Postura del Observatorio Ciudadano del Feminicidio

Postura del Observatorio Ciudadano del Feminicidio ante la perspectiva de que se dicte sentencia contra los militares procesados por la violación de 13 trabajadoras habitantes del municipio de Castaños, Coahuila.

El pasado 22 de agosto, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Don Raúl Vera López ha hecho declaraciones en el sentido de su profunda preocupación por la vida de las 13 mujeres que fueron violadas por 11 militares en activo la madrugada del 11 de julio del 2006.

El subteniente Norberto Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, el cabo Norberto González Estrada y los soldados Angel Antonio Hernández Niño, Rosendo García Jiménez, Fernando Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Casimiro Ortega Hernández se encuentras siendo procesados por un juez penal próximo a dictar sentencia.
Es de resaltar que el proceso se ha seguido con tres militares prófugos de la justicia, Ricardo Hernández, Baldomeano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez, quienes pertenecían al 14 Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, Coahuila y que lograron evadir no sólo la acción de la justicia, sino también la disciplina y vigilancia militar de sus mandos.

La preocupación del Obispo Vera, que comparte este Observatorio Ciudadano, es que las víctimas y su representación legal han sido constantemente hostigadas, amenazadas en sus bienes y en sus vidas, sin que el Estado cumpla con su obligación de salvaguardarlas, y no nos referimos solamente al gobierno del estado de Coahuila, sino a los tres niveles de gobierno que no se han ocupado de otorgar medidas cautelares de protección, al legislativo cuya omisión ha permitido que el ejército de encuentre todos los días en la calle, en abierta violación del artículo 129 constitucional, y nos referimos también al poder judicial, quién con su dilación en la resolución de este caso, ha permitido la incertidumbre y la continuación de la amenaza antes mencionada a las víctimas.

Hacemos un urgente llamado al juez penal que tiene a su cargo la sentencia de cargo, para que a la brevedad resuelva, cómo lo indica el coordinador de la Procuraduría del estado en Moclova, Luis Horacio Hoyos, quién considera que hay elementos suficientes para una sentencia mayor a 20 años de condena.

Tal y cómo lo dice el Obispo Vera, los militares acusados si no son sentenciados “van a salir a matarlas”, lo cual se convierte en una amenaza probable, dada la inacción gubernamental al respecto.

Hacemos eco del llamado de la Diócesis de Saltillo, al juez a analizar y ponderar las acusaciones realizadas por las víctimas, para que éste se convierta en un caso paradigmático que ejemplifique sin lugar a dudas, qué es lo que sucede en la legalidad cuando los militares abusan de su fuero de guerra.

De no ser así, se estará enviando un mensaje de impunidad y permisibilidad criminal a un ejército que no atiende los dictados de la Constitución.