#ClausuroIFEporque

IFE: “La basura debajo del tapete”

Sesión en el IFE. 

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Qué hace un contralor? Investiga posibles malos manejos y los denuncia. Y cuando el contralor encuentra posible desvío de recursos y no hay consecuencia, ¿cuál es la razón? Sólo una: el cinismo se ha instalado en ese lugar, más si nadie le exige rendir cuentas sobre sus actos y decisiones.
Eso es justamente lo que está sucediendo en el Instituto Federal Electoral y sus nueve consejeros. Desde junio de 2012, los consejeros electorales fueron omisos ante pruebas contundentes de que se preparaba en algunas zonas y operaba ya en otras una triangulación de recursos millonarios, prohibidos por la ley electoral, hacía la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El llamado Monexgate.
Nadie puede asegurar que su inacción fue lo único que llevó a Peña Nieta a la Presidencia de la República; pero sí que ayudó en mucho. Las omisiones de los consejeros electorales tuvieron consecuencias negativas para la vida democrática del país.
Los consejeros electorales, ni a toro pasado cuando revisaron el tema quisieron sancionar las operaciones, las llamaron “atípicas”, irregulares, todo menos ilegales. Ante las evidencias puestas sobre la mesa, los consejeros decidieron no actuar, y la Cámara de Diputados que fue donde se les eligió, nunca los llamó a cuentas.
Hoy sucede lo mismo. El contralor de la institución Gregorio Guerrero Pozas, un experto en revisión de cuentas y detector de irregularidades, se topó con “indicios” de un posible fraude por 144 millones de pesos.
Según su investigación, el exsecretario ejecutivo de Administración, Fernando Santos, habría pagado 144 millones más por el inmueble ubicado en Acoxpa 436, colonia Exhacienda Coapa.
Guerrero Pozas sostiene que inmueble valía 118 millones de pesos pero el exfuncionario pagó 262. A lo largo de dos años el contralor cotejó facturas, realizó avalúos y detectó pagos indebidos como el de 12 millones en impuestos y el de 5 millones por adeudo de predial.
Cuando el contralor presentó su informe al Consejo General, los consejeros electorales decidieron votar en contra de que se sancionara a quien habría cometido el fraude contra el IFE; los consejeros simplemente votaron en contra del informe arguyendo que sólo eran “indicios”.
Guerrero Pozas es un experto en el tema de las auditorías, entre sus cargos destaca el haber sido el Contador Mayor del Congreso, lo que hoy es la Auditoria Superior de la Federación, así es que conocimiento, experiencia y capacidad para detectar irregularidades, las tiene.
Luego de la decisión de los consejeros, Gregorio Guerrero Pozas no dudó en decir de los consejeros que “se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.
Eso, no es novedad; en el caso Monexgate los consejeros también se “agacharon” para esconder la mugre del PRI en el proceso electoral.
En esta ocasión, Guerrero Pozas tuvo mucho más valor que los diputados federales, quienes no se atrevieron siquiera en llamarlos a cuentas por su decisión de exonerar al PRI en el caso Monex, aun cuando existieron pruebas de sobra. Bueno, el colmo fue que el propio IFE reconoció la triangulación, participación indebida de empresas particulares, la existencia de contratos irregulares, y aun así, decidió “agacharse” para poner la mugre debajo del tapete.
Ante la indignación por el resolutivo, el contralor cuestionó los golpes de pureza que se dan los consejeros antes los medios de comunicación: “Algunos consejeros que habitualmente hacen encendidas defensas en sus columna y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su nombre y han empeñado su inteligencia” al heredar al IFE “una buena dosis de impunidad”.
Aseguró lo que muchos pensamos, que si se tratara de su dinero, los consejeros seguramente detectarían y sancionarían cualquier peso mal habido.
Lo mismo que a Guerrero Pozas, la resolución del consejo general del IFE “produce indignación y un poco de vergüenza”. Pero el actuar de los consejeros y el cinismo con que aprueban actos ilegales seguirán, en tanto nadie se atreva a cuestionarlos, mientras el Congreso dela Unión no les exija cuentas.
Por suerte, hoy, el contralor tuvo el valor de enfrentarlos y contra la decisión de los consejeros de no hacer nada por el presunto quebranto, él hará lo propio y presentará la denuncia penal. Y si la autoridad no hace nada, al menos Gregorio Guerrero los evidenciará.
A estas alturas, la ciudadanía ya juzgó a los consejeros; la poca claridad con la que actuaron en la revisión de los millonarios gastos del PRI en las pasadas elecciones presidenciales, en el caso monex gate, y ahora esto, no provoca en uno sino la misma exclamación de Guerrero Pozas, “se agacharon” para “poner la mugre debajo del tapete”.
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Twitter: @jesusaproceso
 

Presentación de pruebas de gastos excesivos de Peña Nieto a 15 dias de campaña

http://youtu.be/hon1W0aEqyo

AMLO registro como candidato presidencial IFE 2012

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Todo listo para el FRAUDE electoral 2012

Desfiladero

Fraude electoral modelo 2012

Jaime Avilés

La clave del fraude electoral de 2006 fue esta: al recibir los resultados de las casillas, los comités distritales del IFE los alteraron en forma casi imperceptible, restando unos cuantos votos a AMLO y regalándole otros tantos a Calderón. El pueblo descubrió estas pequeñas pero constantes irregularidades al comparar las actas fijadas en las mesas de votación con los números que aparecieron en el portal del IFE.

Cuando el pueblo comprendió que estas discretas modificaciones se habían efectuado en todo el país, surgió la exigencia de volver a contar voto por voto, casilla por casilla. En 2012, por disposición de los consejeros ciudadanos del IFE y por la gracia del PRD, las actas de casilla no presentarán sumados los votos a favor de cada uno de los candidatos.

En las boletas aparecerán los escudos de los partidos inscritos en la contienda y junto a ellos el nombre de las persona que postulen. La boleta para presidente, por ejemplo, estará diseñada así: PAN-Vázquez Mota/ PRD-AMLO/ PRI-Peña Nieto/ PVEM-Peña Nieto/ PT-AMLO/ Movimiento Ciudadano-AMLO/ Panal-Fulanito.

