Arrecia crisis entre EU, Argentina y Venezuela

Asunto judicial, el proceso abierto en Miami que implica a Cristina Fernández: Washington

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 14 de diciembre. El gobierno de George W. Bush insiste en que sólo es un asunto judicial por una violación a las leyes de Estados Unidos. Pero dos gobiernos sudamericanos denuncian juego sucio de Washington, mientras el escándalo crece y tiene como protagonistas a un hombre buscado por la Interpol y cinco detenidos, dos de ellos millonarios venezolanos residentes en Miami.

Desde el miércoles, cuando fiscales federales aprehendieron a tres venezolanos y un uruguayo y presentaron acusaciones contra ellos en un tribunal federal en Miami, el caso se ha vuelto cada vez más misterioso, y desató una crisis internacional entre Washington, Buenos Aires y Caracas.

Todo empieza con el arresto de cuatro hombres (hay un quinto considerado prófugo) acusados de conspirar y/o intentar hacerlo al actuar como representantes de un gobierno extranjero en suelo estadunidense sin registro ante el Departamento de Justicia, como indica la ley.

Hoy el Departamento de Estado reiteró que el asunto es exclusivamente judicial.

“Es muy simple: es un asunto de aplicación de la ley estadunidense”, afirmó Sean McCormack, vocero del Departamento de Estado.

Agregó que “no es un asunto de política exterior. No es un asunto de relaciones Estados Unidos-Argentina”. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, insistió, están encargados de un caso en el cual “agentes extranjeros estaban involucrados en actividades que pensamos violan las leyes estadunidenses”.

La “queja criminal” –la justificación legal para las detenciones– fue presentada por el gobierno ante el tribunal federal en Miami el miércoles, y en ella el agente especial de la FBI Michael Lasiewicki expone los elementos del caso, en cuya investigación participó. Ahí revela que la información con que cuenta proviene de “testigos cooperantes”, conversaciones grabadas y documentos.

El documento –del cual tiene copia La Jornada– detalla que Moisés Maionica, Antonio José Canchita Gómez, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kauffmann violaron la ley al actuar como representantes de un gobierno extranjero en territorio estadunidense.

De acuerdo con el agente especial, todo empieza cuando un avión Cessna Citation aterriza en Buenos Aires el 4 de agosto, procedente de Caracas, con ocho pasajeros, entre ellos Guido Alejandro Antonini Wilson. Ahí, agentes de aduanas descubren 800 mil dólares en efectivo en las maletas de Antonini, fondos destinados, se afirma, a la campaña presidencial en Argentina.

El empresario Antonini fue detenido en ese momento, pero liberado después y de ahí se trasladó a Miami.

La acusación de la FBI señala que los cinco detenidos, “entre otros participantes en la conspiración, actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela, buscaron obtener la asistencia de Antonini Wilson, un ciudadano estadunidense que viaja con pasaportes de Estados Unidos y Venezuela, para ocultar del pueblo de Argentina y otros el origen y destino y el papel del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el intento de entregar los mencionados aproximadamente 800 mil dólares”.

Luego el documento detalla “la conspiración”, registrando el ingreso de Durán, Kauffmann y Maionica a Miami el 17 de agosto; la reunión de estos tres, junto con otro hombre no identificado, con Antonini en Fort Lauderdale, ciudad vecina a Miami, el 23 de ese mes, y cómo ahí Durán reveló la identidad de la candidata presidencial de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como la destinataria de los 800 mil dólares confiscados.

En esa conversación, según la FBI, Durán le dijo a Antonini que había conversado con un “muy alto oficial” de la DISIP (agencia de inteligencia venezolana) y otro del Ministerio de Justicia de Venezuela, sobre la “donación abortada”. Advirtió que autoridades tanto de Venezuela como de Argentina perseguirían a Antonini si rehusaba declarar que los fondos confiscados eran suyos. Kauffmann le advirtió que las consecuencias de sus acciones “podrían poner en riesgo a los hijos de Antonini”. Maionica, a su vez, dijo a Antonini que PDVSA pagaría todos los costos y penas financieras relacionadas con la confiscación de los fondos.

El 27 de agosto, Maionica, Durán y otro individuo no identificado de origen argentino se reunieron de nuevo con Antonini y le avisaron que la divulgación del propósito y el destinatario de los fondos podría resultar en la derrota de esa candidata, y que era importante para los venezolanos y argentinos que se resolviera el asunto, con el fin de evitar que se conociera la verdad. Durán identificó al individuo que había portado el efectivo en el avión como “el asistente” del ejecutivo en jefe de PDVSA.

El 16 de septiembre, Maionica habló vía telefónica con Antonini y le comentó que su participación (de Maionica) en este asunto comenzó con una llamada entre la oficina de la vicepresidencia de Venezuela y la DISIP, y fue ahí cuando se le dio su misión.

Se describen más reuniones y citas secretas un par de veces en octubre y noviembre para intentar manejar el comportamiento de Antonini, incluyendo comunicaciones telefónicas con un agente de la DISIP, y otro encuentro con Antonini en diciembre para tratar de encubrir el origen de los fondos, según el documento.

Así, la supuesta misión de presuntos representantes del gobierno de Hugo Chávez fue callar a Antonini, próspero empresario venezolano residente en Miami. Resumiendo sus acciones, el fiscal federal asistente Thomas Mulvihill, en Miami, afirmó ante el tribunal que “el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner. Los acusados tenían instrucciones de mantener en silencio el papel de Venezuela en este asunto”.

En Washington, el procurador general asistente de Estados Unidos para asuntos de seguridad nacional, Kenneth Wainstein, declaró esta semana que lo que se alega es que esto fue “un complot de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadunidense en Miami, en el intento por mantener tapado un creciente escándalo internacional”.

Pero otros detalles complican el asunto. Ese “ciudadano estadunidense” era buscado por la Interpol a solicitud del gobierno de Argentina, que lo acusa de “fraude”. Además, resulta que todos los acusados, a la excepción de Canchica, tienen casas de lujo o algún vínculo con Miami, y que Durán y Kauffmann resultan ser amigos y socios de Antonini, reporta el Miami Herald.

De igual forma, todo indica que Antonini, por alguna razón aún no revelada, decidió cooperar con el FBI en contra de sus amigos y socios. El Herald revela que Antonini grabó para los investigadores una de las conversaciones con sus dos amigos en el restaurante Jackson’s, en Fort Lauderdale. El hecho de que el gobierno estadunidense no presentara una acusación formal contra Antonini parecería comprobar que es su testigo principal en el asunto. Mientras tanto, éste no ha aparecido en público.

Por otro lado, el Financial Times y el Herald reportaron que el abogado de Durán y Kauffmann en Miami, Michael Hacker, había presentado una demanda legal la semana pasada contra un banco que, al cerrar una cuenta de 25 millones de dólares de ellos sin el permiso de sus clientes, no les regresó unos 7 millones de esos fondos. Hacker dijo que el arresto de sus clientes podría estar ligado con ello. El banco les informó que ambos estaban en una lista oficial conocida como “personas políticamente expuestas”, designación del gobierno federal para individuos bajo escrutinio especial.

Hacker declaró que sus clientes “no son agentes de, ni están empleados por, ni están relacionados con el gobierno de Venezuela. Mis clientes son hombres existosos de negocios que negocian con petróleo y gas”.

Cuando La Jornada intentó contactar hoy con Hacker, su oficina en Miami informó que ya no está representando a esos dos hombres. Mensajes dejados a su nuevo abogado no fueron contestados antes del cierre de esta edición.