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Sumario:
I. Presenta la Secretaría de Salud del gobierno legítimo nuevos elementos sobre fraudes con las credenciales “TUSALUD”.
II. 26 municipios mexiquenes, el objetivo de López Obrador en sus recorridos de esta semana
III. México: reprobado en vivienda, por Laura Itzel Castillo
IV. Paraíso frustrado, por Alejandro Encinas Rodríguez
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PRESENTA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO LEGÍTIMO NUEVOS ELEMENTOS SOBRE FRAUDES CON LAS CREDENCIALES “TUSALUD”
La Secretaría de Salud del gobierno legítimo de México presentó este día una ampliación de la denuncia entablada el 21 de mayo de 2007 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un presunto daño patrimonial de 368 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por la compra de las credenciales “TUSALUD” a la empresa Image Technology México SA de CV.
La ampliación de la denuncia, explicó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, se hace por la autorización de un aumento en el monto del contrato por 44.2 millones de pesos, de los cuales se tiene documentado el ejercicio de por lo menos 24 millones.
Por otra parte, explicó, se exige que sea incluido en la investigación de la SFP la licitación y ejecución del contrato CNPSS/S/LP/056/06 de 2006, adjudicado a la misma empresa en asociación con Cosmocolor SA de CV.
La funcionaria lopezobradorista expresó que dicho contrato, por un monto de 558.6 millones pesos, se refiere a las mismas credenciales y el llamado proceso de “Enrolamiento (sic) al Seguro Popular”; es decir, existe la presunción de que el daño patrimonial pueda alcanzar un monto cercano a mil millones de pesos.
La denuncia original se refiere a la compra de 3.7 millones de credenciales familiares “TUSALUD” para los afiliados al Seguro Popular. Cabe recordar que esta denuncia obedeció a que las credenciales adquiridas no cumplen con las características reglamentarias y no tendrán ningún uso.
Asimismo, Asa Cristina Laurell manifestó que la licitación correspondiente, ganada por las empresas Image Technology México SA de CV. y E-Siglo SA de CV despertó sospechas entre otros concursantes por parecer hecha a la medida de las empresas vencedoras.
El 31 de mayo de 2007, el Comisionado del Sistema de Protección Social en Salud durante el gobierno de Fox y ex presidente de “Amigos de Fox”, Juan Antonio Fernández, fue inhabilitado por la SFP (expediente 15/2007-BIS) durante 10 años “por abuso de autoridad” y fue multado con 454 mil pesos, recordó Laurell.
Sin embargo, aclaró que la citada inhabilitación fue por un viaje personal y acompañado por su novia, a Singapur y Honolulú, con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre las credenciales “TUSALUD” y el “Enrolamiento” siguen abiertas desde hace meses y no se ha dado ningún fallo.
Por lo tanto, la encargada del área de Salud del gabinete de López Obrador expresó que no existe ninguna sanción administrativa ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estas investigaciones.
Este proceder es igual al que se aplicó a la coordinadora general del Sistema Nacional de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, que fue sancionada con un simulacro de inhabilitación durante 10 años y una multa muy inferior a la que hubiese correspondido al presunto fraude con los recursos del Fonden, observó Laurell.
La simulación y dilación indefinida de la conclusión de las investigaciones sobre fraudes y desviación de recursos y las correspondientes denuncias penales son la estrategia de impunidad que caracteriza a los gobierno de derecha, afirmó, e hizo énfasis en que la investigación de los ciudadanos con el apoyo de la Secretaría de Salud del gobierno legítimo ha puesto de manifiesto la lentitud y virtual inutilidad de la Ley de Transparencia.
Al respecto, Asa Cristina Laurell recordó los lentos procederes del IFAI. Las gestiones formales de información se iniciaron a finales de noviembre del 2006 ante el IFAI. Por las indicaciones recibidas, se reformularon dos nuevas solicitudes el 8 y 9 de marzo de 2007, mismas que a la fecha –nueve meses después– no han recibido respuesta, a pesar de ser las pruebas definitivas –facturas pagadas y bienes entregados– para juzgar este caso.
El IFAI ordenó a la Secretaría de Salud instruir al promovente cómo solicitar esta información, en vista de que había sido mandada a la Secretaría de la Función Pública, misma que el día de ayer pidió prórroga hasta el 21 de enero de 2008, informó.
La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud invariablemente han solicitado prórroga con la consecuente duplicación de los tiempos de entrega de la información, táctica que implica posponer la entrega de las respuestas 40 días hábiles, agregó.
