El Justo Reclamo

Enredos de Mouriño

Jesús Cantú

Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían al mandatario avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de presidente electo, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con Pemex, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, estas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con Pemex”.Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…” En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Las opciones
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad.”Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones que los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho. La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiario nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priistas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.Los dos líderes priistas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tienen una posición más ventajosa.Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que el mandatario puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora del Ejecutivo; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante. l