Inaceptable, que gobiernos entreguen recursos hídricos a firmas internacionales

Cuando los estados no atienden a sus pueblos se vuelven cómplices de empresas: TLA

Los países democráticos aceptan las críticas del tribunal, considera su presidente Philippe Texier

Matilde Pérez U. (Enviada)

Aspecto del río Magdalena, en la delegación Magdalena Contreras, recientemente rehabilitado como parte del programa de rescate de los cauces de la cuenca del valle Foto: Víctor Camacho

Guadalajara, Jal., 12 de octubre. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) tiene confianza en la actuación de los estados democráticos actuales pero, lamentablemente, cuando hay intereses económicos y sociales en medio de la exigencia al derecho a agua potable y sana, el problema se torna complejo, sostuvo Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, quien fungió como presidente del jurado del organismo internacional.

No es posible, dijo, que se vendan a grandes compañías los suelos y subsuelos de las naciones y no se atienda la demanda de las poblaciones. “No me atrevo a decir que hay complicidad de los estados en eso, pero no atender el interés de sus pueblos es volverse cómplices de (empresas) internacionales”.

Al concluir las sesiones públicas del TLA y dar a conocer las recomendaciones en torno a siete casos, el también integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, comentó que las denuncias ciudadanas por los daños que provocan compañías extranjeras o industrias de sus respectivos países a los cauces superficiales y subterráneos está aumentando; sin embargo los gobiernos no prestan suficiente atención a ello porque sigue prevaleciendo el interés económico antes que los derechos humanos de los ciudadanos y “eso es grave”.

Como ejemplo Texier mencionó el caso de la construcción del tranque El Mauro donde habrá dos mil 60 millones de toneladas de los desechos de la mina Los Pelambres sobre la vertiente del estero Pupío, de la que dependen mil personas de la comunidad de Caimanes, provincia de Choapa, Chile, cuyo permiso fue negado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, “con la tolerancia de la autoridad, la empresa continuó la obra vulnerando arbitrariamente los derechos de agua, calidad de vida y afectando las actividades agrícolas y turísticas de los pobladores, así como la pérdida de biodiversidad”.

En este como en otros casos, abundó, “vimos que hay una legislación para evitar los daños y también se prevén sanciones, pero no son aplicadas. Entonces, el tema es que los estados no protegen a sus ciudadanos y por eso éstos acuden a la justicia; pero si tampoco cumple, recurren a organismos internacionales, como el TLA, cuyas resoluciones son de carácter ético y moral, pero eso ayuda a la gente que lucha por sus derechos”.

Por eso, asentó el magistrado, “somos incómodos para los gobiernos, pero a mí, en lo personal, no me molesta. Si un estado se reivindica como democrático al menos tiene que aceptar que una reunión como la del TLA –para deliberar y dictaminar en torno a los casos que le son presentados– puede hacerse en su territorio y cuestionar su política. La democracia acepta la crítica”.

Aclaró que el TLA no está en una postura de juzgar ni de condenar sino de ayudar a buscar soluciones, “su espíritu permanente es de, cuando es posible, servir de intermediario para lograr una posible negociación o transacción” entre los demandantes y los demandados.

Texier consideró que los casos presentados en el TLA podrían también llevarse a otros organismos internacionales, como la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales hasta el momento han juzgado únicamente temas de derechos civiles y políticos, y el derecho al agua es económico y social. “El día en que ambas instancias reconozcan su competencia en el campo del derecho al agua se podrá acudir a ellas, pero hasta la fecha no hay una jurisdicción universal en materia de derechos humanos”.

Destacó que el anhelo de quienes participan en el TLA es ayudar a quienes recurren al organismo en busca de justicia. “Los medios que tiene son pocos, pero sus sentencias son importantes. Estoy convencido de que la población afectada –de los siete casos analizados por el jurado– va a ampararse en la sentencia para exigir sus derechos. No tenemos poder vinculante, pero sí un poder moral y ese no hay que descartarlo.”

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