Saldrá el FAP a las calles para impulsar remoción de Mouriño

Fabiola Martínez

El Frente Amplio Progresista (FAP) llevará el caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (señalado por este bloque partidista como responsable de tráfico de influencias), a las instancias de procuración de justicia, pero también iniciará “acciones políticas” para exigir la remoción del funcionario.

El FAP, integrado por PRD, PT y Convergencia, pretende encabezar manifestaciones y pronunciamientos en diversos sitios públicos para difundir las pruebas y argumentos que presentarán, en el transcurso de la próxima semana, ante la Procuraduría General de la República.

Como se ha difundido, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas documentos (del 29 de diciembre de 2003) en los cuales Mouriño, como representante de una de las empresas de su familia, firma un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fecha en que era, a su vez, coordinador de asesores del secretario de Energía (Felipe Calderón).

Desde el viernes en la noche, legisladores y dirigentes del FAP analizan el plan de acción ante estos hechos y no descartan realizar una clausura simbólica de la Secretaría de Gobernación.

El artículo 221 del Código Penal Federal establece diversas sanciones para el delito de tráfico de influencias, desde multas hasta la destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo o comisión públicos.

Sin embargo, los legisladores consultados –quienes sostuvieron la noche del viernes una reunión para analizar este tema– manifestaron que la PGR “sólo servirá de tapadera” del responsable de la política interna, de ahí que desde ahora planean llevar la denuncia a organismos internacionales.

El diputado Alejandro Sánchez, coordinador de asuntos económicos de la bancada perredista, dijo que han interpuesto otras denuncias penales –en contra del ex presidente Vicente Fox o el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes– y la PGR no ha actuado de manera imparcial.

No obstante, puntualizó, es necesario agotar las instancias nacionales para que, en tal caso, se amplíe la denuncia correspondiente a instancias regionales. En principio, insistió, estamos exigiendo la renuncia de Mouriño.

“Sería imprudente que, ante la agenda de conflictos que es necesario atender en el país, el secretario de Gobernación esté dedicando tiempo para defenderse; lo único que manifiesta con ello son síntomas de culpabilidad”, expresó el diputado perredista.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, candidato a la presidencia nacional del PRD, advirtió que Mouriño es “la síntesis de la política sucia” que se practica en el gobierno panista.

Dijo que las denuncias formuladas por López Obrador sobre los negocios de Mouriño al amparo de las administraciones panistas son inobjetables.

“Es patético que el encargado de la política interior del país mezcle la obtención de beneficios personales con la responsabilidad pública”, manifestó.

Durante su gira proselitista por Zacatecas, Ramírez Cuéllar se sumó a la demanda de legisladores del PRD de que renuncie Mouriño, para que pueda rendir cuentas sobre los millonarios contratos con Pemex que obtuvo cuando era servidor público en el sexenio foxista.