Terrazo en la negociación. Primero aseguró que todavía no había podido hablar con él, pero cuando se le dijo que horas antes los vieron comiendo junto con Carbajal y Lavalle en el restaurante del hotel Baluartes, improvisó:
–Estuve, pero no tocamos ese tema.
–Entonces sí lo vio –se le insistió.
–Sí.
–Acaba de decir que no lo había visto.
–Que no platicamos de ese tema…
Tras el golpe mediático, Lavalle Maury anunció esa misma noche que dejaba la coordinación de campaña de Ávila Lizárraga en tanto se esclarecen las acusaciones. Pero varios comentaristas políticos señalan que se le hizo a un lado para amortiguar el impacto sobre Carlos Mouriño, quien no es la primera vez que le genera conflictos al PAN sin ser militante. Aún se recuerda cuando le exigió al entonces diputado federal Jorge Nordhausen que renunciara a la dirigencia estatal.
Mouriño y Gordillo
Impulsado por la familia del fallecido secretario de Gobernación, Ávila Lizárraga obtuvo la candidatura del PAN tras derrotar, el pasado 15 de marzo, al senador Sebastián Calderón Centeno en un cuestionado proceso interno basado en la consulta pública. Al término de su trámite de registro como candidato, el 31 de marzo, Ávila Lizarraga encabezó un mitin al que asistieron toda la familia Mouriño, diputados, delegados federales y la directiva panista estatal en pleno, además de unas 2 mil personas acarreadas desde varios municipios. Ahí se exhibió un video de Juan Camilo Mouriño y quedó claro que utilizará esta figura para ganar votos. En la elección constitucional del próximo 5 de julio, Ávila Lizárraga tendrá como principal oponente a Fernando Ortega Bernés, de la coalición PRI-Panal. A este último partido pertenece Miguel Ángel Jiménez Godínez, quien es un cercano colaborador de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. Desde que estalló este escándalo, la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), que encabeza Róger Pérez Hernández, se ha mantenida oculta.Sin embargo, el líder estatal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asegura que esto no afectará la coalición de ambos partidos para la gubernatura, 11 ayuntamientos y 35 diputaciones locales. “A final de cuentas, Jiménez Godínez tiene una responsabilidad como funcionario federal, como director de la Lotería Nacional, y tiene que enfrentar sus responsabilidades. Nosotros tenemos una coalición clara, segura, veraz, y nos va a servir y vamos a ganar la elección”, sostiene el líder priista. Agrega que tiene “plena confianza en la dirigencia nacional y estatal” de sus aliados. “Nuestra relación es con los dirigentes estatal y nacional, que son Roger Pérez y Jorge Kawaghi, no con Elba Esther. Así de claro”, puntualiza. No obstante, Moreno Cárdenas considera que el presunto intento de soborno a Megamedia demuestra que el presidente Felipe Calderón y su gabinete tienen las manos metidas en las elecciones.Al candidato de la coalición PRI-Panal, Fernando Ortega, tampoco le causa resquemor la acusación contra Jiménez Godínez, quien fue presidente fundador del Panal y coordinador de sus diputados federales. Para él, la unión de estas fuerzas en el estado se basa en afinidades ideológicas.Al plantearle la posibilidad de que la gente de Elba Esther Gordillo quisiera sabotear su campaña, expresó su “reconocimiento y mucho respeto hacia el liderazgo” de la maestra. Añadió que no conoce a Jiménez Godínez.
–¿Enfrenta en esta elección al fantasma de Juan Camilo Mouriño, más que a Mario Ávila Lizárraga? –se le pregunta.