Quienes deseen que gane Vázquez Mota tacharán el escudo del PAN. Quienes se inclinen por el copete vacío, cruzarán el escudo del PRI y del PVEM, o sólo el del PRI o sólo el del PEVM: aunque pongan dos taches sólo les contarán un voto. Quienes estén con AMLO, marcarán los escudos de PRD, PT y MC, o sólo los de PT y MC, o sólo el del PT, o sólo el del MC, o si son chuchos sólo el del PRD. (De allí que sea perfectamente válida la consigna, que ya es clamor nacional: ¡ni un voto al PRD!)

Los funcionarios de casilla contarán los votos pero esos números no serán sumados sino en los comités distritales del IFE, donde podrán ser alterados en favor de los candidatos de la derecha.

Durante el conteo –si los funcionarios de casilla son mapaches del PRI, del PAN, o del PRD, es decir, enemigos de Morena– se podrán anular las boletas en favor de AMLO agregando un tache al escudo de cualquier partido que no postule al tabasqueño. Por ejemplo, una boleta con cruces sobre los escudos de PT y MC se anulará si además tiene un tache a favor del Panal.

Terminado el conteo, los paquetes serán cerrados y sellados, y los presidentes de casilla, acompañados de los representantes de los siete partidos, se dirigirán al comité distrital del IFE a entregar la documentación. Aquí surge la segunda posibilidad de fraude, pues en el camino los números también podrán ser alterados a favor de los candidatos de la oligarquía.

Las elecciones, decía Porfirio Díaz, las ganan los que cuentan los votos. En tal sentido, PAN y PRI trabajan ilegalmente para cumplir ese precepto. Según la ley electoral vigente, en 2012 podrán ser capacitadores de representantes de casilla, o supervisores de capacitadores, aquellas personas que no intervinieron en los comicios de 2009 como representantes de algún partido político.

A la convocatoria emitida por el IFE para contratar supervisores y capacitadores –de acuerdo con datos oficiales en poder de esta columna– respondieron 184 mil 178 personas. De éstas, fueron rechazadas 97 mil 865; en lista de reserva quedaron 50 mil 506. Como capacitadores fueron admitidas 29 mil 865; como supervisores, 4 mil 837 y recontratadas mil 488. En otras palabras, de 184 mil 178 aspirantes, entraron al IFE 36 mil 190.

Sin embargo, una investigación de El Canario Temerario (@elcante) comprobó que de estos 36 mil 190 nuevos funcionarios, al menos 894 fueron representantes de partidos políticos en 2009 y 65 en 2006. Es decir, de 36 mil 190 funcionarios de supuesto nuevo ingreso, mil 9 tienen bastos conocimientos en las ciencias ocultas del tejemaneje electoral. En otras palabras, casi 3 por ciento son mapaches.

Desfiladero obtuvo un acordeón que contiene las respuestas al cuestionario de 60 preguntas del examen de admisión al que se sometieron los interesados. Los mapaches supieron de antemano que las respuestas correctas formaban una greca, y que para dibujarla debían tachar la casilla a de la pregunta uno, la b de la pregunta 4, la c de la pregunta 7, etcétera (ver imagen).

Los mapaches identificados hasta hoy por entidad federativa son nueve en Aguascalientes, 18 en Baja California, siete en Baja California Sur, nueve en Campeche, 76 en Chiapas, 42 en Chihuahua, 18 en Coahuila, cuatro en Colima, 58 en el Distrito Federal, 21 en Durango, 11 en Guanjuato, 48 en Guerrero, 30 en Hidalgo, 53 en Jalisco, 64 en el estado de México, 54 en Michoacán, nueve en Morelos, 13 en Nayarit, 29 en Nuevo León, 47 en Oaxaca, 36 en Puebla, 11 en Querétaro, 13 en Quintana Roo, 22 en San Luis Potosí, 41 en Sinaloa, 22 en Sonora, 13 en Tabasco, 26 en Tamaulipas, 14 en Tlaxcala, 91 en Veracruz, 15 en Yucatán y 24 en Zacatecas.

Un supervisor vigila el adiestramiento de seis capacitadores, un capacitador forma a los funcionarios de seis secciones electorales. Una sección electoral puede tener de dos a tres casillas. Por lo tanto, 898 capacitadores mapaches pueden adulterar los resultados de 5 mil 398 secciones electorales o de 10 mil a 16 mil casillas, de un total aproximado de 150 mil que se van a instalar. Dicho de otro modo, la oligarquía golpista ha tendido sus redes para alterar los resultados de entre 5 y 10 por ciento de las casillas.

Peor aun: el pasado martes, el IFE aprobó la instalación de 11 mil secciones electorales especiales, en donde podrán votar los desplazados de sus lugares de origen por la violencia de la guerra desatada por Calderón. Los funcionarios de esas secciones, que atenderán entre 22 mil y 33 mil casillas extras, serán capacitados sin pasar examen de admisión ni cumplir el requisito de no haber intervenido en los procesos de 2006 y 2009. Los mapaches, para decirlo pronto, se encargarán de mesas de votación que estarán sobre todo en los distritos electorales federales 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 23 y 24 de la ciudad de México, correspondientes a las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Coyoacán, mientras en Veracruz, o en Tamaulipas, donde la cosa está que arde, el número de secciones especiales será mínimo.

En forma complementaria, los levantacejas y demás miembros de la opinocracia ya dicen y repiten desde ahora que Andrés Manuel López Obrador está judicializando el proceso, o curándose en salud, porque sabe que va a perder.

Nada más falso. Impugnar desde ahora las gravísimas irregularidades que ya han sido detectadas no persigue otro objetivo que el de evitar un nuevo conflicto como el de 2006, que lesionó tan profunda y dolorosamente al país.

