John Saxe-Fernández
Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.
Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).
Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.
Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.
Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.
Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.
Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (www.untcip.net) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.
En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.
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