El Poder Judicial federal no aceptará financiamiento alguno del extranjero

Jesús Aranda y Claudia Herrera (Enviados)

Mérida, Yuc., 25 de octubre. El Poder Judicial de la Federación no tiene contemplado recibir financiamiento alguno que provenga del Plan Mérida, “ni siquiera hemos entrado a la discusión que tuviera que ver con valores ideológicos” sobre esta posibilidad, aseveró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz, quien desestimó lo dicho la víspera por la canciller Patricia Espinosa Cantellano, en el sentido de que México recibiría fondos provenientes de Estados Unidos como parte de la colaboración bilateral de combate al narcotráfico.

Cossío destacó que tradicionalmente el Poder Judicial se ha negado a recibir recursos del exterior y calificó de “sano” el que se mantenga esta política.

Por su parte, la consejera de la Judicatura Federal, Elvia Díaz de León, alertó que desde los años 80, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han pretendido, sin éxito, influir en el sistema de justicia en México.

Cossío y la consejera Díaz de León fueron entrevistados por separado en el contexto de los trabajos de la segunda asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), que se realiza en esta ciudad.

Cabe señalar que, sobre la Iniciativa Mérida, el pasado miércoles la canciller Patricia Espinosa comentó en el Senado de la República: “En materia de fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia”, se incluyen programas para ampliar la capacitación en diversas áreas, como “la administración de juzgados… la promoción de la reforma del sistema de justicia, de los derechos humanos, así como la capacitación sobre mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación”.

En respuesta, Cossío dijo que el Fondo Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia, dado a conocer aquí, no tiene nada que ver con la Iniciativa Mérida.

–Tradicionalmente el Poder Judicial federal ha sido muy cauteloso ante posibles intervenciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en materia de justicia. ¿Esta característica debiera mantenerse? –se le preguntó al ministro.

–Hasta ahora, el Poder Judicial ha mantenido una buena situación presupuestal. Yo no veo que en este momento necesitemos recursos de fuentes extranjeras. Por lo que a nosotros hace, no hemos recibido dinero de organismos internacionales nunca, que yo sepa, y yo creo que tampoco estamos en la necesidad siquiera de pensar en eso.

–¿Por qué no se ha aceptado el financiamiento externo?

–Es una situación que se da desde finales de los años 80, y la verdad es que no ha habido necesidad de entrar a ese tema; creo que ni siquiera hemos entrado a la discusión filosófica o ideológica de si conviene que un Poder Judicial se financie con fondos internacionales. Se está abierto a cursos compartidos, tecnologías, pero no a un financiamiento.

–¿Y ha sido sana esta posición?

–Yo creo que sí, a mí me parece muy bien; es como en los bancos, si no necesita uno dinero para qué le pide prestado.

Por otra parte, Cossío comentó sobre la iniciativa de juicios orales y opinó que si éstos se dan en un “plazo razonable”, se cuenta con recursos suficientes y se establecen cursos de capacitación, entonces, “jugamos con esas reglas”, porque de darse esas condiciones “no se pondrían objeciones”.

A su vez, Díaz de León recordó que desde los años 80, los organismos internacionales han pretendido por diversas formas incidir en la adopción de los juicios orales y en la modificación del sistema de impartición de justicia, cuestión a la que se han opuesto desde ministros hasta magistrados y jueces de distrito.

Respecto de la posibilidad de recibir fondos de la Iniciativa Mérida, añadió que se debe ser desconfiado en ese tipo de ayuda, porque antes se tiene que saber qué es lo que se estaría pidiendo a cambio.


Inconforma a magistrados que se intente darles “cursos” por la Iniciativa Mérida

“Nada más falta que nos capaciten para juzgar como terroristas a migrantes, guerrilleros y narcos”

Alfredo Méndez

Jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) están inconformes con el plan entre México y Estados Unidos que implicará una inyección de mil 400 millones de dólares para la adquisición de equipo sofisticado de combate al crimen organizado en nuestro país, ya que entre los propósitos de la llamada Iniciativa Mérida está el adiestramiento de impartidores de justicia en temas de delincuencia, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con juristas consultados por La Jornada, quienes solicitaron el anonimato, miembros del área de seguridad del gobierno calderonista han tenido reuniones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para indicarles que el agresivo programa binacional antinarco incluirá cursos destinados a los juzgadores.

Las reticencias y desconfianzas de algunos impartidores de justicia en este tema son por el hecho de quiénes serán los capacitadores de los jueces. Los funcionarios consultados consideran que si se trata de especialistas estadunidenses, lo más seguro es que pretendan enseñar métodos de “persecución del delito y sistemas de oralidad” que son propios del sistema judicial inglés, pero que tiene escasa relación con el derecho romano.

“Con estos cursos va, sin duda, una carga implícita que busca favorecer la reforma judicial calderonista e imponer los juicios orales en México”, indicó un magistrado unitario.

“Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas”, aseveró un juez de distrito.

“La distancia entre el sistema de justicia de los estadunidenses es totalmente lejana al que se aplica en tribunales mexicanos; querer aplicar una justicia alejada de los legajos de expedientes por volver más rápidos los juicios implica un error que costará mucho dinero al Estado y no necesariamente representará juicios más apegados a la ley”, refirió un juez en materia de amparo.

Asimismo, los impartidores de justicia coincidieron en señalar que el compromiso del gobierno de Felipe Calderón con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, es contribuir con un fondo económico importante para fortalecer en el año presupuestal 2008 las labores de impartición de justicia.

“Este acuerdo previo (entre Calderón y Ortiz Mayagoitia) nos preocupa porque va de por medio el hecho de que aceptemos ser adiestrados por fuerzas de seguridad externas al país, y porque no representa un eficaz modelo de mejora de justicia (el cambiar el sistema de justicia mediante expedientes por un sistema de oralidad)”, señaló otro de los jurisconsultos.

Lo criticable de este proyecto de cooperación bilateral entre ambos países –el segundo más ambicioso que establece Estados Unidos para combatir al narcotráfico después del Plan Colombia, firmado hace una década– es que el gobierno de George W. Bush es el que establecerá las condiciones torales, mientras que las autoridades mexicanas quedarán supeditadas, concluyeron.