Derechos indígenas: cuentas pendientes

Editorial

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, resaltó ayer la importancia de la conmemoración del Día de la Raza por tratarse de una fecha en la que se celebra “nuestro origen plural”, así como un “memorial de las tragedias” que sufrieron los indígenas de América durante la Conquista, y de las que debe aprenderse para que, en el futuro, “ninguna cultura se imponga o pretenda imponerse a otra mediante la violencia”.

Los deseos expresados por Calderón podrían resultar plausibles de no ser porque sus palabras omiten que, en la actualidad, los pueblos originarios del país –y los del mundo, en general– padecen una difícil situación en materia de derechos humanos, que se refleja en la hostilidad, la persecución y la discriminación de que son objeto por parte de los gobiernos y de gruesos sectores de la sociedad.

Para contrarrestar la profundización global de tales injusticias, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado 13 de septiembre la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, un documento que implica el reconocimiento y la inclusión de las comunidades autóctonas y sus garantías en la legislación internacional. La aceptación del documento constituye un hecho de gran trascendencia, tanto para los pueblos nativos como para la consolidación de una estructura jurídica internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, dada su condición no vinculante, la inclusión de la declaratoria en los marcos legales de los estados pertenecientes a la ONU ha quedado condicionada, en todo caso, a la voluntad de las autoridades gubernamentales de cada nación.

En el caso de México, según ha señalado el relator especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, el gobierno federal ha ratificado la declaratoria, pero se ha reservado la aprobación de seis artículos que conciernen a autonomía, libre determinación, autogobierno, tierra, territorios y recursos naturales. Dicha situación es por demás inaceptable, pues plantea un obstáculo importante para la implementación efectiva en nuestro país de la legislación internacional en materia de derechos indígenas, y da cuenta de la falta de voluntad del grupo gobernante para reconocer y respetar garantías imprescindibles para la supervivencia y el desarrollo de los pueblos indios.

Por si fuera poco, las autoridades han dado cuenta de su déficit de disposición para escuchar las legítimas demandas de los pueblos autóctonos, así como de sus tendencias represoras y segregacionistas. Muestra de ello son los actos de hostigamiento policiaco-militar –disfrazados de operativos contra el narcomenudeo– contra los delegados asistentes al Encuentro de Pueblos Indígenas de América, que se celebra desde el pasado jueves en Vícam, Sonora.

Ante este panorama, es de suma importancia que el Legislativo atienda el exhorto del propio Stavenhagen e incorpore al marco jurídico mexicano la declaratoria referida, a fin de “rehacer, redefinir y remodificar las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana en su conjunto y el Estado, de manera no violenta, pacífica, negociada, democrática y participativa”. En el contexto de una conmemoración más del Día de la Raza, es claro que en nuestro país persiste un saldo pendiente: el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios que se base en el reconocimiento real de su existencia y sus garantías fundamentales, y que comience por el respeto a su derecho a la autonomía y la libre determinación.

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