10 de junio no se olvida: lecciones y justicia pendiente

Julio Pimentel Ramírez

Este 10 de junio se cumplen 37 años de la masacre de Jueves de Corpus, una de las fechas paradigmáticas de la historia moderna de México y que se ha convertido en una de las referencias obligadas cuando se analiza el contenido represivo, autoritario y antidemocrático del régimen priísta que gobernó al país durante siete décadas, características que por lo demás aún se encuentran presentes en las administraciones panistas del “cambio” a pesar de ciertas modificaciones progresivas del país.
La masacre cometida esa fecha cada vez más lejana no es cosa del pasado, como algunos pretenden que así sea, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La impunidad de que gozan los responsables intelectuales y materiales de ese y otros hechos, además de que lastima a la sociedad en su conjunto es uno de los factores que hacen posible que desde el Estado se instrumenten actos represivos como los de Atenco y Oaxaca, por sólo mencionar dos de los casos más representativos, sin olvidar 3 ejecuciones extrajudiciales y decenas de personas detenidas desaparecidas en los últimos años.
Existen un vasto cúmulo de documentos -en su momento, cuando la represión gubernamental estaba a la orden del día, la heroica revista POR QUE?, dirigida por el director de nuestro diario, Mario Renato Menéndez Rodríguez, plasmó en sus páginas imágenes incontrovertibles de lo ocurrido ese día-, testigos de los hechos y pruebas de otro tipo, que posibilitan aclarar la forma en que desde las esferas del poder se creó, organizó, entrenó y utilizó el grupo paramilitar conocido popularmente como Los Halcones, auspiciado en sus inicios por Alfonso Corona del Rosal, adscrito por cuestiones de presupuesto y cobertura al Departamento de Limpia del gobierno del Distrito Federal, y dirigido operativamente por el coronel Manuel Díaz Escobar, posteriormente premiado con un puesto en la Embajada de Chile y ascendido al grado de general por sus méritos en “campaña”.
Algunos elementos destacados de Los Halcones, integrado por jóvenes “lumpenes” y cuya columna vertebral la constituían ex militares, e incluso algunos en activo, provenientes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, fueron capacitados en Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido.
La idea era entrenar a los jóvenes reclutados, no sólo físicamente, sino ideológicamente para combatir a los enemigos del país: los disidentes sociales. No en técnicas policiales de sometimiento, sino militares de ataque letal, y de doctrina de seguridad nacional, hasta aniquilar o exterminar al enemigo. Estrategia que posteriormente el presidente Luis Echeverría utilizó en contra de la guerrilla y del pueblo en la llamada guerra sucia.
Cabe hacer un paréntesis para señalar que después de ser “desmovilizados” muchos de Los Halcones se dedicaron a robar y secuestrar, situación que se puede comparar –guardando las debidas proporciones y diferencias- a la de los “Zetas”, militares desertores al servicio del narcotráfico. Como se ve no se aprende del pasado.
Esa tarde del Jueves de Corpus de 1971, en que el movimiento estudiantil, aún sacudido por la masacre del 2 de octubre de 1968, pretendía tomar nuevamente las calles de la capital de la República enarbolando demandas de carácter democrático y en solidaridad con jóvenes del estado de Nuevo León, el presidente Luis Echeverría Alvarez decidió nuevamente cortar de tajo, al precio que fuera, cualquier movimiento opositor independiente.
El saldo fue de decenas de jóvenes asesinados, además de que ese acto profundamente autoritario y represivo cerró, definitivamente, los caminos de la lucha política pacífica para muchos jóvenes y luchadores sociales que optaron por la vía armada en su búsqueda de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.
En México, la matanza de Tlatelolco, el “halconazo” del 10 de junio y la “guerra sucia”, son manifestaciones de una política sistemática, fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta desde los más altos niveles del Gobierno Federal, cuyo propósito central fue privar de la vida, reprimir y exterminar a distintos grupos nacionales opositores al régimen, para seguir manteniendo incólume un sistema de dominación y hegemonía ideológica y política.
La persistencia de la impunidad respecto a los delitos de lesa humanidad del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y los cometidos durante la llamada guerra sucia, es congruente con el comportamiento de los gobiernos del “cambio” que tienen en su haber diversos actos de represión en contra de movimientos sociales.
Los caídos durante el régimen priísta así como los que han padecido suerte similar durante estos ocho años del nuevo siglo (entre ellas las desapariciones forzadas de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, así como la de Francisco Paredes Ruiz, entre otras), exigen verdad, justicia y fin a la impunidad.