Y Ortega Bernés, que en 2003 le ganó a Juan Camilo la elección por la alcaldía campechana, enciende un cigarrillo y responde:“Si bien es cierto, y se ha hecho referencia a la amenaza de que pueda existir confrontación en esta campaña, una guerra sucia, en esta campaña el candidato del PRI no se distraerá de lo sustantivo. Los ciudadanos están hartos de las confrontaciones (....), por esa razón asumo también frente a este lamentable episodio una posición prudente, pero también una posición en la que manifiesto mi deseo, aspiración y compromiso personal de no contribuir (...) a generar conductas inadecuadas.”Añade: “No me enfrento a nadie, simple y sencillamente voy a una contienda con mucha determinación, con mucha responsabilidad, haciendo acopio de la experiencia de varios años de servicio y participación política en el estado. (...) Tengo un personal respeto por la memoria de Juan Camilo Mouriño. “Yo hoy estoy de frente a la oportunidad que me han dado los priistas de concurrir a un proceso electoral, donde los candidatos de los otros partidos tienen nombres y apellidos muy claros. En Campeche es fácil conocer la biografía de cada quien. Creo que la biografía de quienes compiten en esta elección está a la vista y es del conocimiento de todos los campechanos.” Muy distinta es la opinión del presidente estatal de Convergencia, Aníbal Ostoa Ortega. Primero, destaca que a partir de los hechos denunciados por Megamedia podrían configurarse delitos, como intento de peculado, por lo que consideró necesaria una auditoría a las arcas de la Lotería Nacional, especialmente en los contratos con medios de comunicación, ya que este año habrá elecciones concurrentes en seis estados.Para él, Jiménez Godínez es “un mapache electoral al servicio de Elba Esther Gordillo y ella no tiene recato en este tipo de asuntos. No creo que este funcionario haga algo si no se lo autorizan ella y la Presidencia. Esto parece ser una estrategia de alto calado, instrumentada con la anuencia de Los Pinos”.A su parecer, la maniobra obedece a la importancia que tiene para el PAN un triunfo en el estado: “No hay recato de Felipe Calderón en su afán de mantenerse como primera fuerza. Quiere tener el control del Congreso (...) y abrir su cobertura territorial e incluir en ella a Campeche, por la importancia estratégica en relación con Pemex”. En el caso denunciado por Megamedia, concluye Ostoa Ortega, “es muy delicado y vergonzoso que un funcionario de primer nivel se atreva a venir a hacer mapachería. Al menos en el caso de Campeche debió abstenerse, porque aquí el Panal no la hizo (su coalición) con el PAN, sino con el PRI. Esto deja la impresión de que Elba Esther Gordillo, de manera inmoral, está jugando en dos tanques al mismo tiempo, y a menos que Jiménez Godínez sea muy estúpido para hacer esto por su cuenta, esto parece ser una estrategia nacional”. lCandidaturas impuestas, juego de doblez electoral, corrupción con recursos federales... Ninguno de estos vicios políticos falta en el proceso electoral de Campeche, donde el PAN afronta una acusación del Grupo Megamedia por haber intentado un “soborno” con dinero de la Lotería Nacional y en beneficio de candidatos apadrinados por el Grupo Energético del Sureste. En el centro del escándalo están, otra vez, Elba Esther Gordillo y la familia Mouriño.
Confirma el Pentágono ejercicios militares conjuntos con México
WASHINGTON, 6 de abril (apro).- El general James Cartwright, subjefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó que las fuerzas del Pentágono realizarán ejercicios conjuntos con la Armada de México, como parte de la nueva estrategia bilateral y hemisférica para la defensa territorial y la lucha contra el narcotráfico."La semana pasada, aquí en Washington, fui el anfitrión de mis contrapartes militares de México; hicimos una revisión a las varias áreas en las que vamos a comenzar a cooperar y en maneras que nunca antes lo habíamos hecho", dijo Cartwright en conferencia de prensa celebrada en el Pentágono.Los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y México se llevarán a cabo en Mayport, Florida, y de acuerdo con los detalles que ha dado a conocer el Comando Sur (que estará a cargo de éstos), se realizarán en formas marciales tradicionales, sobre operativos para defender la integridad territorial de cada país, para el tema de la seguridad nacional, persecución de embarcaciones rápidas y respuesta de ataque en mar abierto, que están ligadas directamente al tema del combate al narcotráfico que utiliza las aguas marítimas para el transporte internacional drogas.Los ejercicios conjuntos no establecen la realización de operativos militares contra el narcotráfico o el crimen organizado dentro del territorio mexicano o del estadunidense. Cartwright explicó que las operaciones conjuntas serán exclusivamente en el ámbito de la cooperación y apoyo entre las fuerzas armadas de los dos países.Las operaciones "serán ambas a nivel de servicio, para entrenamiento y después a nivel operacional con el Comando Norte para proporcionar respaldo en la guerra contra las drogas y también en apoyo general sobre la habilidad para la defensa de su país", subrayó el general Cartwright.Los ejercicios militares llamados "Unitas 50-09" se llevarán a cabo del 19 de abril al 7 de mayo en Mayport; además de la Armada de México también participarán en los ejercicios navales representantes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
NO ES ESTO UNA BURLA?
El IFE multa al PAN con 465 mil pesos por campaña sucia
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó multar, con 465,800 pesos, la campaña del PAN contra el PRI. Sostuvo que el PAN incurrió en "denigración y calumnia" a través de desplegados periodísticos.
Sin embargo, en votación dividida, el Consejo rechazó, por 5 votos contra 4, considerar estas conductas como "actos anticipados de campaña", no obstante que se menciona directamente al PRI y se cuestiona a "los gobiernos" de ese partido.
