Javier Oliva Posada
En franca caída en la aceptación de la gestión ante sus ciudadanos, con las dos Cámaras del Congreso dominadas por sus adversarios del Partido Demócrata, con el aislamiento internacional ante su resistencia a reconocer el deterioro ambiental, producto de la industrialización, y con el insólito alargamiento de la guerra en Irak y Afganistán, el presidente de Estados Unidos insiste en hacer del narcotráfico un asunto principalmente bélico y no un tema de salud pública y, por tanto, de prevención.
David Brooks, en sus espléndidos despachos (La Jornada del 23 de este mes y días subsecuentes) aporta varios datos a considerar. Destaca el referido a que el dinero solicitado al Congreso de ese país, destinado a la ayuda a México en el combate al narcotráfico, se encuentra dentro de la misma partida presupuestal que la destinada a las guerras de Irak y Afganistán. Probablemente, para que no fuera muy visible o cualquier otra razón esgrimida, haber incluido allí a nuestro país en esa bolsa fue muy mala idea, pues pareciera que con criterios muy peculiares se acepta que el nivel de conflictividad en las tres naciones es similar.
En el caso de que así sea, la construcción del ignominioso muro entre México y Estados Unidos cuenta con una promoción indirecta, pero eficaz, desde la Casa Blanca. Ya no sólo es el probable fracaso a la aprobación de la ayuda solicitada para nuestro país, sino, como se recordará, la sonada derrota legislativa de Bush cuando presentó la iniciativa de regularización de varios millones de inmigrantes, principalmente mexicanos, que al ser rechazada por senadores de su mismo partido dejó en claro que el crecimiento de la xenofobia, y en particular del antimexicanismo, van en aumento.
Por parte del gobierno mexicano, asistimos nuevamente a las afirmaciones y desmentidos entre funcionarios de primer nivel, en este caso entre el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Pero además de eso, la notable ausencia de participación en la negociación del Congreso, principalmente de la Cámara de Senadores. Así que con un escenario de esa naturaleza, tanto interno como externo, las probabilidades de que se aprueben los mil 500 millones de dólares son escasas. Y no es un asunto en el cual se pueda señalar sólo como un fracaso o la falta de pericia política, además de esto queda en evidencia que el planteamiento para hacer frente al narcotráfico sigue siendo un asunto de corrección y no de prevención. Los incrementos en las tasas delictivas, aunadas a los indicadores de desempleo, la frustración juvenil para encontrar condiciones aceptables de vida y contar con un futuro medianamente estable son, entre otras muchas razones, parte de la patología social que conduce a la drogadicción.
La denominación puede ser Plan México, Iniciativa Mérida o Compromiso Guadalajara, lo que es un hecho es que, lejos de disminuir, el consumo de estupefacientes y otras drogas aumenta. Que en vez de disminuir la violencia intrafamiliar, la desintegración del núcleo base de la sociedad se incrementa. Y así seguiremos en tanto el enfoque no sea modificado, mediante una visión integral, articulada y con prioridades que se enfoquen a la consideración de la pobreza y la marginación como bases de la polarización social que vive el país; pues mientras los planes de gobierno no ponderen en la estrategia el deterioro de los valores y principios sociales, los efectos de propuestas como las comentadas serán pocos y de corta duración.
A lo anterior habrá que sumar las consecuencias sobre la soberanía y política exterior de México. Pues un préstamo de esa magnitud, lógicamente, va acompañado de condiciones e imposiciones. Así, no obstante planes y propuestas, el problema del narcotráfico y la gravedad del mismo siguen allí creciendo y creciendo.
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