Alonso Urrutia
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedió una vez más la razón al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su recurso de apelación promovido contra la reducida sanción –252 mil pesos– aplicada por el Instituto Federal Electoral (IFE) al Partido Acción Nacional (PAN) durante los comicios de 2006. A juicio de los magistrados, esa multa es insuficiente comparada con la utilización indebida del padrón electoral en que incurrieron los panistas para conformar las Redes por México, violentando la confidencialidad de dicho instrumento.
En un fallo unánime, los magistrados devolvieron el expediente al IFE a efecto de que, además de subsistir la sanción ya establecida, se individualice una más, porque los panistas violaron la necesaria confidencialidad que todo partido está obligado a guardar con este instrumento, de acuerdo con las disposiciones de la legislación electoral. Estas definen expresamente que los listados que les son entregados solamente pueden ser utilizados para hacer verificaciones del padrón y del listado nominal.
Durante una sesión del Consejo General del IFE, cuando se aprobó la sanción, el PRD protestó contra la ligereza con que el instituto estaba actuando en este caso, pues en su conducta había quedado al descubierto que la copia del padrón que le fue entregada para verificarlo había sido manipulada y utilizada para afiliar simpatizantes a las Redes por México.
En la resolución aprobada, se indica que no existe controversia alguna “respecto a la operación de la página de Internet que requería los datos de la credencial a efecto de que el PAN implementara (sic) las redes ciudadanas”.
Si a juicio de los magistrados el hecho estaba acreditado y es sancionado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales “es lógico que la sanción subsista”. La resolución enfatiza que el PAN utilizó datos personales que los partidos están obligados a “cuidar celosamente y evitar que sean del conocimiento de personas ajenas”.
Finalmente, el tribunal indica que el partido blanquiazul “violó el principio de confidencialidad”.
Ahora sí, una vez el usurpador en la presidencia, vengan todas las multas y sanciones por las irregularidades que sumadas nos dan un resultado: FRAUDE ELECTORAL EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Palo dado ni Dios lo quita, dice el sabio dicho popular.
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