Encarcelan al ex dictador Gregorio Álvarez en Uruguay

En Uruguay la justicia alcanzó al ex-presidente Gregorio Álvarez, actualmente de 82 años, quien cometió delitos de lesa humanidad y desapareció por lo menos a 21 perseguidos políticos entre 1977-78. En México, Luis Echeverría responsable de la matanza de Tlaltelolco de cientos de estudiantes en 1968, es decir ya hace 39 años sigue impune. Para los mexicanos la justicia no tarda sino que nunca llega.

Reuters, Afp y Dpa

Montevideo, 17 de diciembre. El ex comandante del ejército uruguayo Gregorio Álvarez, presidente de 1981 a 1985 de la junta militar que gobernó con mano de hierro a partir del golpe de Estado de 1973, fue llevado hoy a prisión a sus 82 años para ser procesado por participar en el traslado clandestino y la desaparición forzosa de por lo menos 21 personas, entre 1977 y 1978.

El juez Luis Charles dictó este lunes la orden de aprehensión y procesamiento de Álvarez para dar continuidad a la investigación que realiza desde hace varios meses sobre la captura de disidentes políticos uruguayos que se habían refugiado en Argentina y quienes tras ser detenidos con la cooperación del gobierno castrense del vecino país del sur, fueron llevados ilegalmente y en secreto a Uruguay, dentro de la Operación Cóndor.

El magistrado envió también a prisión al militar retirado Juan Carlos Larcebeau por el mismo caso y emitió una orden de captura para el marino retirado Jorge Tróccoli, tercer implicado en el caso, quien no pudo ser arrestado porque se encuentra en alta mar y volverá hasta finales del presente mes.

El Poder Judicial uruguayo pudo realizar las investigaciones sobre la desaparición de disidentes políticos de los años 70, luego que el presidente Tabaré Vázquez –quien asumió el poder en marzo de 2005, apoyado por una coalición de fuerzas de izquierda que ganó las elecciones cinco meses antes– excluyó por primera vez varios casos de una ley de amnistía de 1986 que prohibía los juicios a militares por delitos cometidos durante la dictadura, ya que los mismos ocurrieron fuera de las fronteras de Uruguay.

Los abogados de Álvarez presentaron hace unos días un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de desaparición forzada, pero la Suprema Corte de Justicia desestimó la solicitud y devolvió el asunto al juez Charles.

Todavía hoy, el defensor Carlos Curbelo Tammaro insistió en su versión de que el asunto presenta irregularidades legales y aseguró que el fallo del magistrado no se ajusta a la ley. El ex jefe militar, conocido popularmente como Goyo, negó cualquier conocimiento o vinculación con los traslados clandestinos, durante una audiencia ante el juez Charles celebrada en noviembre pasado.

“Si los hubiera traído yo, si los hubiera mandado a buscar, si los aviones y barcos en que vinieron dependieran de mí, sería responsable. Pero yo no tenía ni barcos ni aviones”, declaró recientemente Álvarez al semanario local Búsqueda, al que también dijo desconocer la existencia de la Operación Cóndor, el esquema de coordinación de las dictaduras sudamericanas para reprimir y desaparecer a los opositores políticos de aquella época.

Este lunes la información sobre el arresto de Álvarez fue seguida desde temprano por los medios informativos locales, que difundieron por radio e Internet imágenes y sonidos de la movilización policial y el traslado del militar retirado.

Antes del mediodía, mediante un amplio despliegue policial, Álvarez fue trasladado a un centro de reclusión especial para militares ubicado en el área denominada Domingo Arena de Montevideo, cuya construcción fue realizada hace unos meses para castigar a los militares de la dictadura enviados a la cárcel por autoridades judiciales.

“Es un día histórico”, afirmó la integrante de la agrupación Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, citada por el sitio de noticias en Internet Observa.

Este es uno los pocos casos en los que “la condena que hace el pueblo a los dictadores” coincide con los fallos del Poder Judicial, agregó.

La investigación sobre las responsabilidades penales de Álvarez comenzó cuando ex militantes del Grupo Acción Unificadora de Uruguay presentaron una causa con el propósito de esclarecer el secuestro de 21 personas vinculadas con esa agrupación política de izquierda, cuyos miembros fueron víctimas de persecución en los años 70.

Los 21 integrantes de esa organización fueron detenidos en circunstancias irregulares entre julio y diciembre de 1977, en Buenos Aires, fueron llevados a Montevideo en abril de 1978, según se ha podido saber mediante diversas investigaciones no judiciales, realizadas al finalizar el gobierno de facto.

Del lado de los militares, en contraste con las asociaciones políticas, hubo inconformidad con las acciones del Poder Judicial.

El Círculo Militar y el Centro de Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas señaló en un comunicado que la Ley de Caducidad “fue concebida, aprobada y ratificada por la ciudadanía como un instrumento pacificador y complementario de la Ley de Amnistía Irrestricta que benefició unilateralmente a integrantes de grupos terroristas que actuaron en nuestro país”.

Sin embargo, indicaron, aunque el presidente Vázquez dijo al comienzo de su mandato que sólo casos como el de la familia del escritor Juan Gelman quedaban excluidos de la Ley de Caducidad, luego fueron procesados varios militares por otros supuestos delitos.

Los primeros juicios, en 2006

Charles dictó el 11 de septiembre de 2006 los primeros procesamientos a ex represores en la historia del país, que recayeron sobre ocho militares y policías retirados, por delitos de lesa humanidad.

En noviembre de 2006 el juez Roberto Timbal ordenó la detención y abrió el juicio contra otro gran emblema de la dictadura uruguaya, Juan María Bordaberry, quien fue electo presidente constitucional en 1971, pero encabezó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 al disolver el Parlamento e imponer el régimen militar que se prolongó durante los siguientes 12 años. El ex gobernante se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

“Durante años, los responsables de la dictadura intentaron eludir el camino de las leyes”, dijo a la radio local Zelmar Michelini, hijo de un legislador asesinado en Buenos Aires en los años de la persecución, quien hoy sacó sus conclusiones: “La justicia tarda, pero llega”.