Rezago educativo y desempleo

Editorial

Según un informe sobre la situación laboral del país presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los 42 millones de mexicanos que constituyen la población económicamente activa, 19 millones carecen de empleo formal. El mismo documento destaca que el nivel más alto de desocupación en México se ubica entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. En ese sector, la tasa de desempleo es de 6.3 por ciento, casi el doble de la media nacional. Por otra parte, datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática revelan que dos tercios de los desempleados del país son personas con estudios por debajo del bachillerato. A juzgar por tales cifras, es claro que en nuestro país el ciclo educación-empleo está desarticulado y que la formación académica representa cada vez menos una garantía para el desarrollo personal de la juventud mexicana y un medio de acceso a mejores condiciones de vida. Dado el rezago educativo que padece el país –con 33 millones de mexicanos que no reciben educación básica–, no resulta extraño que prácticamente la mitad de la población ocupada no encuentre trabajo más que en el sector informal, que el mercado laboral sea incapaz de asimilar a la mayor parte de los jóvenes, y que éstos, al emplearse, deban hacerlo en condiciones de absoluta desprotección y con niveles salariales exasperantemente bajos.

La situación de estancamiento y abandono en que se encuentra el sector educativo en México se explica por la conjunción de la carencia presupuestal impuesta por los gobiernos neoliberales, que colocaron a la educación pública entre los últimos sitios de su lista de prioridades, y la corrupción, que en el sexenio pasado y en lo que va de la presente administración ha tenido una de sus expresiones más vergonzosas en la entrega de la Secretaría de Educación Pública a la mafia que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Es innegable que el sistema educativo mexicano requiere de un presupuesto robusto para solventar sus carencias actuales. A este respecto, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, ha afirmado recientemente que la eficiencia de la lucha contra el rezago educativo dependerá de la aprobación de la reforma fiscal. Pero antes de condicionar la obtención de los fondos necesarios a la consecución de una reforma todavía incierta, el calderonismo tendría que empezar por combatir la corrupción y la frivolidad en las dependencias de la administración federal, a fin de liberar recursos para la educación pública. Asimismo, es imprescindible que el grupo gobernante emprenda una revisión profunda de sus alianzas político-electorales: en tanto que el gobierno federal no renuncie a los eficaces servicios electorales y de control político de la cúpula gordillista del SNTE, los fondos adicionales que pudieran destinarse al ramo acabarán en las cuentas del charrismo sindical, y no habrá presupuesto que alcance, con o sin reforma fiscal, para rescatar a la educación pública del estado de catástrofe en que se encuentra.

Por otra parte, la incapacidad del calderonismo para crear fuentes de trabajo e incorporar a los jóvenes mexicanos al universo laboral tampoco puede justificarse por la falta de acuerdos en torno a la reforma fiscal. Tal incapacidad se explica, en primera instancia, por la ausencia de una política económica coherente, que deriva en la proliferación de empleos informales y en condiciones laborales, en muchos casos, más que inadecuadas.

Durante el sexenio anterior, el foxismo pudo inventarse un país de ensueño, ver hacia otro lado ante la negativa sistemática de satisfacer el derecho a la educación y al trabajo de millones de mexicanos e impulsar, para maquillar una realidad lacerante, programas demagógicos y plagados de corrupción como Enciclomedia, y obras faraónicas y dispendiosas como la megabiblioteca José Vasconcelos. El calderonismo, por su parte, carece de margen político para hacer otro tanto, entre otras razones porque arrancó con una marcada escasez de legitimidad. En estos dos ámbitos, educación y empleo, como en tantos otros, el actual gobierno tiene que presentar resultados rápidos y reales. Suele decirse que en la educación se juega el futuro del país. En la actual circunstancia sería más apropiado decir que lo que está en juego es el presente.