Bogotá vuelve a arremeter contra Quito por sus presuntos nexos con la guerrilla
Afp, Dpa y Reuters
Bogotá, 13 de abril. El gobierno de Ecuador pidió hoy al de Colombia que en un plazo de 48 horas pruebe que en algún momento el presidente Rafael Correa impidió a militares de su país actuar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como aseguró hoy Bogotá en un comunicado en el que arremetió una vez más contra Quito por presuntos nexos con los insurgentes.
“Si en 48 horas el gobierno del presidente Álvaro Uribe no demuestra la afirmación que acaba de hacer (en la mañana de este domingo), nuevamente quedará como un régimen mentiroso”, señaló el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce.
“Jamás el comando conjunto o las fuerzas armadas han recibido una orden en el sentido de no realizar operaciones contra las FARC; tampoco para desautorizar operaciones que están siendo planificadas”, afirmó a su vez el general Fabián Varela, jefe de la cúpula militar.
En un comunicado de 14 puntos, la presidencia colombiana se refirió a declaraciones de Correa hechas el sábado en México y aseguró que el mandatario, que asumió el cargo en enero de 2007, “desautorizó” a militares de su país para combatir a las FARC, pero no precisó fechas ni zonas específicas.
Bogotá insistió en que el gobierno ecuatoriano ha sido “informado muchas veces de la presencia de las FARC en su territorio”.
Correa tildó de “payasadas” las supuestas advertencias de Bogotá sobre la presencia de las FARC en su país, e insistió en que el problema de la guerra se origina en Colombia y que en el contexto de su plan contrainsurgente –apoyado por Estados Unidos con miles de millones de dólares desde 1999– se busca involucrar a Quito en ese conflicto.
La nueva acusación de Colombia ocurrió una semana después de que Correa denunció la existencia de vínculos entre jefes militares y policiales de su país con agencias de inteligencia extranjeras, particularmente de Estados Unidos y Colombia. Las declaraciones del mandatario sirvieron de preámbulo para destituir al ministro de Defensa, Wellington Sandoval.
Ponce dijo que el pronunciamiento de Colombia busca sembrar desconfianza, pero destacó que el gobierno y los militares ecuatorianos “están estrechamente unidos para enfrentar la campaña mediática” colombiana.
El gobierno ecuatoriano también expresó hoy su preocupación por la vida de Correa, a raíz de las denuncias del mandatario contra los servicios de inteligencia y por el rechazo a la renovación del convenio para mantener una base militar estadunidense en la costa del Pacífico ecuatoriano, que ha servido para apoyar el Plan Colombia contra las guerrillas y el narcotráfico.
“No satanizamos los convenios, pero sí creo que es importante ponerlo sobre la mesa”, señaló Ponce al hablar de su preocupación por la vida de Correa, de 45 años.
“Donde hay fuertes intereses geopolíticos de países hegemónicos con características tan represivas como el de (George W.) Bush, donde las posiciones del presidente (Correa) ponen freno a intereses de poderes, es lógico que se tema por la vida y la estabilidad de la democracia”, dijo Ponce en una entrevista publicada en el diario El Universo.
Mientras, en Bogotá, el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, matizó hoy la postura del gobierno colombiano sobre la salud de la política Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC desde 2002.
Una semana después de que la cancillería francesa dijo que la salud de Betancourt no es tan grave como previamente se había dicho, Restrepo dijo que la política tiene problemas gástricos, desnutrición y posiblemente paludismo.
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