López Obrador pidió a los tres partidos que integran la coalición Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– que cada uno ofreciera una tercera parte de los puestos de representantes de casilla a los militantes de Morena. El PRD se negó por completo. PT y MC aceptaron ceder no la tercera, sino la mitad de los puestos. De tal modo, Morena contará con casi 500 mil representantes de casilla en todo el país, que bien pueden evitar el fraude.

Esta es la hora del pueblo. Ninguno de esos puestos de representantes de casilla debe quedar vacante. ¿Queremos poner fin a 30 años de saqueo y devastación e iniciar una nueva etapa en la historia de México? ¿Queremos acabar con esta dictadura? Tenemos que despeinarnos.

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El calzoncillo de Juan Manuel Márquez, al IFE

Especialistas electorales consideran complejo el caso; exponen la necesidad de preguntarle al boxeador por qué portó un logo del PRI en su pelea.

Golpe a Márquez y golpe a las reglas electorales.

VANGUARDIA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional tramitará una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para revisar los pantaloncillos que usó el boxeador Juan Manuel Márquez en los que portó un logotipo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es muy cuestionable que la noche previa a un proceso electoral aparezca un boxeador con el logo de un partido político. Para nosotros es una clara simulación en la que el PRI aprovecha un evento deportivo para hacer publicidad en un tiempo de veda, en que no se permite propaganda de ninguna naturaleza”, dijo a Excélsior Agustín Castilla, consejero del Poder Legislativo del PAN ante el IFE.

El sábado pasado, el pugilista mexicano peleó contra el campeón mundial Manny Pacquiao, en Las Vegas, con el calzoncillo que hoy es tema de la controversia electoral. La contienda se transmitió por televisión abierta, únicamente por Televisión Azteca.

“Claramente pensamos que hay participación directa del PRI; no pensamos que sea fortuito, y en ese sentido se va a presentar la denuncia correspondiente”, detalló el panista quien participará en la defensa del trámite ante el Consejo General que preside Leonardo Valdés Zurita.

Este diario solicitó entrevistas con los miembros del IFE; sin embargo, están imposibilitados para pronunciarse sobre los casos venideros, de acuerdo con la legislación del propio Instituto.

En la misma transmisión televisiva, el gobierno federal aprovechó los espacios entre rounds para colocar publicidad sobre el Seguro Popular.

Pregúntenle al boxeador

Analistas electorales reconocieron la complejidad del asunto, dado el contexto previo a los comicios por la gubernatura en Michoacán.

“Es una pelea que tuvo un alto rating en el país, es un día previo a las elecciones en un estado importante. No es una pelea que se haya realizado en territorio nacional, pero que tiene transmisión en este país”, explicó César Astudillo, abogado en materia electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

“Habría que preguntarle al deportista, porque ellos cuando tienen algo en el short es porque hay un contrato, lo utilizan para hacer publicidad a empresas”, afirmó el académico.

“Necesitamos sentar precedentes claros camino a la elección del primero de julio de 2012. Evidencia una mala actuación del Revolucionario Institucional en los que está buscando todos los caminos para darle la vuelta a la ley”, subrayó Castilla.

Reto para el IFE

El ex consejero Virgilio Andrade reconoció los escenarios de disputa previa a los comicios para detectar acciones de distintas agrupaciones.

“Los partidos políticos siempre van a querer la mayor ventaja posible para hacer publicidad, es una condición natural de la contienda electoral y es tarea de las autoridades electorales establecer criterios que sean lo más claros posibles”, dijo el funcionario que dejó su cargo en 2010.

En entrevista, sostuvo que el caso de los calzoncillos del Dinamita Márquez es la oportunidad del IFE para flexibilizarse o ser más rigorista.

Reclaman investigación de la autoridad electoral .....

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Entrevista a Maria de los Ángeles Llanderal, Presidente del Instituto Electoral de Michoacán

http://youtu.be/a9QHkS8BFvU

Concesionarios e IFE, la guerra por el rating

El senador Pablo Gómez increpa al presidente del IFE, Leonardo Valdés.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Desplegados en prensa y comentarios inducidos de sus principales conductores en los espacios televisvos y radiofónicos han anunciado el nuevo ataque de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en contra del Instituto Federal Electoral.
Su objetivo, el lunes 27 de junio, era frenar la aprobación del reglamento de radio y televisión que, según ellos, afectaba la “viabilida técnica” de los spots. No lograron su cometido porque tras cinco largas horas de discusión, en votación dividida, 4 de los 6 consejeros aprobaron que el plazo máximo de entrega de las pautas de los spots para las campañas se redujera de 10 a 4 días hábiles.
Sin embargo, este round es sólo el inicio de una estrategia para demostrar el músculo de los dueños de la estaciones de televisión, especialmente Televisa y TV Azteca, utilizando a la CIRT para imponer sus intereses en un Consejo General mutilado.
El organismo cúpula de los concesionarios reaccionó con virulencia a este anteproyecto, como antes lo hizo con otro borrador de reglamento sobre el derecho de réplica, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado publicado el lunes 27 afirmaba que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, adviertió la inserción pagada. Acusaron al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, y no se estableció un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusó a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Son dos las razones que advierten que los “argumentos” de los concesionarios están fuera de lugar:
a) En primer lugar porque la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En segundo lugar, porque las complicaciones técnicas que ahora aducen son falsas. Cuando los spots eran pagados en 2006, en menos de 24 horas, las estaciones de televisión y de radio podían cambiar la inserción y difundir lo que el cliente quería.
Durante la discusión de la noche del lunes 27, el repesentante del PRD, el senador Pablo Gómez, les cuestionó este argumento.
Durante la elección de 2006, argumentó, el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa pudieron sustituir el material el mismo día. Así surgió la famosa campaña con el eslogan “López Obrador, un Peligro para México”.
En la mesa de análisis de ForoTV, en canal 4 de Televisa, el especialista en encuestas Ulises Beltrán también opinó lo mismo: los concesionarios siempre han podido hacer cambios de última hora. El problema es que ahora no serán pagados sino forman parte de los tiempos de Estado.

