El Seguro Popular, sin fondos suficientes para operar hasta 2010, señala la ASF

Desde hace dos años la Ssa no define metas a mediano plazo, señala el órgano

Integra dictamen relativo a la promoción del fincamiento de responsabilidades administrativas

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La revisión de la política social en el gobierno de Vicente Fox Quesada condujo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar que el Seguro Popular contemplado para el periodo 2005-2010 no contará con ingresos suficientes para garantizar la prestación de los servicios médicos de las familias afiliadas.

El costo de los servicios esenciales aumentará 52 por ciento en promedio anual, al pasar de 27 mil 877 millones de pesos a 226 mil 10 millones en el citado periodo. “Además, se estima que los costos de atención de enfermedades generadoras de gastos catastróficos se incrementarán en 3 mil 686 millones de pesos, en 2005, a 67 mil 105 millones de pesos, en 2025.”

Gastos catastróficos

De tal forma, en el legajo de “Auditorías delicadas”, elaborado por la ASF, se manifiesta que desde hace dos años, la Secretaría de Salud (Ssa) no determinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2005 “los objetivos y las metas anuales del compromiso de mediano plazo, relativo a reducir en 75 por ciento los gastos catastróficos en salud, en infracción del Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal”.

El órgano fiscalizador emitió una recomendación para que las metas que se definan en el PEF sean congruentes con las que se fijen en los acuerdos de coordinación que celebren el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales sobre protección social en salud. La respuesta de la Comisión Nacional en Protección Social en Salud (CNPSS) consistió en informar que habían efectuado las gestiones necesarias para que en los anteproyectos de presupuesto se consideren los reportes de cumplimiento de metas.

También la Ssa previó que en 2010 el número de familias incorporadas al sistema de Seguro Popular ascenderá a 12 millones, cifra que representa 94.7 por ciento de las 12 millones 600 mil familias que integrarán la población objetivo del sistema, lo que significará entonces que 600 mil núcleos familiares no tendrán acceso a la protección social en salud.

“En 2005 el Consejo de Salubridad General no había realizado el cotejo del padrón de beneficiarios del sistema contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social, situación que impidió a la CNPSS cancelar los beneficios del sistema a las familias afiliadas, que se encuentran incorporadas en alguna de esas instituciones.

“Además se constató que la CNPSS no realizó la validación de los datos relativos a la información de las familias incorporadas al sistema, remitidos por los regímenes estatales (gobiernos de los estados); se observó falta de consistencia entre el número de familias afiliadas y la población objetivo del sistema registrada por los regímenes estatales de Aguascalientes, Colima y Tabasco, y se advirtió que el reporte del cumplimiento de la meta de incorporación en la cuenta pública no fue consistente con la información soporte proporcionada por la referida comisión.”

En el cuerpo de la auditoría también se advierte que la CNPSS no emitió los lineamientos relativos al sistema de información sobre satisfacción de afiliados, en un plazo que no debería exceder de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del reglamento de la Ley General en Materia de Protección Social en Salud, los cuales tienen carácter obligatorio en su cumplimiento, por lo que al no haber sido emitidos, se incumplió lo dispuesto en el artículo noveno transitorio del mencionado reglamento.

Entre las acciones emprendidas por la Auditoría Superior destaca haber integrado el dictamen y el expediente técnico relativo a la promoción del fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Por lo que hace a la transferencia de recursos, durante la auditoría la CNPSS solicitó una extensión en el plazo para proporcionar la información documental que justificara la transferencia de mil 116 millones de pesos a los gobiernos estatales por concepto de cuota social y aportación solidaria al sistema; 534 millones 922 mil pesos al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, y de 97 millones de pesos al Fondo de Previsión Presupuestal Anual.

“Además, se observó que, en 2005, la Ssa no constituyó el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, mediante el cual el gobierno federal trasferirá recursos a los regímenes estatales para llevar a cabo acciones relativas a las funciones de rectoría y prestación de servicios de salud a la comunidad.”