José Manuel Vera * Destaca que la Unión Europea haya determinado desaparición forzada en el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz
México, D.F., 27 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) destacó hoy el que la Unión Europea (UE) considere el caso de sus dos compañeros, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, como un “delito de desaparición forzada”.Acusó además al gobierno de Felipe Calderón de querer manipular el tema y presentarlo como un caso de “secuestro” o de “privación de la libertad”, y de esa manera eludir su responsabilidad en “crímenes de lesa humanidad”.En un par de comunicados, el EPR recordó que el 25 de mayo se cumplió un año de la desaparición de sus dos cuadros políticos y que ahora el gobierno federal busca presentar el caso como un secuestro para no investigar a los militares que intervinieron en los hechos.“Nuestros compañeros fueron detenidos por fuerzas policiaco-militares del Estado mexicano. Independientemente de la instancia o institución que haya participado, estos son sólo los autores materiales; pero el autor intelectual es el gobierno federal representado por Felipe Calderón, que ha solapado y busca ganar tiempo para seguir haciéndolo con el gobierno de Ulises Ruiz, para presentarse los dos en el festival de la Guelaguetza como si nada pasara en el país, cuando no ha dejado de haber represión, y así mostrarle al pueblo de Oaxaca que aunque Ulises sea represor y asesino, le dé el mensaje que a pesar de ello, lo apoya”.La guerrilla destacó que a pesar de las pruebas en contra el exjefe de la Policía Ministerial de Oaxaca, Manuel Moreno Rivas, y el exsecretario de Protección Ciudadana de la entidad, José Manuel Vera Salinas, ninguno de ellos ha sido llamado a declarar para que aporten nuevos datos que conduzcan a la aparición de sus militantes.Sostuvo que estos dos personajes formaron un grupo paramilitar desde los tiempos en que gobernaba José Murat y que ambos trabajan para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).El EPR consideró que Vera Salinas sigue siendo un protegido del gobierno federal, pues una vez que desaparecieron sus dos militantes, “se fue como jefe de la policía y tránsito de Cancún, y su esposa se mudó al puerto de Veracruz”.Los eperristas también reprobaron que tampoco fuera llamada a declarar la exprocuradora de Oaxaca, Lizbeth Caña, quien en días pasados reconoció que hubo jefes policiacos que “actuaron de manera independiente”.El EPR manifestó que el caso de sus dos compañeros “es el primero en ser reconocido por la Unión Europea como un delito de desaparición forzada en México, crimen de lesa humanidad imprescriptible, tipificado y definido así por la Comisión Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la ONU desde 2006”.Sostuvo que sus desaparecidos “no son moneda de cambio”, y adelantó que no claudicará en su lucha revolucionaria hasta que sus compañeros aparezcan y sean resueltas otras exigencias políticas.En el número que está en circulación, el semanario Proceso publicó que el pasado 4 de abril, en una comunicación oficial dirigida al eurodiputado español, Raúl Romera, la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, tipificó el caso de los dos presuntos eperristas como “desapariciones forzadas”.
El gobierno de Calderón, sin avances en materia de derechos humanos: AI
* En su informe anual destaca la violación generalizada a las garantías individuales y la impunidad
México, D.F., 27 de mayo (apro).- Al presentar su informe anual en Londres, Amnistía Internacional (AI) advirtió que el gobierno de Felipe Calderón no ha mostrado avances en materia de derechos humanos, y aseguró que las violaciones han sido “generalizadas” y hay un problema de impunidad porque "la mayor parte de los responsables eludió la justicia".La organización internacional recuerda en su informe que el presidente Felipe Calderón prometió luchar contra la delincuencia organizada, pero destaca que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 2007 más de dos mil 500 homicidios resultaron de ejecuciones entre las bandas criminales.AI resaltó lo inapropiado de combatir las bandas de narcotraficantes mediante el uso de más de 20 mil soldados, porque "algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones".Además, advirtió de las acusaciones frecuentes hacia los agentes de la policía a quines han denunciado por "torturas y de hacer un uso excesivo de la fuerza".Dijo que las investigaciones sobre las denuncias en contra de los agentes de policía, fueron "muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos era generalizada".En el capitulo sobre México, AI destacó en su informe la violencia contra las mujeres, la cual fue "generalizada", y a la mayoría de las supervivientes se les "negó el acceso efectivo a la justicia", a pesar de "reformas legales positivas".Sostuvo que, en 2007, siguió el femincidio en Ciudad Juárez, donde se registró el asesinato de más de 25 mujeres en forma violenta. En este sentido, AI resaltó que "el número de mujeres asesinadas y el grado de impunidad" fueron incluso superiores en otras zonas del país, como el estado de México.Respecto de la investigación y castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos en décadas anteriores, la organización con sede en Londres observó que tampoco hubo avances."El gobierno hizo caso omiso del informe final de la Fiscalía Especial (para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado), en el que se reconocía que los abusos habían constituido crímenes de Estado sistemáticos", destacó. En cuanto a los asesinatos de periodistas, especialmente los que informan sobre narcotráfico y corrupción, AI dijo que, en 2007, fueron "objeto de ataques reiterados", y que al menos "seis periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados y otros tres fueron secuestrados".AI también observó que los defensores de los derechos humanos en México fueron objeto de "ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor".De igual manera, AI denunció que las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos, como los "migrantes", sufrieron discriminación por parte del gobierno de Calderón.En referencia al caso de Oaxaca, denunció que las autoridades de diversos estados mexicanos hicieron "un uso indebido" del sistema judicial, lo que hizo que activistas políticos y sociales fueran objeto de "procesos injustos".
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