El Justo Reclamo

Privilegios no correspondidos

Jorge Carrasco Araizaga

Amparado en la concesión otorgada en 1998 por el gobierno de Ernesto Zedillo para explotar los 12 aeropuertos del Pacífico mexicano, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se niega a pagar casi 164 millones de pesos que adeuda tan sólo como impuesto predial del aeropuerto de Tijuana.Esa deuda, confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Admnistrativo de Baja California, provocó ya una confrontación del consorcio español GAP con el municipio de Tijuana, que ya promueve la revocación de la concesión y tiene el respaldo del Congreso estatal.El GAP no ha pagado ni un solo peso por el uso de los servicios urbanos en casi una década de explotar la terminal aérea, que el año pasado –según sus propios datos– generó utilidades de mil 402 millones 819 mil pesos, más de 130 millones de dólares al cambio actual.Con el argumento de que la concesión es federal, los socios del GAP trataron de evitar el pago al municipio mediante un juicio; sin embargo, lo perdieron el 19 de marzo pasado y están obligados a cubrir el impuesto. De no hacerlo, el municipio prevé embargar bienes de la empresa Aeropuerto de Tijuana S.A. de C.V., propiedad del GAP, así como gestionar ante la justicia federal que se revoque la concesión.Con tal de no pagar los casi 164 millones de pesos, directivos del consorcio ofrecieron dinero a la autoridades tijuanenses, pero el presidente municipal, Jorge Ramos Hernández, lo hizo público.El consejero jurídico del ayuntamiento, Raúl Corona Serna, dice a Proceso que dos semanas antes de su derrota en el tribunal, el director jurídico del GAP, Sergio Flores Ochoa, y un funcionario español del consorcio, que trabaja en Guadalajara, ofrecieron un “donativo” de 3 millones de pesos.No fue la primera vez que el GAP intentó “un arreglo”. En 2002 tuvo que pagar millón y medio de dólares para evitar el encarcelamiento de Guillermo Villalba, quien entonces era administrador del aeropuerto y fue sentenciado a prisión por despojo a las empresas Ruber y Recaro, que tenían negocios en la terminal aérea.La disputa por el adeudo escaló desde hace tiempo a la Presidencia de la República y al Senado, instancia que reconoció en 2003 la obligación del grupo español de pagar el impuesto predial, no sólo por el aeropuerto de Tijuana, sino por los otros que explota en el país.Sin embargo, el GAP logró el apoyo del municipio de Aguascalientes para eximirlo de esa obligación fiscal; además, apela a una resolución del Poder Judicial, en un amparo indirecto a favor del grupo aeroportuario Asur en contra del impuesto predial del aeropuerto de Cancún.Desde febrero de 2006, el GAP cotiza en la bolsa de Nueva York, luego de que el gobierno de Vicente Fox colocó en los mercados internacionales 85% de las acciones del grupo que estaba en manos del Estado mexicano. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la operación fue desfavorable para el Estado porque las acciones se emitieron subvaluadas. El otro 15% lo controla el grupo español desde 1998, cuando el gobierno de Zedillo le entregó la concesión por 50 años, prorrogable a otro período similar.

