DEL ESTADO QUE RENUNCIA A TODO DERECHO, INCLUYENDO EL DE GOBERNAR
Por Juan José Mena Carrizales*
La memorable LX Legislatura, que no honorable de la Cámara de Diputados, salvo excepciones, no ceja en su intento por anotar su lugar en la historia entre los colaboradores de los regímenes autoritarios que pretenden legalizar el Estado de Excepción como forma de gobierno, con la actual reforma judicial que va caminando más y más hacia la doctrina del Estado Policíaco. Aquéllos que no tenemos capacidad para ocultarnos en la indiferencia ante nuestros deberes de conciencia, habíamos advertido las graves amenazas que se veían venir a lo que los técnicos jurídicos y políticos tienen a bien llamar el Estado Constitucional, ante el pasado proceso electoral de 2006, que nunca cumplió con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; tal y como los sanciona el propio artículo 41 constitucional, fracción tercera. La actual legislatura se suma entonces a otros memorables ejemplos de la historia, como Heinrich Himmler y Hermann Göring, operadores de las SS y la Gestapo, en la creación de los llamados Estados Policíacos. No casualmente, el más reciente ejemplo en esta lamentable lista, lo ocupan los lamentables partidarios de la llamada "Ley Patriota" en los Estados Unidos, como los neoconservadores en el gobierno de Bush, notablemente el vicepresidente Richard Cheney, lo cual desencadenó inmediatas violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra personas de tez morena.
En forma, bastaba observar el supuesto ceremonial de cambio de sucesión presidencial a las cero horas del 1 de diciembre de 2006, en el que el garante de tal transición dejó de ser para todos los fines prácticos, el Congreso de la Unión y en esta pantomima en que Vicente Fox, el traidor a la democracia, también muy simbólicamente, casi deja resbalar, de acuerdo al protocolo el símbolo del Poder Ejecutivo; y fue en ese momento un representante de las Fuerzas Armadas quien le colocó este símbolo al usurpador representante plenipotenciario de intereses trasnacionales, recordándonos los viejos modos y usanzas de las dictaduras militares derecha de la post-guerra como la franquista, o en el caso de las sudamericanas, muy notablemente la pinochetista.
Estamos enfrentando una rebelión sinarquista servil a intereses extranjeros como en otros tiempos. El artículo 136 constitucional establece claramente la supremacía de los principios que la propia Constitución sanciona respecto a cualquier poder temporal que se establezca contrario a ella. Como sabemos, los principios constitucionales de nuestra República han sido sistemáticamente violados por los gobiernos de tendencia sinarquistas posteriores a 1982, con el propósito de hacer una entrega mayor de nuestra soberanía, como es sumamente evidente en el caso de las reformas que llevaron a la actual privatización del Banco central.
La irracionalidad actual de los representantes de las compañías trasnacionales y bancos partidarios de las doctrinas nazis de Schmidt, se demuestra en su urgencia ante la actual debacle financiera internacional, en la que están a punto de perder el control de su poder financiero, por imponer en México lo que otrora se puede llamar Plan México, ASPAN que no es sino el propósito de introducir un Estado Militar mundial con las guerras perpetuas de Richard Cheney.
Lamentable es la sumisión del Poder Legislativo a tales mandatos imperiales, nada anormal para los miembros del traidor Partido Acción Nacional, pero si curiosamente encubridor de las redes de peredestia dentro del PRI; mismo corrupto colaboracionismo que se oberva más y más en los agentes de Nueva Izquierda de Beltrones.
La memorable LX Legislatura, que no honorable de la Cámara de Diputados, salvo excepciones, no ceja en su intento por anotar su lugar en la historia entre los colaboradores de los regímenes autoritarios que pretenden legalizar el Estado de Excepción como forma de gobierno, con la actual reforma judicial que va caminando más y más hacia la doctrina del Estado Policíaco. Aquéllos que no tenemos capacidad para ocultarnos en la indiferencia ante nuestros deberes de conciencia, habíamos advertido las graves amenazas que se veían venir a lo que los técnicos jurídicos y políticos tienen a bien llamar el Estado Constitucional, ante el pasado proceso electoral de 2006, que nunca cumplió con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; tal y como los sanciona el propio artículo 41 constitucional, fracción tercera. La actual legislatura se suma entonces a otros memorables ejemplos de la historia, como Heinrich Himmler y Hermann Göring, operadores de las SS y la Gestapo, en la creación de los llamados Estados Policíacos. No casualmente, el más reciente ejemplo en esta lamentable lista, lo ocupan los lamentables partidarios de la llamada "Ley Patriota" en los Estados Unidos, como los neoconservadores en el gobierno de Bush, notablemente el vicepresidente Richard Cheney, lo cual desencadenó inmediatas violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra personas de tez morena.
