El Justo Reclamo

Pemex: Cuidado con los superconsejeros

Miguel Ángel Granados Chapa

El 13 de febrero de 2001 directamente el presidente Vicente Fox instaló el nuevo Consejo de Administración de Pemex, a cincuenta días del comienzo de su gobierno. Una novedad en su integración justificaba la presencia presidencial. Junto con los secretarios de Estado y los representantes sindicales, que conforme a la ley componen ese órgano, esta vez ocuparían sillas con igual rango que los demás, cuatro consejeros habituados a manejar sus propios consejos de administración. Estaban presentes los magnates Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Rogelio Rebolledo y Alfonso Romo (representado por Adrián Páez), que dedicarían parte de su tiempo y sabiduría a encauzar a la empresa petrolera nacional por mejores rutas, sin duda diferentes a las hasta entonces seguidas.La planeada contribución empresarial a ese propósito duró el día y la víspera. La creencia de que los dirigentes privados asumen mejores decisiones que los empleados públicos no pudo ser sometida a prueba en ese laboratorio. En el ámbito de la gestión pública de los energéticos se comprobaría que no basta haber actuado como empresario para desempeñarse con tino en la administración pública: Ernesto Martens y Raúl Muñoz Leos, secretario de Energía y director general del ente petrolero mexicano, presentes en aquella histórica sesión, no concluyeron los seis años que su nombramiento presidencial hacía suponer. Ambos fracasaron en sus tareas y tuvieron que irse a su casa.Pero mucho antes se frustró el propósito de Fox de inyectar a Pemex la sabiduría empresarial. La Comisión Permanente del Congreso acordó cuestionar al presidente por esos nombramientos y en una plática privada el líder sindical de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, sugirió al presidente el que no se les pusiera a la par con los consejeros estatales y sindicales, sino que les adjudicara el rango de consejeros externos, no con voz y voto sino sólo con capacidad de opinión. Si Fox hubiera sido más ducho en política hubiera aprovechado la debilidad jurídica que en ese momento afectaba al dirigente gremial para desestimar su participación en el asunto. Estaba en curso la indagación del IFE sobre el financiamiento paralelo, con recursos petroleros, que implicaba la participación del sindicato como intermediario para llevar dinero de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. Era el mismo caso de Ricardo Aldana, tesorero del sindicato y uno de los cinco representantes del mismo en el consejo de la paraestatal.Pero Fox se ablandó ante la oposición sindical y la legislativa (a la que hubiera podido convencer de que la ley no cerraba la posibilidad de esos nombramientos) y desinvitó a los flamantes consejeros, que el 13 de febrero tuvieron, como se decía en la crónica teatral del siglo XIX, debut, beneficio y despedida. Si bien se les removió en mayo, no asistieron a ninguna sesión después de la inaugural. Nuevos secretarios de Estado, además del de Hacienda y el de Energía los sustituyeron en sus cargos de efímera duración.La frustración de ese propósito privatizador aleccionó a los panistas que perseveran en ese objetivo pero lo expresan hoy con modalidades diversas. El mismo fin de entonces está presente en la iniciativa de nueva ley orgánica de Pemex, uno de los cinco proyectos presentados por el Ejecutivo al Senado el martes 8. En el vastísimo universo del contenido de esas iniciativas sobresale, a la luz de la pretensión fallida de Fox, el de incorporar experiencias distintas a las gubernamentales en el manejo de Pemex, lo que es una forma de privatizar.La propuesta busca incorporar al órgano de gobierno de Pemex a cuatro consejeros profesionales designados por el presidente de la república. Serán en realidad superconsejeros, por la naturaleza de sus funciones, por la eminencia que se les otorga en el cuerpo colegiado y por la duración de sus encargos, que puede ser hasta de 16 años (pues pueden ser nombrados de nuevo al cabo de los ocho primeros). El escalonamiento de sus designaciones puede eventualmente extender la influencia del Ejecutivo que los nombre hasta el año 2024.A diferencia del resto de los integrantes del Consejo de Administración, los consejeros profesionales –cito la exposición de motivos– “tendrán acceso a toda la información relevante en la paraestatal que requieran para el ejercicio de sus funciones y contarán con un equipo de colaboradores para apoyarlos en sus tareas. Además se establecerá un comité especial para fijar su remuneración, así como responsabilidades específicas y, aún más importante, se garantiza su permanencia en el cargo… señalando las causas particulares por las que podrían ser removidos”.Dos de los consejeros profesionales serán de tiempo completo y serán por lo tanto representantes del Estado (por lo cual respecto de ellos no será necesario, y hasta podría ser incongruente, señalarles “responsabilidades específicas” pues asumirán las de todo servidor público). Los dos restantes, de tiempo parcial, podrán realizar actividades propias.Para ser consejero profesional (según los requisitos incluidos en el artículo 12 del proyecto) se precisa ser mexicano por nacimiento, contar con título profesional en derecho, economía, ingeniería, administración pública, contaduría “o materias afines a la industria energética”; haberse desempeñado en forma destacada en su profesión o trabajo, o en actividades de docencia e investigación, y no haber tenido relación de cualquier índole con Pemex durante dos años anteriores a su nombramiento.Su voto tendrá un peso específico mayor que el de sus colegas. “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá el voto favorable de al menos dos consejeros profesionales”. Su presencia es indispensable para la formación del quórum. El consejo contará con tres comisiones especializadas, con presencia eminente de los consejeros profesionales: el de Transparencia y Auditoría estará integrado por tres de ellos, mientras que los de Estrategia e Inversiones, y de Remuneraciones, serán presididos por un consejero profesional.En mayor medida aun que los representantes del gobierno, que se rigen por las responsabilidades propias de su cargo, los consejeros profesionales serán sólo la correa de transmisión de las disposiciones presidenciales hacia Pemex, por ser el Ejecutivo la fuente de su nombramiento y de su eventual ratificación. Si se establecieran mecanismos para asegurar su independencia, empezando por su designación compartida con otro órgano estatal o sujeta a concurso, tales consejeros podrían representar a la sociedad civil y no, como es previsible, sólo a los sectores económicos a quienes importa directamente el funcionamiento de Pemex como empresa.Modificaciones como esa, que son necesarias, requieren la participación de los legisladores de izquierda que, en el momento de escribir estas líneas han optado por sólo estorbar la actividad de sus cámaras en vez de participar en ellas. Si perseveran en esa actitud perderán la oportunidad de paliar los efectos perniciosos de una legislación orientada al provecho de particulares por la vía de un contratismo libre de ataduras. No podrán impedir la aprobación de los proyectos, porque son minoría. Pero podrán contribuir a su mejora. Sumados de ese modo a la resistencia civil pacífica abdican de su responsabilidad y de sus posibilidades. Practiquen la división del trabajo. No pueden derrotar a la mayoría, pero pueden evitar dislates y abusos o señalarlos si se persiste en incurrir en ellos. Es necesario que, acordado que sea el debate social previo al legislativo, se sumen a la discusión en comisiones y los plenos de sus cámaras. l