Andrea Becerril, Afp
Repsol, la trasnacional española protegida en el pasado sexenio, intenta instalar una gasera en la Laguna Cuyutlán, en Colima, a pesar de la oposición de ambientalitas y de buena parte de la clase política de ese estado. El caso llegó al Senado, donde el perredista Carlos Sotelo demandó que las autoridades revisen la licitación que de manera irregular se concedió a la empresa.
El legislador presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Senado, en el que insiste en que debe cancelarse de inmediato esa licitación a Repsol, debido al impacto ambiental altamente negativo que sufrirá el entorno.
Destacó que, de manera irregular, tanto el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, como diversas instituciones responsables de cuidar el medio ambiente, autorizaron a la empresa el abasto de hasta 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural a la planta generadora de energía eléctrica situada en las inmediaciones de la Laguna Cuyutlán, durante 15 años.
Todo hace suponer, recalcó, que el permiso de impacto ambiental se subordinó a intereses corporativos y la Secretaría del Medio Ambiente abandonó su función que es la de cuidar el entorno y el aprovechamiento sustentable.
Detalló que la manifestación de impacto ambiental que presentó la Comisión Federal de Electricidad omite información determinante para la evaluación correcta de los efectos en el entorno colimense, además de que presenta severas fallas metodológicas.
Hizo notar que frente a las restricciones para la instalación de industrias en esa zona, y sin importar la riqueza natural que representa la Laguna Cuyutlán, el gobernador decretó la reforma del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, a fin de cambiar el uso del suelo y abrir la posibilidad a Repsol de construir la planta regasificadora.
El legislador recalcó también que esa laguna representa el principal humedal costero del estado de Colima y es el punto estratégico local, regional y mundial para la conservación de la biodiversidad, la cual la gasera amenaza.
Multa por 260 mdd en Europa
La Comisión Europea anunció el miércoles en Bruselas una multa por 260 millones de dólares a cuatro empresas, entre ellas las españolas Repsol y Cepsa, por acordar en forma secreta precios del mercado del asfalto rutero en España durante 12 años. La británica BP, que participaba en el acuerdo, fue el primer grupo en revelar informaciones sobre el y se benefició de una exención de multa.
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