México Necesita Un Abogado
Por Dagoberto Márquez
Aunque haya egresado de una escuela privada de Leyes, el señor Calderón no es un abogado de México, por más que trate de aparentarlo en spots de televisión, pues no puede serlo quien ocasiona un mal para luego aparentar que hace el bien.
No. No se trata de una opinión acerca de esos nobles profesionistas del Derecho que, haciendo valer la ética profesional —ahora tan discutida o hasta vilipendiada, según sea el caso—, no caen en el pomposamente llamado "conflicto de intereses", en el prevaricato entre las partes o en el turbio y vil contubernio.
Tampoco se relaciona con aquellos profesionistas que, haciendo gala de su admirable y siempre bienvenido humanismo universitario, defienden causas buenas y mejores a favor del justo, a favor del inocente, del no culpable, del oprimido, del campesino, del acusado injustamente, del burócrata mal pagado, del obrero, del asalariado o bien, del desprotegido, sin más pago que el que pueda ofrecérseles humilde o modestamente.
Y no, no se trata (tampoco) de una opinión acerca del abogado de la Nación, así, sin comillas, refiriéndonos al titular de la Procuraduría General de la República. De la misma forma, no se trata de una cita relacionada con un abogado cualquiera, porque un abogado cualquiera es todo aquel que aboga por quien menos tiene o por quien, careciendo de medios de todo tipo, permite que aboguen a favor suyo. Menos se trata de sinvergüenzas y de rufianes que, habiendo estudiado (también) Derecho, se pasan siempre de listos para despojar o para enriquecerse, torciéndolo todo que hasta (como diría Cantinflas) lo derecho lo vuelven chueco. Claro que no. No se trata de eso.
Se trata de algo importante, de algo trascendente porque una nación tiene en su Presidente de la República a un abogado imperfecto —pero abogado al fin—, porque en teoría (al menos en teoría) su Presidente aboga por ella, dentro y fuera, entendiéndose esto como la virtud y la capacidad de una persona que, investida como Presidente, aboga por todos, así sea esto un término meramente figurado, una vacilada ocurrente de vaya usted a saber quién, o de sólo una utopía, porque del dicho al hecho... hay mucho trecho, diríase.
Y sí, México tiene a su abogado, aunque tanto como abogado, como que no, no obstante que don Felipe Calderón estudió Derecho efectivamente. Y veamos por qué.
Tiempo atrás, no mucho realmente, el nuevo gobierno (de la República) hizo hasta donde pudo para encarecer artículos de primera necesidad, con la “estrategia” probable de encarecer para después hacer como que pugnaba por su abaratamiento, lo cual además de patético fue burdo, porque aparte de que sí se encarecieron las cosas, medio mundo no le creyó lo de las buenas intenciones, quedando de entrada como un gobierno medio tramposo pues lo que gravitó desde un principio (en el asunto) fue la imposición de más tributo (impuestos), a fin de que la recaudación nacional mejorara, supuestamente.
Al parejo de esto, también maniobró con la finalidad de crear nuevos impuestos por la vía de la recomposición de la tasa tributaria, lo cual además de que fue ampliamente rechazado, dejó un mal sabor de boca hasta en industriales y grandes empresarios, incluso no nacionales. Para acabar con el cuadro y desentendiéndose de ofertas políticas de campaña, en vez de tratar de reducir los precios de factura de combustibles y energéticos o de siquiera dejarlos en la “estabilidad” actualizada, el gobierno determinó ir por el alza de precios, importando un carajo que todo lo anterior golpee el bolsillo de millones de mexicanos. Y que conste que todavía no hablamos de la maligna intención en la venta de PEMEX, dado que los hidrocarburos son, efectivamente, propiedad permanente de la Nación.