La Publicidad Encubierta
En realidad, el pleito por la disminuición del tiempo en la entrega de las pautas de los spots tiene otro objetivo: controlar y cooptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Lo demostraron en la misma sesión del 27 de junio. Aliados con los representantes del PRI, del Panal y del Partido Verde, los concesionarios van por todo: la alianza tricolor-medios para no afectar el enorme negocio de publicidad encubierta que están preparando ambas partes y que ya ensayaron en el caso de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 19 gobernadores del PRI.
Su principal molestia es que el IFE se decida se prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?”:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
Desde que se opusieron a la reforma electoral, en 2007, los concesionarios mandaron al Senado a sus principales comentaristas y lectores de noticias para dejar en claro que no abandonarán la “gacetilla electrónica”. En ese momento dijeron que defendían la libertad de expresión. Como lo han vuelto a repetir.
Se trata de “compensar” la prohibición de la compra de tiempo-aire, vía spots, a través de entrevistas pagadas, sondeos a modo del cliente, menciones en telenovelas, programas de espectáculos, partidos de fútbol, en fin, todos aquellos programas que generan mayor rating y que pueden ser mejor comercializados.
En esencia, se trata de ganar la guerra por el rating facturado a las cuentas de quienes ya actúan como ganadores en el 2012.

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Riesgo de otro presidente “espurio”

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.

Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.

Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.

El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.

Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.

Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

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Twitter: @JohnMAckerman

El IFE, acorralado y sin agallas

Sesión en el IFE.

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 21 de febrero (apro).- A unos meses de iniciar formalmente el proceso electoral de 2012, y como parte de la degradación política que inició en 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) está siendo sometido a una metralla mediática que ya ha hecho mella en su de por sí enclenque credibilidad.

De manera acompasada, y con una articulación precisa, el embate contra el IFE se ha dado desde su interior y también externamente, con una inusitada cobertura por parte de Televisa y Televisión Azteca sobre asuntos de dinero.

Primero, la Contraloría General desautorizó el ahorro de casi 400 millones de pesos para la compra de inmuebles --identificado como un “cochinito”-- y, días después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de la revisión al Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), mediante el cual el IFE verifica la transmisión de los spots por las televisoras.

Se trata de una operación política que se da en el contexto de la elección de los tres consejeros del IFE y luego de que este organismo resolvió, el 18 de enero, que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, violó la Constitución por difundir promocionales televisivos sobre su quinto informe de gobierno en Baja California Sur y Guerrero, donde había procesos electorales.

Los dos consejeros que votaron en contra de sancionar a Peña Nieto fueron Francisco Guerrero y Marco Baños, identificados con el priismo, al contrario de lo que manifestaron con Felipe Calderón, quien también violó la Constitución por la misma razón.

La andanada contra el IFE, y en particular contra Leonardo Valdés, su presidente, se produce también cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a discutir la constitucionalidad de la reforma que prohíbe la compra de tiempos en radio y televisión, combatida por la vía del amparo por un grupo de “intelectuales” vinculados a las televisoras.

En la discusión previa en la SCJN se produjo un empate y con la designación como ministro Jorge Pardo Rebolledo, supuestamente vinculado a Diego Fernández de Cevallos, se prevé que sea otorgado el amparo al grupo de opinadores, con lo que la reforma electoral de 2007-2008 se vendría abajo para júbilo de las televisoras y, obviamente, Peña Nieto, emblema del político fabricado.

La campaña contra el IFE orquestada por las televisoras y Peña Nieto tiene, por ello, el propósito de generar un “ambiente” para que ese eventual fallo no genere un escándalo político y que, de ser posible, implique la renuncia de Leonardo Valdés, con lo que la Cámara de Diputados tendría que elegir a cuatro y no a tres consejeros.

En esta lógica, el reparto sería el siguiente: Dos consejeros para el PRI, uno para el PAN y el otro para el PRD, una fórmula que no altera el plan priista de preservar los lugares de Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez Alcántar. Pero en el peor de los casos, si no es Valdés, el renunciante debería ser el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.

Este plan es más que conocido en el IFE, sobre todo a raíz de que se tuvo conocimiento de que los resultados de las auditorías realizadas por la ASF las conoció primero Televisa y luego la Cámara de Diputados, como lo ordena la ley.

En efecto, el viernes 11, Fernando Agiss, exdirector ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE y que ahora trabaja para Televisa, le mostró a René Miranda, coordinador de informática del organismo, un fragmento clave de la auditoría de la ASF: El detalles de las 49 observaciones a la Cuenta Pública de 2009.

El documento mostrado por Agiss a Miranda, y que le fue enviado vía correo electrónico, tenía un remitente: Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, nada menos que la orquestadora de la campaña contra la reforma electoral vigente, del IFE y de quien se oponga a sus intereses.

Un párrafo que revela, también, cómo la ASF responde a intereses facciosos y no institucionales es el identificado como “consecuencias sociales” de la auditoría al SIATE, que escapa a las facultades de ese órgano dependiente de la Cámara de Diputados:

“Las irregularidades, inconsistencias y fallas en los procesos de licitación, contratación, implementación, desempeño y aprobación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado no garantizan a la sociedad la equidad en el uso de los medios de comunicación en la contienda electoral.”

Así, ¿por qué el IFE, en defensa de su autonomía y sobre todo de su credibilidad, no depone su conducta timorata y asume una posición contundente ante el operativo político-mediático de que es objeto, sobre todo si cuenta, como es el caso, de robustas pruebas?

