A cuatro meses del año cero

Víctor M. Quintana S.

La cuenta regresiva se acorta. De no cambiar las cosas, el próximo primero de enero entrará en vigor la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agricultura e inundarán nuestro país millones de toneladas de maíz y de frijol procedentes de Estados Unidos. Dos o tres grandes empresas acapararán las importaciones y las ganancias. Se socializarán, eso sí, las pérdidas entre 5 millones de productores campesinos de estos granos.

Con mayor anticipación que en 2003, cuando las organizaciones campesinas lanzaron El campo no aguanta más para oponerse a la entrada en vigor de la penúltima etapa del tratado, diversos agrupamientos rurales han comenzado a movilizarse. Algunos emplazan al gobierno y lo presionan para firmar un Acuerdo Nacional para el Campo “plus” para avanzar en lo logrado hace cinco años.

Otro agrupamiento ha lanzado la campaña Sin maíz no hay país-Pon a México en tu boca, para informar y llegar a la conciencia de la opinión pública nacional de la necesidad de defender nuestros granos básicos, sobre todo el maíz, no sólo del libre comercio, sino de la invasión de semillas genéticamente modificadas, posibilidad con la que ya coquetean algunas organizaciones campesinas. La campaña ha recibido la adhesión de artistas, intelectuales y organizaciones sociales, y se ha duplicado en varias entidades. La siguiente etapa será una gran movilización nacional a la ciudad de México a fines de octubre. Hay que destacar el acierto de esta campaña en el manejo de aspectos antes algo descuidados: la lucha cultural, las manifestaciones artísticas.

Pero, conociendo al presente gobierno, habrá que irse preparando para movilizaciones mayores, sin dejar de realizar lo que ya está en marcha. Diseñar acciones que sienten a las autoridades y legisladores federales a buscar la forma de evitar que el TLCAN implemente su última fase en materia agropecuaria y apoyar eficazmente la construcción de la soberanía alimentaria nacional con base en las agriculturas campesina e indígena. Se está trabajando bien en lograr una correlación de fuerzas favorable al movimiento campesino, pero ha de acelerarse el proceso, hacer converger los esfuerzos y mostrar efectivamente esa fuerza al gobierno.

Para eso, hay varias tareas impostergables. La primera, lograr la unidad con diversidad de las organizaciones campesinas. Hay celos y recelos. La experiencia del Movimiento el Campo No Aguanta Más (MCNAM) y posteriores lesionó la capacidad de alianzas. Pero no hay de otra: el gobierno busca dividir para vencer, para desactivar. Es necesario que las organizaciones campesinas comiencen por platicar, por reconocerse, por inventar mecanismos que construyan voluntades comunes y ahuyenten protagonismos e intereses particulares. Afortunadamente se trata sólo de organizaciones rurales, no de partidos políticos paquidérmicos y anquilosados. Hay que desatar la creatividad para crear dirección colectiva, funciones rotativas, liderazgos compartidos.

El gran reto es unirse sin suprimir las diversidades. Más bien, potenciando la fuerza que nos da el ser diversos. Lo que no pudo hacer el MCNAM hay que intentarlo: regionalizar el movimiento, dar cauce a la participación de organizaciones indígenas, abrirse a lo local y conjugarlo con lo nacional. Planificar acciones conjuntas, concentraciones en un punto, pero sin olvidar las acciones de despliegue diverso en todo el territorio nacional.

No hay que hacerse bolas. Uno de los problemas de hace cuatro años fue permitir que el gobierno federal nos metiera en un largo proceso de discusión y que nuestra agenda básica se desdoblara en el fárrago de los 262 puntos del Acuerdo Nacional para el Campo. Ahora hay que elaborar un pliego esencial, cuatro o cinco puntos contundentes, y no moverse de ahí. Revisión del TLCAN, no a los transgénicos, medidas para construir la soberanía alimentaria. Y no sentarse a negociar hasta que no haya respuestas claras a cada uno de ellos.

Queremos granos básicos nacionales, no platos de lenteja. Habrá que cuidar constantemente los llamados cooptadores de un gobierno que buscará legitimarse por todos los medios. Nuestros puntos son los comunes, los de interés colectivo para el país. No los vamos a cambiar por programas de apoyo a las organizaciones campesinas, por engañosas “agencias de desarrollo local”. Si nos dan sólo esto, subsistirán las burocracias rurales, pero morirá el movimiento.

Hay que trabajar con profesionalismo y ahínco el aspecto jurídico. Preparar una sólida estrategia de fundamentación jurídica de la revisión del TLCAN en materia agropecuaria para presentarles al Ejecutivo y al Legislativo el remedio y el trapito. Más aún, hay que preparar una acción de incostitucionalidad ante la Suprema Corte: ¿puede sostenerse un tratado internacional que ha significado el no cumplimiento de las obligaciones constitucionales del gobierno y la no cobertura de los derechos fundamentales de millones de mexicanos y mexicanas del campo?

Tenemos todavía el tiempo, la experiencia, el apoyo de amplios sectores fuera del campo. No hay por qué perder esta lucha.