Pero el abogado de la Nación ya aboga por los que menos tienen, aunque en vez de reestructurar y nulificar y disminuir algunos renglones del egreso, opte por decir que los incrementos a las tarifas energéticas y a los combustibles entrarán en vigor ¡hasta enero de 2008! De manera que ¡ufff... de la que nos salvamos! Y no, no es broma. Ya ve usted con todo lo difundido por las “amables” televisoras. Sí, hombre, que la rebatiña está buena y “a favor” de los que menos tienen... que las iniciativas de marras no pasarían (y pasaron)... que si una reforma se condicionaba a la aprobación de la otra... que finalmente siempre sí con los aumentos, aunque “nomás de a poquito” y hasta después... que las Cámaras no legislan ni autorizan en función de presiones ni bravuconadas, y que diputados y senadores de izquierda como que recularon.
Pero es lo mismo, hombre. La vorágine de la carestía que habrá de impactar siempre en los que menos tienen, es imparable, por más que haya un “abogado” de la Nación que, habiendo salido de un turbio proceso de fraude, nomás no garantiza nada, porque siendo su naturaleza como es, ¿pues cómo? ¡Y ahí está el detalle!, como dijera el siempre bien recordado Cantinflas.
Porque si usted se da cuenta, ¿cómo va a manejar honestamente la economía (de un país) un abogado (licenciado en Derecho, no egresado de una universidad pública, humanista, de clara vocación social, como podría ser la UNAM o la UAG), que al parecer nada sabe en realidad de Economía y que por asesores sólo tiene a mercaderes y mequetrefes de la política, así como al propio Fondo Monetario Internacional? No, ¿verdad? No parece estar ahí la respuesta. Por lo menos no la bien intencionada que pudiera sacar de apuros (o de la postración) a las clases depauperadas y marginadas.
¿Y entonces, qué?, sería la pregunta acaso. Y entonces nada. No nos hagamos… (como se dice aquí en México). La única respuesta capaz de sacar esto adelante sólo puede venir de la presión de las masas, de la presión bien conducida y bien organizada, que por los caminos de la política logre que quienes gobiernan (y autorizan, desde el Congreso) den marcha atrás, rectificando en lo referente a la política económica, sobre la base de un criterio más humano, con la finalidad de que desde el poder se tomen las medidas de protección al pueblo, pero dentro de un marco de rectitud y de honestidad, donde los impuestos no sean tan severos y tan diversos y donde —previa depuración de los mecanismos tributarios— se neutralice la evasión, se incentive la inversión y la producción misma, haciendo los ajustes para que nuestros impuestos no vayan a parar a la estúpida dilapidación (derroche) que tiene a México y a los mexicanos al borde de la inacción, al borde de la recesión, al borde de la inactividad y donde la economía y la producción nacional están en la picota para infortunio de todos.
Por eso, estimado lector y Fina lectora, no obstante que siempre será bueno que una nación cuente con un gran líder y un gran abogado de todos, qué malo que esto no se traduzca ahora (en México) en acciones, en hechos concretos dignos de admiración y de encomio, pues por lo que vemos y reprobamos, nuestro “abogado” está más ocupado tratando de darse a sí mismo algo de legitimidad porque, a fuerza de ser sinceros, su legitimación no provino del voto por voto y casilla por casilla y, en consecuencia, su estado de legalidad es sólo eso, un “estado de legalidad” aparente, que entre abogados y para los abogados sí cuenta, aunque deje un muy mal sabor de boca en casi todos los mexicanos.
Por eso, ojalá tuviéramos un abogado de verdad, uno que, Licenciado en Derecho o en cualquiera otra disciplina, se disciplinara a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, en materia de abogacía y de economía, de economía política incluso, a respaldar las aspiraciones de los gobernados, a tratar de que las cosas ya no sean tan desiguales, sin importar que con ello tuviere que desafiar a un estado (de cosas) corrupto y vil que ya avergüenza de plano. Y si no quiere usted creer en lo que se dice ahora, nomás vea el estudio presentado por Transparencia Internacional, el organismo dedicado a medir la tasa de honestidad y deshonestidad a nivel mundial, donde ciertos países europeos son para el caso los más honorables del mundo, aunque México no sea de esos.
Pero sí, necesitamos un buen abogado, eso es claro y definitivo. Uno sabio e inteligente que, honesto a toda prueba, se dé a la tarea de garantizar los dictados de la Constitución en beneficio de todos los mexicanos.