La respuesta es quizá porque la administración del IFE, cuyo responsable es Leonardo Valdés, está bajo sospecha y un ejemplo de ello es la compra y remodelación del edificio del IFE de la avenida Acoxpa, cuyas irregularidades llevaron a la repentina renuncia del director ejecutivo de administración, Fernando Sánchez Madrigal…

Apuntes

Más allá de la decisión de Andrés Manuel López Obrador, cuya ruptura con la dirigencia que encabeza Jesús Ortega es irreversible, a nadie puede quedarle duda de que el PRD es un partido paraestatal, funcional sólo a los intereses de Felipe Calderón y el PAN –y si acaso a Marcelo Ebrard--, cuyo más reciente monumento a la estulticia es la afirmación de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, en el sentido de que una familia puede vivir con 6 mil pesos mensuales y hasta para pagar colegiaturas de sus hijos en escuelas privadas… Es difícil no estar de acuerdo con Luisa María Calderón, la “hermana incómoda”, que califica de “gris y opaca” la gestión de Leonel Godoy como gobernador de Michoacán, pero hay que hacerle ver que no tiene autoridad política ni moral, porque la de su pariente es menos que mediocre… No pudo la iracundia ni la infamia con Carmen Aristegui…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Los "PILLOS del InstiPUTO del FRAUDE ELECTORAL"

Leonardo Valdés Zurita

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina 5487-9899

Dirección electrónica valdes.zurita@ife.org.mx

Lic. Edmundo Jacobo Molina

Viaducto Tlalpan 100, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.

Oficina 5655-33-48 / 32 56 / 32 57

Dirección electrónica edmundo.jacobo@ife.org.mx

Dra. María Macarita Elizondo Gasperín

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina .

Dirección electrónica macarita.elizondo@ife.org.mx

Virgilio Andrade Martínez

Viaducto Tlalpan 100, Col. Arenal Tepepan, 14610, México, D.F.

Oficina 5655 6924/ 0291

Dirección electrónica virgilio.andrade@ife.org.mx

Marco Antonio Baños Martínez

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina 56284252

Dirección electrónica marco.banos@ife.org.mx

Marco Antonio Gómez Alcántar

Viaducto Tlalpan 100, Col. Arenal Tepepan, 14610, México, D.F.

Oficina 5655 3137 / 1757

Dirección electrónica marco.gomez@ife.org.mx

Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina 5628 4795

Dirección electrónica francisco.guerrero@ife.org.mx

Mtro. Alfredo Figueroa Fernández

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina 5628.4606

Dirección electrónica alfredo.figueroa@ife.org.mx

Benito Nacif Hernández

Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan,14610 México, DF.

Oficina 5655-3251

Dirección electrónica benito.nacif@ife.org.mx

Arturo Sánchez Gutiérrez

Viaducto Tlalpan 100, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.

Oficina 5655 1607

Dirección electrónica arturo.sanchez@ife.org.mx

El IFE y el sello de Salinas

Carlos Salinas, expresidente de México.

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 18 de octubre (apro).- Fue la tarde del 7 de febrero de 2008, en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, cuando Manlio Fabio Beltrones, previa consulta con Carlos Salinas, emitió el dictamen: Leonardo Valdés Zurita sería el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Gracias, senador”, respondió Valdés, según testigos del arreglo personal con Beltrones, quien enseguida se comunicó con sus operadores en la Cámara de Diputados para transmitirles que ya había “dispuesto” al sucesor de Luis Carlos Ugalde en la presidencia del IFE, en ese momento interinamente encabezado por Andrés Albo, amigo de bohemias de Felipe Calderón desde principios de los noventa.

Valdés había logrado convencer al coordinador de la bancada perredista, Javier González Garza, de proponerlo como aspirante a presidir el IFE sólo por haber sido militante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) de Heberto Castillo, y Beltrones capitalizó astutamente esa torpeza para tener un consejero más a su causa, aunque con un barniz de “izquierda”, para usarlo en los momentos clave.

Las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo.

No es casual, por ello, que Salinas haya sido el invitado principal en las fiestas del 20 aniversario del IFE, cuya disertación tuvo como marco el patio central del Palacio de Minería, con burócratas del IFE, algunos estudiantes y periodistas como oyentes.

La justificación para esa presencia de Salinas fue que él creó esa institución, pero también se trata de un mensaje: El IFE nació sometido al gobierno de ese personaje y, 16 años después de irse del país por el repudio popular, retoma el control para la reconquista del poder presidencial a trasmano.

Esa trama está en curso ahora en la Cámara de Diputados, donde a la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral le corresponderá montar la escenografía para que más de cien aspirantes diserten sobre la autonomía del órgano electoral, pero la decisión de nombrar a los tres nuevos consejeros –que organizarán las elecciones federales de 2012 y 2018-- se tomará en otra parte.

Y Salinas está operando para ello.

Hay que recordar que el retroceso del IFE se produjo en 2003, cuando Elba Esther Gordillo y Calderón se repartieron los consejeros, encabezados por Ugalde, que supo unir a los intereses de la cacique magisterial y del panista.

Teresa González-Luna Corvera, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez y Andrés Albo eran claramente propanistas, mientras que Lourdes López Flores, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcantar y Ugalde respondían a los intereses de PRI de entonces.

Con la ruptura de Gordillo con el PRI, Ugalde se sumó en un momento clave a los panistas y proclamó, ilegal e inmoralmente, el falso triunfo de Calderón en 2006, lo que inició la remoción escalonada de los consejeros que sólo ha beneficiado al PRI.

En efecto, del equilibrio con tendencias propanistas en 2003 --gracias a que se excluyó de la negociación a las organizaciones civiles--, se pasó en 2008 a dos bloques más cargados al PRI.

La facción propanista está integrada por Arturo Sánchez Gutiérrez, Benito Nacif –por cierto amigo íntimo de Ugalde-- y María Macarita Elizondo, mientras que forman la facción propriista Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez, con Valdés y Alfredo Figueroa en apariencia neutrales.

Con la salida de Sánchez Gutiérrez, el PAN se quedaría sólo con Macarita y Nacif como supuestos alfiles, mientras que el PRI se quedaría con Baños y Guerrero por la salida de Andrade y Gómez, y seguirían Valdés y Figueroa.

Todo apunta a que el PRI, por la fuerza que tiene en la Cámara de Diputados, mantendrá dos consejeros, lo más probable es que el PAN obtenga el otro o lo comparta con el PRD, con lo que la correlación de fuerzas favorable al priismo se mantendrá: Tres contra cuatro o 3 contra 5, si se incluye --como debe hacerse-- a Valdés.