El gran negocio

Anteriores intentos de revocarle el permiso al GAP han topado con la fuerza de sus socios inversionistas: Unión Fenosa y Dragados, que tienen fuertes intereses en los sectores energético y de infraestructura industrial, respectivamente.El consorcio creó la controladora Aeropuertos Mexicanos del Pacífico para operar 12 terminales a lo largo de este litoral, en ciudades principales (Guadalajara y Tijuana), cuatro destinos turísticos (Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo) y ciudades medianas (Hermosillo, Morelia, Aguascalientes, Mexicali, Los Mochis), así como en la zona del Bajío.De acuerdo con un reporte del grupo, en marzo pasado registró un movimiento de un millón 378 mil 800 pasajeros nacionales y 899 mil 300 internacionales. En Tijuana el movimiento fue de 381 mil 200 pasajeros.Como parte del título de concesión, que al poco tiempo de entregado se amplió para darle más beneficios, el GAP se queda con la Tarifa por Uso Aeroportuario, lo que les deja ingresos millonarios.Al crearse la controladora, 80% de sus acciones quedó en manos de Unión Fenosa, Dragados y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El 20% restante ha sido motivo de disputas. El primer “socio estratégico” mexicano fue Olegario Vázquez Raña, que en 2001 se retiró de la empresa por diferencias respecto a las utilidades que cobraron los españoles, y fue sustituido por Holdinmex, en una operación señalada como fraudulenta (Proceso 1526).En abril de 2005, el entonces senador del PRI por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, solicitó una investigación oficial porque había indicios de que Holdinmex era prestanombres de Unión Fenosa. Según el exsenador, el gobierno mexicano le paga al GAP 10 millones de dólares por supuesta asistencia técnica y transferencia de tecnología, así como 1% de comisión por venta de combustible por cada avión que recarga en los aeropuertos que explota el consorcio.La investigación oficial no se realizó y en 2006 los españoles consiguieron otros “socios estratégicos” mexicanos: Eduardo Sánchez Navarro, Carlos Laviada y Laura Diez Barroso. Ese movimiento hizo posible la emisión de 85% de las acciones del GAP en las bolsas de México y Nueva York.Durante el sexenio foxista, el GAP fue protegido por el titular de la Secretaría Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, quien reiteradamente se negó a entregar a la Cámara de Diputados el “plan maestro” de inversión que debió presentar el grupo para obtener la concesión.En 2005, cuando el grupo recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California para evitar el pago del impuesto predial a Tijuana, el adeudo era de casi 112 millones de pesos; ahora es de 163 millones 935 mil 588, según el recibo más reciente, que se venció el 23 de abril.

Viejo litigio

Los intentos por cobrar el impuesto predial al GAP vienen desde la anterior administración de Tijuana, que estaba en manos del priista Jorge Hank Rhon. Ahora, con el PAN, el ayuntamiento retomó el asunto y exige que el GAP pague sus adeudos.El pasado 13 de marzo, una semana antes de la resolución del Tribunal de lo Contencioso, el cabildo tijuanense aprobó un punto de acuerdo en el que solicita al Ejecutivo federal, a través de la SCT, que haga saber al GAP “la situación legal” en que se encuentra por su renuencia a pagar.El acuerdo, firmado por el presidente municipal, Jorge Ramos Hernández, pide a la SCT que le deje claro al grupo español que su negativa será “causa suficiente para revocar la concesión”.El 10 de abril el Congreso estatal respaldó ese acuerdo y el mismo PAN promovió un “acuerdo económico” en el que solicita la intervención de Calderón, a quien le pide que se aplique al GAP “la revocación de la concesión para operar el aeropuerto de la ciudad”.Antes de este pronunciamiento del Congreso local, el pasado 3 de abril, la Presidencia de la República le respondió al ayuntamiento de Tijuana que la petición había sido enviada “para su atención” a la SCT.Pero el ayuntamiento no espera ninguna acción de Calderón, por lo que prevé notificar al GAP del embargo de sus bienes a cuenta de la deuda. Así mismo, promoverá directamente ante la SCT la revocación de la concesión, como informó el consejero jurídico del ayuntamiento, Raúl Corona Serna.“Si el presidente y la SCT no inician el proceso de revocación, nosotros lo promoveremos ante un tribunal federal, pues durante más de ocho años el GAP se ha beneficiado de los servicios de la ciudad sin pagar un solo peso. Además de las crecientes ganancias millonarias que reporta cada año producto de la concesión, resulta que los tijuanenses lo estamos subsidiando”, dice indignado.El presidente municipal, Jorge Hernández, asegura a Proceso: “El embargo ya viene, luego haremos la notificación al buró de crédito y a las bolsas de valores en México y de Nueva York. Son muchos factores de riesgo para quienes han comprado acciones del GAP”. l