Es todo.
Por Dagoberto Márquez
Aunque haya egresado de una escuela privada de Leyes, el señor Calderón no es un abogado de México, por más que trate de aparentarlo en spots de televisión, pues no puede serlo quien ocasiona un mal para luego aparentar que hace el bien.No. No se trata de una opinión acerca de esos nobles profesionistas del Derecho que, haciendo valer la ética profesional —ahora tan discutida o hasta vilipendiada, según sea el caso—, no caen en el pomposamente llamado "conflicto de intereses", en el prevaricato entre las partes o en el turbio y vil contubernio.
Tampoco se relaciona con aquellos profesionistas que, haciendo gala de su admirable y siempre bienvenido humanismo universitario, defienden causas buenas y mejores a favor del justo, a favor del inocente, del no culpable, del oprimido, del campesino, del acusado injustamente, del burócrata mal pagado, del obrero, del asalariado o bien, del desprotegido, sin más pago que el que pueda ofrecérseles humilde o modestamente.
Y no, no se trata (tampoco) de una opinión acerca del abogado de la Nación, así, sin comillas, refiriéndonos al titular de la Procuraduría General de la República. De la misma forma, no se trata de una cita relacionada con un abogado cualquiera, porque un abogado cualquiera es todo aquel que aboga por quien menos tiene o por quien, careciendo de medios de todo tipo, permite que aboguen a favor suyo. Menos se trata de sinvergüenzas y de rufianes que, habiendo estudiado (también) Derecho, se pasan siempre de listos para despojar o para enriquecerse, torciéndolo todo que hasta (como diría Cantinflas) lo derecho lo vuelven chueco. Claro que no. No se trata de eso.
Se trata de algo importante, de algo trascendente porque una nación tiene en su Presidente de la República a un abogado imperfecto —pero abogado al fin—, porque en teoría (al menos en teoría) su Presidente aboga por ella, dentro y fuera, entendiéndose esto como la virtud y la capacidad de una persona que, investida como Presidente, aboga por todos, así sea esto un término meramente figurado, una vacilada ocurrente de vaya usted a saber quién, o de sólo una utopía, porque del dicho al hecho... hay mucho trecho, diríase.
Y sí, México tiene a su abogado, aunque tanto como abogado, como que no, no obstante que don Felipe Calderón estudió Derecho efectivamente. Y veamos por qué.
Tiempo atrás, no mucho realmente, el nuevo gobierno (de la República) hizo hasta donde pudo para encarecer artículos de primera necesidad, con la “estrategia” probable de encarecer para después hacer como que pugnaba por su abaratamiento, lo cual además de patético fue burdo, porque aparte de que sí se encarecieron las cosas, medio mundo no le creyó lo de las buenas intenciones, quedando de entrada como un gobierno medio tramposo pues lo que gravitó desde un principio (en el asunto) fue la imposición de más tributo (impuestos), a fin de que la recaudación nacional mejorara, supuestamente.
Al parejo de esto, también maniobró con la finalidad de crear nuevos impuestos por la vía de la recomposición de la tasa tributaria, lo cual además de que fue ampliamente rechazado, dejó un mal sabor de boca hasta en industriales y grandes empresarios, incluso no nacionales. Para acabar con el cuadro y desentendiéndose de ofertas políticas de campaña, en vez de tratar de reducir los precios de factura de combustibles y energéticos o de siquiera dejarlos en la “estabilidad” actualizada, el gobierno determinó ir por el alza de precios, importando un carajo que todo lo anterior golpee el bolsillo de millones de mexicanos. Y que conste que todavía no hablamos de la maligna intención en la venta de PEMEX, dado que los hidrocarburos son, efectivamente, propiedad permanente de la Nación.