¿Quiénes serán esos dos consejeros propriistas? Es prematuro hablar de nombres, pero tendrán, sin lugar a dudas, el sello de Salinas...

Apuntes

Como no ocurría desde que Calderón utilizó el aparato gubernamental para controlar el PAN e imponer a Germán Martínez y César Nava, y cuando todos los panistas saben que su extrema debilidad obedece a que no hay más cargos que repartir en su agónica y fútil gestión, el tablero sucesorio en ese partido cobra interés. Por ejemplo, para la mala suerte de Francisco Ramírez Acuña, quien de la mano de Santiago Creel se veía como inevitable sucesor de Nava, se inscribirá Roberto Gil Zuarth, pero hay un factor que habrá de hacer la diferencia entre la victoria y la derrota para ambos: Cecilia Romero, la depuesta comisionada del Instituto Nacional de Migración. A los senadores Judith Díaz y Gustavo Madero ya nadie toma en serio… Lo dicho: El coqueteo de Marcelo Ebrard con el PAN ya empezó con su visita, este domingo, al Estado de México. Pero debe saber que Calderón es chueco…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Los abusivos gastos del IFE

Los sueldos y prestaciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral rebasan en 16 por ciento el salario del presidente de la República. Además, informes oficiales revelan que cada uno de los nueve consejeros cuenta con un “amplio” equipo de asesores, que significan un gasto de más de 4.6 millones de pesos mensuales. Es una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la “autonomía” de la institución, critican expertos. Las nóminas de la cúpula del Instituto desacatarían un decreto presidencial

Érika Ramírez

Árbitro de la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) rebasa el tope salarial impuesto por un decreto de la Presidencia de la República. Cada uno de los nueve consejeros electorales obtiene 40 mil pesos mensuales más en sueldos y prestaciones de lo que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.

Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad” la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.

Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, “hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad”.

Los salarios

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 establece que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tiene una percepción mensual de 244 mil 472 pesos, al igual que los ocho consejeros electorales.

De acuerdo con el documento publicado el 13 de noviembre de 2009 –bajo la rúbrica del entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña–, Valdés Zurita y sus colegas obtienen un sueldo de 180 mil 496 pesos mensuales. A éste se suman 63 mil 975 pesos en prestaciones entregadas en efectivo y especie, lo que incrementa sus sueldos por encima de los 244 mil pesos al mes.

Incluso, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, rebasa por casi 6 mil pesos las remuneraciones del presidente de la República. El PEF 2010 indica que este funcionario obtiene 209 mil 742 pesos, derivados de un sueldo máximo de 154 mil 4 pesos más 55 mil 738 pesos en prestaciones otorgadas en efectivo o especie.

El PEF –que ordena el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal– también estipula el sueldo del presidente de México, que asciende a un total de 203 mil 899 pesos al mes; es decir, 16.59 por ciento menos de lo que gana el titular del IFE.

De acuerdo con las disposiciones presupuestales, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene una percepción máxima de 152 mil 305 pesos mensuales. Adicionalmente, obtiene prestaciones en efectivo y en especie por 51 mil pesos.

Los límites de percepción ordinaria en la cúpula de la administración pública federal también establecen un tope salarial de 200 mil 841 pesos para los secretarios de Estado, y de 200 mil 589 pesos para los subsecretarios. Las cifras indican que el gabinete presidencial percibe 17.84 por ciento y 17.95, respectivamente, menos que los consejeros electorales.

El exconsejero del IEDF, Eduardo Huchim, dice que en el IFE “se ha hecho un tabulador salarial excesivo. Nadie estaría en desacuerdo de que un funcionario que ejerce una responsabilidad importante tenga un salario alto, pero éste es excesivo, al igual que el de los magistrados”.

“Tienen adiposidades burocráticas que no se justifican; pero de esto no sólo son responsables los consejeros, sino también los diputados que aprueban los presupuestos. Es resultado de intereses mancomunados, ya que los partidos acompañan el presupuesto descomunal del IFE porque reciben una tajada muy importante”, opina Huchim May.

El decreto

En julio de 2009, el Congreso de la Unión autorizó al presidente reformar y adicionar los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, en los que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el PEF, proyectos de presupuestos, tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos. Entre ellas, un tope salarial a todo aquel que ejerza un cargo de la administración pública.

Asesores por 4.6 MDP

Además de las remuneraciones mensuales, cada consejero electoral cuenta con un equipo de asesores, que significa un gasto al erario de casi medio millón de pesos mensuales.

La Nómina de Consejeros Electorales, actualizada a la segunda quincena de junio de 2010, indica que el máximo nivel jerárquico del IFE cuenta con 67 consultores, que en total significan un gasto mensual de 4 millones 668 mil 790 pesos.

Los documentos oficiales –cuya copia posee Contralínea– muestran que el equipo que apoya el trabajo del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, se compone de ocho personas. Los asesores del primer círculo perciben sueldos que van desde los 25 mil pesos a los 103 mil pesos mensuales, que implican un gasto de 692 mil 158 pesos cada 30 días.

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Fin o renacimiento del IFE

Sesión en el IFE.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- Los diputados de la actual legislatura tienen en sus manos la posibilidad de colocar el último clavo en el ataúd del Instituto Federal Electoral o contribuir a una eventual reconstrucción. La renovación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto se convirtió, desde octubre de 2003, en un reparto de posiciones para los líderes de las fracciones parlamentarias, aunque a partir de diciembre de 2007 dicha acción quedó encubierta tras un procedimiento presuntamente abierto y ciudadanizado.

En octubre de 1996, los dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular del ramo, Emilio Chuayffet, y construyeron la propuesta de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión del 30 de octubre.