Después de este plazo, comunicó que ahora responden habitualmente que la información solicitada es inexistente o reservada con base en argumentos mal fundamentados. Esto ha obligado a hacer uso del recurso de revisión ante el IFAI que por regla general implican otros 15 días hábiles, añadió.
Al proceder el recurso de revisión –mencionó—, el IFAI ocupa los 20 días hábiles legales, para posteriormente solicitar prórroga, argumentando falta de elementos para emitir la solución, con lo que se suman otros 20 días hábiles de retraso.
Emitida la resolución del IFAI, la Secretaría de Salud tiene otros 10 días hábiles para cumplir con la resolución del IFAI. De esta manera, se suman 105 días hábiles, lo que se traduce en aproximadamente siete meses, destacó.
Adicionalmente, prosiguió, es frecuente que no se entregue la información completa, por ejemplo, dejando fuera los anexos de un contrato. A raíz de este procedimiento de la SSA, el ciudadano se ve obligado a subdividir el pedido de información en distintas peticiones.
Por ejemplo, respecto al contrato CNPSS/020/07 se han hecho 11 peticiones de información y siete recursos de revisión, mencionó.
Informó que en todos los casos el IFAI ha dictaminado los recursos a favor del promovente. Es decir, las prórrogas, la declaratoria de reserva de la información o su inexistencia sólo ha servido para prolongar los tiempos y evitar responder, acusó.
A raíz de los reiterados obstáculos, una ciudadana promovió ante la Secretaría de la Función Pública, el 29 de octubre de 2007, que sean sancionados los miembros del Comité de Información de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin que hasta la fecha exista respuesta alguna.
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26 MUNICIPIOS MEXIQUENES, EL OBJETIVO DE LÓPEZ OBRADOR EN SUS RECORRIDOS DE ESTA SEMANA
En los próximos cuatro días, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, convivirá con los habitantes de 26 municipios del Estado de México. El primer día de gira de trabajo, López Obrador visitará a los habitantes de Apaxco de Ocampo, Tequixquiac, Hueypoxtla, Zumpango de Ocampo, Jaltenco, Santa Ana Nextlalpan y Tecámac de Felipe Villanueva.
Para el viernes, 7 de diciembre, el presidente legítimo de México acudirá a las comunidades de Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba de Gómez Farías, San Martín de las Pirámides, Teotihuacan de Arista y Acolman de Nezahualcóyotl.
En el penúltimo día de gira, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Tezoyuca, Chiconcuac de Juárez, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc de Hidalgo y Texcoco de Mora.
El próximo domingo, 9 de diciembre, López Obrador acudirá a los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco, Los Reyes Acaquilpan, Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
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MÉXICO: REPROBADO EN VIVIENDA
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico, el 5 de diciembre de 2007)
El pasado 27 de octubre, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) recibió al coordinador de la Alianza Internacional de los Habitantes, Cesare Ottolini, quien emitió un duro pronunciamiento en contra de la política habitacional emprendida en nuestro país a nivel federal.
El encuentro se celebró en el marco de las Jornadas Mundiales “Cero Desalojos”, campaña emprendida a partir de los resolutivos del 4º Foro Social Mundial realizado en Mombay, India, en el año 2004.
Cesare Ottolini se comprometió a llevar el caso México al comité sobre desalojos de las Naciones Unidas, ya que a partir de los problemas derivados de la cartera vencida a causa del desempleo, el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal ejercen terrorismo judicial en contra de los trabajadores para despojarlos de su único patrimonio, violando con ello la legalidad internacional, pues en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos les arrebata su vivienda.
Frente a ello la Alianza Internacional de los Habitantes enviará una misión a México para exigir el pleno cumplimiento del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales signado por nuestro país, que obliga a proteger, promover y ejecutar políticas que tiendan a garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
El CDV ha demostrado con evidencias jurídicas la serie de abusos que se cometen, como la venta de la cartera vencida a las empresas transnacionales filiales de Estados Unidos Capmark, Pendulum, Scrap II y Recuperadora de Deuda Hipotecaria, que compran las viviendas en 10% de su valor, es decir, a 20 mil pesos, y las intentan revender a sus auténticos propietarios en más de 700 mil pesos.
Por ello es urgente que se reestructuren las deudas de las familias que se encuentran en cartera vencida, tomando en cuenta su capacidad de pago y que se aplique una tregua judicial para quienes se encuentran en esta situación.
Hasta este momento, a partir de la lucha emprendida por el CDV, se ha logrado frenar la venta de la cartera vencida a particulares y se han detenido los intentos para eliminar los archivos y antecedentes de la venta de los 56 mil créditos que fueron cedidos a las empresas recuperadoras de deuda el pasado mes de febrero de 2006.
