Sin mover un dedo

Carlos Fernández-Vega

Originalmente la información fue divulgada a finales de marzo pasado y causó conmoción: de 2001 a 2005, el gobierno foxista “transfirió” casi un billón 200 mil millones de pesos (un Fobaproa) en impuestos al capital privado que opera en el país, en especial a los barones del dinero, a los dueños de prácticamente todo.

Siete meses después, a finales de octubre, la Auditoría Superior de la Federación decidió reciclar su propia información, la divulgada al finalizar el tercer mes de 2007, y en forma de documento entregarla de nueva cuenta a los diputados federales, tal vez con la intención de que finalmente alguien haga algo para detener la sangría, vía fiscal, de recursos públicos en beneficio del gran capital.

En su edición de ayer La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez) detalló que “la ASF descubrió que en el sexenio de Vicente Fox el SAT pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. Es decir, en cinco años analizados por el órgano fiscalizador, la administración foxista, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, favoreció a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos. Sólo la devolución de IVA e ISR, acumulada entre 2001 y 2005, cuya cifra fue de 604 mil 366 millones de pesos, superó en 216 por ciento a la inversión privada que se registró entre esos años y cuyo monto ascendió a 279 mil 832 millones de pesos. En un documento elaborado por la ASF, que fue entregado a los diputados federales, ahora el órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos se da por satisfecho con una propuesta del gobierno de Felipe Calderón para reducir, a partir del año próximo, el porcentaje del monto de impuestos que serán devueltos y acotar los créditos fiscales, sin emitir recomendación a la administración federal para que subsane el citado deterioro al erario”.

De marzo (informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2005) a octubre de 2007 (misma información e igual informante, pero ahora en forma de documento) han transcurrido siete meses, a lo largo de los cuales nadie ha tomado cartas en este asunto, incluso considerando la aprobación de una “reforma” fiscal que no alteró el estado de cosas, es decir, la sangría de recursos públicos en beneficio del capital privado.

Ese billón 200 mil millones de pesos es equiparable a otro Fobaproa, no sólo por el monto involucrado sino por el mecanismo de “reparto”, pero también equivale a la mitad del presupuesto de egresos 2008, a más cinco años de exportaciones petroleras (2002-2006), a dos veces la inversión sexenal prevista para infraestructura, a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, y, en fin, a muchísimas cosas más que en resumidas cuentas se llama desarrollo.

Entre marzo y octubre pasados nadie movió un dedo para frenar esta barbarie que beneficia al gran capital, en detrimento del país. Nadie, salvo el gobierno calderonista, que a mediados de abril de 2007 (dos semanas después de la escalofriante cuan detallada información de la ASF sobre el “regalo” fiscal de Fox al gran capital) decidió publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales”, que a 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, con lo que el de la “continuidad” confirmó y aplaudió el mencionado “obsequio”.

Falta conocer la información de la cuenta pública 2006 (último año de Fox) y 2007 (primero de Calderón), pero se puede adelantar que será igual de explosiva que la correspondiente a 2001-2005, reseñada por la ASF, pero en vía de mientras recordemos algunos pasajes de este último periodo:

La ASF precisa: Servicio de Administración Tributaria, SAT, créditos fiscales, la mayoría es irrecuperable o está en litigio; de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; se determinó que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales (70 créditos en promedio). Asimismo, se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; se observó también, que un sólo contribuyente acumuló mil 453 créditos. De lo anterior, se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado.

Se constató que tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y un sólo banco registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto.

Once ingenios azucareros, con 739 créditos, adeudaban 8 mil 267 millones, y cuatro de ellos concentraban más de la mitad de los créditos y montos mencionados; en el ramo de transportes, dos empresas registraron mil 60 créditos por 5 mil 780 millones; en materia de entretenimiento y comunicaciones, cuatro clubes de futbol, con 79 créditos, adeudaban 2 mil 179 millones; una compañía editorial, con 40 créditos, debía 2 mil 675 millones, y dos cadenas televisivas registraron créditos por mil 522 millones. Se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que, en 2005, obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT.

No han movido un dedo, pero cómo presumen su “reforma” fiscal.

Las rebanadas del pastel

El gobierno tabasqueño ya siente el agua política hasta el cuello (“existe un altísimo riesgo para la estabilidad del estado”, reclama), y en medio de su propio caos se queja por el “comienzo de actos de pillaje” (Humberto Mayans dixit). ¿Se puede considerar pillaje al intento de la devastada población por hacerse de algunos alimentos, medicamentos y demás artículos de primera necesidad?