En ese entonces, el procedimiento, según cuentan quienes participaron en el mismo, fue el siguiente: primero, establecieron las características que debían reunir los integrantes del órgano de dirección, entre las que destacaban que deberían ser ciudadanos no identificados abierta y claramente con un partido político, sin militancia partidista ostensible –al menos en los últimos cinco años–, que no hubieran participado en un puesto de cualquiera de las instancias de gobierno, que tuvieran cierta presencia pública previa y reconocimiento de los integrantes de las comunidades en que cada uno se desenvolvía (los términos pueden no haber sido tan precisos ni tan explícitos, pero guiaban las discusiones); segundo, que los líderes de los cuatro partidos propondrían nombres, así como el número de consejeros que debían salir de cada una de las listas (PRI, tres –entre los que se encontraba el consejero presidente–; PAN, tres; PRD, dos; y PT, uno, de alguna manera en correspondencia con su fuerza electoral y su representación en la Cámara); que los cuatro partidos, sin importar su fuerza electoral, tenían derecho de veto; y que la forma en que procederían para lograr los acuerdos era la siguiente: cada uno los líderes colocaba su lista sobre la mesa y, posteriormente, el resto de los dirigentes señalaba sus vetos –que quedaban fuera de la negociación–, las reservas –continuaban dentro del proceso, pero débiles– y las no objeciones –principales candidatos a ocupar los cargos.

Dicho procedimiento no correspondía fielmente a lo establecido en la Constitución –que básicamente prescribía lo mismo que hoy, pues lo único que se le agregó en la reforma de 2007 fue la frase “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”–, ya que en realidad no eran los grupos parlamentarios de la Cámara los que hacían las propuestas. Los requisitos que se indicaron para los candidatos eran superiores a los señalados por la ley, y el derecho de veto se extendía inclusive a un partido que contaba con menos de una decena de diputados; sin embargo, esto fue precisamente lo que evitó, en esa primera ocasión, que se propusiera a personeros de los partidos políticos para integrar el órgano máximo de dirección del IFE.

En octubre de 2003, todo el proceso se desarrolló en la Cámara y se modificó radicalmente el procedimiento. En primera instancia, el único que tuvo derecho de veto fue el PRI, por el número de diputados de su bancada, y antes incluso de iniciar el proceso, con la venia del PAN, canceló la posibilidad de reelección de cualquiera de los integrantes del Consejo General: era la venganza por el Pemexgate; el PRD se empeñó en levantar dicho veto, y la todavía coordinadora formal del grupo parlamentario tricolor, Elba Esther Gordillo, aceptó hacerlo; sin embargo, Chuayffet –quien ya se perfilaba como el coordinador sustituto– revirtió dicha decisión, lo cual fue aceptado nuevamente por el PAN y objetado por el PRD, que mantenía su propuesta de reelegir a algunos de los consejeros. Como el PRI no cedía y el PAN se plegaba a dicha postura, el PRD optó por incluir en su propuesta a uno de los entonces consejeros, lo cual objetó el PRI; el PRD reviró diciendo que respetaría el derecho de veto del PRI siempre y cuando éste fuese extensivo a todos los partidos políticos, es decir, que todos pudieran revisar los nombres propuestos por los otros partidos y, eventualmente, objetar a algunos de los enlistados. Nuevamente el PRI lo rechazó.

Aunque en el último momento el PRD aceptó modificar su lista inicial y dejar fuera a los entonces consejeros, el PRI mantuvo el rechazo a toda la lista y prosperó una conformación en la que los blanquiazules propusieron a cuatro de los nueve consejeros y el PRI a cinco, incluyendo al consejero presidente; dentro de estos cinco el tricolor le cedió un lugar al PVEM. Los legisladores de estas tres fracciones parlamentarias, casi por unanimidad, votaron favorablemente dicha propuesta, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, que en su mayoría votaron una propuesta alternativa que presentó el PRD.

Fue en esos momentos cuando en realidad inició el conflicto electoral de 2006: haber marginado de las negociaciones al grupo parlamentario del partido en el que militaba quien en ese entonces encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral abría de par en par las puertas para la desconfianza de sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, brindaba un excelente argumento al candidato para cuestionar la imparcialidad del órgano electoral, especialmente si el resultado no le favorecía.

Los partidos proponentes todavía contribuyeron más a dicha desconfianza, cuando varios de los nuevos consejeros militaban o trabajaban en los institutos políticos que los propusieron. Y los mismos consejeros hicieron su contribución con sus yerros en la conducción del instituto y con su pasividad para frenar la intromisión de terceros (el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial) en el proceso electoral. La pérdida de confianza fue tal que se requirió, como en los tiempos del priato, una nueva reforma electoral y la renovación anticipada del Consejo para intentar restaurarla; pero siguieron la peor ruta posible, pues ante la resistencia de Felipe Calderón y los panistas para aceptar las fallas y errores de las autoridades electorales, optaron por no renovarlo en su totalidad, y eso permitió mantener la partidización en su integración.

El PRI, con apenas 106 diputados y como tercer grupo parlamentario, logró nuevamente imponer sus condiciones: aunque aceptó que las tres principales fuerzas parlamentarias hicieran propuestas, logró mantener en sus cargos a dos de sus cinco propuestas (Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez), mientras el PAN únicamente pudo sostener a uno (Arturo Sánchez); desechó las mejores propuestas de los otros dos partidos y colocó a dos alfiles suyos (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), es decir, abierta y descaradamente apostó por la lealtad de sus consejeros, como muestra plásticamente la designación de Guerrero, quien fungía en esos momentos como asesor del coordinador de la banca tricolor en dicha Cámara, Emilio Gamboa, y desconocía totalmente la materia electoral.

Los seis integrantes actuales del Consejo que permanecerán en sus puestos para organizar las elecciones presidenciales de 2012 son: el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien aunque pretende atribuirse al PRD, en realidad fue propuesto para dicha posición por el PRI; Baños y Guerrero, propuestas tricolores; Benito Nacif y Macarita Elizondo, ambos propuestos por el blanquiazul y con cierta afinidad con dicho partido, pero sin el estrecho vínculo que sí tienen los tricolores; y Alfredo Figueroa, quien fue propuesta de la sociedad civil impulsada por el grupo parlamentario del PRD.

