Ni la ley frena a la oligarquía (Bolivia)

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Ni las leyes del Parlamento ni las disposiciones de la Corte Electoral paralizan el levantamiento dirigido por los 100 clanes más poderosos de Bolivia

Un nuevo intento legal, ahora desde Poder Electoral, para frenar el proceso separatista que impulsa la rancia oligarquía boliviana en el oriente y los valles del país quedó al borde del fracaso este lunes, tras que los prefectos opositores (gobernadores) y las fuerzas que los sustentan decidieran continuar con los preparativos para tratar de legitimar, mediante el voto popular, el poder que ejercen en casi la mitad de Bolivia en abierta confrontación con el gobierno indígena y campesino de Evo Morales.

La noche del viernes, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, emitió dos resoluciones, congelando sin fecha los referéndums nacionales y departamentales fijados inicialmente para el 4 de mayo, y con los que el gobierno de Morales y los prefectos opositores intentaban en lo formal medir fuerzas y apoyo popular, legalizando sin embargo en los hechos el poder dual que existe en Bolivia, con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía ejerciendo pleno poder en los llanos y valles.

En términos legales, las resoluciones de la CNE, controlada por el oficialismo, dejan sin efecto tanto el referéndum nacional, aprobado por el Congreso y convocado por Morales para dirimir la extensión del latifundio y lograr la aprobación de su proyecto de Constitución Política elaborado en la Asamblea Constituyente- como los referéndums autonómicos impulsados por las prefecturas de Santa Cruz, Beni y Pando y a las que se pretendían sumar Chuquisaca y Cochabamba.

En el fondo, la intencionalidad de estas resoluciones, que se sustentan en criterios jurídicos y operativos, es tratar de frenar los referéndums autonomistas y lograr lo que no pudo el Congreso Nacional, que había declarado estas consultas regionales al margen de la ley. A fines de febrero, el gobierno de Morales había promulgado las leyes del Congreso para obligar a la oligarquía separatista a concertar en busca de un gran acuerdo nacional.

“Es técnicamente imposible lleva adelante las consultas cuando faltan sólo 60 días”, dijo Exeni al explicar que “la decisión de la CNE debe servir para reencauzar el diálogo político en el Congreso Nacional preservando la institucionalidad, la democracia y sobre todo la unidad del país”.

Rebelión oligárquica

Esta decisión legal, sin embargo, fue rechazada de plano por las organizaciones cívicas, empresariales y políticas que apoyan a los prefectos opositores y se expresaron a través de los voceros de las Cortes Departamentales Electorales, que están bajo el control de los partidarios de la autonomía separatista. Todos ellos desconocen abiertamente las decisiones del Congreso y las de la CNE y están apelando al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia jurídica del país pero que está acéfala y sin vigencia real por la renuncia de casi todos sus miembros.

Así, las cortes departamentales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija anunciaron que desacatarán las resoluciones de la Corte Nacional, mientras que los dirigentes cívicos y políticos opositores pidieron la renuncia del presidente del máximo ente electoral, José Luis Exeni, a quien acusan de estar estrechamente vinculado al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

En lo concreto, las resoluciones de la Corte dirigida por Exeni apuntan al mismo objetivo que las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno nacional para quitar toda base legal a los referéndums autonómicos. Los prefectos opositores ya habían anunciado que no acatarían la ley promulgada por el Congreso e incluso, el propio Senado de la República, bajo el dominio de los partidos de derecha, convocaron a la población a desacatar dicha ley.

Incertidumbre

Frente a ello, el presidente de la CNE advirtió que no reconocería los resultados de los referéndums regionales. 'Esos procesos, si no se encausan en la legalidad, claramente les digo que no tendrán el aval de la Corte Electoral, por lo tanto sus resultados no tendrán legalidad, legitimidad, ni reconocimiento'.

Pese a ello, los representantes de las Cortes adelantaron que no obedecerán la disposición porque no fue consensuada y porque la CNE no tiene competencia para suspender los referendos por las autonomías departamentales.

José Ayala, vocal de la Corte cruceña, dijo que “el proceso electoral en Santa Cruz va a seguir porque la CNE no puede obligar a que desconozcamos resoluciones prefecturales. No está en nuestra competencia suspender una convocatoria que tiene presunción de legalidad y constitucionalidad”. La consulta está convocada para el 4 de mayo.

Nuevas exigencias

El prefecto cruceño, Rubén Costas, también rechazó la determinación de la Corte Nacional y declaró que sólo obedecerá lo que disponga el Tribunal Constitucional. “El único que puede declarar nula esta posición sería el Tribunal Constitucional, todos saben que una Corte Nacional está para llevar adelante los procesos electorales y de ninguna manera puede ser juez o atribuirse cosas que no le competen”.

Los cívicos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones que junto con Chuquisaca forman la “media luna ampliada”, solicitaron también la renuncia de Exeni, pues consideran que carece de la imparcialidad necesaria para dirigir el ente electoral.

En el mismo tono, el expresidente y jefe de la ultraderechista Podemos, Jorge Quiroga, pidió la renuncia del presidente de la CNE, debido a que, según él, responde a los intereses del MAS. En cambio, el alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, apoyó la decisión del representante del máximo organismo electoral de aprobar unas resoluciones para postergar el desarrollo de los referendos en el país.

¿Callejón sin salida?

Por ahora, parece quedar claro que la rebelión impulsada por 100 clanes familiares, que controlan la tierra, las finanzas, el comercio y la prensa en los valles y llanuras del oriente, norte y sur del país, no está pudiendo ser detenida por las vías legales y jurídicas, lo que deja muy mal parado al gobierno de Morales, que sigue apostando al diálogo y la concertación.

Los sectores sociales que respaldan al gobierno, en cambio, abogan por ir a la confrontación electoral, como vía para zanjar la disputa de poder que se da en el país.

Mucho más radicales, los sindicatos y organizaciones que han comenzado a recuperar la independencia de clase frente al gobierno de indígenas y campesinos, reclaman por una lucha frontal contra la oligarquía.

“Corresponde a los proletarios y el pueblo en general hacer frente a estos desafíos, el de aniquilar el modelo neoliberal imperante. Es tarea fundamental anular el sistema capitalista decadente explotador y de unificar a todos los pobres del país para aplastar de una vez por todas a estas logias”, señala un pronunciamiento de la combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.