Legislación laboral: enmiendas de facto

Editorial

El especialista en derecho laboral Néstor de Buen advirtió, en entrevista publicada ayer en este diario, sobre la ilegalidad de un decreto emitido por el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que arrebata a los trabajadores de confianza del sector público todas las prestaciones económicas y en especie que les corresponden, según se estipula en los contratos colectivos y en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal. De Buen aseguró que esta disposición federal pretende “desmantelar” los derechos laborales de todos aquellos trabajadores de la administración pública que no estén sindicalizados y constituye una reforma de facto a la Ley Federal del Trabajo (LFT), presentada como una medida administrativa que además fue aprobada por los legisladores sin “enterarse de lo que votaron”. La modificación oficial plantea que, en lo sucesivo, “las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos o que se fijen en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace”.

Los señalamientos de De Buen dan cuenta de la falta de interés del actual grupo gobernante para respetar y hacer valer los derechos de los trabajadores en general. Por lo que toca a los empleados federales, es por demás conocida la proliferación de prácticas que atentan contra sus garantías laborales: el personal de confianza, a diferencia del de base, no tiene una jornada laboral fija y es frecuente que se le obligue a firmar cartas de renuncia en el momento de su contratación. Pudiera pensarse que estas y otras irregularidades se compensan con los elevados sueldos que perciben los altos funcionarios públicos, pero lo cierto es que, como lo señala el propio De Buen, el conjunto de los trabajadores de confianza abarca un espectro muy amplio y disímbolo de jerarquías y salarios, por lo que la disposición gubernamental comentada no afectaría únicamente a los mejor pagados: en los hechos, la disposición calderonista excluye a una franja importante del servicio público de un conjunto de beneficios y prestaciones de los cuales deberían gozar por el mero hecho de ser trabajadores. Es necesario, sin duda, que el gobierno de nuestro país adelgace su gasto corriente, pero ello no debe implicar la reducción por decreto de los derechos de sus empleados.

Por otra parte, resulta inadmisible que una modificación en materia de legislación laboral como la que se comenta se haya dado sin incluir en la discusión correspondiente a los sectores que se verán afectados por la misma, y sin pasar por el proceso de debate legislativo, como tendría que haber ocurrido de acuerdo con lo estipulado en la Constitución. Son particularmente graves los señalamientos de Néstor de Buen respecto de la presunta indiferencia de los legisladores al aprobar el decreto: se supone que ellos, en su calidad de representantes populares, deben estar atentos y rechazar cualquier enmienda legal que lesione los intereses de los trabajadores.

Por último, cabe advertir que esta modificación no es un hecho aislado, sino que es la continuación de un proyecto puesto en marcha por los gobiernos neoliberales para, a tono con las condiciones impuestas por las compañías trasnacionales, minar el marco legal que protege a los trabajadores. En el caso del sector público, el gobierno federal pretende presentar a los empleados como los principales responsables de las complicaciones financieras de las dependencias, como poseedores de privilegios laborales injustificables e inmerecidos, y como causantes de gastos innecesarios que asfixian la viabilidad de los organismos. Ante este panorama, el conjunto de la sociedad debe demandar al gobierno el respeto efectivo de sus derechos y rechazar cualquier intento oficial por golpear, como en este caso, una legislación que fue hecha para todos los trabajadores.