En un acalorado debate, Leonardo Valdez Zurita, presidente del IFE, llamó a tener presente que "la Reforma Electoral estableció un marco normativo para ejercer con responsabilidad la libertad de expresión".
Advirtió: "La democracia mexicana no puede tener viabilidad cuando las campañas negativas conducen el debate".
Y exhortó a los partidos políticos a no trasladar la contienda electoral a las "campañas negativas".
Además, Valdés Zurita instruyó al secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, a iniciar una investigación, a fin de verificar el cabal cumplimiento de las medidas cautelares dictadas el pasado 3 de abril por la Comisión de Quejas, que ordenaron la suspensión inmediata de esa propaganda.
En algunos medios electrónicos aparecieron hoy todavía esos juegos de palabras, en los que el PAN hace acusaciones contra el PRI.
Sanciona el IFE al PVEM con 10 MDP
MÉXICO, DF, 6 de abril (apro).- El Consejo General del IFE ordenó a la diputada federal Gloria Lavara, coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista, suspender de inmediato la transmisión de spots en los que presuntamente difunde informes de labores.El dictamen, aprobado por seis votos a favor y tres en contra, establece que no quedó acreditado que se trate de informes de labores de los legisladores al amparo del artículo 228 párrafo 5 de la ley electoral, el cual prevé esa excepción para los servidores públicos.Así, el IFE consideró que los mensajes violaron el artículo 41 de la Constitución y con ellos se vulnera la equidad en el proceso electoral."Se declara fundado el procedimiento especial sancionador iniciado en contra de la diputada federal Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México a la 60 Legislatura", indica la resolución aprobada."Se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción de ministraciones" que asciende de 2.5 millones a 10 millones de pesos", añade la resolución.El IFE también acordó solicitar a las televisoras Televisa y Televisión Azteca abstenerse de transmitir ese tipo de promocionales del PVEM.Foros electoralesEl Instituto Federal Electoral y los ocho partidos políticos acordaron llevar a cabo cuatro foros para exponer sus respectivas plataformas electorales los próximos 20, 22, 27 y 29 de abril en la sede del propio IFE.Para ese fin se sortearon los cuatro temas que se abordarán, de tal modo que el primero será "Política social y medio ambiente", el lunes 20; "Seguridad pública y justicia", el miércoles 22; "Economía y empleo", el lunes 27, y "Estado de derecho y democracia", el miércoles 29.El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, exhortó "a los partidos políticos a suscribir este compromiso de civilidad democrática y a competir en buena lid".Valdés Zurita también convocó a la ciudadanía a seguir de cerca esos foros. "A los ciudadanos los convoco a seguir de cerca estos eventos a fin de que puedan contar con mayores elementos y decidir por la opción que más les convenga".Aclaró que en esos encuentros no se podrá llamar al voto y éstos tendrán una duración de 90 minutos, sin tomar en cuenta la introducción y el final a cargo del IFE.Además, se designará a dos moderadores y los representantes partidistas podrán participar en tres rondas: la primera de cinco minutos para la presentación del tema; la segunda de dos minutos para réplica, y la tercera de tres minutos para la conclusión.
Sale el PAN en defensa de Calderón y arremete contra Beltrones
LA REDACCIóN
LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- El presidente nacional de PAN, Germán Martínez, exigió al senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, respeto para el presidente Felipe Calderón, y lo retó a definir a qué jefe de Estado extraña.
El dirigente panista respondió a las declaraciones que Beltrones hizo al diario Reforma, en las que señaló que para actuar como jefe de Estado hace falta más que sacar al Ejército a las calles o contar con el reconocimiento institucional.
"Le respondo al senador Beltrones que a qué Jefe de Estado extraña y qué es lo que extraña más de esos jefes de Estado", manifestó Germán Martínez en una conferencia de prensa en la que exigió al legislador priista que precise sus declaraciones.
"Que diga "si a (Ernesto) Zedillo, que lo persiguió; o a (Carlos) Salinas, que lo abrazó; o a (José) López Portillo, que devaluó el peso; o a (Luis) Echeverría, que reprimió", señaló.
Germán Martínez afirmó que las declaraciones del senador por el estado de Sonora son muy "serias y preocupantes".
"El Partido Acción Nacional lo toma con mucha seriedad y mucha gravedad, y por lo tanto, para nosotros sería muy bueno que nos aclarara el senador Beltrones a qué jefe de Estado extraña", insistió el dirigente panista.
Martínez también exigió respeto para la figura presidencial de Felipe Calderón y para las acciones que realiza contra la delincuencia organizada.
Habra que decirle al asno del German Martinez que el "RESPETO" se gana no se exige!
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