El Justo Reclamo

Yucatán: La venganza del PRI

Ivonne Ortega

Foto: octavio gómez

rosa santana

Mérida, Yuc., 3 de diciembre (apro).- A tres años de la muerte de Víctor Cervera Pacheco y el PRI de vuelta en el poder, con un familiar suyo al frente, el tiempo de la venganza política llegó para el grupo que gobierna la entidad.En un aparente ajuste de cuentas, luego de la aplastante derrota que sufrió su partido, el PAN, en los comicios del 20 de mayo, el exgobernador Patricio Patrón Laviada afronta ahora la humillación del gobierno sucesor, encabezado por la priista Ivonne Ortega Pacheco --sobrina de Cervera--, quien, a cuatro meses de haber asumido el poder, decidió emprender una “cacería de brujas” contra colaboradores cercanos al exmandatario estatal.El pasado 6 de noviembre, José Carlos Guzmán Alcocer, exdirector de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán (Cousey), y Rogerio Canto Rincón, exdirector de la Fábrica de Postes de Yucatán, fueron arraigados por la Procuraduría General de Justicia del estado, luego de que la Contraloría estatal encontró anomalías en su gestión por más de 500 millones de pesos.Guzmán Alcocer es consuegro del exgobernador priista Federico Granja Ricalde, actual coordinador de asesores de Ortega Pacheco.Por esos hechos, Patrón Laviada y varios de sus excolaboradores ya tuvieron que declarar ante los agentes del Ministerio Público que llevan a cabo la investigación. Entre ellos, destacan: los exsecretarios de Gobierno, Pedro Rivas; de Hacienda, Elsy Mezo Palma; de Obras Públicas, Enrique Manero Moreno; y de Desarrollo Industrial y Comercial, Guy Puerto Espinosa.Sobre la Fábrica de Postes de Yucatán, Patrón Laviada, recuperado de la afección respiratoria con la que justificó su inasistencia a la cita del jueves 22, se presentó a declarar el domingo 25 al mediodía ante la Agencia Sexta del Ministerio Público, donde aceptó que desde antes de terminar su gestión se detectaron presuntas irregularidades en las cuentas del exdirector de esa paraestatal, Rogerio Canto Rincón, quien permanece arraigado desde el 6 de noviembre por un desfalco de un millón de pesos.En el caso Guzmán Alcocer --el más complicado y que motivó la averiguación previa 2351/3ª/2007, que ya contiene casi un millar de fojas--, la PGJ del estado decretó el arraigo debido a una denuncia presentada por el secretario de la Contraloría, Luis Rolando Gómez Gómez, el pasado 10 de noviembre, por un quebranto superior a los 500 millones de pesos por la compraventa de unos terrenos del ejido de Chablekal, ubicados en la parte norte de la capital.De acuerdo con la PGJ, “dado su cargo, la persona que se presume es responsable de este daño al patrimonio del estado es quien era director general de esa dependencia, José Carlos Guzmán Alcocer”.Según la denuncia del contralor Luis Rolando Gómez, en el 2005 la Cousey vendió a inversionistas privados varios terrenos del ejido Chablekal a un precio de 16.39 pesos por metro cuadrado; “sin embargo, “según un costo referenciado en esa época el precio de la superficie enajenada era de entre 161.08 y 169.22 pesos el metro cuadrado (de acuerdo con la ubicación)”.En esa operación se vendieron 3 millones 523 mil 790.39 metros cuadrados en más de 57.7 millones de pesos, por lo que se provocó un daño patrimonial a Yucatán superior a los 500 millones.“Esa es la principal irregularidad que se está investigando y que se busca sancionar”, explicó la Procuraduría del estado.En las tierras en cuestión, cuyo precio por metro cuadrado ronda hoy los mil pesos, la Inmobiliaria Chablekal desarrolla el exclusivo complejo residencial denominado Country Club que incluye un campo de golf diseñado por el excampeón mundial de ese deporte Jack Nicklaus.La PGJ destacó que “el manejo de esta compraventa fue hecho con dolo, pues se estableció en los acuerdos del consejo de administración de la Cousey y en los contratos con los ejidatarios que las tierras enajenadas eran para reserva, lo que finalmente no fue, pues con la documentación que existe se llega a la conclusión de que todo fue una simulación en perjuicio del estado, pues el costo de la reserva y del terreno comercial es muy diferente, y por lo tanto el daño se incrementa. Estos elementos son los que podrían llegar a determinar que el daño que sufrió la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán fuesen más altos, pero esto sólo se puede determinar hasta que finalice la indagatoria”.Debido al tamaño de las irregularidades detectadas por la PGJ, Guzmán Alcocer fue acusado de tres presuntos delitos: “coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de sus funciones, peculado y robo calificado”.Según la Procuraduría, el delito de coalición de servidores públicos puede configurarse porque hubo “confabulación para tomar medidas contrarias a la ley que rige a la Cousey, para adquirir y enajenar bienes que estaban establecidos como reserva territorial. En la comisión de ese presunto delito existe una agravante: la compra de los terrenos se concretó a sabiendas de que no iban a incorporarse a la zona de reserva, sino a comercializarse, por lo que, según la Procuraduría, la conducta de generar la simulación está perfectamente acreditada con el intercambio de cartas que se da con los inversionistas”.La presunta comisión del delito de ejercicio abusivo de sus funciones se le imputa porque “valiéndose de ser funcionario y servidor público otorgó contratos a su concuño, Mauricio Tappan Repetto”, exfuncionario de la Comisión de Transparencia y notario público privilegiado por esa dependencia durante el periodo de Patrón Laviada, “como el que realizó con las promesas de compraventa entre los ejidatarios y la Cousey”.El presunto delito de peculado se le atribuye también “porque. en ejercicio de su función como servidor público, distrajo dinero y fincas propiedad de la Cousey, en beneficio de terceros, causando un daño de más de 500 millones”. El presunto delito de robo calificado quedó acreditado porque hubo “sustracción de documentos públicos pertenecientes a la Cousey, para beneficio propio y de terceros, causando un daño”.El PAN reaccionó de manera virulenta y acusó al gobierno de Ivonne Ortega de haber desatado una persecución política en contra de los panistas; además, lamentó la “sumisión” del Poder Judicial ante el Ejecutivo, y desató una controversia en torno de la figura del arraigo, en la que se vio involucrado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, quien durante una visita a la entidad aseguró que el arraigo de los dos exfuncionarios es inconstitucional.La Procuraduría respondió que el arraigo es una figura preventiva que está perfectamente establecida en el artículo 248 del Código de Procedimientos Penales del estado de Yucatán, y tiene la finalidad de que las personas no puedan huir de la justicia. “Se difiere de quienes manifiestan que esta medida es ilegal, porque al partir de la ley se da el fundamento, y por cuanto los hechos afectan el patrimonio del estado, es evidente que se cumplen los supuestos que exige la ley”, explicó.Pero el caso se enreda más. Representantes del comisariado ejidal de Chablekal que fueron llamados a testificar en este caso que se ventila en la Quinta Agencia del Ministerio Público, sostienen que fueron 559 hectáreas las que compró la Cousey, y no 303 como consignó la dependencia. También aseguran que los 342 ejidatarios recibieron 10 pesos por metro cuadrado y no 16.50, como consta en la documentación de la Cousey.Por este caso, Patrón Laviada acudió a declarar ante la Agencia Quinta del Ministerio Público. La diligencia, al inicio de la cual se suscitó un zipizape entre reporteros, legisladoras del PAN y policías judiciales, demoró ocho horas, durante las cuales el exmandatario respondió a 120 cuestionamientos de la autoridad.Antes de comenzar, Patrón Laviada, quien al principio de su gestión, en 2001, inició también procesos judiciales contra excolaboradores de Víctor Cervera Pacheco sin consignarlos penalmente, acusó a Ortega Pacheco de fomentar una “campaña mediática de desprestigio” en su contra con millonario cargo al erario.De inmediato, la gobernadora respondió a las acusaciones de Patrón Laviada: Dijo que “ni persecución ni venganza política, ni cacería de brujas”, empero advirtió que no le temblará la mano para castigar a quien atente contra el patrimonio del estado, “sea del gobierno anterior o del actual”.Ortega Pacheco ha advertido en reiteradas ocasiones que más funcionarios de la pasada administración podrían ser citados a declarar. Sin embargo, alimenta el suspenso: "Esperaremos los resultados de las auditorías, tanto de peces chicos como peces gordos, porque quien haya cometido un delito será castigado, quienes no hayan hecho nada podrán estar tranquilos.Además de estos dos casos se espera que en las próximas semanas estallen más. Al momento se han practicado 44 auditorías a diversas dependencias, como la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), la cual encabezó el actual alcalde de Mérida, César Bojórquez Zapata, así como en las secretarías de Obras Públicas, Salud, y Desarrollo Social, y quedan pendientes varias más.