Barones de los medios, “defensores” de la libertad

Carlos Fernández-Vega

Casi mil millones de pesos ganaron radio y tv en la última campaña presidencial

De nueva cuenta corren las lágrimas de cocodrilo de los barones de los medios electrónicos de comunicación, disfrazadas de “defensa de libertad de expresión”. En todo caso, la novedad en esta ocasión es que uno de esos barones se animó a dar la cara por primera vez en este baile de máscaras, que empezó el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Senadores y, como siempre, lo hizo de la manera más desaseada posible.

Se trata de Ricardo Salinas Pliego, un experto en licuadoras y abonos chiquitos, que devino propietario de la segunda cadena televisiva en el país –ahora también dedicado a la fabricación de autos, en asociación con la empresa china FAW–, y quien en días pasados, al estilo Hechos, a todo pulmón gritó que los tres principales partidos políticos del país quieren “echar al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”

Cierto es que millones de mexicanos han luchado y luchan por la libertad de expresión, y obvio es que entre ellos no aparece el nombre de Ricardo Salinas Pliego. Por el contrario, se observa una larga trayectoria en la que la constante ha sido, precisamente, la defensa del lado contrario.

Dado los escasos resultados de los operadores a su servicio, algunos de ellos con cargo de presidente gremial, otros con vistosos tonos rosas, los titiriteros comienzan a salir al escenario. Falta el de la fábrica de sueños, pero en vía de mientras la Cámara de Diputados, por medio de uno de sus centros de estudios, nos regala un paseo por los efectos de las recientes modificaciones constitucionales aprobadas mayoritariamente por los Congresos federal y estatal, en lo que se refiere a procesos electorales y contratación de tiempos en radio y televisión, y las nuevas reglas de acceso a estos medios electrónicos.

Para abrir apetito, indica que a partir de informes preliminares y monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en los medios de comunicación escritos y electrónicos, se estableció que de los más de 2 mil 68 millones de pesos entregados como gasto de campaña a los partidos políticos de México y a las coaliciones, en la campaña presidencial 2006, al menos 47.3 por ciento (998 millones de pesos) se destinó a la compra de espacios en la radio y la televisión. Lo anterior, sin considerar la misteriosa aparición y desaparición de 281 mil spots que, a estas alturas y ante el inminente relevo en la presidencia del IFE, nadie sabe, nadie supo.

Dichos informes, apunta la Cámara de Diputados, permiten conocer el monto canalizado a medios electrónicos en la elección presidencial por partido político: el PAN canalizó 221.4 millones de pesos en medios, de los cuales 98.9 por ciento se destinaron a televisoras y empresas de radio; la Alianza por México gastó 367.7 millones de pesos, y de ellos 94.3 por ciento fueron para los medios; la coalición Por el Bien de Todos pagó 359.1 millones de pesos, 99.6 por ciento de los cuales se aplicaron a radio y televisión; el Panal gastó 23.1 millones de pesos, de los cuales 95.7 por ciento llegaron a los medios electrónicos; el PASC erogó 6.6 millones de pesos y 100 por ciento de los mismos se aplicó a la adquisición de espacios. Lo anterior no incluye una serie de “trucos” publicitarios, como el más común de disfrazar como “información” la propaganda pagada.

A partir de las modificaciones constitucionales, los medios electrónicos deberán borrar de sus proyecciones de utilidades los jugosos ingresos que les dejaban las campañas electorales, principalmente para presidente de la República, y que hasta antes de esos cambios los referidos barones llamaban “defensa de la libertad de expresión”.

Ahora que los legisladores decidieron “echar al basurero de la historia…” (etcétera) y arruinarle la “libertad de expresión” a personajes como Salinas Pliego, quedó claro que los tiempos a los que gratuitamente tienen derecho los partidos políticos en tiempos electorales se distribuyen de la siguiente manera: 30 por ciento en forma igualitaria y 70 por ciento en función de su fuerza electoral. Así, para el siguiente proceso electoral el PAN dispondrá de 34.38 por ciento; PRI, 22.39; PRD, 18.51; PT, 5.96; PVEM, 6.59; Convergencia, 5.34; Panal, 4.67; y PASC, 2.11. Además, en tiempos de precampaña los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio o canal de televisión.

El anterior, explica, será el empleado para estimar la distribución de 70 por ciento de los espacios en radio y televisión por partido político, durante las campañas y precampañas electorales, de tal suerte que si una estación de radio o un canal de televisión tiene una transmisión de 12 horas diarias, a los partidos políticos le corresponderán 12 minutos o su equivalente de 720 segundos diarios, de los cuales, 216 segundos se distribuirán de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y 504 segundos se repartirán en función de la fuerza electoral de cada partido político. El IFE dispondrá para sus propios intereses de 36 minutos diarios por estación de radio o canal de televisión. La cuota aumenta de acuerdo con el número de horas de transmisión de una estación de radio o un canal de televisión.

De ese mismo tamaño es el lamento de los barones de los medios electrónicos y sus lágrimas de cocodrilo.

Las rebanadas del pastel

Entre los barones hay muchos “defensores de la libertad”, como Germán Larrea, dueño de Grupo México, que por la libre, no sin el guiño cómplice del gobierno federal, decidió el cierre “definitivo” de la tristemente célebre mina de Pasta de Conchos, en la que los cuerpos de 63 mineros permanecen sepultados desde el 19 de febrero de 2006, porque, asegura, “no hay condiciones para operar” y ya se hizo “lo humanamente posible”. Se supone que el que decide el cierre es la Secretaría de Economía, aunque también en esto los hechos se adelantaron a Eduardo Sojo.