Boletín Informativo ISA núm 423

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Sumario:

I. Propone López Obrador la creación de un comité anticorrupción, que vigile y fiscalice todas las operaciones de Pemex

II. Da la Auditoría Superior de la Federación la razón al gobierno legítimo de México en el caso del fraude denunciado con el Seguro Popular

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PROPONE LÓPEZ OBRADOR LA CREACIÓN DE UN COMITÉ ANTICORRUPCIÓN, QUE VIGILE Y FISCALICE TODAS LAS OPERACIONES DE PEMEX

El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador inició su tercera semana de recorridos por las distintas entidades de la República, en su tarea de organización de las brigadas en defensa del petróleo, actividades que lo llevarán en los próximos días a los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Colima.

En la tierra de don Benito Juárez, el presidente legítimo de México lamentó el hecho de que no se castigue al principal autor de violar los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz, “y todo porque mantiene un acuerdo político con el presidente pelele, Felipe Calderón, y la cúpula panista”, aseguró. A su arribo a la capital del estado, declaró: “Aquí —en Oaxaca— hay una alianza, entre Calderón y Ulises Ruiz, por la contribución del mandatario estatal al fraude electoral del 2006”.

Es una situación evidente y, “por eso, es muy lamentable que no se castigue a los que violan los derechos humanos, todo por proteger al gobernador del Oaxaca, que tiene arreglos con Calderón y con el PAN”, puntualizó.

En entrevista que concedió a los medios de comunicación, informó que realiza un recorrido por la geografía nacional para dar a conocer los argumentos por los cuales el gobierno espurio de Calderón pretende privatizar el petróleo, que es patrimonio de la Nación y de los mexicanos.

Dio la bienvenida a todos los frentes surgidos en defensa de la industria petrolera y mencionó que los legisladores del Frente Amplio Progresista presentarán en el Congreso una iniciativa para realizar una consulta popular sobre la denominada reforma energética. “Vamos a llevar a cabo una consulta ciudadana, porque el petróleo es de todos los mexicanos y todos los mexicanos tienen derecho de opinar. Vamos a promover esta consulta o referéndum, para que el pueblo de México sea el que decida”, puntualizó.

En relación con los foros que sobre el tema organiza el Senado de la República, López Obrador manifestó que se ha impuesto, en las primeras dos sesiones, la línea que rechaza la transferencia de los activos de Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada. “Los dos primeros foros los ha ganado la oposición, es decir, las opiniones en contra de la privatización han dominado en los dos debates y se puede decir que vamos 2-0 y que les vamos a ganar en los que vienen”, subrayó.

A pregunta expresa de uno de los comunicadores, el presidente legítimo de los mexicanos aclaró que el movimiento nacional en defensa del petróleo mantendrá sus acciones de resistencia civil pacífica y que se fortalecerá la organización de las brigadas formadas por ciudadanos conscientes de que el petróleo es patrimonio de la Nación.

En las acciones en defensa del petróleo, señaló, participan diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos de organizaciones civiles y sociales. “Es un movimiento voluntario, no se obliga a nadie, es de conciencia”, añadió.

En la reunión informativa que sostuvo esta mañana con los integrantes de la brigada “Benito Juárez”, López Obrador expresó: “Tenemos que abrirle paso a la verdad, no es cierto que necesitemos inversión privada —nacional o extranjera— para sanear, revitalizar y convertir a Petróleos Mexicanos en el motor nacional”.

Acompañado por los senadores de la República Gabino Cué y Salomón Jara, los diputados federales Alberto Esteva Salinas, Humberto López-Lena, Othón Cuevas, Carlos Martínez, Joaquín de los Santos Molina, Selene Hernández y Elia Romero; así como los diputados locales, Benjamín Robles, Zenén Bravo, Wilfredo Vásquez y Guadalupe Rodríguez, el presidente legítimo de México comunicó que hacia finales de junio los aproximadamente 200 mil brigadistas habrán visitado más de 10 millones de hogares mexicanos.

Antes, López Obrador escuchó el informe de la Brigada “Benito Juárez”, que está integrada, en su mayoría, por ciudadanos sin filiación partidista, por ciudadanos de la academia, la investigación, el sector empresarial y luchadores sociales, como Víctor Raúl Martínez, Noé Doroteo Castillejos, Patrocinia Arlanzón Arco, Mario Mendoza Flores, María de los Ángeles Becerra y Rodolfo Villalobos Morales.

Durante el mensaje que dirigió a los brigadistas del estado, el presidente legítimo de México propuso la creación de un comité anticorrupción, que vigile y fiscalice todas las operaciones de Pemex. “El mencionado comité debe estar integrado por ciudadanos honestos, con reconocimiento entre la sociedad y que sean nombrados por el Congreso de la Unión”, precisó.