En forma, bastaba observar el supuesto ceremonial de cambio de sucesión presidencial a las cero horas del 1 de diciembre de 2006, en el que el garante de tal transición dejó de ser para todos los fines prácticos, el Congreso de la Unión y en esta pantomima en que Vicente Fox, el traidor a la democracia, también muy simbólicamente, casi deja resbalar, de acuerdo al protocolo el símbolo del Poder Ejecutivo; y fue en ese momento un representante de las Fuerzas Armadas quien le colocó este símbolo al usurpador representante plenipotenciario de intereses trasnacionales, recordándonos los viejos modos y usanzas de las dictaduras militares derecha de la post-guerra como la franquista, o en el caso de las sudamericanas, muy notablemente la pinochetista.
Estamos enfrentando una rebelión sinarquista servil a intereses extranjeros como en otros tiempos. El artículo 136 constitucional establece claramente la supremacía de los principios que la propia Constitución sanciona respecto a cualquier poder temporal que se establezca contrario a ella. Como sabemos, los principios constitucionales de nuestra República han sido sistemáticamente violados por los gobiernos de tendencia sinarquistas posteriores a 1982, con el propósito de hacer una entrega mayor de nuestra soberanía, como es sumamente evidente en el caso de las reformas que llevaron a la actual privatización del Banco central.
La irracionalidad actual de los representantes de las compañías trasnacionales y bancos partidarios de las doctrinas nazis de Schmidt, se demuestra en su urgencia ante la actual debacle financiera internacional, en la que están a punto de perder el control de su poder financiero, por imponer en México lo que otrora se puede llamar Plan México, ASPAN que no es sino el propósito de introducir un Estado Militar mundial con las guerras perpetuas de Richard Cheney.
Lamentable es la sumisión del Poder Legislativo a tales mandatos imperiales, nada anormal para los miembros del traidor Partido Acción Nacional, pero si curiosamente encubridor de las redes de peredestia dentro del PRI; mismo corrupto colaboracionismo que se oberva más y más en los agentes de Nueva Izquierda de Beltrones.
Sin embargo, la premura por legalizar de forma y de facto, todo aquello que no puede perdurar por mucho tiempo, demuestra más bien su debilidad. Nos lleva a pensar, como lo dijera una vez sabiamente Trostky, intelectual socialista simpatizante de la Expropiación Petrolera mexicana, referente al régimen nazi: ésto, "sólo representa un retraso en el reloj de la historia de la civilización humana".
Todavía queda ver hasta donde los mandos medios de las Fuerzas Armadas soportarán la comedia y el desgaste al que se les impone con estas medidas que no buscan sino criminalizar a los ciudadanos, y que les reportarán más y más desgaste como es ya obvio para los conocedores de estrategia militar competente.
Al mismo tiempo, va siendo más notoria cada vez más, la necesidad de una nueva Constituyente que restablezca la observancia de las garantías individuales ante los abusos del actual régimen, y la preponderancia del Estado de Bienestar, frente a los órganos del Estado, que hayan renunciado a su papel de ser garantes de la soberanía nacional.
Todavía queda ver hasta donde los mandos medios de las Fuerzas Armadas soportarán la comedia y el desgaste al que se les impone con estas medidas que no buscan sino criminalizar a los ciudadanos, y que les reportarán más y más desgaste como es ya obvio para los conocedores de estrategia militar competente.
Al mismo tiempo, va siendo más notoria cada vez más, la necesidad de una nueva Constituyente que restablezca la observancia de las garantías individuales ante los abusos del actual régimen, y la preponderancia del Estado de Bienestar, frente a los órganos del Estado, que hayan renunciado a su papel de ser garantes de la soberanía nacional.
* Delegado de la Convención Nacional Democrática, como millones mexicanos. El punto de vista expresado es su total responsabilidad y las organizaciones con las cuales participa pueden compartir o no su perspectiva. Presenta su pensamiento aquí, para su ulterior análisis, reflexión y discusión.
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