Atoran AN y PRI crear la comisión Mouriño; pugna perredista, pretexto

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Nuevamente, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados retrasaron la integración de una comisión especial que investigue los contratos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con Pemex Refinación, y utilizaron como pretexto las diferencias internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su proceso interno, que se reflejaron en un agrio intercambio verbal entre Ruth Zavaleta y Valentina Batres, quien en tribuna reprochó lo que llamó proclividad panista de la presidenta de la mesa directiva.

Además de la pugna por el objeto, duración y alcances de la comisión, este miércoles se agregó la disputa sobre qué grupo parlamentario la presidiría. Mientras Acción Nacional propuso a Obdulio Ávila, hombre del círculo del presidente Felipe Calderón, el tricolor puso en la mesa el nombre del guanajuatense Carlos Chaurand, en tanto que el PRD sugirió que esa instancia esté a cargo de Antonio Ortega Martínez, quien se perfila como el más viable candidato.

Ayer, panistas y priístas aprovecharon que la fracción perredista dirimió en el pleno sus diferencias por la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para alegar que no había condiciones para discutir la conformación del grupo de trabajo que investigará los contratos que Mouriño firmó como representante legal de Transportes Especializados Ivancar.

Los legisladores de ambos grupos parlamentarios abandonaron el salón de sesiones, y el coordinador blanquiazul, Héctor Larios Córdova, utilizó la coyuntura para no convocar a la Junta de Coordinación Política, donde se abordaría nuevamente el Ivangate –como lo ha definido el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia–, y anunciar que será hasta este jueves cuando se reanuden las negociaciones.

“La junta fue citada y no tuvo la asistencia de los coordinadores por los problemas en el pleno”, dijo Larios. En el mismo tenor, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, dijo que si bien no basta con que Mouriño diga que no incurrió en tráfico de influencias, porque esto lo debe determinar la comisión, “con lo que ocurrió creo que se va a retrasar”.

Ambos se referían al intercambio entre Valentina Batres y Zavaleta, a quien sus compañeras de bancada le reprocharon su silencio ante los gritos soeces de los panistas, el martes pasado, contra la diputada Layda Sansores Sanromán.

En tribuna, y mientras continuaba la discusión de los artículos reservados de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Batres pidió a la presidenta de la mesa directiva manifestarse en contra “de las expresiones vulgares de que fue víctima nuestra compañera Sansores. Podemos tener diferencias políticas, pero usted –volteó a verla– se ha manifestado puntualmente en contra de lo que ha llamado ‘misoginia’. Y me parece que usted se exprese solidariamente en contra de esos agravios”.

En el mismo sentido se refirieron, desde su curul, las perredistas Susana Monreal Ávila y Mónica Fernández Balboa, quien además punzó en el hecho de que si bien la mesa directiva llamó a los legisladores a “hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias”, Zavaleta no se comprometió a condenar el hecho y exigir una disculpa pública del PAN para Layda Sansores.

También desde su curul, la panista María del Pilar Ortega justificó los gritos de “¡tubo, tubo!” y “¡bubis piratas, bubis piratas!” de sus compañeros, al argüir que “hubo falta de respeto por la mayoría de los integrantes de esta Cámara”.

Incómoda por los reproches, y antes de que Batres continuara su argumentación en contra del dictamen de la ley a discusión, Ruth Zavaleta se vio obligada a exhortar “a todos”, y no a los panistas que encabezaron la agresión, “para que se respete a la compañera Layda Sansores en las expresiones que ella quiera hacer. Denuesto (sic) cualquier actitud misógina y no estoy de acuerdo en que suceda”.

Cuando Zavaleta quiso abundar en la discusión y dar la palabra a panistas y priístas, Valentina Batres le recordó que no podía interrumpirla.

–Le recuerdo –exclamó Zavaleta– que el artículo 105 del reglamento me faculta y la llamo al orden.

–Estoy en el uso de la palabra (diputada) Ruth Zavaleta.

–¡Sujétese al tema que estamos discutiendo! –se descompuso la presidenta.

–Le pido que respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna –replicó Batres.

En ese momento, Larios y Gamboa ordenaron a sus bancadas retirarse del salón, al considerar que Zavaleta fue “insultada” y ello les permitió zafarse, una vez más, de aprobar la comisión que investigará a Mouriño.

Además, en sólo 24 horas, Zavaleta modificó radicalmente su discurso a causa del regaño que su corriente, Nueva Izquierda, le aplicó, porque su actitud pro panista ha afectado –le dijeron– la candidatura de Jesús Ortega a presidir el partido del sol azteca. Para sorpresa de la mayoría de diputados y periodistas, la perredista exigió la renuncia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

La escasa pericia para sobrellevar las sesiones ordinarias en San Lázaro, su inexplicable complacencia con las bancadas de PAN y PRI, el asumirse como el centro de los “ataques políticos” de su propio partido y la indignación que provocó su pasividad frente a los denuestos panistas contra las diputadas Layda Sansores y Valentina Batres, dio origen ayer a que la fracción perredista constituyera una comisión para unificar el criterio en torno al delicado tema de la privatización de Petróleos Mexicanos, resolutivo que estará obligada a asumir.

Al concluir la sesión, y tras un debate entre legisladores perredistas, cuyo tema se centró en la descomposición que ha propiciado Zavaleta, el grupo de trabajo quedó conformado por Alejandro Sánchez Camacho, Octavio Martínez, Javier González Garza y Humberto Zazueta.