En lo que respecta a los excedentes del petróleo por el alza del precio del barril en el mercado internacional, señaló que el gobierno legítimo propone que se destinen a la inversión en refinación del crudo. Por ejemplo, mencionó que Pemex debe convertirse en motor de la economía nacional, canalizando el grueso de los excedentes presupuestales generados del petróleo a su infraestructura.

Además, agregó, debe fortalecerse las áreas estratégicas de Pemex, así como la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía, con la necesaria vinculación entre la empresa petrolera y el Instituto Mexicano del Petróleo.

Al término de su encuentro con los brigadistas de Oaxaca, la camioneta que traslada al presidente legítimo en su recorrido por la geografía nacional se enfiló hacia la autopista México-Puebla. En la caseta de Huitzo, lo identificaron los maestros y, de inmediato, lo abordaron.

El vehículo automotor se detuvo, López Obrador descendió, estrechó las manos de los mentores y expresó su respaldo al movimiento magisterial democrático e independiente del estado de Oaxaca.

Los maestros le informaron que realizan una serie de movilizaciones que terminarán en los próximos 21 días y que había representantes de las delegaciones de toda la entidad, en demanda de que se libere la convocatoria a un congreso estatal, para elegir a los nuevos dirigentes de la sección 22, el cese a las campañas de hostigamiento y la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de un indeterminado número de profesores.

En respuesta, López Obrador les reiteró que apoya cada una de las legítimas demandas de los maestros.

Por la tarde, el presidente legítimo de los mexicanos se reunió con brigadistas de los estados de Puebla y Tlaxcala y mañana hará lo propio con los comités de Durango y Guadalupe Victoria (Durango) y de Torreón (Coahuila).

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DA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA RAZÓN AL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO EN EL CASO DEL FRAUDE DENUNCIADO CON EL SEGURO POPULAR

Hace un año, las secretarias de Salud y de Trabajo del gobierno legítimo de México denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en la compra de credenciales a la empresa Image Technology para las familias del Seguro Popular en 2005, informó Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud en el gabinete lopezobradorista.

Laurell manifestó que en diciembre se presentó una ampliación de la denuncia por el incremento en el contrato en 24.9 millones, así como por el monto de 558.6 millones referidos a otro contrato celebrado en 2006 entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la misma empresa.

Es decir, explicó, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido, la SFP no ha dictaminado el caso, han hecho mutis, primero Germán Martínez y, luego, Salvador Vega, lo cual ha demostrado una vez más el encubrimiento de los altos funcionarios, en este caso del Comisionado de Protección Social en Salud de Fox, Juan Antonio Fernández Ortiz, afirmó.

Señaló que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2006 confirma graves irregularidades en el contrato de 2006 de la CNPSS con Image Technology para credencializar a los afiliados del Seguro Popular. El informe dice a la letra: …“no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada /CNPSS/ sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. …… se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación.”

Queda claro —enfatizó— que en la auditoría no se pudo constatar el cumplimiento del contrato por falta de documentación y a raíz de una investigación de campo en el estado de Puebla. Sin embrago, entre abril de 2006 y mayo de 2007 la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a Image Technology.

Además pagó a la empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005 que no aparecen en la revisión de la ASF. Por tanto el Seguro Popular a través de la Comisión ha pagado un total de 553.1 millones por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna, aseguró.

Aclaró que el informe de la ASF no señala que el contrato de 2006 con Image Technology ya estaba bajo investigación por la SFP a raíz de una queja de otro concursante en la licitación. “A raíz de los resultados de esta investigación y coincidentemente con la denuncia presentada por el Gobierno Legítimo se rescindió el contrato anticipadamente el 5 de mayo de 2007”, puntualizó.

Es de subrayar que dos días antes, el 3 de mayo, la Comisión giró el primer pago de 2007 a Image Technólogy por 104.0 millones de pesos; coincidencia que difícilmente habrá sido casual. “Como el presunto fraude en la CNPSS ya era noticia pública en una aparente acción de eficiencia el 31 de mayo el SFP inhabilitó al comisionado y ex-presidente de “Amigos de Fox” (expediente 15/2007-BIS) Juan Antonio Fernández por 10 años “por abuso de autoridad” y lo multó con 454 mil pesos”, detalló.

Esta inhabilitación, prosiguió, no fue por el presunto fraude contra el Seguro Popular sino por un viaje personal con su novia a Singapur y Honolulu con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre los contratos con Image Technology siguen abiertas desde hace más de una año y la SPF no ha emitido ningún fallo.

Por tanto, insistió en que no existe ninguna sanción administrativa, ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estos contratos. La impunidad y el encubrimiento de los altos funcionarios de los gobiernos de derecha se hacen patentes una vez más, denunció.