En este escenario, la designación de los tres consejeros electorales es crucial, pues no sólo serán indispensables para conformar la mayoría en el Consejo, sino que sus actuaciones serán decisivas para definir el comportamiento del IFE en el próximo proceso electoral: comprometido con la democracia, el apego a la ley y su aplicación indiscriminada, o titubeante y pusilánime, pero siempre acorde con sus filias y sus fobias.

En caso de mantenerse la fórmula utilizada en las dos anteriores renovaciones, cada una de las tres principales fuerzas políticas colocaría una de sus propuestas, lo cual no rompería la partidización de dicho órgano, pero al menos evitaría el inicio anticipado de un conflicto electoral, pues ni siquiera Andrés Manuel López Obrador podría descalificar abiertamente dicha designación, ya que el negociador perredista es uno de sus cercanos colaboradores: Alejandro Encinas; pero si el PRI logra mantener sus dos posiciones, como parece ser su intención, automáticamente dejarían fuera de la negociación a una de las otras dos fuerzas políticas –probablemente de nuevo el PRD–, lo cual prácticamente reeditaría lo sucedido en octubre de 2003.

Es muy tarde para buscar la solución ideal, pero al menos sí se puede intentar evitar el peor de los escenarios.

No comparto las acusaciones de Calderón contra AMLO: Valdés

Es un posicionamiento personal respecto de una muy polémica elección presidencial, acota

No comparto las acusaciones de Calderón contra AMLO: Valdés

A 20 años de la creación del IFE, la democracia aún mantiene un déficit de cara a la sociedad

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés ZuritaFoto Cristina Rodríguez /Archivo

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Aunque México ha logrado consolidar en los pasados 20 años su democracia electoral, es claro que ésta aún mantiene un déficit de cara a la sociedad y requiere avanzar hacia una ciudadanización que permita mayor participación social en la solución de los problemas. La pobreza, la inseguridad y la desigualdad son saldos que no han sido resueltos a pesar de las nuevas normas democráticas, sostuvo el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.

Entrevistado por La Jornada en ocasión del vigésimo aniversario del instituto, consideró que a pesar del largo proceso de transición que ha posibilitado la alternancia en el gobierno hay insatisfacción social frente a la complejidad de la problemática que ha lastimado a grupos importantes de la sociedad. Por ello, dijo, el gran desafío es la creación de una democracia ciudadana que tenga como fundamento lo electoral, pero que permita una comunicación eficiente entre gobierno y sociedad.

En la entrevista, Valdés abordó las acusaciones que el presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo contra Andrés Manuel López Obrador, al que asoció, de nueva cuenta, como peligro para México, y las críticas al desempeño reciente del IFE: Es un posicionamiento personal respecto de una muy polémica elección presidencial; respetable, pero no puedo compartir señalamientos que pudieran poner en duda la actividad profesional del instituto para organizar y arbitrar elecciones.

–¿Qué implicaciones puede tener ahora reditar la polémica de 2006?

–Para nuestra democracia lo importante es ver hacia adelante para consolidar la democracia, para que la ciudadanía se acerque a la vida política. Hay que entender que la democracia es una construcción colectiva donde todos debemos aportar.

Valdés también cuestionó las censuras presidenciales al señalamiento que en su momento hizo el IFE sobre la violación a disposiciones constitucionales en las que incurrió Calderón en los pasados comicios locales: Es un asunto archivado; el IFE recibió una queja en la que se asumió que efectivamente había violación a la normatividad vigente. El caso fue impugnado y ratificado por el tribunal electoral.

Sin embargo, subrayó Valdés, el caso es un precedente a futuro de cara a las elecciones de 2012, que deja en claro la necesidad de que los gobernantes, los tres niveles de gobierno, acaten las restricciones para que el proceso electoral de 2012 sea legal y se legitime por la vía democrática al próximo presidente.

En el balance que realiza Valdés sostiene que 2010 es emblemático por celebraciones como el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución y los 20 años del IFE, loque asocia con la transición democrática por la que se pugnaba desde hace un siglo.

–La celebración del aniversario del instituto se da en un contexto de crisis, donde existe insatisfacción social por el saldo de la democracia

–Se da en medio de una creciente situación compleja, no solamente por la cuestión económica que ha afectado a grupos importantes de la población. Un ciudadano que ha sido afectado no puede estar satisfecho por la marcha de la democracia, pero en general con la vida pública del país y las políticas del gobierno.

–¿Se añade a esto la situación de inseguridad?

–Sí, el impacto de los problemas de inseguridad sobre la democracia. No somos el primer país del mundo que enfrenta esta situación y muchos han logrado salir, pero tenemos que estar atentos a cómo se ha logrado solucionar sin lesionar principios básicos de la democracia. Hay que asumir que problemáticas similares se han resuelto por vías autoritarias o con regímenes militares, sin respetar los derechos humanos.

Al referirse a la transición democrática, Valdés reivindica los avances sustanciales que México ha tenido en la organización electoral (padrón, credencial de elector, nuevo modelo de comunicación política), aunque admite que hay saldos pendientes en torno a la participación social, señaladamente la desigualdad en materia de género que aún prevalece en la postulación de candidaturas y la poca atracción que se ha tenido de los jóvenes para participar en la solución de los problemas del país.

A propósito de los nuevos desafíos del IFE, de cara a 2012, Valdés Zurita reconoce la consolidación del nuevo modelo de comunicación política, porque por primera vez en una elección presidencial se va a poner a prueba un esquema cuyo objetivo central es dotar de mayor equidad a la contienda. Habrá que revisar el impacto que esto traerá en el diseño de las campañas políticas, en la actuación de los partidos y candidatos, así como en la participación de los electores.

Comparado con otros países, subraya, México ha alcanzado un esquema que pugna por garantizar equidad en el acceso a los medios, mientras que en otras democracias se mantiene la prohibición para acceder a los medios electrónicos o se preserva el esquema de compra de tiempos en función de los recursos de cada partido o candidato.

Fuente: La jornada