Derechos humanos, fuera de la agenda de Calderón: ONG

EMIR OLIVARES ALONSO

El gobierno de Felipe Calderón demuestra su falta de compromiso en el combate a la impunidad, pues desde la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp) no ha mostrado una postura sobre cómo serán asumidas las tareas que realizaba esa instancia, aseguraron diversas organizaciones de derechos humanos.

En conferencia de prensa, explicaron que una de las últimas acciones de Francisco Cabeza de Vaca al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) fue emitir un acuerdo en el que daba por desaparecida la fiscalía, "sin importar que existieran averiguaciones previas y procesos penales en curso, ni que el derecho colectivo a la verdad estuviera inconcluso".

Aseguraron que pese a que la Femospp no logró que ninguno de los presuntos responsables de la comisión de delitos en el pasado haya sido castigado, amén de que muchos casos están pendientes de ser consignados, representaba la única instancia creada por el gobierno para buscar justicia; por lo que su desaparición "constituye un retroceso en el cumplimiento del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas y ofendidos por los casos investigados".

Raúl Alvarez Garín, del Comité 68, aseveró que la actual administración ha hecho de la PGR "un batidillo" lo que puede ocasionar que los delitos del pasado permanezcan en la impunidad; "no da vistas de que se quiera resolver el problema", señaló.

Los activistas explicaron que entre los escuetos informes proporcionados por las autoridades "se sabe" que las acciones que realizaba la fiscalía quedarían a cargo de la Coordinación General de Investigaciones de PGR, con cuyo titular, Alberto Alcántara, se reunieron hace dos semanas. Sin embargo, señalaron, además de mostrar desconocimiento e ignorancia sobre el tema, el funcionario dejó de ser la cabeza de esa instancia, sin que a la fecha se sepa quién está al frente.

Asimismo, establecieron que al no contar con un órgano especializado en la atención de estas investigaciones, los expedientes sobre los crímenes del pasado se englobarían en el total de denuncias que atiende la PGR, por lo que se restaría atención específica a los casos investigados.

En ese sentido, Julio Mata, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, subrayó que si las autoridades no especifican la instancia que ahora se encargará de las investigaciones, denuncias y consignaciones "nos dejan en la indefensión".

Ante esta situación, los defensores de derechos humanos exigieron a Calderón en un documento que le enviaron el pasado jueves emitir un pronunciamiento "claro y público" sobre el tema, además de "la obligación" que tiene el Estado de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia sobre esos hechos; que informe sobre las nuevas medidas que establecerá su administración para cumplir con esas garantías para las víctimas y familiares.

En un documento enviado al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, las ONG le solicitan que el órgano a su cargo dé seguimiento al cumplimiento que el Estado ha dado a su recomendación general sobre delitos del pasado, emitida en 2001, en la que inclusive se propuso la creación de una fiscalía especial y en la que se señalan 532 casos documentados de desaparición forzada.

En un tercer documento, dirigido al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, los denunciantes piden a esa instancia manifestarse sobre el cierre de la Femospp, amén que solicite al Estado mexicano informes respecto de la forma en cómo retomará las funciones de la fiscalía para llegar a la "justicia y verdad" en cuanto a los crímenes del pasado.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que al no dar explicaciones de por qué se desapareció la dependencia que corría a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, la administración calderonista incumple su compromiso con los derechos humanos, mismo que no ha demostrado, a dos meses de asumir el cargo, porque "el tema no existe ni en su discurso ni en su agenda". Por ello, exigió al régimen panista "ofrecer un órgano mejor" subsanar la carencia de una instancia especializada para el tema.