■ Legisladores condenan la “afrenta” a la casa de estudios
Vincularla con las FARC, pretexto panista para descalificar a la UNAM
Vincularla con las FARC, pretexto panista para descalificar a la UNAM
El gobierno mexicano “investiga y recopila toda la información” acerca de la presunta participación de ciudadanos mexicanos en campamentos de las FARC, señaló el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, mientras que diputados de PRI, PRD, Convergencia y PT sostuvieron que las versiones que vinculan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la guerrilla colombiana “es una afrenta a la más importante casa de estudios de América Latina y golpea, una vez más, la autonomía de la universidad pública”.
Por su parte, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y estudiantes universitarios señalaron que la campaña contra la máxima casa de estudios “es un intento por condenar el modelo universitario público”.
Al clausurar la 37 reunión nacional de legisladores locales del PAN, Mouriño indicó que en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores dará una postura oficial sobre el hecho: “es sin duda un tema delicado y hay que ser muy serios y reforzar esta investigación, por tanto estamos en etapa de integrarla”.
El diputado perredista Juan Guerra Ochoa argumentó que en los pasados ocho años la UNAM, su historia y su innumerable lista de logros científicos y académicos “se han constituido en un obstáculo para la política neoliberal que pretende privatizar ferozmente todas aquellas actividades a las que el Estado tiene obligación de dar respuesta”.
Añadió que la permanencia de estudiantes y egresados universitarios en la frontera entre Ecuador y Colombia, en particular en un campamento de las FARC, ha servido de pretexto para remprender “una torpe campaña mediática, alentada por algunos medios de comunicación afines al régimen panista, que pretende ubicar a la UNAM como núcleo de rebeldes”.
El priísta Samuel Aguilar descalificó las versiones “que ofenden a nuestra universidad, a su comunidad y a la inteligencia de la mayoría de los ciudadanos mexicanos”. Acusó al sector más conservador de la sociedad mexicana de pretender hacer uso de un lamentable hecho de violencia ocurrido en esa frontera, como instrumento de desprestigio.
El presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río, calificó de superfluos los señalamientos que relacionan a los universitarios con la guerrilla en Colombia: “una acusación de tal magnitud sólo puede tener un origen, el conservadurismo y mediocridad de los panistas”.
Silvano Garay, del PT, dijo que la postura “de algunos medios de comunicación retrógrados y de derecha, representa la suma de los intentos de descrédito que el gobierno panista pretende, en cualquier oportunidad, aplicar a una institución tan seria y confiable como lo es la UNAM”.
En tanto, en conferencia de prensa, la Red Nacional de Monitores de Derechos Humanos –conformada por diversas ONG– y diversos colectivos estudiantiles manifestaron su molestia y preocupación por la campaña negativa que se ha lanzado desde diversos sectores en contra de la UNAM y sus estudiantes a raíz de la presencia de universitarios en el campamento de las FARC, con el objetivo de “criminalizarla”.
Los activistas subrayaron que ninguno de los jóvenes universitarios que se presumiblemente se encontraban en el campamento de las FARC han cometido delitos en México, sino que al contrario, “todos” están vinculados con la defensa de la gratuidad educativa.
Por su parte, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y estudiantes universitarios señalaron que la campaña contra la máxima casa de estudios “es un intento por condenar el modelo universitario público”.
Al clausurar la 37 reunión nacional de legisladores locales del PAN, Mouriño indicó que en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores dará una postura oficial sobre el hecho: “es sin duda un tema delicado y hay que ser muy serios y reforzar esta investigación, por tanto estamos en etapa de integrarla”.
El diputado perredista Juan Guerra Ochoa argumentó que en los pasados ocho años la UNAM, su historia y su innumerable lista de logros científicos y académicos “se han constituido en un obstáculo para la política neoliberal que pretende privatizar ferozmente todas aquellas actividades a las que el Estado tiene obligación de dar respuesta”.
Añadió que la permanencia de estudiantes y egresados universitarios en la frontera entre Ecuador y Colombia, en particular en un campamento de las FARC, ha servido de pretexto para remprender “una torpe campaña mediática, alentada por algunos medios de comunicación afines al régimen panista, que pretende ubicar a la UNAM como núcleo de rebeldes”.
El priísta Samuel Aguilar descalificó las versiones “que ofenden a nuestra universidad, a su comunidad y a la inteligencia de la mayoría de los ciudadanos mexicanos”. Acusó al sector más conservador de la sociedad mexicana de pretender hacer uso de un lamentable hecho de violencia ocurrido en esa frontera, como instrumento de desprestigio.
El presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río, calificó de superfluos los señalamientos que relacionan a los universitarios con la guerrilla en Colombia: “una acusación de tal magnitud sólo puede tener un origen, el conservadurismo y mediocridad de los panistas”.
Silvano Garay, del PT, dijo que la postura “de algunos medios de comunicación retrógrados y de derecha, representa la suma de los intentos de descrédito que el gobierno panista pretende, en cualquier oportunidad, aplicar a una institución tan seria y confiable como lo es la UNAM”.
En tanto, en conferencia de prensa, la Red Nacional de Monitores de Derechos Humanos –conformada por diversas ONG– y diversos colectivos estudiantiles manifestaron su molestia y preocupación por la campaña negativa que se ha lanzado desde diversos sectores en contra de la UNAM y sus estudiantes a raíz de la presencia de universitarios en el campamento de las FARC, con el objetivo de “criminalizarla”.
Los activistas subrayaron que ninguno de los jóvenes universitarios que se presumiblemente se encontraban en el campamento de las FARC han cometido delitos en México, sino que al contrario, “todos” están vinculados con la defensa de la gratuidad educativa.
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