Pemex: privatizadores al acecho

Editorial

En información publicada ayer en estas páginas se da cuenta de un convenio de carácter confidencial, llamado Proyecto Margarita, entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell, para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec y posicionar a la trasnacional en el país ante una eventual eliminación de las restricciones constitucionales a la inversión privada en el sector energético. La reacción de la paraestatal al respecto ha sido errática, pues primero negó la existencia de un proyecto con ese nombre, si bien admitió que se tiene un acuerdo con Shell, firmado en septiembre de 2007, cuyo objetivo es estudiar en conjunto opciones para mejorar la producción de hidrocarburos. Finalmente, en un documento enviado ayer a este diario, Pemex sostiene que lo único que se mantiene con Shell es un “convenio general de colaboración”, firmado en 2004 para llevar a cabo “estudios de carácter no comercial en materia de investigación científica y tecnológica”, que a su vez forma parte de una serie de alianzas suscritas con otras compañías petroleras, como la noruega Statoil y la brasileña Petrobrás.

La respuesta de los directivos de Pemex, sin embargo –en parte por su falta de claridad en torno a las fechas y la naturaleza de los convenios firmados con empresas internacionales– no deja de generar suspicacias sobre si lo que se está configurando es un proyecto privatizador, que tendría, por ahora, tres vertientes: una campañía que busca presentar a la paraestatal como una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, y que obedece al afán del grupo en el poder de justificar la venta de ésta a un precio muy por debajo de su valor; la actitud demagógica del gobierno federal, expresada en la negativa sistemática de las intenciones de privatizar la paraestatal, y la suscripción de acuerdos, aparentemente inconfesables, con empresas internacionales, como el que existe con Shell

Sostener que los convenios que se han suscrito con empresas privadas son de carácter “no comercial” y se limitan a la investigación científica y tecnológica es, por decir lo menos, ingenuo: en la industria petrolera lo que vale es, precisamente, la posesión de tecnología que permita la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos, pues de poco o nada sirven las reservas de crudo si no puede accederse a ellas. Además, hasta donde se sabe, compañías como Shell no son organismos consagrados a la investigación científica, y en ese sentido habría que preguntarse qué interés podría tener una empresa trasnacional en dicha colaboración si, como se afirma, no espera recibir ganancias económicas a cambio.

Por lo demás, cabe recordar que el problema de Pemex no es precisamente el riesgo inminente de una bancarrota –que sin duda implicaría el desmoronamiento de la economía nacional–, sino el persistente saqueo de que ha sido objeto, tanto por la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos como por la vasta e inveterada corrupción que impera en la administración de la paraestatal.

Ante lo que parece una nueva embestida de los intereses privatizadores contra Pemex, hay que insistir en la necesidad de colocarla en autonomía administrativa, a fin de que pueda disponer de sus ingresos e invertirlos en rubros fundamentales como la exploración, el desarrollo de nuevas tecnologías y la refinación. También es imprescindible que se combata la corrupción que flagela la administración pública –y que propicia la fuga de gran cantidad de dinero–, así como que se aplique, efectivamente, el cobro de impuestos a las grandes empresas y fortunas, para que el Estado cuente con recursos suficientes que le permitan su funcionamiento, sin asfixiar fiscalmente a la paraestatal ni tener que privatizarla parcial o totalmente.

Por último, la sociedad debe estar alerta y evitar cualquier intento del capital privado –de Shell o de cualquier otra compañía– de incidir en la vida de Pemex, toda vez que esas intenciones no obedecen a necesidades reales, sino al pago de facturas que aparentemente se firmaron para asegurar el control de la paraestatal a los aliados –nacionales e internacionales— del grupo en el poder.