jueves, octubre 04, 2007

Entre el silencio amordazado y el silencio cómplice (España)

En un régimen corrupto y putrefacto es una contradicción vincular libertad, democracia e información

Ramón Pérez Almodóvar
Rebelión

Ejercer el periodismo en libertad democrática en Tenerife, y en muchos otros lugares del mundo, es imposible. Es una contradicción en un régimen corrupto y putrefacto vincular libertad, democracia e información. A estas alturas, reivindicar democracia es absolutamente revolucionario.

Es completamente absurdo pensar que vivimos en un sistema democrático sólo porque se permita votar cada cuatro años porque una banda de desalmados financiados por no se sabe quien, o sí se sabe, se colocarán otra vez en los cargos públicos gracias a un sistema electoral censitario, que excluye a miles de personas. Eso sólo se puede definir con una palabra: régimen.

Ciertamente que el capitalismo neoliberal ha avanzado en sus mecanismos de control, ahora muchos más sutiles. Aparentemente vivimos en una democracia, pero hay 20.000 mujeres canarias esperando una cita con un ginecólogo. Y les dicen que vayan por la privada si quieren saber, mucho antes, qué les pasa. Los instrumentos mediáticos para adormecer y machacar a los ciudadanos están muy engrasados, al tiempo que los trabajadores que hacen funcionar esos instrumentos malviven en la precariedad laboral.

Empresarios cercanos al cemento y al asfalto, muy alejados de la información y del interés en desarrollar el artículo 20 de la Constitución de 1978, obsoleta y antidemocrática en su origen, pese a todo, montan medios de comunicación según un manual que bien puede coincidir con el planteamiento de la N’Dragueta o ‘le cosche’ calabresas: lo utilizan como arma disuasoria para conseguir beneficios en otros sectores productivos y para ello no dudan en contratar mercenarios que defenderán ante una cámara lo que diga el patrón. Cuando contratan a un profesional de los medios, si se sale del guión simplemente se queda sin trabajo.

En estas condiciones, y debido a que la mayor parte de la población se informa a través de la televisión y lo asume mucho mejor, puesto que el esfuerzo de abrir la boca y quedarse parado ante una pantalla es mucho menor que leer un periódico y reflexionar sobre lo que se informa, el control de los medios audiovisuales ha sido una constante del régimen que gobierna Canarias. La única salida, pues, es que los medios públicos informen de lo que sucede a los ciudadanos.

Pero resulta que es imposible. El investigado Jorge Bethencourt, propuesto por CC como consejero del Ente de RTVE, votó a favor de que se desmantelara el centro de producción de Televisión Española en Canarias. Un hipotético problema menos. De la autonómica tampoco hay por qué preocuparse, pues el comisario político es el director general. Sin embargo, los deberes del contratista están claramente estipulados en el reglamento que regula la Ley de la Televisión Canaria y donde se incluye una perorata sobre las garantías del servicio público y bla, bla, bla.

Sin información veraz, entre otras cosas, no existe democracia. Así que es lógico deducir que en Canarias la democracia no existe sólo porque votemos cada cuatro años: el auténtico control lo tienen quienes nos dicen que esto es una democracia y que ellos pueden hacer lo que les salga de sus narices porque les han votado.

Respecto a la situación de la Justicia, poco que decir: el fiscal jefe del TSJC habla de contar con más medios para investigar y tal y echa la culpa de la lentitud de la Justicia a los inmigrantes, en la línea ortodoxa de Paulino. Si se inicia un procedimiento judicial contra un político, siempre habrá un defecto de forma en la tramitación del expediente y todos a la calle, como en Marbella.

Esto no se lo cree nadie: puede ser cierto que falten medios, pero es que en un régimen todo está calculado, incluso que falten medios. Pero que se oiga la voz nítida de un marqués, de la Oliva, y que no se le juzgue por cohecho; que se oiga una conversación entre el presidente del Gobierno, Adán Martín, con un empresario pactando la aprobación de miles de camas pese a la ley y que el asunto se archive; que el Gobierno gane una sentencia contra el Ayuntamiento de El Rosario y que el alcalde, del PSOE (¿) pida que no se ejecute…Y que el Gobierno acceda.

Todo esto no parece más que una farsa donde casi todo está absolutamente corrompido. Es algo intrínseco al neoliberalismo salvaje, porque todo, potencialmente, se puede comprar, incluso la dignidad. Por eso hoy, en 2007, pedir democracia es revolucionario. Porque ocurre que para algunos demócratas la dignidad no está en venta: es el gran valor que queda a quienes creen en la democracia, concepto que han intentado, también, expropiar.

De ahí que en esta prostitución del lenguaje haya avezados proxenetas lingüísticos que se atreven a citar los versos de Pedro García Cabrera sobre el silencio amordazado, que escribió en contra de la dictadura mientras el abuelo de Miguel Zerolo asistía a las ejecuciones de republicanos luchadores por la libertad, según cuenta la tradición oral. Ahora, más que silencio amordazado, asistimos atónitos al silencio cómplice de los medios de comunicación de Tenerife, sin cuya colaboración no se hubiera podido llegar a la actual situación de podredumbre.

Es lógico que los medios privados defiendan sus intereses, que pueden estar y están de hecho en otros sectores distintos al de la comunicación. Eso es indiscutible. Pero ocurre que la gran mayoría deja de publicar muchas informaciones de interés general, público, y trata la información como mera mercancía: la que se oculta es la más cara. Por eso es inadmisible que muchos de esos medios privados obtengan licencias para emitir, se les subvencione con dinero público o se ponga publicidad con dinero de todos los ciudadanos cuando lo único que defienden son sus negocios y les importa una higa la información veraz y el interés general. Una higa.

De ahí que la lógica salida para informar mucho mejor tenga que venir a través de los medios públicos. Por qué no lo hacen es algo que tiene que pesar sobre la conciencia de los directores. Salvo contadas excepciones, en los privados, sobre todo si son juguetes familiares, no se suele pedir que tengan conciencia, sino que les sobren escrúpulos.

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