Desde aquí convocamos a los lectores a la movilización que se llevará a cabo el próximo lunes 10 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la sede del Infonavit, ubicada en Barranca del Muerto esquina con Manuel M.
Ponce, en la colonia San José Insurgentes, a tres cuadras del metro Barranca del Muerto. Exigiremos, además, la liberación de Juan Murguía, quien representa el rostro de la represión, como primer preso político a causa de la estrategia antisocial del Infonavit.
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PARAÍSO FRUSTRADO
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal, el 4 de diciembre de 2007)
El próximo 1 de enero se cumplirán 14 de años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. A lo largo de las últimas décadas y durante su proceso de discusión, sus promotores incubaron la falsa ilusión de que la firma conduciría de lleno a nuestro país al primer mundo, a épocas de bonanza en la economía, los negocios y en la calidad de vida.
La fiebre neoliberal invadió los espacios de las políticas y del poder público. Había que acabar —se insistía— con años de paternalismo y tutela estatal, que habían inhibido la iniciativa productiva de los mexicanos, para dar cauce a una economía competitiva, a la par de las grandes potencias del mundo.
Con la apertura comercial, el gobierno mexicano privatizó el patrimonio del país, y si bien en los primeros años se registró un crecimiento en las exportaciones, se crearon nuevos negocios, se abatió la inflación y se redujo el déficit fiscal, el paso de los años y un mercado voraz y desigual llevaron a la quiebra a miles de negocios, al abandono del campo y a la pérdida de empleos, lo que redujo los ritmos de crecimiento económico esperados e incrementó la migración y la concentración del ingreso.
El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido en su informe de octubre pasado que la apertura comercial no generó los beneficios que se esperaban para México, e incluso el Banco Mundial señala que si bien el comercio duplicó su participación en el PIB (de 37% de 1980-1993 a 75.7% en 1994-2000), al igual que la inversión extranjera directa (que pasó de 1.20% a 2.90% como porcentaje del PIB en el mismo periodo), los salarios reales cayeron y la pobreza se incrementó.
Mientras la economía creció en 2.2% en promedio anual entre 1982 y 2006, la Población Económicamente Activa superó los 26 millones de personas, únicamente se generaron poco más de 8 millones de plazas, con lo que el déficit en el empleo formal ascendió a más de 18 millones de personas.
El salario mínimo, que había alcanzado su máximo histórico en 1976 con 53.59 pesos diarios, cayó en 2007 hasta 11.01 pesos diarios (precios de 1994), lo que representa una pérdida acumulada de 79.4%. Situación que se replicó en los salarios contractuales, que perdieron 55.8% de su poder adquisitivo, al pasar de 50.1 pesos diarios en 1982 a 22.1 pesos diarios en 2007 (precios de 1994).
A ello se suma el fracaso de las privatizaciones y de la apertura financiera, que aunado a la desmedida concentración del ingreso en un pequeño grupo de corporaciones, ha llevado a la quiebra de aerolíneas, al rescate carretero, prácticamente a la desaparición del ferrocarril y al control del sistema bancario por instituciones financieras extranjeras.
El traumático despertar de 1994 trajo consigo el levantamiento indígena en Chiapas y uno de los años más dolorosos para nuestro país. El asesinato del candidato presidencial del PRI —entonces partido en el gobierno—, el homicidio posterior de su dirigente nacional, y los errores cometidos en el manejo de la economía en diciembre de ese año, evidenciaron la precariedad de la economía y la sociedad mexicanas.
En enero de 2008 entrarán en vigor nuevas disposiciones de este acuerdo con la apertura a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, las cuales encontrarán un campo fragmentado social y productivamente, y con ello, de nuevo, la evidencia de la enorme asimetría entre las economías de los países asociados y la discrecionalidad con que los “socios” subsidian a sus productores agrícolas, lo que redundará en el incremento de la desigualdad y en una mayor brecha económica que, lejos de integrar a los países de la región, los divide.
Ya en los años 50, durante la creación de la Comunidad Económica Europea, Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía 1974, sostenía que “la integración económica internacional, como la integración nacional, es un problema mucho más amplio que el comercio y aun la economía. Incluye problemas de cohesión social y de solidaridad internacional practica”. El comercio, insistía, “por sí solo no aporta ninguna solución a este problema, y la liberalización del comercio que ha tenido lugar realmente ha tendido a perpetuar, cuando no a aumentar, esta desigualdad”.
Esta situación implica reconocer que una condición en la integración económica entre países o regiones es establecer contrapesos a las asimetrías dentro de la misma región y el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Por ello, la oferta de alcanzar un desarrollo a la par del primer mundo con la apertura comercial ha sido una promesa frustrada.
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