Semana internacional del detenido desaparecido

Julio Pimentel Ramírez

México, después de cinco administraciones neoliberales, incluida la actual surgida del fraude del 2006, se encuentra inmerso en una crisis de carácter integral. Por eso se habla un día de “crisis de la seguridad pública”, otro de “crisis de los energéticos”, otro de “crisis de la educación” y “crisis de los partidos políticos”, uno más de “crisis alimentaria” y en medio de esa vorágine de acontecimientos se encuentra siempre presente la “crisis en derechos humanos”, en un país conocido por las injusticias y la impunidad como signo distintivo.
La desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad y por ende de carácter imprescriptible, es una aberrante práctica a la que en diversas regiones del planeta ha recurrido el Estado en su intento por sofocar o eliminar a la oposición social y política que demanda cambios en las políticas públicas que excluyen a la mayor parte de la población del desarrollo y de la participación democrática en la toma de decisiones.
En el caso de nuestro continente la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos (FEDEFAM) lleva a cabo desde su nacimiento, en 1981, la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” exigiendo verdad y justicia para los 140 mil casos de personas desaparecidas por gobiernos dictatoriales instalados en aquellos años (décadas de los 60s a 80s del siglo XX) en Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Haití, Uruguay y Paraguay. Esa misma práctica represiva sucedió en repúblicas donde aparentemente existían las "democracias" como México, Venezuela, Perú y Colombia y otros; había países donde vivían graves consecuencias de conflictos armados internos, como fue El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
La desaparición forzada no es un problema del pasado, en algunos países aún continúa la práctica selectiva y sistemática como Colombia y México, con los cuales tenemos que fortalecer nuestra solidaridad, dice FEDEFAM. Cabe señalar que los gobiernos latinoamericanos contaron con el auspicio y asesoramiento directo del gobierno estadounidense a través de la Escuela de las Américas, en la que más de cincuenta mil militares latinoamericanos fueron entrenados en la práctica contrainsurgente.
La FEDEFAM ha demostrado mediante mecanismos jurídicos y políticos, que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, crimen de estado y como tal es imprescriptible e indultable, es decir que no cabe la impunidad y debe ser investigado y castigado no importando cuándo fue cometido, al tiempo que no cabe amnistía alguna para quienes incurrieron en esta abominable práctica que daña profundamente no solamente a las víctimas, familiares y comunidad sino a la sociedad en su conjunto.
El resultado de la lucha de las organizaciones de familiares y agrupaciones solidarias se ha reflejado en la aprobación de varios instrumentos nacionales, regionales e internacionales que condenan y exigen la adopción de medidas jurídicas y políticas para la tipificación del delito de desaparición forzada en sus legislaciones internas. Esto se da de manera desigual, pues mientras en países con procesos democráticos y movilizaciones sociales, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y, ahora, Paraguay, se avanza en el camino de la verdad y la justicia, en naciones como México no se rebasa el límite de las falsas promesas gubernamentales.
Los instrumentos legales recomiendan que sean llevados a juicio los responsables directos e indirectos, se recomienda la reparación integral hacia las víctimas y sus familiares, como se establece en la Convención Internacional Contra las Desapariciones Forzadas aprobada en el 2006, por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
Compartimos la advertencia de FEDEFAM: “Hoy más que nunca alertamos a nuestras asociaciones, grupos de apoyo, amigos y amigas a nivel nacional e internacional a estar alerta para rechazar y repudiar todo intento de cambiar la estrategia represiva por una lucha hipócrita contra el terrorismo. Hoy más que nunca debemos de cerrar filas porque los torturadores del pasado se mantienen, transitan por las calles sin juicio, aportando sus experiencias de terror, como el caso de Posada Carriles protegido por el Gobierno de los E.U., entre miles más, que no hemos logrado llevar a juicio y que hoy se encuentran incorporados a las grandes mafias de la delincuencia organizada. Son los que con otra cara mandan desaparecer, como en Argentina, Perú, Colombia y México, ordenan asesinar, intimidar como lo hicieron con nuestros familiares”.
Finalmente, denunciamos los actos de hostigamiento e intimidación que elementos del Ejército mexicano ejercen en contra de Tita Radilla y Julio Mata, dirigentes de AFADEM, en Atoyac de Alvarez, Guerrero.