SCJN: impunidad o justicia

Editorial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto votar, en sesión de hoy, el dictamen sobre el caso Lydia Cacho. Los ministros deberán pronunciarse en favor o en contra del documento en el que el ministro a cargo de la investigación, Juan Silva Meza, concluyó que “sí existió un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la periodista, y que en esta confabulación ocupó un lugar prominente el gobernador de Puebla, Mario Marín. Por su parte, el ministro Genaro Góngora Pimentel afirmó que “los indicios recabados por la comisión investigadora sustentan plenamente las conclusiones del dictamen” y resaltó la necesidad de considerar las llamadas telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernante como prueba en la indagatoria.

Sobre esta base, los 11 ministros que ocupan la sala de la SCJN y su presidente tienen en sus manos la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten de las instituciones judiciales. Sin embargo, según las informaciones disponibles hasta el momento, la mayoría de los ministros podría rechazar el señalamiento de Marín como presunto culpable. Si ésta fuera la decisión del pleno, se refrendaría el pacto de impunidad entre el panismo y el priísmo.

Lo que que hasta el momento se sabe permite suponer que el alegato al que se acogería la mayor parte de los integrantes de la SCJN para evitar que el gobernador de Puebla sea encontrado presunto culpable es que en el dictamen elaborado por Silva Meza no existe ninguna referencia directa de algún funcionario de esa entidad que señale al mandatario.

Este argumento, sin embargo, pasa por alto una evidencia que, por más que carezca de rigor legal, deja asentada, sin margen de duda, la responsabilidad de Marín en las violaciones a los derechos humanos que se discuten en el pleno. En febrero de 2006, este diario dio a conocer una serie de grabaciones en las que Marín hablaba con Kamel Nacif, señalado por Lydia Cacho como parte de una red de pederastas. En ellas se escucha la voz del gobernador jactándose de “darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” y de haber ordenado su secuestro por parte de la policía y su traslado ilegal a Puebla.

Por más que la grabación carezca de validez legal en un proceso judicial, si la SCJN decidiera pasarla por alto cerraría la puerta al esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, que son una afrenta contra el estado de derecho, contra la vigencia de las garantías individuales y contra el más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder. Ratificar la impunidad de que ha gozado hasta ahora Mario Marín sería, en los hechos, dar carta blanca al autoritarismo y confirmar que los caciques locales y quienes detentan cargos políticos pueden operar sin miedo a recibir un castigo por atropellos contra los gobernados.

Una decisión en este sentido implicaría también contribuir al menoscabo de la credibilidad que padecen las instituciones del país. En un clima tan crispado como el que impera en México –en el que la gente siente a las autoridades cada vez más lejanas del interés general y en el cual las instancias judiciales son, ante sus ojos, cada vez menos confiables–, se estaría dando un golpe más a la democracia.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo están decidiendo sobre el caso Lydia Cacho: están decidiendo también si ratifican la impunidad de que goza la clase política o si apoyan la construcción de un México más justo, más ético y más respetuoso del derecho.