Inseguridad, carestía, desempleo y represión: signos ominosos del gobierno ilegítimo

Por Julio Pimentel Ramírez

Surgido del fraude electoral del 2006, el primer año del gobierno espurio de Felipe Calderón ha estado marcado por actos de poder mediante los cuales, pretende dotarse de la legitimidad que de origen carece, culminando este periodo con un festejo al más rancio estilo del viejo y autoritario régimen priísta que no se ha ido, sino que convive con la derecha panista como parte del proyecto neoliberal que profundiza y amplía el desmantelamiento de lo que queda del llamado Estado nacional.

En un Palacio Nacional convertido en búnker, protegido por elementos del Ejército mexicano que cumplen el triste papel de alejar las protestas de los mexicanos, Calderón, arropado por sus correligionarios panistas y por gobernadores priístas beneficiados por alianzas de los dos partidos, sin olvidar al mandatario de Chiapas, priísta que llegó al poder de su estado gracias a los aciertos perredistas en su con frecuencia equívoca y oportunista política de alianzas, dibujó en su discurso un México, no diremos utópico pues no descalificaremos este término en su connotación de sueño libertario, sino un país ilusorio en el que la realidad desmiente sus deseos.

Felipe Calderón asegura que se avanza en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada y que, en estos doce meses, los mexicanos viven más seguros. La realidad es otra: según diversas fuentes, entre ellas estadísticas de medios de información, que destacan los datos proporcionados por Jesús Ortega, coordinador del Frente Amplio Progresista, quien alerta subrayando que en lo que va del gobierno ilegítimo se han producido dos mil 500 ejecuciones.

6.3 personas son asesinadas diariamente, hechos de sangre que se han producido en todos los rincones de la República, incluyendo Mérida, ciudad que era reconocida por su hospitalidad y tranquilidad, y aunque la primera no la ha perdido la segunda está seriamente amenazada.
Mientras la administración espuria festeja su primer aniversario, son asesinados tanto destacados políticos en el norte del país como mujeres en esa zona fronteriza, sin que olvidemos las féminas ejecutadas en Mérida y en el sufrido estado de Tabasco, esta última embarazada.

En otros ámbitos de la gestión pública, los resultados están a la vista más allá de la manipulación estadística de las oficinas gubernamentales y del propio Calderón, quien anuncia logros en la creación de empleos refiriéndose únicamente a datos de afiliación al IMSS, cuando más de la mitad de los mexicanos que laboran o están en edad de trabajar no se encuentran cubiertos por este sistema de seguridad social. En estos doce meses, se han creado menos de cien mil del millón de empleos que las necesidades nacionales demandan; usted dirá si ese magro resultado puede ser considerado un logro.

La migración, fenómeno vinculado íntimamente a la creación de empleos dignos y bien remunerados, no se detiene, a pesar de que los vecinos del Norte erigen murallas y endurecen medidas contra los trabajadores que arriban a su país. La entrada en vigor, a partir de enero del 2008, de la nueva fase del Tratado de Libre Comercio (TLC) que contempla la importación libre de maíz y frijol, amenaza con expulsar de sus tierras a los campesinos mexicanos que se verán incapaces de competir con los precios de los productores estadounidenses, subsidiados fuertemente por su gobierno.

Más allá de los datos del Banco de México que nos hablan de que la macroeconomía está bajo control dando a conocer índices que así lo señalan, la mayoría de los mexicanos no entendemos cuando nos dicen que la inflación es de alrededor de 4 % y vamos a la tienda y nos encontramos con que los productos básicos de consumo diario suben el doble o más del porcentaje oficial.

En otros rubros, los resultados de la administración calderonista son iguales de desalentadores. La organización ambientalista internacional Greenpeace señala que en materia de protección al medio ambiente y desarrollo ecológico, la administración federal ha destacado por ser un gobierno gris y carente del sentido de urgencia, toda vez que se rige por demasiadas palabras y pocos hechos contundentes.

En educación continúa la línea neoliberal que pretende debilitar la educación pública y fortalecer las opciones privadas en el sistema educativo. Ante los preocupantes resultados obtenidos en evaluaciones de instituciones internacionales --como la OCDE--, que califican a México con bajos niveles educativos, no se muestra voluntad por superar los factores (presupuestos insuficientes, cúpula sindical corporativa y corrupta, entre otros) que mantienen a nuestro sistema escolar en dicha situación.

Aunque hay otros muchos aspectos a los que podríamos referirnos, en esta ocasión solamente mencionaremos brevemente el tema de los derechos humanos y la impartición de justicia.

Como en el pasado, esta administración federal y algunas estatales con las que convive en el tiempo, tienen ya en su haber responsabilidades en cuanto a graves violaciones a los derechos humanos: en la tierra de Benito Juárez, la represión al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyo saldo fue de varios muertos, decenas de encarcelados y torturados, continúa en la impunidad y los responsables no han sido llamados a cuentas, entre ellos Ulises Ruiz, los mandos de las fuerzas policiacas federales y su jefe máximo, el entonces presidente Vicente Fox. Al no actuar en la solución de este problema, que no se ha resuelto y puede resurgir en cualquier momento, el actual titular del Poder Ejecutivo federal es responsable por omisión.

Ya en este sexenio, fueron detenidos y desaparecidos dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como el defensor de los derechos humanos y luchador social michoacano Francisco Paredes Ruiz. Al no esclarecer su paradero y presentarlos con vida, la administración calderonista está violando la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, signada en su momento por el gobierno mexicano.

Para cerrar, señalaremos que dentro de la estrategia de criminalización de los movimientos sociales se encuentra la violenta represión en contra de los normalistas de Ayotzinapa, en la que según los estudiantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos, comparten responsabilidades el gobierno federal y el mandatario estatal guerrerense, el perredista Zeferino Torreblanca.