Pero el abogado de la Nación ya aboga por los que menos tienen, aunque en vez de reestructurar y nulificar y disminuir algunos renglones del egreso, opte por decir que los incrementos a las tarifas energéticas y a los combustibles entrarán en vigor ¡hasta enero de 2008! De manera que ¡ufff... de la que nos salvamos! Y no, no es broma. Ya ve usted con todo lo difundido por las “amables” televisoras. Sí, hombre, que la rebatiña está buena y “a favor” de los que menos tienen... que las iniciativas de marras no pasarían (y pasaron)... que si una reforma se condicionaba a la aprobación de la otra... que finalmente siempre sí con los aumentos, aunque “nomás de a poquito” y hasta después... que las Cámaras no legislan ni autorizan en función de presiones ni bravuconadas, y que diputados y senadores de izquierda como que recularon.
Pero es lo mismo, hombre. La vorágine de la carestía que habrá de impactar siempre en los que menos tienen, es imparable, por más que haya un “abogado” de la Nación que, habiendo salido de un turbio proceso de fraude, nomás no garantiza nada, porque siendo su naturaleza como es, ¿pues cómo? ¡Y ahí está el detalle!, como dijera el siempre bien recordado Cantinflas.
Porque si usted se da cuenta, ¿cómo va a manejar honestamente la economía (de un país) un abogado (licenciado en Derecho, no egresado de una universidad pública, humanista, de clara vocación social, como podría ser la UNAM o la UAG), que al parecer nada sabe en realidad de Economía y que por asesores sólo tiene a mercaderes y mequetrefes de la política, así como al propio Fondo Monetario Internacional? No, ¿verdad? No parece estar ahí la respuesta. Por lo menos no la bien intencionada que pudiera sacar de apuros (o de la postración) a las clases depauperadas y marginadas.
¿Y entonces, qué?, sería la pregunta acaso. Y entonces nada. No nos hagamos… (como se dice aquí en México). La única respuesta capaz de sacar esto adelante sólo puede venir de la presión de las masas, de la presión bien conducida y bien organizada, que por los caminos de la política logre que quienes gobiernan (y autorizan, desde el Congreso) den marcha atrás, rectificando en lo referente a la política económica, sobre la base de un criterio más humano, con la finalidad de que desde el poder se tomen las medidas de protección al pueblo, pero dentro de un marco de rectitud y de honestidad, donde los impuestos no sean tan severos y tan diversos y donde —previa depuración de los mecanismos tributarios— se neutralice la evasión, se incentive la inversión y la producción misma, haciendo los ajustes para que nuestros impuestos no vayan a parar a la estúpida dilapidación (derroche) que tiene a México y a los mexicanos al borde de la inacción, al borde de la recesión, al borde de la inactividad y donde la economía y la producción nacional están en la picota para infortunio de todos.
Por eso, estimado lector y Fina lectora, no obstante que siempre será bueno que una nación cuente con un gran líder y un gran abogado de todos, qué malo que esto no se traduzca ahora (en México) en acciones, en hechos concretos dignos de admiración y de encomio, pues por lo que vemos y reprobamos, nuestro “abogado” está más ocupado tratando de darse a sí mismo algo de legitimidad porque, a fuerza de ser sinceros, su legitimación no provino del voto por voto y casilla por casilla y, en consecuencia, su estado de legalidad es sólo eso, un “estado de legalidad” aparente, que entre abogados y para los abogados sí cuenta, aunque deje un muy mal sabor de boca en casi todos los mexicanos.
Por eso, ojalá tuviéramos un abogado de verdad, uno que, Licenciado en Derecho o en cualquiera otra disciplina, se disciplinara a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, en materia de abogacía y de economía, de economía política incluso, a respaldar las aspiraciones de los gobernados, a tratar de que las cosas ya no sean tan desiguales, sin importar que con ello tuviere que desafiar a un estado (de cosas) corrupto y vil que ya avergüenza de plano. Y si no quiere usted creer en lo que se dice ahora, nomás vea el estudio presentado por Transparencia Internacional, el organismo dedicado a medir la tasa de honestidad y deshonestidad a nivel mundial, donde ciertos países europeos son para el caso los más honorables del mundo, aunque México no sea de esos.
Pero sí, necesitamos un buen abogado, eso es claro y definitivo. Uno sabio e inteligente que, honesto a toda prueba, se dé a la tarea de garantizar los dictados de la Constitución en beneficio de todos los mexicanos.
Es todo.
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